La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.

«Tenemos que explorar todas las alternativas», ha indicado Calviño, que ha aclarado que una medida de esta naturaleza respondería más bien a los cambios en las propias vidas laborales de los trabajadores y a la tendencia que existe a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. «Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones», ha apuntado.

Preguntada por el rechazo que genera la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones entre Podemos y los sindicatos, la ministra, en declaraciones a La Sexta, ha subrayado que se buscará el máximo consenso social y político a la hora de reformar las pensiones, pero ha insistido en que tienen que explorarse distintas alternativas.

Calviño ha afirmado además que el propio Pacto de Toledo, aunque no especifica que deba aumentarse el periodo de cálculo de las pensiones en un número concreto de años, sí aboga por «valorar y explorar» las reformas que están en marcha.

Una de esas reformas, precisamente, tiene que ver con el periodo de cálculo de la pensión, cuyo aumento está siendo progresivo. Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años.

La alternativa que baraja el Gobierno de ampliar de 25 a 35 años los años cotizados para calcular la pensión arrancaría, por tanto, a partir de 2023 siempre y cuando esa medida formara parte de la futura reforma de pensiones.

Dicha ampliación tendría efectos sobre la cuantía de la pensión, generalmente negativos, pero al ser preguntada por esto Calviño ha indicado que se propone excluir del cómputo aquellos años que sean más negativos para el trabajador.

En todo caso, Calviño ha pedido «tranquilidad» porque el Gobierno tiene un compromiso firme con la revalorización de las pensiones y con la sostenibilidad a futuro del mismo. «Y vamos a abordar las reformas buscando el máximo consenso social y político», ha vuelto a señalar.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es «partidaria» de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación «esté más enfilada».

Calviño, en declaraciones a La Sexta, ha señalado que el Gobierno tiene un compromiso «muy claro» con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero «la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno» para incrementar esta renta mínima.

«El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre», ha explicado.

La ministra ha indicado que no es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo cuando existe una previsión de caída del PIB de dos dígitos. «Nosotros tenemos que tomar una decisión que sea la adecuada desde el punto de vista del interés general y nuestra prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico y empleo», ha apuntado Calviño.

Preguntada por si las empresas no podrían asumir un incremento del SMI de 9 euros mensuales, que es lo que aumentaría de elevarse esta renta lo mismo que las pensiones, el sueldo de los funcionarios y la previsión de IPC para 2021, la vicepresidenta ha sido muy clara: «No estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas. Estamos hablando de imponer una decisión a empresas que no saben si abren o no el año que viene, si contratan o no».

Por ello, la ministra se ha mostrado partidaria de esperar a más adelante para subir el SMI en el caso de que los agentes sociales no se pongan de acuerdo, cosa que parece bastante probable dado que los sindicatos piden una subida de al menos el 1,8% para 2021 y la CEOE es partidaria de congelarlo.

Por otro lado, Calviño ha reiterado que es intención del Gobierno extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero de 2021 si sigue siendo necesario.

El Banco de España avisa de que la extensión en Europa de la segunda ola de la pandemia desde octubre y las nuevas restricciones continuarán limitando el consumo fuera del hogar y harán que el ahorro se mantenga «elevado» por «razones involuntarias» y por la actitud «prudente» de los agentes ante la propagación de contagios.

Así lo señala el organismo supervisor en un artículo analítico sobre la renta y el ahorro de los hogares en la zona del euro durante la primera ola de la pandemia, en el que observa una caída contenida de la renta de los hogares, a pesar del deterioro del mercado de trabajo, gracias a la «rapidez y el gran alcance» de las medidas de política económica aprobadas.

Con la relajación de las medidas, los datos de consumo de los hogares indican cierto afloramiento de la demanda de consumo embalsada durante el período de confinamiento. En concreto, durante el tercer trimestre el consumo duradero y semiduradero creció un 1,6% en términos interanuales, pero la mejora del gasto en servicios fue parcial, con una caída del 8%.

Según el Banco de España, la extensión en Europa de la segunda ola de la pandemia desde octubre y las nuevas restricciones que se han introducido, más focalizadas en la movilidad interterritorial y en las actividades que conllevan más interacción social, continuarán «limitando el consumo fuera del hogar y harán que el ahorro se mantenga elevado tanto por razones involuntarias como por la actitud prudente de los agentes ante la propagación de los contagios.

Además, añade que la incertidumbre sobre la duración y lasconsecuencias económicas de la crisis fomentará el ahorro por motivo precaución y favorecerá que la bolsa de ahorro forzoso se mantenga como un colchón financiero.

«La información coyuntural apunta en esta dirección», asegura el Banco de España, ya que los datos de confianza hasta noviembre y de los depósitos bancarios hasta octubre indican el mantenimiento de una tasa de ahorro privado más elevada que antes de la crisis, al tiempo que la encuesta de opinión de la Comisión Europea muestra una «recuperación incompleta» de las intenciones de grandes compras de los hogares durante el tercer trimestre y un pequeño retroceso en octubre y noviembre.

IMPACTO DE LA PRIMERA OLA

La renta bruta disponible de las familias retrocedió en torno a un 3% interanual en la zona del euro en el segundo trimestre de 2020 en términos reales, una magnitud que duplica la del peor trimestre de la crisis financiera y está próxima al peor ajuste que se produjo al final de la crisis de la deuda soberana.

Eso sí, a niveles diferentes por países, ya que mientras que en Alemania la renta real de los hogares retrocedió en torno a un 1% interanual, en España e Italia la contracción fue más severa, del 8% y el 7% interanual, respectivamente

A su vez, la caída fue del 15% interanual en el segundo trimestre en la zona del euro, magnitud cinco veces superior a la del primer trimestre de 2009, y la contracción fue intensa en todos los países, aunque más contenida en Alemania (en torno al 12%) y especialmente severa en España (por encima del 23%).

Además, explica que el desplome del consumo durante el período de confinamiento hizo que el ahorro repuntara de manera «extraordinaria». En concreto, los hogares ahorraron casi el 25% de su RBD, tras un 17% en el primer trimestre, cifras muy por encima de los valores del 13% de finales de 2019. Este aumento fue generalizado por países, aunque algo más intenso en España y Francia.

La bolsa extraordinaria de ahorro, calculada como la diferencia sobre el promedio del primer semestre de los cinco últimos años, superó los 300.000 millones de euros en la zona del euro, lo que supone en torno a un 3% del PIB.

A su vez, las limitaciones al consumo tuvieron como contrapartida la generación de una bolsa de ahorro privado, de carácter forzoso, que se acumuló fundamentalmente en forma de depósitos bancarios. No obstante, los datos agregados de ahorro encubren una distribución desigual por nivel de renta.

El flujo neto de depósitos alcanzó un 18% de la renta bruta disponible en el primer semestre (unos 325.000 millones de euros), por encima del 13% del mismo período del año pasado, y fue más pronunciado en España y Francia.

Turespaña se ha aliado con la aerolínea flyBAIR para desarrollar acciones conjuntas de marketing y promoción de destinos en mercados emisores, con el objetivo de promocionar el destino España en el mercado suizo, así como fortalecer el posicionamiento de los destinos, productos y experiencias turísticas de España.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el presupuesto asciende 81.289,92 euros y será asumido, a partes iguales, por Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y flyBAIR. El convenio tiene una duración dos años con posibilidad de prorrogarse por otros dos más.

Ambas organizaciones confían en que estas acciones de marketing mejoren la eficacia y rentabilidad de ambas organizaciones y se obtenga «un retorno cuantificado en turistas«. El objetivo del convenio es la ejecución conjunta de actividades de publicidad y marketing y de apoyo a la comercialización por parte de Turespaña y flyBAIR.

Las actividades a desarrollar por ambas partes consistirán en la realización de campañas de marketing conjuntas en medios de pago, preferentemente ‘online’; se podrán utilizar medios de pago ‘offline’ cuando esté justificado por su eficacia y posibilidad de cuantificar los resultados.

Aparte de las campañas en medios de pago, ambas partes podrán proponer acciones en sus medios propios, o de apoyo a la comercialización, como complemento a las campañas en medios de pago. La creatividad final que se utilice en la campaña tendrá que ser consensuada y aprobada por Turespaña.

COMPROMISOS ECONÓMICOS

El presupuesto de las acciones conjuntas de publicidad y marketing en medios de pago asciende 81.289,92 euros y será asumido por Turespaña y flyBAIR a partes iguales. En caso de proponerse acciones en medios propios, el presupuesto de las mismas no podrá superar el 10% del presupuesto total de la campaña, es decir 8.128,99 euros, y también será asumido por Turespaña y flyBAIR, al 50%.

Las aportaciones económicas que se comprometen a realizar las partes estarán orientadas exclusivamente a la promoción turística, quedando en principio excluidas del ámbito de aplicación de la normativa relativa a ayudas de Estado. La campaña por la parte de Turespaña será sufragada con cargo a su presupuesto.

Para garantizar la buena marcha de la ejecución del presente Convenio se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento que se reunirá al menos una vez al mes. A la finalización del presente Convenio, las partes elaborarán un informe de la campaña o campañas llevadas a cabo en virtud del presente Convenio y el resultado obtenido por las mismas.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, que incluye una rebaja del 50% del alquiler a los locales que pertenezcan a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles).

De esta forma, tras la aprobación de este plan para hacer frente a los efectos de la crisis, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la rebaja del 50% durante el estado de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores.

Así, para acceder esta ayuda, el local deberá ser propiedad de un gran propietario y no debe existir un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.

Además, el texto incluirá incentivos fiscales para aquellos que no sean grandes tenedores y rebajen las rentas que obtienen por el alquiler de sus locales dedicados a la hostelería y al comercio, según publicaba ‘El País’ este sábado.

Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la «dramática» situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el Covid-19 y conseguiría garantizar su supervivencia.

MANIFESTACIÓN EN MADRID

En este contexto, Hostelería de España, representada por miembros de su junta directiva y acompañada por representantes de hosteleros de varias comunidades autónomas, ha recibido este lunes al grupo de hosteleros de Pontevedra que viene caminando hasta Madrid para reclamar al Gobierno central este rescate del sector.

Los hosteleros quieren visibilizar además sus demandas en un contexto marcado por el Covid-19, que tiene al borde de la desaparición a un tercio de los establecimientos en todo el país.

La recepción de los hosteleros gallegos continuará con una marcha que pasará por la Puerta del Sol y llegará al Congreso de los Diputados, donde realizarán a lo largo de esta jornada una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para explicar la realidad que vive el sector y la necesidad de ayudas directas que eviten la desaparición de cientos de miles de puestos de trabajo.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) estima que la nueva suspensión de desahucios provocará unas pérdidas acumuladas de 9.436 euros a cada propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, así como un volumen medio de morosidad de 132,68 millones de euros.

Este es el cálculo realizado por la Agencia Negociadora del Alquiler tras analizar la situación de impagos desde el inicio de la pandemia tomando los datos de lanzamientos por impago de alquiler del Consejo General del Poder Judicial, lo que refleja datos «alarmantes».

En concreto, estima que la nueva suspensión de los lanzamientos de los desahucios sin alternativa habitacional, que en breve se aprobará hasta el 9 de mayo de 2021, va a provocar pérdidas totales de más de 9.000 euros a cada arrendador de vivienda que desde que se iniciara el estado de alarma ya viniera sufriendo impagos de rentas.

El director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, explica que el impacto estimado es de 14 meses desde la primera suspensión de los lanzamientos, por la publicación del real decreto del 31 de marzo, hasta la última prórroga, que previsiblemente será aprobada antes de fin de año, y durará hasta la finalización del estado de alarma prevista para el 9 de Mayo de 2021.

Tomando el precio medio del alquiler en España (674 euros), la morosidad media llegaría a los 9.436 euros por propietario, señala Zurdo, quien avisa de que cuando el propietario vaya finalmente a recuperar la vivienda se puede encontrar con desperfectos y en algunos casos con impago de suministros, que «pueden tranquilamente duplicar esa cantidad de impago anteriormente señalada».

En consecuencia, la morosidad media en el alquiler llegará a la cifra de 132.689.032 euros por los lanzamientos por no pagar el alquiler, que no se han llevado a cabo por las prohibiciones decretadas.

Hasta el tercer trimestre de 2019 hubo un total de 27.157 lanzamientos por desahucios por no pagar el alquiler, mientras que en el mismo período de 2020 se han producido 13.095 lanzamientos. Según Ana, si se restan de la cifra total del año pasado, significa que «por las medidas adoptadas por el Gobierno, en el mejor de los casos, durante los Estados de Alarma se han dejado en suspenso hasta el tercer trimestre de 2020, inclusive, 14.062 lanzamientos a cargo de propietarios que no les han pagado la renta de alquiler.

Si ese dato se multiplica por el perjuicio medio causado al propietario por haber estado 14 meses sin cobrar rentas, calculado en 9.436 euros, arroja el volumen medio de morosidad de 132.689.032 euros.

COMPENSAR POR «EXPROPIACIÓN TEMPORAL» 

Zurdo ve «muy acertado y necesario que el Gobierno quiera proteger a los inquilinos y familias vulnerables», algo que «desde luego con los créditos ICO no lo han conseguido, dejando finalmente desamparados a unos y a otros», al tiempo que no entiendo cómo no se ha contemplado ninguna contraprestación económica para los propietarios particulares que han dejado de percibir la renta de alquiler, de los «muchísimos inquilinos» que no han solicitado un ICO para no endeudarse o no se lo han concedido.

En esta línea, subraya que «algunos son propietarios vulnerables, que también están en ERTE y están siendo despedidos, y el alquiler era su única fuente de subsistencia».

Para José Ramón Zurdo, si el Gobierno interviene para paralizar otra vez los desahucios y para prorrogar de nuevo de forma obligada, todos los contratos de arrendamiento que venzan hasta la finalización del Estado de Alarma, estaría limitando temporalmente el derecho de los propietarios a usar sus viviendas y obtener sus frutos (renta de alquiler).

Ante esta «limitación del dominio», considera que el Gobierno tiene que compensar a los arrendadores, como si de un justiprecio se tratara, con «una indemnización justa que compense la limitación del dominio realizada, sobre todo en caso de arrendadores particulares, que pueden perfectamente estar viviendo la misma situación de vulnerabilidad que los inquilinos».

«Desde marzo de 2019 el Gobierno lo único que ha hecho, en materia, arrendaticia ha sido legislar mirando solo hacia los arrendatarios favoreciéndoles claramente en perjuicio de los arrendadores y de paso, desestabilizar el mercado de alquiler en España. Durante la pandemia, cuando el alquiler debía ser rescatado, solo se rescató, y a medias, a los inquilinos, ahora esperamos que las medidas sean justas también para los arrendadores», ha sentenciado.

La Agencia solicita «normas claras, equitativas para las dos partes y estables en el tiempo, que doten de seguridad jurídica al mercado del alquiler, que sean iguales para todo el territorio nacional, sin diferencias por tipos de propietarios, que protejan a los arrendadores frente a los impagos y a la ocupación, que les incentiven a sacar viviendas al alquiler», así como ayudas directas para los arrendadores más vulnerables.