El Estado accionista de empresas cotizadas suma ya once participadas relevantes. Ocho pertenecen al Ibex 35 y tres al Mercado Continuo, y la docena puede llegar en cuestión de semanas de la mano de un actor que no es el Gobierno central: el fondo vasco Finkatuz.
Finkatuz y la opa que puede cerrar la docena
La siguiente en la lista será, con toda probabilidad, Azkoyen. El fabricante navarro de máquinas automáticas es el objetivo de una oferta pública de adquisición valorada en 244,5 millones de euros, liderada por el empresario José Antonio Jainaga, presidente a su vez de Talgo y Sidenor, a través del consorcio Ohmnia. Finkatuz participa desde 2025 en en ese vehículo.
La propuesta asciende a 10 euros por acción en efectivo. Cuando se anunció en julio quedaba por debajo de la cotización del grupo navarro, lo que explica que el consejo de administración de Azkoyen la calificara de ‘amistosa’ sin grandes entusiasmos. El visto bueno de la CNMV llegó el pasado lunes y la operación está supeditada a una aceptación superior al 50% del capital.
El primer accionista de Azkoyen es Inverlasa, con un 29,6% que roza el umbral que obliga a lanzar una opa. Lo controlan los Ruiz Lafita, fundadores de la quebrada ingeniería Eurofinsa. De prosperar la oferta, el grupo resultante superaría los 2.000 trabajadores y los 400 millones de euros de facturación.
Finkatuz no ha precisado cuál es su participación exacta en Ohmnia ni el paquete que tendría en la sociedad resultante. El fondo, cuyo nombre significa ‘afincar’ en euskera, se lanzó en 2021 con un mandato explícito: tomar posiciones en compañías estratégicas del País Vasco y dificultar su deslocalización.
El capital público ha dejado de ser un rescate de emergencia para convertirse en una herramienta de política industrial.
La lista vasca es corta pero significativa. Finkatuz controla algo más de un 6% de Arteche, fabricante de bienes de equipo eléctrico que en febrero dio el salto del BME Growth al Mercado Continuo. También tiene un 3% de CAF y un 7,8% de Talgo, además de posiciones en sociedades no cotizadas como ITP Aero, Kaiku, Arania o Ayesa Digital.
De cuatro a ocho: dos décadas de regreso del Estado al Ibex
El peso de las administraciones públicas en la Bolsa española no es una novedad de esta legislatura. En 2011, cuatro firmas del Ibex contaban con participación estatal: Ebro Foods, Enagás, IAG y Red Eléctrica. Hoy son ocho. La cifra se ha duplicado en tres lustros, un recorrido que dice bastante sobre cómo ha cambiado el papel del Estado en el capitalismo europeo.
Los hitos están bien documentados. En 2012 llegó el rescate de Bankia, absorbida después por CaixaBank, donde el FROB conserva un 18%. En 2013, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales compró el 20% que la antigua Caja Madrid tenía en Indra. En 2015, Aena completó su salida a Bolsa con el Estado reteniendo la mayoría a través de Enaire. En 2022, con la invasión de Ucrania de fondo, la SEPI elevó su peso en Indra hasta el 28% actual. Y en 2024 el Estado volvió a Telefónica con un 10%.
A las ocho compañías del Ibex se suman tres del Mercado Continuo. En conjunto, estas participadas emplean a más de 306.000 personas. Hablamos de plantillas industriales y de servicios estratégicos, no de posiciones financieras puras.
El capitalismo de Estado se consolida
La tendencia trasciende a España. Los datos de Bolsas y Mercados Españoles a cierre de 2025 reflejan que las administraciones públicas de todo el mundo mantenían un 4% de las cotizadas españolas, unos 45.000 millones de euros. Es la segunda cifra más alta de los últimos 28 años, apenas una décima menos que el ejercicio anterior.
El paralelismo europeo es revelador. Portugal acaba de volver al capital de REN tras comprar a Amancio Ortega su 13,7% y conserva un 8,5% de Galp. Italia controla Endesa a través de la semipública Enel desde hace casi dos décadas. Qatar es el primer accionista de Iberdrola (8,7%) y de IAG (25%) y controla un 13,22% de Colonial. Sonatrach mantiene un 3,85% de Naturgy.
No es un fenómeno exclusivamente español. Los fondos soberanos juegan en la misma liga. El noruego, el mayor del mundo, cerró el primer semestre de 2026 con un 2,3% de Iberdrola, un 2,24% de Amadeus, un 2,17% de Sabadell y un 1,86% de Santander. Acumula 16.075 millones en el Ibex sin llegar a los umbrales que obligan a declarar posición significativa.
La pregunta de fondo es si esta acumulación de capital público mejora o distorsiona el mercado. A mi juicio, hay dos efectos que conviene separar. El primero es de política industrial: evitar la deslocalización de centros de decisión tiene un valor difícil de medir, pero real, como demostró la experiencia de Gamesa o Euskaltel. El segundo es financiero: cuando el Estado entra, el free float se reduce y la acción queda más expuesta a decisiones políticas que a la maximización de valor.
La opa sobre Azkoyen es un buen ejemplo de esa tensión. La oferta de 10 euros quedó por debajo de la cotización, y solo la tibieza del mercado permite calificarla de amistosa. Si el capital público empuja operaciones por debajo de precio, el accionista minoritario pierde. Si, por el contrario, sirve para sostener tejido industrial en regiones concretas, el cálculo cambia. El equilibrio no es evidente.
Cuando el capital público gana peso en el accionariado, el riesgo político sustituye a la prima de mercado como principal variable de la acción.
El informe reciente de la Organización Mundial del Comercio apunta en la misma dirección: las barreras comerciales por motivos de seguridad nacional se han triplicado a escala global en diez años. El capitalismo de Estado ya no es una anomalía ibérica, sino una respuesta coordinada a un mundo más fragmentado.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: Azkoyen cotiza por encima de los 10 euros por acción que ofrece Ohmnia, un diferencial que explica la frialdad del consejo y que deja abierta la puerta a una mejora de los términos en las próximas semanas.
Clave técnica: La opa está condicionada a superar el 50% del capital. Con Inverlasa controlando el 29,6%, el desenlace depende de que los institucionales decidan acudir a la oferta y de que Finkatuz concrete su peso dentro de Ohmnia.
Apunte macro: Las administraciones públicas controlaban el 4% de las cotizadas españolas a cierre de 2025, unos 45.000 millones de euros, la segunda cifra más alta en 28 años. El fondo soberano noruego suma otros 16.075 millones.
