El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el acuerdo por el que la patronal de banca y los representantes de los trabajadores decidieron prorrogar la ultraactividad del convenio sectorial hasta el 31 de enero para poder seguir negociando un nuevo texto.

El pasado mes de diciembre, a pocos días de que finalizase la ultraactividad del anterior convenio, AEB y sindicatos decidieron darse un mes más para negociar, ampliando así la ultraactividad hasta el 31 de enero.

A pocos días de que finalice dicho plazo, la mesa negociadora continúa trabajando para cerrar un acuerdo. Uno de los puntos que están dificultando dicha tarea es la congelación salarial para 2021, que la representación sindical rechaza.

PROPUESTAS 

En concreto, la patronal bancaria ha propuesto una subida salarial del 1% en 2022 y del 1,25% en 2023, pero mantiene la congelación salarial para este año, mientras que los sindicatos le reclaman un incremento del 0,5%.

Sí hay acuerdo en complementar dichos salarios anuales con pagos únicos fuera de las tablas, del 0,25% en los años 2022, 2023 y 2024 en aquellos bancos que presenten, en el ejercicio anterior, resultados positivos o repartan dividendos.

Ambas partes también han cerrado la regulación del teletrabajo, la computación de todos los permisos en días laborales, los 24 días de vacaciones (fraccionados hasta en cuatro periodos) y la creación de un nuevo préstamo para atender necesidades diversas.

También se ha acordado que el nuevo convenio mejore el importe y los plazos del préstamo de vivienda, establezca el derecho a la desconexión y reconozca como riesgos del sector las agresiones y la violencia externa.

El Rey Felipe VI ha destacado la «enorme importancia» de contar con una industria «robusta a nivel español y europeo, como condición imprescindible» para alcanzar una mayor prosperidad a través del avance tecnológico y la creación de empleo y cohesión social.

Así lo ha indicado el monarca durante la segunda edición de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0, a la que también ha asistido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, entre otros.

Su Majestad ha puesto de relieve el papel de la transformación digital, que es «uno de los grandes retos» a los que se enfrenta la economía y la industria española. Felipe VI ha apostillado que el reto es, si cabe, más importante por la situación excepcional de la crisis sanitaria de Covid-19 y su impacto sobre la industria en general.

RESPUESTA RÁPIDA

En esta línea, el Rey ha expresado su voluntad de emprender una senda de recuperación conjunta tras los «severos daños» ocasionados por la epidemia. Para ello, ha apostado por una «respuesta rápida» en todos los niveles que permita impulsar la productividad, así como los activos intangibles de las empresas españolas, enfocando los esfuerzos en el capital humano y tecnológico.

Por otra parte, Felipe VI ha alentado a abordar el escenario actual como una «oportunidad» para alcanzar un modelo productivo y poner en marcha los mecanismos necesarios que lo hagan posible, a través de su transformación y modernización en profundidad hacia lo digital, lo sostenible y lo inclusivo.

«Es decir, que nos sitúe en otro escenario donde las tecnologías digitales sean una pieza auténticamente vertebradora, y en el que nuestro sector industrial logre un gran impulso de competitividad, de resistencia a entornos impredecibles y cambiantes como los actuales», ha subrayado.

El jefe de Estado ha apostillado que para lograr dicho modelo productivo un aspecto importante será la implicación del sector público, impulsando iniciativas que den «potencia, seguridad y dinamismo» a la recuperación y al crecimiento de las empresas españolas.

Por último, Felipe VI ha subrayado la importancia de que España, a través de sus empresas, universidades y Administración Pública, siga llevando a cabo las acciones necesarias para liderar el proceso en los cambios que implica la industria 4.0 y generar una economía «más digital, cooperativa, integradora y sostenible.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado los acuerdos para la prórroga hasta mayo de los ERTE y de las ayudas por cese de actividad para los autónomos, si bien ha considerado que «no va a ser suficiente» y ha demandado «ayudas directas».

Amor, que ha participado este miércoles en una rueda de prensa junto con el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza; ha destacado que ha habido «cambios importantes» en la prórroga de las ayudas a los autónomos, de manera que se va a pasar de 350.000 autónomos a prácticamente proteger a uno de cada cuatro autónomos, hasta un total de 800.000. Asimismo, ha valorado que se haya conseguido «frenar» la subida en las cotizaciones para los autónomos hasta el 31 de mayo.

El presidente de ATA ha destacado que la tercera ola está teniendo un «efecto devastador en muchos sectores que representan los autónomos», ya que «por orden administrativa se les impide realizar su actividad» o «tienen limitaciones de aforo y horario». «Llevamos 10 meses de pandemia, prácticamente vamos a llegar a un año», ha manifestado Amor, que ha incidido en que el «agotamiento del tejido empresarial es brutal» desde el punto de vista psicológico y económico.

PROBLEMAS DE SOLVENCIA

En este sentido, ha apuntado que si en el mes de mayo el problema era de liquidez que «se pudo solucionar con los ERTE, las ayudas por cese de actividad, las líneas ICO, o las moratorias», en este momento el problema «es mucho más grave» con sectores con problemas de «solvencia».

Por eso, si bien ha aplaudido la prórroga de los ERTE y de las ayudas por cese de actividad, ha advertido de que «no va a ser suficiente para que los trabajadores con el empleo suspendido puedan volver a sus trabajos» ni para que «los autónomos que están en cese de actividad con la persiana bajada puedan volver a abrir». Así, ha reclamado «ayudas directas» para esos sectores y ha advertido que ya es «tarde» y otros países «nos llevan la delantera».

Por su parte, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha valorado «muy positivamente» el acuerdo de prórroga de los ERTE hasta el próximo 31 de mayo si bien ha considerado que «deberá ampliarse nuevamente en función de la evolución de la crisis derivada de la Covid-19». Igualmente, ha opinado que las ayudas a los autónomos por el cese de actividad también deberán ser ampliadas.

Sucunza ha señalado que «en otros países las ayudas directas comenzaron en el mes de marzo y ha destacado que Alemania, Italia y Francia propulsaron ayudas directas desde el principio, Estados Unidos también lo hizo de una forma muy rápida, y aquí en España no se ha hecho de esta forma.

El Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid ha condenado a Wizink en una sentencia pionera, decretando la nulidad por falta de transparencia en lo que a la cláusula de intereses en una tarjeta revolving se refiere. Los letrados Antonio Castro y Raúl Rubio, de equipo legal de Don Recuperador, han conseguido abrir un nuevo frente en las reclamaciones de revolving.

De este modo, además de la vía de la nulidad del contrato por interés usurario, se abre ahora la puerta a reclamar por falta de información y transparencia en la comercialización de estas tarjetas.

El juez de Madrid concluye que la tarjeta contratada adolece de falta de transparencia por cuanto su clausulado no advierte en ningún momento de las consecuencias derivadas de la fijación de una cuota mínima de amortización en los casos en los que la misma no alcanza para cubrir el importe del capital dispuesto y los intereses que se liquidan y capitalizan cada mes.

LAS CLAÚSULAS NO PASAN EL CONTROL

En su fallo, recoge que las cláusulas transcritas no superan el control material de transparencia y la tarjeta se presenta bajo la apariencia de una de crédito normal, en la que solo se abona un interés por el capital dispuesto.

De esta forma, se esconde en realidad una operación financiera más compleja y distinta en la que el interés se capitaliza, no existe o es muy difuso el límite del capital prestado y, además, el tipo de cuota de amortización favorece la prolongación indefinida o casi indefinida del contrato.

En este caso, el cliente, durante la vigencia del contrato, dispuso de 43.158,96 euros y abonó un total de 62.764,78 euros. Con este fallo, recuperará 19.605,82 euros de intereses abusivos con los que podrá cancelar los 12.096 euros de deuda que aún constaba pendiente.

NO SE ADVIRTIÓ DE LAS CUOTAS

Para los abogados del demandante, Wizink debería haber advertido al cliente de forma clara que las cuotas mínimas podrían alargar el préstamo de manera indefinida y que, estas, incrementan la carga financiera, en lugar de ofrecerlo como si se tratase de «cómodos plazos».

Según explican, solo un «escrupuloso y constante» seguimiento de los extractos permite tener un cierto control sobre la carga económica que se está padeciendo.

En definitiva, concluyen que resulta imposible, tras la lectura de las condiciones, en letra «abigarrada, confusa y llena de tecnicismos», hacerse cabal idea de cuáles son las verdaderas condiciones en las que ha pactado el préstamo.

BBVA Research ha rebajado su previsión de déficit público en 2020 hasta el 11,5% del PIB, desde el 13% anterior, por la estabilización del crecimiento del gasto y sobre todo por la «fortaleza» mostrada por los impuestos, al tiempo que prevé que se reduzca al 8,9% este año y al 5,6% en 2022, en tanto que la deuda pública habría cerrado el año pasado en el 118,9% del PIB y subirá este ejercicio al 120,4%, para continuar en el 116,5% en 2022.

Así se desprende del Observatorio fiscal correspondiente al primer trimestre del año y elaborado por BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, que confirma una «lenta recuperación» de los ingresos públicos, apoyados en una menor caída de la actividad y en la resistencia mostrada por la recaudación tributaria.

Asimismo, subraya que el gasto habría mantenido un crecimiento «sin precedentes», impulsado por las medidas de contención de la pandemia y apoyo al empleo y al ingreso de las familias, si bien la «estabilización» del crecimiento del gasto y, sobre todo, la «fortaleza» mostrada por los impuestos, le llevan a revisar la previsión de déficit hasta el 11,5% del PIB a finales de 2020 desde el 13% anterior.

REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES

En concreto, la caída de la actividad algo menos de lo esperado junto con la resistencia de la recaudación explican la revisión de la estimación de ingresos hasta el 40,5% del PIB, frente al 39,9% del anterior informe, al tiempo que la previsión de gasto público se reduce nueve décimas, hasta el 52% del PIB por el impacto algo más moderado de las medidas de protección social y, sobre todo, por un mayor nivel nominal de la actividad.

El mejor comportamiento de los impuestos se debe a que los tributos más vinculados a la actividad perecen estar recuperando parte de sus pérdidas, a lo que se suma la finalización del periodo de aplazamiento del pago de las deudas tributarias y que los impuestos sobre la renta «siguen resistiendo», según BBVA Research.

De su lado, el alza del gasto público, con un aumento de casi 10 puntos de PIB, hasta el 52%, recoge el impacto de las medidas discrecionales para paliar la crisis del Covid, que habrían sumado casi 4 puntos porcentuales del PIB al déficit de 2020, y que incluye medidas como las bonificaciones y exenciones de las cuotas de cotización derivada de los ERTE y el cese de actividad de autónomos, o las prestaciones sociales.

En todo caso, apunta que se produjo un «deterioro sin precedentes» del déficit público, con un aumento de siete puntos respecto al 2,9% del PIB del año 2019 y un deterioro estructural de 1,7 puntos porcentuales.

La Administración central (déficit del 7,4% del PIB) habría asumido en 2020 la mayor parte del coste de la crisis sanitaria, ya que ha venido compensando el deterioro fiscal ocasionado por la pandemia tanto en la Seguridad Social (3,2% del PIB), que registra en sus cuentas el impacto de las medidas de protección social aprobadas, como, sobre todo, en las comunidades autónomas (0,6% del PIB), que soportan la gestión del coste socio-sanitario. Las corporaciones locales habrían registrado un desajuste de tres décimas.

AUMENTARÁ LA DEUDA PÚBLICA 

De cara al 2021, estima que el déficit público bajará al 8,9% del PIB, con unos gastos que disminuirán hasta el 49,5% del PIB y unos ingresos que se mantendrán en el 40,5%.

Ya en 2022 los gastos disminuirán al 46,3% del PIB, en tanto que los ingresos subirán al 40,8% del PIB, lo que llevará a que el déficit público se sitúe en el 5,6% del PIB, según las previsiones de BBVA Research.

Respecto a la deuda pública, las previsiones del servicio de estudios de la entidad vaticinan un aumento de la ratio de deuda pública hasta el 120,4% del PIB este año, para permanecer el próximo año aun en el 116,5% del PIB.

Desde BBVA Research han pedido en los últimos meses la elaboración de un plan de consolidación presupuestaria para dar confianza y a implementar cuando se registre la recuperación, en paralelo a la realización de reformas estructurales.

El Congreso de los Diputados examinará este jueves cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado mes de diciembre, entre ellos el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor.

Los otros dos decretos leyes que la Cámara debatirá y votará el jueves son los de medidas de adaptación a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, que contiene además la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros, y el de la adaptación de la Administración y cambios normativos para agilizar la ejecución de los fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.

PLAN EXTRAORDINARIO

A efectos de actividad parlamentaria, enero es un mes inhábil, pero el Congreso ha previsto un Pleno extraordinario para esta semana con el fin de examinar los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado año.

Tres de ellos se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre, el plan de ayudas para la hostelería, comercio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.

El primero dirige una batería de medidas específicas para afrontar la crisis a este sector en el pago de sus alquileres, la obtención de créditos con el aval del ICO, y la reducción y aplazamiento de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de la suspensión de desahucios de personas sin alternativa habitacional, se amplían las condiciones para acogerse a esta moratoria –vigente hasta el fin del estado de alarma– y las garantías, se faculta al juez para paralizar desahucios cuando se trate de grandes tenedores de vivienda y se amplía la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas para consumidores vulnerables.

EVITAR CUELLO DE BOTELLA

El tercer decreto ley, dirigido a facilitar la ejecución de los fondos, no fue publicado en el BOE hasta el 30 de diciembre, pese a aprobarse ocho días atrás, y contiene modificaciones normativas para la gobernanza de fondos europeos, agilizar la concesión de ayudas con la simplificación de trámites, la reducción de plazos y la flexibilización de condiciones en estos proyectos.

Todo ello para evitar temidos ‘cuellos de botella’ que dificulten la absorción del Instrumento Europeo de Recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para el período 2021-2026.

Finalmente, en el último Consejo de Ministros del año el Gobierno aprobó dos decretos leyes para autorizar el pago de indemnizaciones por el fallido almacén de gas Castor y la adaptación de normas por la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea.

En el caso de la indemnización por el proyecto Castor, de más de 1.350 millones de euros, el Gobierno ha aprobado una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública por no disponer de recursos suficientes en el Fondo de Contingencia y decreta su ampliación hasta el importe total de la sentencia.

Este pago se efectuará a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la cancelación de este almacén de gas, tras estimar el recurso de las tres entidades financieras que presentaron una reclamación de responsabilidad donde pedían devolver el dinero aportado para indemnizar a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por la paralización del proyecto.

La norma también contiene la exención de la tributación en el IRPF del Ingreso Mínimo Vital y de las rentas de inserción autonómicas hasta un máximo de 1,5 veces el Iprem.

BREXIT Y SMI

Respecto al decreto ley para afrontar el Brexit, una vez finalizado el período transitorio previsto en el acuerdo de salida de la Unión Europea, se prevén medidas de carácter temporal dirigidas a ciudadanos y empresas afectados hasta la regulación permanente de las relaciones con el Reino Unido.

También se contiene en él la prórroga del SMI a 950 euros en 14 pagas, vigente ya este año, ante la falta de acuerdo con patronal y sindicatos, pero también en el seno del propio Gobierno, para impulsar una subida este año, al menos, en línea con la inflación prevista del 0,9% como en sueldos y pensiones públicas.

España y Francia fueron los dos países que más ayudas públicas destinaron en porcentaje del PIB entre los grandes Estados de la UE-28 en el primer semestre de 2020, afectado por la pandemia del covid-19, al destinar un 4% de su PIB nacional en esos primeros meses de crisis, frente al 1% del PIB en Alemania, si bien en volumen lideró el país germano con un total de 820.000 millones de euros, frente a los 100.000 millones de España.

Así se desprende del informe anual de ayudas públicas de 2020, aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y remitido a las Cortes Generales, que señala que las ayudas públicas han tenido una «gran relevancia» en el año 2020 en el contexto de la pandemia del covid-19.

Sin perjuicio de su análisis más detallado en «próximos años», el informe apunta que se observa que, por un lado, a nivel europeo existe un riesgo de que el mercado interior se vea afectado por las «notables diferencias» de volumen de ayudas entre Estados miembros; por otro, a nivel español, el sistema de ayudas que se ha centrado en avales y garantías más que en subvenciones directas.

ALEMANIA LÍDER EN APROBAR AYUDAS

Con datos hasta junio de 2020, Alemania se sitúa como líder destacado en lo referente al volumen de ayuda aprobada, con un total de 820.000 millones de euros, muy por encima de los otros grandes Estados de Europa, como Italia (450.000 millones), Reino Unido (380.000 millones), Francia (300.000 millones) y España (100.000 millones).

En el caso de España, con a fecha de 30 de noviembre de 2020, las ayudas públicas han alcanzado los 150.000 millones de cantidad nominal (según datos del ICO y de Presidencia del Gobierno), y al menos 84.000 millones de cantidad utilizada, lo que representa cerca del 6% del PIB nacional, según datos del ICO, aunque este dato no es comparable con el resto de paíes europeos porque la CNMC no dispone de los datos de los demás estados hasta noviembre.

El desembolso efectivo por los Estados miembros de la ayuda nominalmente aprobada por la Comisión Europea fue, en los primeros meses de la crisis, relativamente bajo. En lo que se refiere a ayuda utilizada en relación con el PIB nacional destacan los casos de España y Francia, con porcentajes que rondan el 4% de los PIB nacionales respectivos, por encima de Italia (3%), Reino Unido (2%) y Alemania (1%).

ESPAÑA, LA QUE MÁS LO UTILIZA

Además, el informe resalta el escaso grado de utilización de la ayuda aprobada, si bien España encabeza el ranking de los países que más utilización han hecho de la misma, con un porcentaje superior al 50%.

Entre las ayudas públicas aprobadas por el Gobierno de España para paliar los efectos del Covid-19, figuran la línea de avales para las empresas y autónomos afectados por la pandemia, las medidas de ayudas a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reeembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificados de tipos de interés en préstamos o el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, entre otras.

Las ayudas concedidas en España representaron el 0,39% del PIB nacional en 2018, lo que supone un aumento frente al 0,31% del PIB en 2017, pero muy por debajo del 0,81% del conjunto de la UE-28, donde permanecieron estables.

De hecho, España es el cuarto Estado miembro de la UE-28 con menos ayudas públicas en porcentaje del PIB nacional, tras Irlanda, Luxemburgo y Grecia. Los países del norte y del centro de Europa son, de lejos, los mayores concedentes de ayudas dentro de la UE.

MENOS AYUDAS SECTORIALES

El incremento en España se ha producido, sobre todo, en las ayudas que se denominan horizontales, un tipo de subvenciones que no están restringidas a sectores económicos concretos. En consecuencia, las ayudas sectoriales redujeron su peso, lo que según la CNMC es un dato «positivo», ya que las ayudas horizontales presentan menores distorsiones a la competencia, y son prioritarias para la UE.

Por tipos de ayudas, España destinó 4.655 millones en ayudas regulares (0,39% del PIB) en 2018, otros 3.922 millones en ayudas horizontales (0,33% del PIB) y 743,4 millones (0,06%) en ayudas sectoriales.

En cuanto a los objetivos perseguidos, se dedicaron recursos sobre todo a ayudas a consumidores individuales (30%), como las ayudas a residentes extra peninsulares, y relativamente menos recursos a favorecer la transición ecológica y energética (19%), en comparación con la media de la UE-28, en donde se destinaron un 63% de las ayudas horizontales a ese objetivo.

A su vez, de las ayudas regulares en España, un 25% fue para promoción de las exportaciones y el sector exterior, un 10% a I+D+i, un 6% a desarrollo regional, otro 6% a cultura , un 2% a pymes con capital riesgo y otro 2% a empleo. También destaca el informe que desde 2014 no se han otorgado nuevas ayudas al sector financiero.

De su lado, en la UE-28 el 63% fue para medio ambiente y eficiencia energética, seguido de desarrollo regional (10%), I+D+i (10%), cultura (6%), pymes con capital riesgo (4%), consumidores individuales (4%), empleo (2%) y promoción de las exportaciones y el sector exterior (1%).