La Asociación Hipotecaria Española (AHE) señala que la actividad hipotecaria, en el arranque del año, «parece encaminarse» hacia «una senda de recuperación tenue favorecida por el levantamiento parcial de las restricciones.

Así lo señala en su Boletín Estadístico Trimestral en el que recoge que, en el capítulo de crédito inmobiliario para adquisición de vivienda, el importe de las nuevas operaciones constituidas fue un 13% superior en términos trimestrales, mientras que registró una variación negativa del 12% en términos anuales.

En el mismo boletín se recoge que la cuota hipotecaria se ha mantenido en «niveles muy favorables», en torno 541 euros al mes, «dentro de un contexto de tipos de interés en mínimos históricos. «Pese a ello, el primer acceso sigue enfrentándose a las dificultades de accesibilidad al crédito derivadas de la precariedad laboral».

CAPITAL

Por otro lado, el capital otorgado en el primer trimestre de 2021 ascendió a aproximadamente 12.800 millones de euros y el número de operaciones ascendió a las 96.050, un 16% más en términos trimestrales y un 8% menos en términos interanuales.

En cuanto a los préstamos cuyo tipo inicial permanece fijo por más de diez años, estos mantienen la tendencia creciente iniciada hace más de cinco años. La AHE apunta que en el pasado mes de abril más de la mitad de las nuevas originaciones se firmaron con esta modalidad de tipo.

«Es importante señalar también que las favorables condiciones de interés en el mercado han propiciado que la brecha entre la cuota que resulta de aplicar un tipo fijo y la que resulta de aplicar un tipo variable, esté convergiendo hasta alcanzar niveles muy próximos entre ambas», afirma la asociación.

El saldo vivo otorgado al sector privado residente (OSR) alcanzó los 1.218.084 millones de euros a marzo de 2021, el 109,6% del PIB. Dentro del mismo, los hogares, que representan el 57,2% del PIB, vienen ganando peso frente a las no financieras, cuyo peso ha caído hasta el 52,4%.

La AHE observa también que, en el último año, esta última rúbrica se habría visto favorecida por la introducción de los programas de avales públicos, mostrando en consecuencia, tanto en el saldo –un 5,9% más en marzo de 2021– como en el coeficiente que la relaciona con el PIB, «un aumento relevante».

PUNTO DE INFLEXIÓN

Desde finales de 2020, la asociación ha ido percibiendo un punto de inflexión en los indicadores inmobiliarios «al amparo de la mejora de la confianza que ha supuesto para el sector la favorable evolución epidemiológica y el plan de rehabilitación y regeneración urbana procedente de las ayudas del fondo europeo».

En términos anuales, hasta abril de 2021, se han expedido Visados de Obra Nueva (VON) para un 17% más de viviendas, aunque si se compara con el año previo a la pandemia, las casi 33.000 viviendas registradas en lo que va de 2021 representan un 12% menos que en relación con las más de 37.500 de entonces.

LA COMPRAVENTA

En cuanto a la actividad de compraventa, durante el primer trimestre de 2021 las operaciones elevadas a público mostraron un «significativo repunte» interanual de un 21,9% que contrasta con el descenso registrado a nivel intertrimestral (-11,8%), periodo en el que actividad registró máximos de hacía dos años.

Esta evolución tampoco parece estar alineada con la estadística de las nuevas inscripciones registrales de hipotecas sobre vivienda, que mostraron un descenso interanual en el número de operaciones de un 8% en el primer trimestre de 2021.

La AHE recuerda que, mientras que la estadística de compraventa recoge los datos de las transacciones elevadas a escritura pública ante notario, en el caso de la estadística sobre actividad hipotecaria se estarían tomando los datos de las inscripciones registrales, una vez ya se ha inscrito la operación de compraventa y elevado a escritura pública el préstamo ante notario.

«De ahí que en el próximo trimestre la actividad hipotecaria pueda hacerse eco de la recuperación gradual del mercado», concluye la asociación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico y conectado, que supondrá una «gigantesca inversión de recursos públicos» de 4.250 millones de euros y podrá generar unos 140.000 empleos.

Tal como ha señalado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, esta inversión pública tendrá un «efecto multiplicador» en el sector privado, que se calcula en torno a unos 19.700 millones de euros para 2023.

Este Perte se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado con el objetivo de crear un ecosistema necesario para que se pueda, en parte, desarrollar y fabricar de manera integral en España.

«Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que impulse el ecosistema de automoción en todo el país. Para el Gobierno de España, el sector de automoción es prioritario y va a ser protagonista del plan de recuperación», ha subrayado Maroto.

El Perte de Automoción estará compuesto de dos ámbitos. El primero de ellos va dirigido a impulsar proyectos transformadores de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, con medidas dirigidas a actuar en apartados como la investigación, el desarrollo, la fabricación de equipos originales, el ensamblaje o las baterías. Se invertirán unos 3.000 millones de euros en la cadena de valor industrial del coche eléctrico.

Por su parte, el segundo apartado se centrará en medidas «facilitadoras» que ayuden a la creación de una nueva movilidad, con acciones de carácter normativo o el despliegue de puntos de recarga, economía circular o digitalización.

Esta inversión total de 24.000 millones de euros permitirá, según previsiones de Moncloa, crear unos 140.000 empleos, y contribuirá entre un 1% y un 1,7% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Para 2023, el Gobierno prevé alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y que haya en España entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga para esta clase de modelos ‘cero emisiones’.

ESTRUCTURA DEL PERTE

La estructura del Perte cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico en España.

Además, habrá otras actuaciones específicas que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga.

«Necesitamos garantizar que la cadena industrial de la nueva movilidad se desarrolla en España», ha reivindicado Maroto, que ha explicado que las empresas para acogerse al Perte tienen que presentar proyectos en los cuales al menos estén presentes cinco compañías.

Asimismo, las actuaciones deben afectar al menos a dos comunidades autónomas y el 40% de las empresas incluidas deben de ser pymes, con al menos una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las compañías deben acreditar inversión propia y compromiso con el empleo.

Los proyectos que se presenten para acceder a las ayudas, que provendrán de los fondos europeos ‘Next Generation’, deberán incluir un plan de economía circular y actuaciones concretas basadas en tecnologías de digitalización que posibiliten la efectiva cooperación entre los agentes participantes. También se añadirá un plan de formación y reciclaje profesional con objetivos a largo plazo y compromiso de creación de empleo.

Está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con la participación de todos los actores relevantes y garantizar un dialogo permanente y donde estarán representados los ministerios implicados y la mesa de automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las comunidades autónomas.

Maroto ha puesto el foco no solo en la importancia de producir vehículos eléctricos en España, sino en la necesidad de que este Perte «democratice» la movilidad sostenible en España y que la sociedad tenga acceso a la misma.

En cuanto a tiempos, la ministra ha indicado que en el mes de octubre se abrirá la convocatoria de la cadena de valor industrial, que incluye unos 3.000 millones de euros, por lo que en febrero se aprobarán los primeros proyectos para que se puedan ejecutar y comiencen a repartirse los fondos.

Acciona Energía ha desarrollado una solución de recarga de vehículos eléctricos, ‘Green Smart Charge’, que incluye la priorización de la carga con autoconsumo renovable y optimiza la eficiencia en el suministro y costes de la electricidad.

Con esta inicativa, la compañía complementa su oferta de servicios a clientes corporativos e institucionales para avanzar en sus objetivos de descarbonización. La empresa ha colaborado en el desarrollo de esta solución con la startup Bia Power, dentro de su programa de innovación abierta, I’mnovation.

‘Green Smart Charge’ ofrece a los clientes la instalación de puntos de recarga controlados por una plataforma de gestión de desarrollo propio. La plataforma utiliza modelos predictivos de consumo energético a partir del tratamiento masivo de datos. De esta forma, optimiza la recarga eligiendo la mejor secuencia en función de cuatro variables: tiempo disponible y porcentaje requerido para la recarga; picos de consumo de la instalación que alimenta el punto de recarga; precio de la electricidad en cada momento; y disponibilidad de autoconsumo, priorizando así la electricidad renovable 100% limpia.

La compañía ha iniciado ya el proyecto piloto de esta tecnología en tres segmentos de mercado: centros comerciales y de ocio; complejos empresariales e industriales; y flotas de vehículos. La experiencia permitirá a Acciona Energía modelizar los patrones del servicio en distintas configuraciones según el uso de los clientes corporativos e institucionales para flota propia o para público en general.

El centro comercial Moraleja Green, gestionado por Knight Frank, es uno de los usuarios que participa en el proyecto experimental del sistema. El centro, ubicado en el norte de Madrid, ofrece el servicio de recarga de vehículos eléctricos a sus clientes.

«En Acciona Energía le ofrecemos [al cliente] suministro de electricidad 100% limpia y un modelo de autoconsumo profesionalizado. El servicio de recarga eléctrica eficiente en emisiones y costes es un valor añadido para los clientes corporativos en su logística de transporte y en su compromiso de sostenibilidad», señala Belén Linares, directora de Innovación de Acciona Energía.

La implantación piloto de ‘Green Smart Charge’ también se realizará «in house», en las instalaciones de Acciona Energía en Madrid y en la flota de vehículos propia.

Bizum ha alcanzado los 18.250 comercios que aceptan la solución como medio de pago, 10.000 más que a finales de 2020, con lo que supera el objetivo fijado para todo 2021.

En un comunicado, la fintech ha explicado que los usuarios han realizado 1,6 millones de compras online durante el primer semestrede 2021 por valor de 97 millones de euros, lo que supone un crecimiento «significativo» de la solución de pago por móvil, que durante el pasado año registró 850.000 compras por valor de 51 millones de euros.

Desde que se lanzó esta funcionalidad de pago online, el número de compras en comercios online adheridos asciende a 2,5 millones, con un volumen asociado con 150 millones de euros.

El número de transacciones de pago entre personas realizadas en el primer semestre fue de 206 millones, más de un millón al día, con un volumen asociado de 10.600 millones de euros. De esta forma, se han igualado en solo seis meses las cifras de número de operaciones y volumen registradas en todo 2020.

Asimismo, la compañía ha destacado que la primera experiencia de pago presencial con Bizum por la que los usuarios pueden tanto pagar sus apuestas como cobrar sus premios de Loterías y Apuestas del Estado también sigue creciendo desde su lanzamiento en diciembre de 2020: se han registrado cerca de 40.000 operaciones y un volumen asociado de 1,8 millones de euros.

Bizum también da la posibilidad de hacer donaciones a 4.050 ONG, de las que 1.500 se han adherido en el primer trimestre: los usuarios han realizado 98.000 aportaciones solidarias en ese periodo, con unos fondos recaudados de 3,6 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) encuentra barreras para la contratación de electricidad a plazo en el mercado español, dificultando así el desarrollo de los PPAs (contratos a largo plazo) renovables, especialmente con los grandes consumidores industriales.

El organismo presidido por Cani Fernández ha publicado un informe, elaborado a petición de la Secretaría de Estado de Energía, en el que analiza la estructura y la liquidez de los mercados de electricidad a plazo en España e identifica esas principales barreras que existen a la hora de contratar electricidad en este tipo de mercados.

Entre esas barreras, el regulador destaca la falta de incentivo de los grupos verticalmente integrados a participar en los mercados a plazo, ya que disponen de una cobertura natural sobre el riesgo del precio del mercado diario que instrumentalizan mediante contratosbilaterales.

En este sentido, la CNMC destaca que Endesa Generación e Iberdrola Generación acaparan prácticamente la totalidad de la contratación bilateral que se realiza en el mercado eléctrico y que no es vendida en el mercado spot, concretamente en torno a un 99,2% del total en el periodo 2017-2020 -del orden del 59,6% de la producción de estas empresas, en dicho periodo, fue vendida mediante contratación bilateral y no fue vendida en el mercado spot-, siendo intragrupo la totalidad de dicha contratación.

Por su parte, los grupos EDP y Naturgy venden toda su energía en el mercado ‘spot’ y compran en ese mismo mercado, mediante unidades genéricas, parte de la energía que necesitan las comercializadoras libres y reguladas de sus grupos, con las que tienen un contrato de venta de energía a un precio a plazo, señala el regulador.

Además, la CNMC estima que la existencia en España de un Precio de Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), indexado al precio del mercado de contado y que incluye un margen a la comercialización, podría no incentivar económicamente a los comercializadores de referencia de electricidad a cubrir su exposición al riesgo de precio del mercado diario en los mercados a plazo.

El organismo también considera como barreras la dificultad para participar en los mercados a plazo por parte de los consumidores con un elevado volumen de demanda, así como la dificultad para acceder al mercado a plazo por parte de los agentes de menor tamaño.

Igualmente, subraya la falta de cultura sobre la negociación de productos derivados o desconocimiento del funcionamiento de los mercados a plazo.

PROPUESTA DE POSIBLES ACTUACIONES Y MEDIDAS

Para hacer frente a estas barreras, la CNMC incluye una propuesta de posibles actuaciones y medidas que podrían adoptarse para la mejora de la liquidez del mercado a plazo del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel).

Este informe considera las conclusiones que se extrajeron del estudio sobre ‘Comparativa de los precios Mibel (contado y plazo) con otros mercados europeos y su relación con el mercado único’ elaborado por el Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad, y que fue remitido, con fecha 9 de julio de 2019, a los Gobiernos de España y de Portugal.

En dicho estudio se recogían una serie de medidas para fomentar la transparencia, la competencia y la liquidez del mercado mayorista de la electricidad en España y Portugal, y con el fin de que los precios de la electricidad (de contado y a plazo) se formen de un modo más eficiente.

Después de este estudio, el Consejo de Reguladores del Mibel lanzó una consulta pública relativa a las posibles actuaciones que podrían realizarse para mejorar la liquidez de la contratación a plazo, cuyas respuestas se incluyen en el análisis que efectúa la CNMC en su informe.

Aena ha logrado la máxima puntuación de cinco estrellas para seis aeropuertos de su red en el programa ‘Covid-19 Safety Ratings’ de la consultora Skytrax.

En concreto, han recibido el más alto reconocimiento los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Alicante-Elche Miguel Hernández, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna.

La calificación obtenida es de cinco estrellas «very high standards», la máxima otorgada y se suma a las acreditaciones de «Aeropuertos Seguros».

El programa ‘Covid-19 Safety Ratings’ es un programa concebido específicamente para el sector aeroportuario, y en el que un grupo de auditores han recorrido los 6 aeropuertos y han inspeccionado las medidas implantadas por Aena para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores frente a la situación sanitaria.

En estas auditorías evalúan hasta 175 protocolos de seguridad diferentes introducidos en respuesta a la pandemia del Covid-19 para reducir el riesgo y mejorar el bienestar de pasajeros y trabajadores aeroportuarios.

CONTROL SANITARIO, EL PUNTO FUERTE DE LOS AEROPUERTOS

Los auditores de Skytrax han destacado como puntos fuertes de los seis aeropuertos el control sanitario, que sitúan entre los mejores de Europa, por «su sistema claro, organización muy eficiente y abundancia de recursos, destacando la gestión de test y colas de pasajeros»; un Control de accesos «excelente y riguroso»; procedimientos y operativa en salas VIP «excelentes»; y una comunicación e imagen «clara, consistente y abundante, considerada entre las mejores de Europa.

Además, Aena ha implantado en sus aeropuertos más de 100 medidas de seguridad, higiene y de control sanitario destinadas a proteger y garantizar la salud y seguridad de pasajeros y trabajadores.

Estas medidas están contempladas en el Plan de Recuperación Operativa de la compañía, incluyendo las dirigidas directamente a pasajeros, operativas y organizativas.