La supervisión de MiCA entra en su fase incómoda. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha concretado el examen que aplicará en 2027 a los proveedores de servicios de criptoactivos —los llamados CASP— y lo ha centrado en tres frentes: resiliencia operativa, externalización de funciones críticas y presencia real dentro de la Unión Europea. Entre los activos afectados está SOL, el token nativo de Solana, que en Europa solo puede comercializarse a través de plataformas autorizadas bajo el reglamento.
El mensaje lo puso sobre la mesa Verena Ross, presidenta de ESMA, en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Ross resumió el giro con una idea sencilla: el foco del organismo ha pasado ‘de la elaboración de normas hacia la supervisión y la convergencia’. Las reglas ya están escritas; ahora toca comprobar que se cumplen, y que se cumplen igual en los 27 países.
‘Queremos que la innovación florezca dentro de un marco que dé claridad a las empresas, protección a los inversores y confianza en los mercados’, señaló.
De escribir normas a vigilar que se cumplan
MiCA ya es derecho aplicable en toda la UE, pero su ejecución depende de los supervisores nacionales: la CNMV en España, la BaFin alemana, la AMF francesa y el resto de autoridades de los Estados miembros. Cada una con sus prioridades, sus recursos y su lectura del texto. La convergencia que reclama ESMA consiste, en la práctica, en que una plataforma no reciba un trato radicalmente distinto por operar desde Madrid o desde Ámsterdam. El texto consolidado del reglamento puede consultarse en el repositorio oficial de la UE.
El segundo eje es el reporting armonizado: que todas las autoridades reporten los mismos datos con las mismas métricas para que Bruselas pueda ver la foto completa del mercado. Sin ese suelo común, la supervisión europea de criptoactivos seguiría siendo una suma de veintisiete fotografías distintas. Las prioridades del organismo están publicadas en la web oficial de ESMA.
El reglamento ya no se discute en Bruselas: se audita en Madrid, Fráncfort y París, y eso cambia el coste real de operar con criptoactivos en Europa.
Los tres frentes que ESMA vigilará en 2027
La resiliencia operativa es la capacidad de una plataforma para seguir funcionando y custodiando fondos cuando llega un ciberataque, una caída de sistemas o un pico de retiradas. En un mercado que abre 24 horas y no cierra los fines de semana, el margen de error se mide en minutos. La externalización apunta a los proveedores tecnológicos, desde la nube hasta el análisis de datos, y al riesgo de que funciones críticas queden en manos de terceros fuera del paraguas regulatorio europeo. Y la presencia real busca cerrar la puerta a estructuras con licencia en la UE pero con equipo, negocio y servidores en otro sitio.
A esos tres ejes se suma la captación inversa, la reverse solicitation: la práctica de firmas de fuera del bloque que atienden a clientes europeos sin autorización alegando que fue el cliente quien se acercó primero. Es una de las zonas grises que más incomoda a los supervisores, y una de las que el mercado español mira con más atención.
Qué cambia para los CASP que operan con SOL
Para las plataformas europeas que listan SOL, el anuncio traslada el debate del papel a la infraestructura. Ya no basta con cumplir los requisitos de información y gobernanza del reglamento: habrá que demostrar que los sistemas aguantan, que los proveedores externos están identificados y controlados y que la operación tiene arraigo real en la Unión.
Cabe recordar qué es un CASP: la empresa que custodia, intercambia o comercializa criptoactivos. El equivalente a una sociedad de valores del mundo tradicional, con dos diferencias de peso. Su mercado no cierra nunca y su tecnología cambia cada seis meses. Cuando ESMA habla de resiliencia, en el fondo pregunta si esa empresa sobreviviría a un fin de semana complicado sin congelar retiradas ni perder claves.
Lo que se juega Solana en el examen europeo
Conviene situar esto en perspectiva. MiCA arrancó regulando las stablecoins en 2024 y completó su régimen general de servicios a finales de ese mismo año, con un periodo transitorio de dieciocho meses que ya ha expirado. Aquel calendario fue una reacción política a los colapsos de 2022, con FTX como símbolo de hasta dónde podía llegar una plataforma sin supervisor detrás. Cuatro años después, la conversación ya no va de prohibir cripto, sino de auditar quién la custodia.
Para Solana, el efecto es indirecto pero real. SOL no es lo que se examina: lo que se examina son las empresas que lo ofrecen en Europa y las tuberías por las que circula. Un requisito de presencia efectiva y de control de proveedores externos encarece la estructura de los operadores pequeños y favorece a los que ya tienen equipos de cumplimiento. Los movimientos del sector apuntan en esa dirección: menos plataformas, más grandes y mejor capitalizadas. Eso mejora la protección del usuario y, en paralelo, reduce la competencia que históricamente ha bajado las comisiones.
Hay un riesgo en la letra pequeña que conviene no perder de vista: la nube. Buena parte de la infraestructura de nodos y de los proveedores de acceso a la red (los RPC, la puerta de entrada técnica a Solana) se apoya en grandes proveedores estadounidenses. Si la lectura de externalización se endurece, las plataformas europeas tendrán que justificar contratos, ubicaciones y planes de contingencia. Es un coste que se verá poco en el gráfico de precios y mucho en las cuentas de las empresas.
Lo que viene es un año de documentación, auditorías y preguntas incómodas. ESMA no publica hoy una lista de sanciones ni un calendario con nombres propios; publica una dirección. La forma que tome cada expediente dependerá del supervisor nacional, y ahí la CNMV tiene margen para marcar criterio dentro del marco común. La próxima referencia será la letra pequeña que acompañe a las prioridades de supervisión de 2027.
