Un total de 650 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta noviembre, 6 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 0,9%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este miércoles.

De estos fallecimientos, 550 se produjeron durante la jornada de trabajo, 45 más que hasta noviembre de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 8,9%. Los 100 accidentes mortales restantes registrados hasta el undécimo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 39 menos que en el mismo periodo del año pasado.

El dato de accidentes mortales incluye los 20 reconocidos por Covid-19 que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 4 en Andalucía (1 en Granada, 2 en Jaén y 1 en Sevilla), 2 en Aragón (ambos en Zaragoza), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 3 en Madrid.

En conjunto, hasta noviembre se contabilizaron 444.269 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 24,7% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019.

Del total de siniestros, 392.441 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 51.828 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 23,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 34,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 388.690 hasta noviembre, un 23,3% menos, y los graves fueron 3.201, un 18,7% menos que a un año antes.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 50.994 accidentes de carácter leve (-34,6%) y 734 de gravedad (-24,2%).

MÁS DE 27.600 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 444.269 siniestros con baja registrados hasta noviembre, 416.635 los sufrieron asalariados (-25,4%) y 27.634 correspondieron a trabajadores autónomos (-12,7%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el undécimo mes del año, un total de 366.517 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 23,9% menos que hasta noviembre de 2019, mientras que 50.118 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 34,7% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 363.447 hasta noviembre de 2020, un 24% menos, y los graves alcanzaron los 2.582, un 19,9% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 49.353 accidentes de carácter leve (-34,9%) y 672 de gravedad (-24%).

Por su parte, de los 27.634 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta el undécimo mes del año, 25.924 (-11,9%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.710 (-23,2%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 478.390 accidentes laborales sin baja, un 28,7% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta noviembre, la estadística recoge que un total de 7.394 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 7.357 fueron leves, 17 grave y 20 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.832 personas se dieron de baja por accidente laboral (+7%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.659 personas (-56,5%). En abril fueron 16.441 accidentes (-61,2%), en mayo 27.254 (-46,2%), en junio 35.764 (-23,6%), en julio 40.666 (-22,6%), en agosto 34.742 (-15,3%), en septiembre 39.834 (-17,5%), en octubre 39.492 (-21,6%) y en noviembre 34.737 (-10,7%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.153 accidentes (-1,%) y 1.213 en el segundo (-70,6%), situándose en abril en 1.724 (-74,2%), en mayo en 2.865 (-62,9%), en junio en 4.270 (-40,1%), en julio 5.060 (-32,5%), en agosto 4.011 (-29,2%), en septiembre 5.284 (-28,5%), en octubre 5.596 (-35,6%) y en noviembre 4.403 (-33,4%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 31 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+93,8%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 46 personas (+119%), mientras que en abril fueron 39 (-2,5%), en mayo 42 (-22,2%), en junio 55 (+44,7%), en julio 49 (-24,6%), en agosto 42 (-8,7%), en septiembre 52 (+8,3%), en octubre 39 (-26,4%) y en noviembre 40 (-13%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado (-53,8%), en tanto que en mayo subieron a 7 (-41,7%), en junio fueron 4 (-55,6%), en julio 11 (-45%), en agosto 4 (-66,7%), en septiembre 12 (-33,3%), en octubre 8 (-33,3%) y en noviembre 5 (-54,4%).

UGT DENUNCIA LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS

UGT ha afirmado que le preocupa este aumento «alarmante» de los accidentes mortales durante la jornada laboral, ya que «lo lógico es que hubiese descendido por la bajada de actividad al igual que ha ocurrido con los accidentes laborales con baja».

Para el sindicato, las cifras ponen de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando «en un segundo plano» en las empresas. «Se están produciendo menos accidentes, pero son de mayor gravedad, ya que los mortales ocurridos durante la jornada laboral aumentan», dice el sindicato.

Así, la organización que lidera Pepe Álvarez ve necesario abrir una mesa de diálogo social estatal en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas que pongan fin a esta situación. «Reiteramos nuestra propuesta de articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata», ha subrayado.

El sindicato cree que entre las líneas de este Plan de Choque no puede faltar la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, quiere que se restrinja el despido en España ante la facilidad que, según él, tienen las empresas para prescindir de trabajadores e incluso de fábricas enteras, y cree que para ello habría que tomar diversas medidas, entre ellas un mayor control de las causas, un mayor coste y la posibilidad de que no sea el empresario el que decida qué hacer cuando un juez declare improcedente el despido.

En rueda de prensa para presentar las prioridades de CCOO para los próximos meses, Sordo ha insistido en que se trataría de abordar varios elementos a la vez para conseguir que el despido no sea la principal vía de ajuste a la que recurren las empresas cuando tienen problemas. Así, no se trataría sólo de encarecerlo, que también, sino de tocar diversos ‘palos’ para que realmente se evitara esta línea de ajuste en las empresas.

De este modo, y dado que no se pide autorización administrativa para acometer un ERE en España, Sordo ha abogado por ir hacia un sistema de control de causas del despido, que no tendría por qué traducirse en la recuperación de la autorización administrativa sino en un sistema quizá más moderno, pero siempre con el objetivo de impedir la «barra libre» de la que disfrutan ahora las empresas.

«Algunas multinacionales nos dicen que es muy sencillo prescindir de una fábrica en España porque con un buen bufete de abogados que evite que te declaren una nulidad, haces y deshaces a tu antojo (…) España ha sido más papista que el Papa a la hora de dar más facilidades a las empresas supuestamente para que vinieran y que finalmente han sido facilidades para que se marchen. Lo tienen demasiado fácil para despedir y dejar a comarcas enteras desasistidas», ha denunciado el dirigente sindical, que ha advertido de que de esta situación se han aprovechado empresas como Alcoa o Nissan.

Sordo ha explicado que, en otros países europeos, el cierre de una fábrica o la deslocalización de un centro de trabajo requiere planes sociales e inversiones alternativas e implica problemas legales que en España no se tienen. Y no estoy hablando de Venezuela y Cuba, estoy hablando de otros países de Europa«, ha subrayado.

Además del control de las causas del despido, su encarecimiento sería «otra opción a barajar», así como la posibilidad de que no sea el empresario el que decida si readmite o echa a un trabajador cuando el juez declara la improcedencia del despido. «Igual habría que cambiar quién decide. Es otro elemento», ha apuntado.

En todo caso, Sordo ha explicado que se tiene que restringir el recurso al despido en España, vinculándolo al fortalecimiento de la contratación fija y a la vez a una fórmula de flexibilidad interna, pactada con las empresas, que hiciera que el despido fuera el último recurso.

Dicha fórmula de flexibilidad interna podría ser similar a lo que se hace en Alemania con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Aunque en España está vigente una regulación puntual de los ERTE por la pandemia del coronavirus, ya está sobre la mesa del diálogo social abordar la manera de que éstos puedan convertirse en una medida de carácter más estructural.

La fórmula que plantea Sordo -y que no viene de ahora, pues ya la propusieron a anteriores gobiernos- es la de que se pueda adaptar el tiempo de trabajo cuando las empresas tengan problemas económicos reales y demostrables. Eso sí, si las horas de trabajo se adaptaran a la baja, la disminución de los salarios de los trabajadores tendría que ser compensada con una ayuda pública, sufragada por el Estado, según expone Sordo, que añade que también podrían vincularse a esta medida planes de formación permanente para los trabajadores, como se hace en Alemania.

Ahora bien, un modelo como éste exigiría cotejar las causas para asegurarse de que se utiliza de modo correcto. En este sentido, ha señalado que cuando arrancaron los ERTE al inicio de la pandemia, «no se controlaba nada y se pagaba todo», algo que, según ha advertido, «no podría ocurrir en periodos de normalidad».

DESTERRAR EL «NO TOCA»

Sordo es consciente de que abordar esta negociación para restringir el despido no va a ser fácil, pero forma parte de las prioridades del sindicato para el próximo periodo. El objetivo más inmediato, además del cierre de la negociación para prorrogar los ERTE, es, para el dirigente sindical, recuperar la agenda sociolaboral en la que ya se estaba trabajando antes de la pandemia. Cree que no sólo daría confianza a la ciudadanía de que se ve la luz al final del túnel, sino que serviría además de «palanca» para la recuperación económica.

En este sentido, advierte de que la doctrina del «ahora no toca», como ha pasado con la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI), hay que desterrarla, pues si existe algún momento adecuado para abordar esta agenda es precisamente ahora.

Dicha agenda pasa por dar salida a los cambios en la reforma laboral de 2012 que ya estaban hablados con el Gobierno (recuperar la negociación colectiva, dar prevalencia al convenio de sector sobre el de empresa, ultraactividad, subcontratación) y por subir el SMI, haya o no acuerdo en el diálogo social, pues de la política de rentas dependerá en gran medida la recuperación de muchos sectores relacionados con el consumo (ocio, turismo, restauración) y, por tanto, de la economía y el empleo.

En este sentido, se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno haya otorgado a la CEOE «derecho de veto y una posición de empoderamiento» en el tema del SMI, y ha advertido de que CCOO no aceptará que ocurra lo mismo en otras materias, como las negociaciones para modernizar el mercado laboral.

PIDE AL GOBIERNO QUE «NO CAPE EL DIÁLOGO SOCIAL» EN BRUSELAS

Sordo ha asegurado que su sindicato está dispuesto a abordar esta negociación «sin reservas» y buscando preferentemente el acuerdo. Ahora bien, si no lo hay, ha instado al Gobierno a tomar medidas y no hacer como en el SMI.

Y ha lanzado otro aviso al Ejecutivo, aplicable tanto a lo que concierne a los cambios laborales como a las pensiones: que «no cape» ni deje «sin oxígeno» al diálogo social cuando remita a Bruselas en los próximas días qué tiene previsto hacer en estas materias.

«De poco serviría ponernos a negociar si previamente el Gobierno de España contrae compromisos ineludibles con Bruselas a ejecutar en los próximos meses. Por eso le pedimos que sea prudente en la redacción de lo que envíe», ha indicado.

Además de impulsar los salarios para empujar la demanda interna, Sordo ha pedido al Gobierno que acometa cuanto antes una reforma en profundidad del mercado eléctrico para evitar subidas en el precio de la luz como las actuales.

En materia de pensiones, el líder de CCOO ha instado a derogar la reforma de 2013 y a adoptar medidas a corto y medio plazo para sacar de la Seguridad Social los gastos que no le son propios y mejorar los ingresos del sistema, como la implantación de la cotización por ingresos reales entre los autónomos, el destape de las bases máximas y la subida de los salarios mínimos.

En este punto, ha advertido al Ejecutivo de que CCOO no aceptará que se intenten recortar pensiones mediante medidas que busquen compensar el incremento de gastos que supondrá la revalorización con el IPC y la eliminación de la reforma de 2013. «En ese viaje no nos van a encontrar», ha añadido.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) encara 2021 con la incertidumbre del contexto internacional, especialmente en el nuevo modelo de relaciones comerciales con el Reino Unido tras la resolución del Brexit, así como con el cambio en la Administración de Estados Unidos y el rumbo que podría tomar la política arancelaria de la mano de Joe Biden.

En concreto, la federación señala que, en el marco de una economía «seriamente afectada» como consecuencia de la pandemia, la internacionalización es un «pilar fundamental» para impulsar la reactivación económica en España.

«Es importante afianzar la posición de los productos españoles en el exterior frente a nuestros competidores y estamos en un momento clave en la definición de las relaciones comerciales internacionales en las que tenemos que ser parte muy activa», ha subrayado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

BREXIT

Respecto al Brexit, FIAB recuerda que desde el pasado 1 de enero la Unión Europea y Reino Unido ya constituyen dos mercados separados, dos espacios regulatorios y legales distintos y, por lo tanto, con grandes cambios en las relaciones comerciales entre las dos partes.

La salida del Reino Unido del mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, así como de todas las políticas de la UE en acuerdos internacionales, implica también la renuncia de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre ambos.

Por eso, desde FIAB consideran que es importante contar con el apoyo de asesores expertos que ayuden directamente a las empresas en relación con los nuevos trámites, la logística de exportación y los controles fronterizos, especialmente a las pymes que exportan a este mercado.

«Hay empresas que actualmente venden sus productos a Reino Unido y no están familiarizadas con los procesos de exportación a un nuevo territorio fuera de la Unión Europea. Es primordial apoyarlas para garantizar la continuidad de estas exportaciones», ha apuntado García de Quevedo.

Además, pide a las autoridades españolas apoyo para la promoción de los productos nacionales en el mercado británico, que es el cuarto destino de las exportaciones de la industria española de alimentación y bebidas por un valor de 2.018 millones de euros en 2019.

ARANCELES DE EE.UU.

Otra de las preocupaciones de la industria española de alimentación y bebidas es el daño que los aranceles de Estados Unidos a productos alimentarios están provocando a las empresas españolas.

FIAB recuerda que siguen en vigor los «injustos aranceles» impuestos por la Administración de Donald Trump a más de un centenar de productos españoles como consecuencia del conflicto entre Airbus y Boeing.

Si bien España no se ha visto afectada por las nuevas partidas anunciadas recientemente sobre Francia y Alemania, la industria española denuncia que la situación de los aranceles debe «solucionarse de inmediato», ya que está poniendo en peligro la consolidación de un mercado que representa el 5,7% del total de las exportaciones españolas.

De esta forma, FIAB solicita a las autoridades españolas y europeas la puesta en marcha de las negociaciones con la nueva Administración estadounidense en cuanto se haga efectivo el traspaso de poderes.

«Es imprescindible retornar hacia una situación de equilibrio y de buenas relaciones comerciales entre ambas zonas y asegurar que los productos españoles puedan competir en igualdad de condiciones con los de otros países de nuestro entorno», ha recalcado el director general de FIAB.

Estados Unidos se sitúa como segundo país de destino de los alimentos y bebidas españoles fuera de la Unión Europea, tan solo por detrás de China. En 2019, las ventas de productos españoles a este país ascendieron a un valor de 1.838 millones de euros.

El precio de la vivienda en alquiler en España cerró 2020 con un incremento anual del 4,6% y sitúa el precio de diciembre en 10,65 euros/m2 al mes, lo que supone la peor cifra en los últimos seis años, según el informe de «La vivienda en alquiler en España en el año 2020» del Fotocasa.

En cuanto al precio por meses, desde noviembre de 2019 el precio medio de la vivienda de alquiler no bajó de los 10 euros/m2 al mes en todo el 2020, llegando en abril a su cuota máxima (11,02 euros/m2) y superando todos los meses del año 2020.

La directora de Comunicación de Fotocasa, Anaïs López, ha afirmado que a cierre de 2020 el precio de la vivienda en alquiler ha empezado a dar señales de moderación y atrás ha dejado las subidas de dos dígitos que se han registrado durante algunos meses de 2020.

Para López, el precio del alquiler se está comportando de manera muy irregular según la zona y se mueve a diferentes velocidades: «mientras que en Madrid y Barcelona las caídas de precio ya son una realidad, hay otras zonas en las que el precio aún sube con fuerza, como pueden ser ciudades del norte de España.

«Durante 2021 todavía veremos comportamientos irregulares de los precios del alquiler dependiendo de la zona», ha advertido la responsable de Fotocasa.

MADRID Y CATALUÑA

El precio medio de la vivienda en alquiler se incrementó en 13 de las 17 comunidades autónomas. Las cuatro comunidades que experimentaron caídas del precio anual en 2020 fueron Baleares (-7,7%), Madrid (-5,1%), Canarias (-3,5%) y Cataluña (-1%).

El incremento superior al 10% se registró en Navarra con un 18,8%. Le siguen comunidades como Extremadura (8,9%), Castilla-La Mancha (8,2%), Región de Murcia (8%), Asturias (7,8%) y Castilla y León (7,1%).

En 2020, la Comunidad de Madrid se colocó en primer lugar con un precio de 14,10 euros/m2 al mes, desplazando a Cataluña a la segunda posición por tercer año consecutivo con un precio de 14,00 euros/m2 al mes, seguida de País Vasco (13,18 euros/m2 al mes), Baleares (11,25 euros/m2 al mes) y Navarra (10,00 euros/m2 al mes).

En cuanto a la media nacional (10,65 euros/m2 al mes), son cuatro las que superan dicha media. Madrid la supera en un 32%, Cataluña lo hace en un 31%, País Vasco en un 24% y Baleares en un 6%. El resto de las comunidades cuentan con un precio inferior a la media nacional.

EL PRECIO SE ESTANCA

El precio de la vivienda alcanzó a cierre de 2020 el mismo nivel que en diciembre del año anterior, tras la tendencia a la baja registrada entre septiembre y noviembre, pero registró un descenso del 0,9% en tasa mensual, según se desprende de la última estadística de Tinsa IMIE General y Grandes Mercados correspondiente a la vivienda nueva y usada del mes de diciembre.

Desde marzo, la caída del precio de la vivienda es del 2,1%. El director del servicio de Estudios de Tinsa, Rafael Gil, ha explicado que las cifras de finales de año muestran «cierta estabilización» de la tendencia descendente, «acercándose en el caso del índice general y de capitales y grandes ciudades a niveles de verano, tras el ajuste adicional de otoño».

En el mes de diciembre el Tinsa IMIE General y Grandes Mercados se situó en 1.511 puntos, la misma referencia que se registró en el mes de diciembre de un año antes. No obstante, según Gil, el incremento interanual medio de los doce meses de 2020 es del 0,9%.

Esta estabilización registrada en diciembre permitió que todas las zonas, excepto las áreas metropolitanas, finalizasen el año con precios iguales o «ligeramente superiores» a los registrados un año antes.

La caída interanual en las áreas metropolitanas fue del 2,8%. El incremento en las capitales y grandes ciudades y la costa mediterránea fue del 0,2% y del 0,1%, respectivamente. Por su parte, destacaron las subidas de las islas (+2,3%) y del resto de municipios (+1,1%).

Desde el inicio de la crisis sanitaria, las islas y la costa mediterránea son los grupos analizados donde más se ha depreciado la vivienda, con caída superiores al 6% desde marzo. También las áreas metropolitanas reflejaron un ajuste del 3,9%.

Por su parte, los mercados que muestran menores diferencias respecto al momento del inicio de la crisis sanitaria son las capitales y grandes ciudades (-0,6% desde marzo) y el resto de municipios, que se mantiene en las mismas cifras de marzo.

El precio medio en España es un 15,3% superior al mínimo de 2015 y acumula un descenso del 33,8% respecto a los máximos alcanzados en 2007.

El Rey Felipe VI ha ensalzado este miércoles la «gran solidez y dinamismo» del empresariado español ante la crisis del Covid, así como las «numerosas fortalezas estructurales» del mercado español que, a su juicio, lo convierten en un destino «muy atractivo» para los inversores internacionales.

«Ni el virus ni la crisis nos van a derribar», ha trasladado el Rey durante su participación en la inauguración de la XI edición del Foro Spain Investors Day (SID), que reúne a 200 inversores internacionales y 46 cotizadas y que ha presidido, agradeciendo a los organizadores que hayan mantenido su celebración pese a las «difíciles circunstancias actuales», así como la labor de los servicios de emergencia, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y voluntarios tras la tormenta de nieve y las heladas.

El Rey ha señalado que un evento como el SID es «más necesario que nunca» después de que la pandemia de Covid-19 haya impuesto «limitaciones importantes» a los inversores y empresas de todo el mundo, lo que ha provocado una «contracción sin precedentes» de la actividad económica y, por tanto, ha «socavado significativamente la rentabilidad y la posición financiera de muchas empresas».

«Como otros países, España está sufriendo las graves consecuencias de la recesión desencadenada por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, ni el virus ni la crisis económica nos van a derribar. Incluso en las circunstancias actuales, el sector empresarial español altamente desarrollado sigue actuando con gran solidez y dinamismo«, ha destacado.

En este sentido, ha resaltado que existe un gran número de empresas españolas de primera línea establecidas en todo el mundo, y con reconocimiento internacional en muchas industrias: desde infraestructura y energías renovables hasta medicina, biotecnología y farmacéutica; industria del automóvil, moda, turismo y cultura, servicios financieros o software y comunicaciones.

Ha hecho especial hincapié en que las empresas españolas «cuentan con la experiencia y capacidad necesarias para convertirse en socios en todo tipo de proyectos internacionales en todo el mundo«, ya que cuentan con «tecnología original y patentada, marcas reconocidas, una valiosa experiencia y redes de distribución internacionales», al tiempo que acumulan «tecnología de punta, experiencia empresarial invaluable, talento sobresaliente y los valores adecuados que las convierten en socios fuertes y confiables para la ruta de innovación y sostenibilidad que hay que tomar para los próximos años.

Además, ha resaltado que el mercado español tiene «numerosas fortalezas estructurales que lo convierten en un destino muy atractivo para los inversores internacionales», con 47 millones de «consumidores potenciales» y un acceso «privilegiado» a terceros mercados que proporcionan un «gran potencial» para servir como plataforma para operaciones comerciales internacionales en terceros países.

También ha incidido en que la ubicación geográfica permite el acceso a los mercados de la región mediterránea, norte de África y Oriente Medio; y sus vínculos comerciales, económicos, históricos y lingüísticos «muy especiales» con América Latina.

«PUEDES CONFIAR EN ESPAÑA»

Ha recordado al respecto que, según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, España es el séptimo país del mundo con la mejor infraestructura de transporte a nivel mundial, siendo estos factores «fortalezas estructurales del clima empresarial que estuvieron aquí antes de Covid-19 y todavía estarán aquí, una vez se superen los desafíos».

El monarca ha incidido en la importancia de ser un país «abierto» y en la internacionalización de las empresas, así como el «destacado» papel desempeñado por las empresas extranjeras establecidas en territorio español, siendo España el undécimo receptor de IED del mundo.

Según los últimos datos disponibles del Registro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más de 16.000 empresas extranjeras operan en España, lo que representa casi 500.000 millones de euros de inversión bursátil y más de 1,5 millones de personas empleadas.

A su vez, ha añadido que la inversión extranjera también tiene un fuerte impacto al incrementar significativamente la capacidad exportadora de España, especialmente en sectores como la automoción y la química, recordando que el 43,7% de las exportaciones españolas tienen su origen en filiales de empresas extranjeras.

«Puedes confiar en España, tener confianza en España, confianza en una nación moderna y sólida, llena de creatividad y abierta al mundo. No tengo ninguna duda de que España tiene un destino de inversión preferencial para sus proyectos», ha concluido.

MAROTO: «EL PRINCIPIO DEL FIN»

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que «aún quedan meses duros» de crisis sanitaria y económica, pero «con la llegada de las vacunas estamos en el principio del fin», siendo esta una de las «certezas» del año 2021 que contribuyen a «mejorar las perspectivas de recuperación», sumándose a ello también las previsiones de recuperación de economía mundial, con un crecimiento de alrededor del 4% este año y de entre el 7% y el 9,8% en el caso de España.

También ha citado el acuerdo sobre el Brexit tras cuatro años de negociaciones, que ha conseguido que la UE «salga reforzada», y la victoria de Biden en estados Unidos al representar un «cambio» en algunos asuntos de política económica y comercial, como la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la «rápida» incorporación del país americano al Acuerdo de París, facilitando la cooperación de las relaciones transatlánticas.

A todo ello se suma la aprobación de los Presupuestos, un instrumento «imprescindible» para la reactivación económica al incorporar 27.000 millones de los fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha resaltado que su Ministerio juega un papel «muy relevante» en las prioridades del Gobierno para sentar las bases de la recuperación.

Por áreas, en Industria se trabaja en la elaboración de la estrategia de política industrial 2030 y a lo largo de la legislatura se impulsará un Pacto por la industria y una nueva Ley industrial, mientras que en comercio se apoyará al comercio de proximidad y se promoverá su innovación, competitividad y el uso de nuevas tecnologías.

Igualmente, se promoverá la inversión extranjera a través del ICEX, que acaba de lanzar un nuevo portal para que los inversores internacionales accedan de forma sencilla a los servicios y programas de inversión en España.

Por último, para el turismo se pondrá en marcha el Plan de modernización y competitividad del sector para su reactivación incorporando como palancas la digitalización y la sostenibilidad.