El sector de las residencias para mayores, con cerca de 5.600 centros en España y 381.000 plazas, genera una actividad económica de 4.500 millones de euros al año, y existe un déficit de unas 66.000 plazas, según un informe encargado por la Federación Empresarial de la Dependencia a PwC.

El informe, titulado ‘Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España’ y presentado este jueves, revela que en el caso de España se observa un «claro déficit» de plazas residenciales, con 4,4 plazas por cada 100 mayores, una cifra que está por debajo de las cinco recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por comunidades autónomas, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias (1,8 por cada 100), Murcia (2,2), Ceuta y Melilla (2,6). Por el contrario, donde más oferta de plazas hay es en Castilla y León (8,4 plazas por 100 mayores), Castilla-La Mancha (7,6), Aragón (6,4 plazas), Extremadura (7,1), Navarra (4,8), Cantabria (5,9) y Asturias (5).

El estudio pone de manifiesto que, en 2050, España necesitará alrededor de 785.000 plazas residenciales, el doble de las existentes en 2018; y señala que duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales.

El Banco Central Europeo (BCE) ha instado a los bancos a no posponer las obligaciones de gestión de riesgos mediante la identificación temprana de la morosidad y la toma de medidas «caso por caso» con el fin de adoptar las pertinentes medidas de aprovisionamiento de cara a la próxima finalización de las medidas de moratoria implementadas por el supervisor para hacer frente a la crisis.

«Ningún banco debería posponer más la obligación fundamental de gestión de riesgos intrínseca a su propio mandato», ha señalado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), quien ha advertido de que las medidas de flexibilidad y tolerancia disponibles a través de la moratoria aplicada «expirarán pronto», por lo que se debe hacer todo lo posible para evitar el costoso impacto del «efecto acantilado» relacionado con esta retirada.

«Es hora de que los bancos se preparen para el impacto que probablemente se materializará cuando se levante la moratoria en todo el sistema», ha advertido el banquero italiano, para quien será necesaria también una actitud proactiva desde todos los lados para que la pandemia no actúe como un mero amplificador de deficiencias estructurales y sirva como catalizador para un sector bancario más fuerte en el futuro.

«Contamos con buenas reglas y políticas para hacer frente a los préstamos dudosos de forma más rápida y eficaz. Los bancos deben centrarse en una implementación eficaz, y el momento adecuado para hacerlo es ahora», ha defendido.

En este sentido, el representante del BCE ha indicado que el supervisor planea intensificar gradualmente su escrutinio de la preparación de los bancos para hacer frente al inminente deterioro de la calidad de sus activos, subrayando la importancia de las prácticas de gestión del riesgo de crédito y del aprovisionamiento prudencial.

«Cuanto antes se identifiquen y aprovisionen los NPL, más rápido y fluido será el proceso de resolución y eliminación de los mismos, evitando efectos adversos de la resaca en el futuro», ha recomendado Enria, advirtiendo de que un reconocimiento tardío y la mala gestión del deterioro de la calidad de los activos podrían obstruir fácilmente los balances bancarios con préstamos dudosos durante un período de tiempo bastante largo, lo que haría más difícil para los bancos prestar apoyo a clientes viables y apuntalar una recuperación económica más rápida.

Posponer los ajustes no ayudará a los bancos a restablecerse como oportunidades de inversión atractivas con la rapidez necesaria, con todas las consecuencias que ello conlleva», ha apuntado.

Asimismo, Enria ha señalado que contar con una imagen más clara acerca de la trayectoria de la calidad de los activos de las entidades será importante a la hora de evaluar en diciembre la recomendación de suspender el pago de dividendos de los bancos.

APUESTA POR LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

Por otro lado, Andrea Enria ha insistido en que la consolidación del sector bancario europeo es una de las fórmulas para abordar el problema de baja rentabilidad que arrastra el sector desde hace años y que se ha visto agravado por la pandemia.

A este respecto, el banquero italiano ha señalado que reducir el exceso de capacidad mediante la consolidación reduciría, entre otras cosas, la competencia poco saludable centrada en los volúmenes, lo que ayudaría a restablecer niveles sostenibles de rentabilidad.

«La experiencia de otras jurisdicciones muestra que, tras las grandes crisis, niveles saludables de salidas ordenadas del mercado son un ingrediente clave para una recuperación rápida y exitosa», ha añadido.

Asimismo, Enria ha insistido en la oportunidad de avanzar en la armonización mediante la identificación y eliminación de elementos territoriales que representan un obstáculo para las fusiones y adquisiciones transfronterizas y ha destacado la importancia de que los legisladores trabajen hacia un marco integrado de gestión de crisis que sea más propicio para facilitar una salida sin problemas del mercado, incluso para los bancos medianos que actualmente están sujetos a acuerdos nacionales muy diversos.

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcó un nuevo mínimo histórico en el mes de septiembre, cuando se situó en el -0,415%, frente al -0,359% de agosto.

El miércoles 30 de septiembre, último día del mes, cerró en 0,443%, lo que junto al resto de valores arroja esa media del -0,415% en el noveno mes del año.

El indicador encadena ya cuatro meses de caídas, frente a los tres meses de fuertes ascensos durante el periodo más duro de la crisis del coronavirus.

Esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán abaratamiento de 46,44 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 3,87 euros al mes.

El Banco de España también ha confirmado que el míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, bajó también al -0,415% en septiembre.

Desde el departamento de análisis de Bankinter prevén que el Euríbor se mantenga en negativo hasta, al menos, 2022, cerrando 2020 en -0,20%, el 2021 en -0,22% y 2022 en -0,18%.

En este escenario, los expertos de HelpMyCash ven «una opción atractiva» contratar una hipoteca a tipo variable si el periodo de devolución es corto, aunque recomiendan calcular a cuánto podría ascender la cuota mensual en caso de que el Euríbor sufriera una subida brusca a medio o a largo plazo.

Debido a que antes de 2010 los bancos daban diferenciales que podían ser inferiores al 0,35%, algunas hipotecas podrían presentar ahora intereses negativos.

Los expertos de HelpMyCash creen que la mayoría de entidades, tras revisar el interés de un préstamo hipotecario y aplicar el nuevo valor del índice, utilizarán un interés del 0%, aunque apuntan que si en el contrato no se establece un tipo mínimo de ese valor, el hipotecado podría exigir que se le aplique el interés negativo, en cuyo caso se le descontarían los intereses devengados de la cuota a pagar.

Eso sí, los préstamos hipotecarios firmados a partir del 16 de junio de 2019 no pueden tener un interés negativo, según establece la ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

El precio de los carburantes se ha mantenido estable esta semana, sin cambios en el caso de la gasolina y con una ligera caída (-0,29%) en el gasóleo.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo ha encadenado su quinta semana consecutiva a la baja, retrocediendo a los 1,030 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio de la gasolina se ha mantenido prácticamente invariable, con un mínimo incremento (+0,05%), para situarse en los 1,162 euros.

De esta manera, el precio de los carburantes confirma la estabilización en sus precios, después de la tendencia al alza que vivió a lo largo del periodo estival, con incrementos desde el pasado mes de mayo, cuando cayó a mínimos por el desplome registrado durante el confinamiento por el coronavirus.

A pesar de las caídas de estas últimas semanas, el litro de gasolina todavía se mantiene en torno a un 8% más caro frente a esos mínimos de mayo, mientras que en el caso del gasóleo su precio es más de un 5% superior.

No obstante, la gasolina sigue estando más barata respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,266 euros y 1,314 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,101 euros en la UE y 1,122 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se seguirán prorrogando mientras lo necesiten empresas y trabajadores, una postura que, según ha apuntado, es común en todo el Gobierno. Actualmente siguen en ERTE unos 740.000 trabajadores.

Díaz ha señalado que «no tiene sentido» desplegar todos los recursos públicos que el Gobierno ha puesto en marcha para sostener y ayudar a las empresas y luego dejarlas caer «en el momento clave».

Por ello, ha afirmado que «sin lugar a dudas» y si es necesario, se prorrogarán los ERTE más allá del 31 de enero de 2021 y ha recordado que la Comisión Tripartita examinará diariamente cómo está funcionando el esquema que se acaba de poner en marcha.

Además, ha avanzado que el Gobierno está trabajando para que el mecanismo de los ERTE permanezca de manera estructural en la legislación laboral, lo que implica modificar el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

La ministra ha destacado que el nuevo acuerdo de ERTE, que extiende este instrumento de momento hasta el 31 de enero, no deja a ningún sector «atrás», porque si fuera así, ha añadido, la CEOE no lo habría firmado.

«Todas las empresas saben, sin dejar a ninguna atrás, que están protegidas con ingentes cantidades de recursos públicos. No hay un ejercicio de protección semejante en la historia de nuestro país para salvar a empresas, trabajadores y a la economía«, ha subrayado Díaz.

En cuanto a la decisión de la CEOE de sumarse al acuerdo sólo unas pocas antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros, Díaz ha señalado que la patronal tenía «dificultades internas» para firmar el acuerdo y que el Gobierno «respetó» sus tiempos a pesar de que supuso llevar la negociación hasta el último minuto.

Por otro lado, la ministra ha insistido en la necesidad de reformar la legislación laboral para combatir la precariedad, una «anomalía» que tiene el mercado español y contra la que han pedido que se actúe desde el FMI ó el Banco de España.

«Lo vamos a hacer, no porque lo diga el FMI, sino porque es un compromiso imprescindible», ha dicho la ministra, que ha advertido de que si en el acuerdo de los ERTE «no se hubiera bordeado» la reforma laboral del PP y ésta se hubiera aplicado, en España se habrían producido «despidos masivos, devaluaciones salariales y pobreza a espuertas».

Díaz ha indicado que hay miedo entre los trabajadores a ser despedidos por dar positivo por coronavirus, por lo que acuden a su trabajo para no perder su empleo. En este sentido, ha recordado que la incapacidad temporal (IT) por cuarentena «impide de facto» represalias de ese tipo y que, legalmente, ese despido sería calificado como nulo.

‘RIDERS’: LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL, LA PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, la ministra ha avanzado que la próxima semana convocará la mesa de diálogo social para tratar el asunto de los ‘riders’, sobre los que se han pronunciado ya diez tribunales de justicia, así como el Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia determinaba que son falsos autónomos y que su relación laboral con la empresa es la de un trabajador por cuenta ajena.

Díaz ha recordado que Trabajo sometió a consulta pública un borrador de norma en la que se establece precisamente lo que han dictado los tribunales: que los repartidores no son emprendedores, sino asalariados, y que deben tratarse como tales. «Les vamos a dar todo tipo de protección», ha afirmado la ministra, que ha explicado que Bruselas también está preocupada por este sector, al que quiere dar una regulación adecuada.

En relación a la ley del teletrabajo, la ministra ha afirmado que la norma obliga, durante la pandemia, a que los empresarios doten a los trabajadores de los medios necesarios para trabajar a distancia, por lo que ya pueden reclamarlos a sus empresas.

Además, sobre este asunto, ha destacado que Alemania quiere «copiar» la Ley española del Trabajo a Distancia, así como la de igualdad retributiva. «Me ha sorprendido que Alemania, por una vez, quiera copiarnos una norma», ha indicado la ministra, que ha resaltado que ella «nunca trabajaría en remoto por razones evidentes» y que el teletrabajo ha de ser voluntario.

La cadena cárnico-ganadera española, representada por las organizaciones de ganaderos, industria y comercio cárnico agrupadas en cinco organizaciones interprofesionales, ha mostrado su compromiso para contribuir a la reconstrucción económica de España tras la crisis del coronavirus.

En concreto, han comenzado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios y el Gobierno en las que están trasladando los compromisos del sector para responder de forma conjunta y responsable a los retos económicos y sociales actuales, que se han ampliado y ganado en urgencia por la incidencia de la pandemia del coronavirus.

Los actores del sector pretenden dar respuesta a estos retos con la formulación de los Compromisos 2023, unas obligaciones autoexigidas con las que se facilite afrontar la reconstrucción económica sobre unas bases asentadas en la sostenibilidad, la digitalización, la igualdad de género y la cohesión territorial, cuatro puntos claves en las prioridades y estrategias establecidas por las instituciones europeas y el Gobierno español.

El objetivo de las organizaciones del sector es poner a disposición de la población carnes producidas de forma ética, responsable, sostenible y saludable, y seguir trabajando junto a la comunidad científica para promover las ventajas de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida activo y saludable en el marco de la Dieta Mediterránea.

Los esfuerzos del sector también se centrarán en intensificar su contribución a la vertebración de España, tanto en lo que concierne a la integración de la mujer como en la dinamización de la España Despoblada.

Así, se comprometen a crear igualdad de oportunidades y alcanzar el 50% de empleo femenino en todos los actores de la cadena. En lo que respecta al problema demográfico, la tarea se centrará en continuar revitalizando estas zonas del país en las que la presencia de la ganadería y su industria asociada supone ya una dinamización económica y social que sirve como anclaje para la población.

El conjunto de los actores cárnicos aporta cerca de 42.000 millones de euros al PIB nacional. Este importe se divide entre los 15.172 millones de euros la ganadería y los 26.822 millones de euros que supone la industria cárnica.

La actividad cárnica genera 672.000 empleos directos, concentrados principalmente en la ganadería (500.000), en la industria (97.000) y el comercio minorista (75.000).

Además, el sector moviliza dos millones de empleos asociados que se encuadran en una variada selección de actividades como la producción agrícola destinada a la alimentación del ganado y a los profesionales de los sectores veterinarios, de piensos, sanidad animal, logística y transporte e industrias auxiliares.