El beneficio neto atribuido de The Coca-Cola Company experimentó un avance del 11,7% en el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta situarse en 3.107 millones de dólares (2.827 millones de euros), según las cuentas trimestrales publicadas este lunes por la multinacional de Atlanta.

La facturación en los tres primeros meses del ejercicio 2023 alcanzó los 10.980 millones de dólares (9.990 millones de euros), lo que implica un incremento del 4,4% respecto del mismo periodo del año precedente, impulsada en parte por el aumento del 11% en los precios y el sólido desempeño de las tiendas Costa Coffee en el Reino Unido y China, según dijo la compañía.

Por áreas geográficas, los ingresos en Norteamérica aumentaron un 9%, hasta 3.904 millones de dólares (3.552 millones de euros), mientras que en Latinoamérica crecieron un 14%, hasta 1.386 millones de dólares (1.261 millones de euros); en Europa, Oriente Próximo y África sumaron 2.024 millones de dólares (1.841 millones de euros), un 10,4% más; y en Asia Pacífico un total de 1.371 millones de dólares (1.247 millones de euros), 3% menos.

De su lado, los ingresos procedentes de sus participaciones en embotelladoras cayeron un 5% en el primer trimestre, hasta 1.946 millones de dólares (1.771 millones de euros).

En datos orgánicos, que excluyen la volatilidad del tipo de cambio y de las variaciones en el perímetro contable de la empresa, las ventas de Coca-Cola en el trimestre crecieron un 12%, incluyendo un aumento del 11% de los precios, particularmente intenso en Europa, Oriente Próximo y África (22%), Latinoamérica (18%) y Norteamérica (11%), mientras que en Asia Pacífico disminuyeron un 5%.

De su lado, el volumen de unidades comercializadas por la multinacional se incrementó un 3%, impulsado por la solidez en los canales fuera del hogar y las continuas inversiones. Los mercados desarrollados crecieron un solo dígito medio, mientras que los mercados en desarrollo y emergentes crecieron a un solo dígito bajo.

El crecimiento en los mercados desarrollados estuvo liderado por México, Europa Occidental y Australia, mientras que el crecimiento en los mercados emergentes y en desarrollo fue liderado por China, India y Brasil. «El crecimiento de los mercados emergentes y en desarrollo se vio afectado por la suspensión del negocio en Rusia», añadió la multinacional.

«Nos alientan nuestros resultados del primer trimestre de 2023», dijo James Quincey, presidente y consejero delegado de The Coca-Cola Company. «Confiamos en nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos para 2023», añadió.

Para el conjunto del año, Coca-Cola espera lograr un crecimiento de los ingresos orgánicos del 7% al 8%, en línea con el anterior pronóstico, mientras que sigue confiando en generar un flujo de caja libre de aproximadamente 9.500 millones de dólares (8.644 millones de euros) a través de un flujo de caja de operaciones de aproximadamente 11.400 millones de dólares (10.372 millones de euros), menos unos 1.900 millones de dólares (1.729 millones de euros) en gastos de capital.

La Federación Española de Empresarios de Talleres de Automoción (Conepa) ha iniciado una ronda de contactos con los distintos candidatos a las elecciones municipales y autonómicas y les ha enviado un documento en el que advierten de la «insoportable presión normativa» que afecta al sector y en el que pide «racionalización y coherencia» a las administraciones públicas.

También ha reclamado «apoyo» a las pymes que conforman el grueso del sector para facilitar su adaptación a la «nueva movilidad» y ha recordado que el parque automovilístico «no lo eligen los reparadores», sino los conductores a los que dan servicio.

En el documento remitido, además de advertir de los «problemas», retos y necesidades comunes del sector en España, también se apuntan los obstáculos observados en cada circunscripción electoral con el objetivo de que los candidatos los «tengan en cuenta en sus actuaciones» tras los comicios.

En cuanto a la normativa, los talleres apuntan que las obligaciones regulatorias y las cargas económicas que recaen sobre las empresas del sector son «insoportables» dado que el automóvil «está afectado por una cada vez más exigente legislación protectora del medio ambiente».

«Todo ello, añadido a la constante generación de normativa administrativa, fiscal y laboral procedente de la Unión Europea, el estado español, las comunidades autónomas y los municipios, que implica una presión enorme sobre las empresas del sector, mayoritariamente micropymes, abrumadas por la catarata normativa que les afecta», ha subrayado Conepa.

También ha incidido en la «evolución técnica» de los vehículos y en el escenario de la «nueva movilidad» y la necesidad de adaptarse a todo ello.

«Cuestiones como el respeto al medioambiente o la introducción progresiva de nuevas tecnologías puede y debe ser compatible con la actividad económica de los talleres, que no solo prestan servicios a los ciudadanos, sino que también contribuyen a una mejora de la sociedad con la generación de puestos de trabajo y de aportaciones económicas e impuestos derivados de su propia actividad», ha destacado Conepa.

La organización también ha incidido en su escrito en la «importancia de la formación» y en la necesidad de «inversiones» debido a los cambios tecnológicos, un punto en el que han urgido a las instituciones municipales y autonómicas a que presten apoyo en materia de cualificación laboral tanto para los nuevos profesionales como para la adaptación de los perfiles más experimentados.

Por otro lado, Conepa ha señalado que, en su opinión, las administraciones «no han actuado de forma contundente ni organizada para luchar» contra el «serio problema» que representa la economía sumergida.

«Los talleres de reparación y mantenimiento legales sufren constantes y rigurosas campañas de inspección. A las empresas del sector les gustaría que ese esfuerzo de las autoridades competentes priorizase más la detección y persecución de la actividad ilegal», ha resaltado.

A todo ello se suma la petición de Conepa de que las administraciones públicas reconozcan «la función social» de los talleres en las campañas de divulgación de la seguridad vial.

El conglomerado francés Vivendi registró una facturación de 2.290 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que equivale a un incremento del 3,3% en comparación con los datos registrados en el mismo periodo del año previo, según ha informado este lunes la empresa.

«Todas nuestras líneas de negocio crecieron durante el primer trimestre de 2023, con muchos signos positivos en los últimos meses», han afirmado de forma conjunta el presidente del consejo de supervisión de Vivendi, Yannick Bolloré, y el presidente del consejo de administración y consejero delegado, Arnaud de Puyfontaine.

Por segmentos de negocio, los ingresos de Canal+ crecieron un 2,2%, hasta los 1.478 millones de euros, mientras que los de la firma publicitaria Havas cayeron un 3,4%, hasta los 611 millones de euros.

La cifra de negocios de Prisma Media permaneció invariable en los 73 millones de euros. De su lado, Gameloft avanzó un 14,8%, hasta los 71 millones de euros; Vivendi Village facturó 33 millones de euros, un 20,1% más; y New Initiatives hizo lo propio en un 25,9%, y se quedó en los 31 millones de euros.

Por su parte, la firma gala ha informado de que la editorial Editis ingresó 150 millones de euros, una caída del 6,3% en comparación con el primer trimestre de 2022. La editarial será adquirida al 100% por International Media Invest (IMI), filial de Czech Media Invest, empresa fundada por el multimillonario checo Daniel Kretinsky.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamará este martes medidas a la Unión Europea para paliar el impacto de la sequía en el consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que se celebrará en Luxemburgo.

En concreto, el titular del ramo, que no ha querido avanzar las peticiones con las que acude a la reunión de mañana, sí que ha reconocido que introducirá los temas relativos a la sequía, después de haber remitido una carta al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, donde solicitaba una mayor «flexibilización» de la Política Agrícola Común (PAC) ante la actual situación de falta de lluvias que está afectando a agricultores y ganaderos.

«En la reunión con mis colegas belga y húngaro hemos hecho referencia a la problemática de esta menor pluviometría, lo que demuestra que el caso español no es único, pero es más acentuado que en otros. Mañana se discutirá sin duda este tema en Luxemburgo y tendremos ocasión de defenderlo por parte de la delegación española», ha asegurado Planas en la rueda de prensa tras la reunión con el ministro de Trabajadores Autónomos, Pymes, Agricultura y Reformas Institucionales y Renovación Democrática de Bélgica, David Clarinval, y con el de Agricultura de Hungría, István Nagy, que se enmarca en la preparación para las próximas presidencias de la UE.

El ministro belga del ramo no ha dudado en avanzar que Bélgica apoyará en la reunión de mañana las peticiones españolas, que «tiene dificultades» respecto a la sequía, aunque su país «no tenga» actualmente este problema, mientras que su homólogo húngaro también ha reconocido que la sequía es un tema que «no» se puede quedar fuera. «Ningún país puede afrontarlo por sí solo, únicamente de forma conjunta se puede tratar», ha zanjado Nagy.

Respecto a los acuerdos del Mar Negro para la salida de grano de Ucrania, Planas ha mostrado su preocupación por las noticias de última hora de que Rusia podría interrumpir dicho acuerdo. Nos preocupa y esperamos que se confirmen las noticias porque sería muy pernicioso desde el punto de vista de abastecimiento alimentario, no solo para Europa sino para el resto del mundo», ha señalado.

Una reunión en la que los tres ministros de Agricultura no han abordado el veto de los países, entre ellos Hungría, a la importación de grano de Ucrania, tema que también se tratará en la reunión de mañana de Luxemburgo.

Planas se ha congratulado de que haya «un acuerdo» y un «entendimiento» con los países afectados, que tienen la frontera con Ucrania. «Es una situación de solidaridad, pero es muy importante preservar la unidad europea y que seamos capaces de entender las posiciones de los demás y coordinar las soluciones a nivel europeo en beneficio del sector agroalimentario».

Por su parte, el titular de Agricultura de Hungría, István Nagy, ha explicado la situación que atraviesa su país, así como el incremento de costes que está teniendo la salida de estos cereales, y espera que en la reunión de mañana se encuentre una solución con ayudas a los países afectados. «Estamos negociando y mañana hablaremos y definiremos la solución de este tema, porque tenemos una responsabilidad común los cinco países involucrados que van actuar conjuntamente, pero colaborando también con la UE», ha subrayado.

Respecto al incremento de los precios de los alimentos en España, Planas ha recordado que esto se ha debido al impacto de la guerra de Ucrania, al incremento de las materias primas y de la energía, así como de los fertilizantes.

«Vemos que de forma positiva estos precios han ido disminuyendo en los últimos meses, la perspectiva debería ser positiva de cara al futuro inmediato, pero tenemos presente el factor sequía, que es una incógnita. El papel de la cadena alimentaria es fundamental, porque es muy compleja y hace que el reflejo de las disminuciones de costes sea más lento», ha vuelto a explicar.

Planas ha calificado esta reunión con sus homólogos de Bélgica y Hungría de «positiva» y «constructiva». «De pura cooperación europea entre tres países con realidades distintas, pero que estamos unidos por el ideal europeo», ha asegurado.

Durante este encuentro, el titular español ha enumerado las prioridades que tendrá la presidencia española en el sector agrario y pesquero, donde destacan el garantizar seguridad alimentaria, los mercados internacionales que están impactados por la guerra de Ucrania, la importancia de la PAC y la digitalización del sector.

Así, ha avanzado que el «gran rótulo de la presidencia española y del consejo informal, que se celebrará en Córdoba, será las nuevas tecnologías como herramienta para una agricultura más resiliente al cambio climático».

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha anunciado este lunes que para este verano hay un total de 219 millones de asientos programados en España, lo que representa un 3% más que los que se operaron en el verano de 2019. De este número de vuelos, las regiones de Canarias, Baleares y Andalucía presentan unas cifras superiores, con un 7,8%, 7,4% y 8,2%, respectivamente.

No obstante, el presidente de ALA, Javier Gándara, ha destacado en rueda de prensa que estos datos están sujetos a modificaciones a lo largo de la temporada y, además, ha subrayado que es necesario tener en cuenta el factor de ocupación de dichos vuelos, aunque previsiblemente se situarán cercanos a los porcentajes de antes de la pandemia.

En el primer trimestre del año, el tráfico aéreo español ha registrado datos por encima de los niveles prepandemia, con unos porcentajes de crecimiento del 2,1% en enero, 2,2% en febrero y en un 0,6% en el mes de marzo.

«A pesar del momento de crisis económica que vivimos, los datos están demostrando las ganas de los pasajeros de viajar y esperamos que este verano marque ya la recuperación definitiva de un sector que se ha mantenido robusto y capaz de superar las dificultades ocasionadas por la pandemia», ha señalado el presidente de ALA, Javier Gándara.

LA HUELGA EN FRANCIA CONGESTIONA A TODA EUROPA

Gándara también ha resaltado los grandes retos a los que se enfrenta el tráfico aéreo español para esta temporada de verano. En primer lugar, ha destacado la congestión del tráfico provocada por las huelgas generales en Francia, que afectan al control aéreo, provocando retrasos y congestión no solo en los vuelos a dicho destino, sino a todos aquellos sobrevuelos –sin origen ni destino en Francia– que deben atravesar el espacio aéreo galo.

ALA ha recalcado la necesidad de que la Comisión Europea exija a Francia que blinde estos sobrevuelos, protegiendo a los pasajeros. Eurocontrol estima un coste de 8 millones de euros de media al día por cancelaciones y otros 6 millones por retrasos para todas las compañías aéreas europeas. En total, 476 millones de euros en sobrecostes por los 34 días de movilizaciones entre el 1 de marzo y el 9 de abril.

Gándara ha indicado que los efectos de estos paros están impactando aún más en España, ya que el espacio aéreo francés es un lugar de paso casi obligado para las conexiones entre nuestro país y el resto de Europa.

Además de las huelgas, la alta demanda y la falta de personal en los aeropuertos europeos. «Nos preocupan los aeropuertos europeos pero esperamos que no sea tan catastrófico como en 2022», ha destacado Gándara. Para el caso concreto de los aeropuertos británicos, Gándara ha resaltado que el Brexit ha provocado la falta de recursos para determinadas profesiones en el país.

Para España, ALA es optimista y destaca que el año pasado ya demostró estar preparada para la recuperación, salvo casos concretos en ciertos aeropuertos donde sí se produjeron colas en el control de pasaporte. «España fue el ejemplo de gestión positiva, aunque hubo un punto negro» en algunos aeropuertos al ser el primer año de recuperación tras el Brexit, ha esgrimido Gándara.

Un tercio de los hogares no se pudo permitir una semana de vacaciones y el 8,7% llegó con «mucha dificultad» a final de mes.

El 35,5% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado, el porcentaje 2,1 puntos superior al de 2021 y el más elevado desde el ejercicio 2018 (35,9%), según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2022 publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

La encuesta, realizada en el segundo cuatrimestre de 2022, con la guerra en Ucrania ya en marcha y la inflación al alza, revela también que el 8,7% de los hogares llegaba a final de mes con «mucha dificultad» en 2022, porcentaje una décima inferior al de 2021 y el más bajo desde 2019, cuando éste alcanzó el 7,8%.

El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2022 en el 33,5%, porcentaje ocho décimas superior al de 2021.

Según el organismo estadístico, el 13,2% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje ha mejorado algo más de un punto respecto a 2021.

Canarias (13,4%), Andalucía (11,7%) y Extremadura (11%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con «mucha dificultad» en 2022. En contraste, los menores porcentajes los presentan La Rioja (3,3%), País Vasco (3,9%) y Baleares (5,7%).

Asimismo, los hogares de Canarias (57,2%) y Murcia y Andalucía (44,7% en ambos casos) son los que menos capacidad tenían en 2022 a la hora de afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario figuran País Vasco (18,7%) y La Rioja (19,6%).

Por su parte, Andalucía (45,2%), Extremadura (42,3%) y Murcia (41,9%) registraron los mayores porcentajes de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año en 2022. Los porcentajes más bajos se dieron en La Rioja (18,3%), País Vasco (18,7%) y Madrid (21,3%).

En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, Baleares (20,5%), Canarias (20%) y Andalucía (16,3%) presentaron los porcentajes más altos. Por el contrario, Cantabria (5,3%) y País Vasco (7,2%) registraron los más bajos.

La ECV de 2022 recoge también cómo han evolucionado los ingresos medios por persona, aunque referidos en este caso al año 2021.

Éstos se situaron en 13.008 euros, cifra un 6% superior a la de 2020, año en el que, debido a la pandemia, se registró el primer descenso de este indicador desde 2013.

Los ingresos medios anuales más elevados en 2021 se dieron en País Vasco (16.427 euros por persona), Navarra (15.970) y Madrid (15.695), mientras que los más bajos correspondieron a Extremadura (10.133 euros por persona), Murcia (10.632) y Andalucía (10.703).

Teniendo en cuenta los ingresos de 2021, el porcentaje de población en riesgo de pobreza alcanzó en 2022 el 20,4%, la tasa más baja desde 2013. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social bajó en 2022 casi dos puntos, hasta el 26%, su menor cifra desde 2014, cuando se inicia la serie.