La justicia italiana sitúa a Revolut bajo supervisión judicial un año por fallos en el control del blanqueo. La Fiscalía de Milán cifra en 76,5 millones de euros el dinero que se movió, ocultó o desvió por sus cuentas sin que los sistemas de la entidad lo detectaran.
El Tribunal de Milán ha colocado a la sucursal italiana de Revolut Bank UAB bajo administración judicial, una figura que en el ordenamiento italiano se ampara en el artículo 34 del Código Antimafia. La medida se ejecutará bajo vigilancia de la Guardia di Finanza y dos administradores designados por el tribunal asumirán quince actuaciones obligatorias bajo vigilancia de la Guardia di Finanza: asistir a las reuniones de dirección, acceder a las actas y resultados de las auditorías internas, verificar a los beneficiarios finales de las cuentas y actualizar los procedimientos antiblanqueo, entre otras.
Claves de la operación
- Doce meses de tutela judicial sobre la filial italiana. El Tribunal de Milán interviene la sucursal de Revolut Bank UAB con dos administradores que auditarán sus controles internos y reportarán periódicamente al juzgado.
- 76,5 millones de euros sin trazabilidad suficiente. Es la cifra que la Fiscalía atribuye a movimientos sospechosos no frenados; la inspección previa detectó más de un millón de infracciones en verificación de clientes.
- Sin delito imputado, pero con el foco en la licencia europea. Revolut Italia no está investigada por delito económico ni fiscal, aunque el expediente llega en plena expansión del banco digital en España y en el resto de la UE.
Milán no acusa a Revolut de blanquear: le reprocha no haberlo visto
La Fiscalía sostiene que los fallos de los sistemas antiblanqueo permitieron mover, ocultar o desviar capitales por 76,5 millones de euros movidos sin trazabilidad suficiente. Con controles bien aplicados, añade el escrito, esas operaciones se habrían podido frenar a tiempo y arrancar el rastreo de su origen.
La instrucción no nace de una denuncia aislada. Una inspección antiblanqueo previa ya había detectado más de un millón de infracciones en verificación de clientes y en la conservación de datos, además de fallos sistemáticos a la hora de comunicar operaciones sospechosas.
Ninguna alarma sonó.
Revolut no está investigada por ningún delito económico ni fiscal. Lo que la justicia italiana pone en duda es la idoneidad de sus sistemas. La fiscalía habla de ‘la reiteración y la heterogeneidad de los casos comprobados’ para concluir que las medidas adoptadas eran insuficientes para impedir que la infraestructura bancaria sirviera a circuitos ilícitos.
La entidad defiende que cumple. En un comunicado remitido a medios italianos y españoles, la compañía asegura que se toma ‘muy en serio’ sus obligaciones normativas y que Revolut alega inversión constante en equipos de cumplimiento, modelos de supervisión de transacciones y prevención del delito financiero en todos los mercados donde opera.
Un banco puede tener licencia, capital y millones de clientes; si no sabe quién entra por la puerta, el supervisor acaba entrando con él.
112 avisos de otros bancos y ninguno de Revolut
Entre 2023 y 2024, 24 clientes residentes en el área de Milán estuvieron implicados en procesos por delitos relevantes. Otros bancos remitieron 112 comunicaciones de operaciones sospechosas sobre esas mismas personas. 112 comunicaciones de sospecha de la competencia, cero de Revolut.
El dato es el que más pesa en la resolución. No describe un fraude atribuido a la fintech, sino, una asimetría de comportamiento frente al resto de intermediarios financieros del país. La entidad opera en Italia a través de una sucursal de su banco lituano, con pasaporte europeo, y su modelo se apoya en el alta automática de clientes y en el volumen: menos fricción en el registro, más cuentas abiertas.
El silencio, aquí, es el delito.
Los administradores judiciales no llegan a gestionar el negocio, pero sí a condicionarlo. Su mandato incluye verificar a los beneficiarios finales de las cuentas y revisar los procedimientos que hasta ahora se aplicaban de forma irregular, lo que en la práctica supone rehacer la primera línea de defensa de la entidad en el mercado italiano.
La cuarta entidad de España se juega su expansión en el cumplimiento
En España, Revolut ya es el cuarto banco por número de clientes, por delante de entidades con red física y licencia nacional. Ese crecimiento se ha construido sobre una propuesta nítida: cuenta sin comisiones de mantenimiento, operativa móvil y acceso a criptoactivos desde la misma aplicación. La contrapartida es la que ahora le reclama Italia, la supervisión proporcional al tamaño, y que la propia entidad detalla en su web oficial.
Santander y BBVA llevan años convirtiendo el cumplimiento normativo en una línea de coste con miles de empleados dedicados y modelos propietarios de detección. No es altruismo. Las multas por blanqueo y las exigencias del BCE han convertido el compliance en una barrera de entrada tan real como el capital mínimo, y esa barrera no se compra con una buena aplicación móvil.
El riesgo inmediato para Revolut no es la sanción económica, que no figura en la resolución conocida, sino el expediente reputacional en un momento delicado. La entidad persigue consolidar su licencia bancaria europea y ampliar negocio en mercados donde los supervisores nacionales miran con lupa a los operadores nacidos digitales.
Aquí conviene distinguir dos cosas. Una firma puede crecer rápido y cumplir. Lo difícil es hacer las dos cosas al mismo ritmo cuando el producto se vende por su ausencia de fricción. Cada paso que se elimina del alta de un cliente es un control que alguien debe colocar después, y ese después es justo el que Milán no ha encontrado.
La administración judicial expira dentro de doce meses y su informe será la referencia que consulten el Banco de Italia y el BCE antes de autorizar cualquier ampliación relevante de negocio. Hasta entonces, cada nuevo mercado es una conversación con el supervisor. Ahí se decide si Revolut es un banco con una aplicación excelente o una aplicación con licencia de banco.




