Las restricciones de red renovables han costado a los generadores unos 140 millones de euros en lo que va de 2026. La cifra procede de un análisis de Wood Mackenzie construido sobre los datos de Red Eléctrica, y mide solo la energía que se dejó de vender. El coste de lo que viene después es otra historia.
El volumen de energía renovable desperdiciada equivale al 4% de la oferta renovable disponible en el conjunto del sistema eléctrico español. Ese porcentaje, que suena contenido en la media nacional, esconde una distribución brutal: en determinados nudos de Extremadura y Murcia las restricciones superan el 25% de la producción renovable de las plantas conectadas en esa zona.
El dato clave no es el nivel absoluto, sino la tendencia. Los volúmenes de redispatch —la reasignación forzosa de generación que ordena el operador del sistema— no han recuperado los niveles previos al apagón de abril de 2025. La red salió del incidente con menos margen operativo y con más cautela en la operación diaria, y ese cambio de criterio se paga en cada hora de viento fuerte y sol pleno en los corredores congestionados.
A la prudencia posterior al incidente se suma un factor estructural: el aumento de nueva capacidad solar está incrementando la presión sobre nudos muy concretos. Más generación conectada en el mismo punto, con la misma línea, produce el mismo resultado matemático. Y el calendario no afloja.
El curtailment en España ya no se explica con una media nacional
Wood Mackenzie estima que unos 10 GW de nueva fotovoltaica a escala utility entrarán al sistema entre lo que resta de 2026 y 2028, dentro de una expansión de aproximadamente 16 GW en todo el periodo. La concentración geográfica es el problema: alrededor de Madrid, Toledo y Cáceres se incorporarán unos 3 GW de nueva solar, justo en los corredores que ya registran vertidos recurrentes.
Una planta en Cáceres y otra en Zaragoza comparten tecnología, contrato y precio, pero no comparten red: ahí empieza el nuevo riesgo del sector.
Los desarrolladores ya han empezado a moverse. Parte de los nuevos proyectos se está desplazando hacia zonas con menor congestión, entre ellas León, Valladolid, Huesca y Zaragoza. Es una respuesta de mercado razonable, aunque lenta: un proyecto que cambia de provincia suele reabrir buena parte de su tramitación y de su acceso a la red, y el tiempo corre en contra del promotor.
El resultado es que el curtailment deja de ser una estadística nacional y se convierte en un problema de mapa. Dos plantas idénticas pueden tener resultados radicalmente distintos según el nudo al que estén conectadas. Eso ya está reordenando la prima de riesgo que exige el inversor y, de paso, el precio al que se firman los PPA.
La mitad del recorte no viene de la falta de líneas

Aquí está el hallazgo que rompe el relato habitual. Aproximadamente la mitad de las restricciones técnicas registradas en 2026 no responden a la capacidad física de las líneas, sino a condiciones de operación del sistema: inercia, corriente de cortocircuito y control de frecuencia y tensión.
Esas prestaciones las han dado históricamente las centrales síncronas, sobre todo el ciclo combinado de gas y la nuclear. Las plantas fotovoltaicas y eólicas se conectan mediante electrónica de potencia y necesitan configuraciones específicas en sus inversores para ofrecer servicios equivalentes. No es un defecto de la tecnología renovable, sino una característica de diseño que se corrige con hardware y software.
El problema es de parque instalado. Según el análisis, unos 7 GW de fotovoltaica y 26 GW de eólica en España necesitan modificaciones en sus inversores para prestar control dinámico de tensión. Son instalaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 647/2020, la norma que elevó los requisitos técnicos para las conexiones posteriores.
Hasta el 50% del parque renovable existente no puede dar ese servicio hoy sin inversiones adicionales. Y en el otro extremo del mismo dato: más de 35 GW podrían habilitar el control dinámico de tensión sin costes adicionales de inversión. La capacidad técnica está sobre la mesa; la pregunta es quién paga la configuración, quién la certifica y quién se lleva el beneficio.
El sistema paga caro una estabilidad que las renovables podrían aportar gratis en 35 GW de su parque: el fallo no es de máquinas, es de reglas de retribución.
El operador del sistema había habilitado 4,2 GW de instalaciones renovables mediante su programa de habilitación a mayo de 2026. Sobre el conjunto del parque que requiere adaptación, el ritmo importa tanto como el destino: a la velocidad actual, la brecha entre capacidad corregida y capacidad necesaria se mantiene durante los próximos ejercicios.
Inversores, baterías y siete años de obra: el orden de los factores
Wood Mackenzie dibuja dos escenarios y la distancia entre ellos decide si el sistema se estabiliza o se atasca. En el escenario base, las restricciones se estabilizan durante 2027 y 2028, pero condicionado a que la incorporación del control dinámico de tensión avance al mismo ritmo que la nueva capacidad renovable. En el escenario sin adaptaciones, el recorte de generación aumentaría un 18% en los próximos dos años y la energía restringida alcanzaría 6,5 TWh en 2028, frente a 1,3 TWh en 2023.
La solución estructural es conocida y lenta: refuerzo de las redes de transporte y distribución. El plazo medio es de unos siete años desde el desarrollo inicial hasta la entrada en servicio de una nueva infraestructura. Ningún plan de red llega a tiempo para el nudo que hoy está saturado, y eso deja a la operación y al almacenamiento como únicos amortiguadores a corto plazo.
El almacenamiento electroquímico es la pieza que más se mueve. El análisis prevé unos 10 GW de baterías operativas en 2030, con un escenario alto de 20 GW, frente a los aproximadamente 0,2 GW existentes en 2025. El pipeline supera los 40 GW de proyectos, de los que unos 25 GW ya disponen de acceso a la red. La brecha entre proyecto con acceso y batería construida es, hoy, el indicador más honesto de lo que realmente va a ocurrir.
Hay un cuarto factor que rara vez entra en la ecuación del vertido: la demanda. Wood Mackenzie identifica 2,3 GW adicionales de demanda asociada a centros de datos en la cartera de proyectos, con más de 2 GW previstos en operación antes de 2030. Un centro de datos bien situado no solo consume: ancla la generación local y reduce la necesidad de verter en horas punta de producción solar.
Y un quinto: la propia naturaleza de las restricciones cambiará. El análisis prevé que las renovables resuelvan aproximadamente la mitad del problema asociado a la gestión de contingencias, mientras que los compensadores síncronos cubrirían el resto hacia 2029. Bajo esas condiciones, la proyección apunta a una reducción de las restricciones de aproximadamente un 30% anual durante el periodo analizado.
El riesgo evidente no es tecnológico, es de incentivos. La configuración de inversores que resolvería medio problema de estabilidad tiene un coste que ningún mercado retribuye de forma explícita, y el generador que la instala no captura el beneficio que reparte entre todos los usuarios de la red. Los 140 millones de euros de 2026 son una señal de precio, aunque llegue por la vía del lucro cesante y no por la de una subasta.
La pregunta que decidirá 2028 es quién firma la primera convocatoria que pague servicios de estabilidad a plantas renovables ya construidas. Hasta entonces, el dato que conviene vigilar no es el 4% nacional, sino cuántos de esos 4,2 GW habilitados se convierten en capacidad efectiva durante el próximo ejercicio. El mapa manda más que la media.




