
El Supremo anula el real decreto que actualizaba la protección de cerdos en las granjas: cae por un defecto en su tramitación, no por lo que exigía.
Qué dice el fallo y por qué cae el decreto
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Quinta, ha estimado el recurso contencioso-administrativo 396/2025 que presentó la Asociación Regional Andaluza de Productores de Ganado Porcino y de la Dehesa Española (ARAPORC) contra el Real Decreto 809/2025, de 16 de septiembre. Esa norma modificaba el Real Decreto 1135/2002, el que fija las normas mínimas para la protección de cerdos en las explotaciones, y se publicó en el BOE el 10 de octubre de 2025.
La sentencia lleva fecha del 15 de octubre de 2026. Estima el recurso y declara la nulidad de pleno derecho del decreto. El motivo no es zootécnico ni sanitario: la Memoria de Análisis de Impacto Normativo incumplió de forma sustancial las exigencias del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Para entendernos: el decreto decae por cómo se tramitó, no por lo que exigía. La Sala no entra a valorar si las nuevas condiciones para las granjas eran proporcionadas o desproporcionadas, ni si el sector podía asumirlas. Se limita a constatar que el expediente con el que la norma llegó al Consejo de Ministros no cumplía los mínimos legales.
No hay imposición de costas a ninguna de las partes. Y el fallo ordena su publicación en el BOE conforme al artículo 107.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el cauce habitual cuando se anula una disposición de carácter general; el texto completo puede consultarse en la edición del BOE.
Una nulidad de pleno derecho no es una suspensión ni un aplazamiento. La nulidad borra la norma desde su origen: el decreto sale del ordenamiento con efectos retroactivos, como si nunca hubiera existido. Eso incluye el año largo que ha estado formalmente en vigor.
Al Supremo no le preguntaron si las exigencias eran razonables, sino si el expediente estaba bien hecho. No lo estaba.
Qué normas se aplican ahora en una explotación porcina
Con la norma modificadora fuera del ordenamiento, vuelve a aplicarse la redacción anterior del RD 1135/2002, la que estaba vigente antes del 10 de octubre de 2025. Es el texto que sirve de referencia en una inspección y el que tendrá que mirar el ganadero que deba justificar sus instalaciones.

Eso no equivale a una desregulación. El fallo no desactiva las exigencias europeas en materia de bienestar animal, y el decreto de 2002 que las desarrolla en España sigue en pie. Las comunidades autónomas conservan además sus normas de explotación, sanidad y protección animal, que este pronunciamiento no toca.
Aquí está la letra pequeña que interesa al titular de una granja: la sentencia no incluye ninguna lista de qué exigencias concretas añadía el decreto anulado ni de cuáles decaen con él. No entra en el contenido. Quien tenga dudas sobre su nave, su censo o su plan de manejo debe revisarlo con su técnico o con la consejería de su comunidad.
Y si en el último año has adaptado instalaciones o cambiado el manejo para cumplir el decreto de 2025, conserva toda la documentación: presupuestos, certificados, informes veterinarios. La sentencia no contempla ningún régimen de indemnización, pero conviene tener el rastro del gasto por si la Administración vuelve a aprobar un texto equivalente.
Lo que este fallo cambia para el sector y lo que deja pendiente
España ya ha visto caer varias normas por memorias de impacto mal construidas. No es un tecnicismo menor: el Supremo ha convertido el expediente en el punto débil de muchas disposiciones, y quien impugna una norma sabe que por ahí se entra antes que por el fondo. En este caso, ARAPORC gana el pleito sin que nadie haya discutido si las condiciones que se imponían a las granjas eran razonables.
El problema práctico es la seguridad jurídica. Durante más de un año, las explotaciones porcinas han trabajado con un marco que ahora desaparece con efectos retroactivos. Quien recibiera un requerimiento o una sanción apoyada en ese decreto tiene argumentos para revisarlo, pero la sentencia no se pronuncia sobre ese punto: es una consulta para un abogado, no una respuesta automática.
Lo previsible es que el Ministerio rehaga el expediente y apruebe un texto equivalente con la memoria en regla, aunque no hay anuncio oficial ni calendario conocido. Mientras eso llega, el marco que manda es el anterior. Y el debate de fondo —si hacía falta endurecer las condiciones de cría— sigue exactamente donde estaba.
Guía rápida del trámite
- 📅 Plazos: sentencia de 15/10/2026 con efectos inmediatos; no abre plazo de solicitud ni de alegaciones.
- ✅ Requisitos clave: explotaciones porcinas; vuelve el RD 1135/2002 en su redacción previa. Siguen aplicándose las normas europeas y las de tu comunidad autónoma.
- 🌐 Dónde consultarlo: texto íntegro en el BOE y, para el caso concreto, la consejería de agricultura de tu comunidad. Muchos trámites exigen certificado digital o Cl@ve.
- 💰 Importe o coste: la sentencia no fija indemnización ni compensación; la fuente no cuantifica el coste de adaptar la granja al texto anterior.
- ⚠️ Error a evitar: dar por hecho que la anulación deja sin efecto el bienestar animal; el marco anterior sigue vigente y es el que se aplica en inspección.





