Gobierno, sindicatos y empresarios iniciarán la próxima semana las negociaciones para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, cuyo importe actual asciende a 1.080 euros mensuales por catorce pagas.

En concreto, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha convocado a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme el próximo jueves a las 16.00 horas para iniciar las conversaciones, según informaron en fuentes del Gobierno y los agentes sociales.

El Ejecutivo no está obligado a negociar el SMI con los agentes sociales, pues el Estatuto de los Trabajadores sólo le mandata a consultarles, pero la ministra siempre ha intentado sacar esta medida adelante con su respaldo.

La subida del SMI es una de las primeras medidas que se ha fijado la vicepresidenta Díaz de cara a la nueva legislatura con un objetivo en mente: que esta renta mínima, que afecta a algo más de dos millones de trabajadores que no están amparados por la negociación colectiva, no pierda poder adquisitivo en un contexto de altas tasas de inflación.

Las organizaciones empresariales, que ya han hecho pública la propuesta que llevarán a la mesa de negociación, no se oponen a elevar la cuantía del SMI, pero han pedido que su subida se limite al 3% tanto en 2024 como en 2025, un planteamiento que, de entrada, no convence ni a Díaz ni a los sindicatos.

Así, aunque ha asegurado que tendrá en cuenta la propuesta empresarial, la ministra recordó a CEOE y Cepyme que la inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, por encima por tanto del 3% que plantea la patronal.

También UGT y CCOO consideran «insuficiente» la oferta de CEOE para la subida del SMI y abogan por tener en cuenta, no sólo el IPC general, sino también la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para determinar su incremento.

Los sindicatos, que por el momento no han ofrecido un porcentaje concreto para la subida del SMI, se han mostrado partidarios en numerosas ocasiones de llevar el SMI hasta los 1.200 euros al mes, lo que implicaría un incremento sobre la cuantía actual del 11,1%.

El objetivo, tanto del Gobierno como de los sindicatos, es situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el pasado viernes de que el salario medio español de 2022 fue de 2.128 euros al mes en términos brutos. El 60% de esa cantidad equivaldría a unos 1.277 euros mensuales.

Trabajo creó en su día una comisión de expertos para asesorarle sobre la subida del SMI, a la que Díaz dijo hace unos días que dará continuidad en este legislatura «con un mandato renovado y más amplio». Así, la ministra señaló que pedirá a esta Comisión que evalúe también las consecuencias en materia de igualdad y desigualdad que puede tener la subida del salario mínimo.

En la anterior alza del SMI, la de 2023, los expertos hicieron una propuesta de subida que iba del 4,6% al 8,2% tomando como referencia una estimación del salario medio de 2022, que ahora ya se conoce. Finalmente, para 2023 y en plena crisis inflacionista, se subió el SMI un 8%, dentro de la banda alta de las recomendaciones de la Comisión asesora.

LA PROPUESTA EMPRESARIAL PARA EL SMI DE 2024: 1.112,4 EUROS AL MES

La hoja de ruta planteada por la CEOE pasa por subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.

En todo caso, la patronal precisa que su propuesta «tiene como condición sine qua non» la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.

El planteamiento empresarial implicaría una subida del SMI, en dos años, de 65,77 euros, el equivalente a un alza del 6% respecto al importe actual. Así, el SMI aumentaría en 32,4 euros el próximo año y en 33,37 euros en 2025, de acuerdo con la propuesta de los empresarios.

La organización que dirige Antonio Garamendi defiende que su propuesta conjunta con Cepyme de subida del SMI para 2024 y 2025 está en línea con lo acordado con CCOO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

El acuerdo de negociación colectiva que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en mayo de este año recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

UGT y CCOO VEN LA PROPUESTA PATRONAL «INSUFICIENTE»

Sin embargo, los sindicatos entienden que el SMI debe proporcionar «el mínimo de suficiencia y dignidad» que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio), por lo que no ven adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el AENC.

«El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo», subrayaron los sindicatos en un comunicado difundido esta misma semana.

UGT y CCOO consideran que la subida del SMI tiene que garantizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea, esto es, ser equivalente al 60% del salario medio del país, como se recoge en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar.

Por ello, las organizaciones sindicales abogan por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, que constituyen la parte fundamental de la cesta de la compra de quienes perciben la renta básica, para garantizar que este salario cubre las necesidades básicas de las personas trabajadoras y sus familias.

Los sindicatos entienden que el SMI tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en España, que están en torno al 5,2%, y cómo están subiendo los precios de los productos básicos que componen la cesta de la compra de la gente que tiene salarios más bajos, una subida que es «muy superior» al 3% propuesto por la CEOE.

A principios de este año, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado que su Código de Buenas Prácticas dirigido a inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto prevé que tienen que disponer de «transparencia» en sus sistemas de retribución.

Así se ha expresado el regulador financiero en un documento de preguntas y respuestas difundido esta semana que incluye una serie de aclaraciones orientativas sobre el Código, que fue aprobado en febrero de 2023.

El Código tiene como finalidad mejorar la calidad del gobierno corporativo y las prácticas de inversión de las entidades. Sin embargo, no tiene carácter normativo y su adhesión es plenamente voluntaria. Hasta el fomento, se han adherido al Código Caser Pensiones, BBVA Asset Management, Fonditel, Santander Asset Management, Santander Pensiones y Corporance Asesores de Voto.

«La estructura retributiva [debe] alinearse e incentivar a los consejeros ejecutivos y altos directivos a que apliquen de una manera efectiva sus estrategias y objetivos, en favor de la obtención, por parte de dichos inversores o gestores, de un rendimiento a largo plazo», indica la CNMV.

Asimismo, el regulador considera importante que las entidades adheridas informe «de qué parte, ya sea relevante, insignificante o nula, de la remuneración variable está vinculada al cumplimiento de los objetivos y estrategias».

En todo caso, la CNMV recomienda una «suficiente transparencia» sobre cómo se vincula este tipo de retribución a la consecución de los objetivos. Y aunque es «deseable» que exista ese vínculo entre objetivos y retribución variable, la CNMV reconoce que existen «diferentes alternativas» para lograr un alineamiento por parte de los gestores.

«Es relevante que los inversores y gestores justifiquen, tanto en la política retributiva como en el informe anual, que la estructura retributiva y los importes anualmente devengados se encuentran alineados con su estrategia empresarial y con el objetivo para tales inversores o gestores de la consecución de un rendimiento a largo plazo», receta el organismo dirigido por Rodrigo Buenaventura.

De todas formas, la CNMV no entra a valorar los diferentes sistemas de retribución, y deja a cada entidad la labor de evaluar y determinar cómo es más adecuado lograr el alineamiento por parte de los inversores y gestores.

Los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) han pasado de tener 99 millones de euros en letras del Tesoro en septiembre de 2022 a 21.352 millones en septiembre del 2023, convirtiéndose por segundo mes consecutivo en los mayores tenedores de este tipo de deuda a corto plazo.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la alta rentabilidad de los valores a corto plazo ha tenido un efecto muy considerable en la distribución las tenencias de las letras del Tesoro, donde los hogares e instituciones no financieras han incrementado notablemente su participación en el último año, pasando de una cuota del 0,1% en septiembre de 2022 a casi el 30% en septiembre de 2023.

Tras elevar su tenencia un 5% respecto al mes anterior, los hogares se sitúan por segunda vez en la historia como el mayor tenedor de letras del Tesoro español, por delante de los inversores extranjeros (18.704 millones), de las administraciones públicas (3.732 millones), las sociedades no financieras (6.426 millones), las instituciones financieras monetarias (11.054 millones) y los fondos del mercado monetario y otros intermediarios financieros (10.217 millones).

Y es que la mejora de los intereses ofrecidos, en línea con las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses, ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles.

Así, los inversores particulares están mostrando gran interés por la compra de deuda, principalmente a corto plazo, dada su alta rentabilidad, que ha ido creciendo desde inicios de 2022, especialmente en el caso de las letras a más corto plazo.

EN LAS ÚLTIMAS SUBASTAS HA RECORTADO LA RENTABILIDAD OFRECIDA

No obstante, en las últimas subastas de letras celebradas este mes de noviembre el Tesoro ha recortado la remuneración ofrecida, marcada por la reciente decisión del Banco Central Europeo (BCE) de dejar intactos los tipos de interés tras diez subidas consecutivas. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también ha optado por mantener tipos, en su caso por segunda vez consecutiva.

En concreto, la rentabilidad por las letras a 6 meses ha caído del 3,830% de octubre al 3,747% en noviembre, mientras que el interés a 12 meses se ha recortado del 3,876% al 3,630%.

Por su parte, en las letras a 3 meses se ofreció en la última emisión una rentabilidad del 3,580%, por debajo del 3,590% de la subasta previa, mientras que por las de 9 meses se dio una remuneración del 3,705%, por debajo del 3,818% anterior.

ESPAÑA REDUCIRÁ EN 5.000 MILLONES LA EMISIÓN DE DEUDA PREVISTA

La emisión bruta por parte del Tesoro Público será este año de 256.930 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,2% respecto a lo estimado para 2022, debido al alza de los tipos de interés.

En cuanto a la emisión neta, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció el mes pasado que España reducirá en 5.000 millones de euros la emisión de deuda prevista para 2023 gracias a la «buena marcha» de la economía española y el cumplimiento «holgado» de los objetivos fiscales.

Con ello, España pasará de una emisión de deuda neta de 70.000 millones a 65.000 millones, lo que pone al país en una posición de «resiliencia y fuerza en este contexto de tipos de interés al alza», según incidió Calviño.

Las compañías tienen aún un amplio camino por recorrer en su firme apuesta por la sostenibilidad. Si bien es cierto que ha mejorado la percepción sobre la necesidad de adoptar medidas que vayan en esta línea, queda todavía un gran margen para que las empresas españolas ejecuten acciones cuantificables que vayan en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según señala el Instituto Coordenadas.

Dice que, precisamente, sectores como el de la agroalimentación, así como el transporte, son algunas de las actividades estratégicas para la economía que todavía tienen recorrido para acelerar sus prácticas hacia una transición verde, según señala el Instituto Coordenadas.

“En el caso de la agroalimentación, con un tercio de la emisión de los gases de efecto invernadero, consume alrededor del 70% de las extracciones mundiales de agua dulce y hasta un 31% de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia a lo largo de la cadena de suministro, de acuerdo con un informe de Climate Bonds”, explica.

Por su parte, la industria del transporte y la logística como responsable del 25% de las emisiones globales de CO2, según la ONU, es una de la más expuestas al calentamiento global, y llama la atención que en el caso de España, el 50% de las empresas no hayan implementado aún políticas tecnológicas y de innovación en materia de sostenibilidad y que contribuyan a los ODS.

En este sentido, dentro del sector del transporte, las ramas de la automoción y material de automóviles (con algunas excepciones como es el caso de Volvo), son algunas de las actividades más rezagadas a la hora aplicar políticas concretas de sostenibilidad que prioricen los ODS y junto con los servicios profesiones, el textil, lencería y calzado, son los sectores que deberían agilizar sus planes en esta materia, según se desprende un estudio de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que sostiene que un 32% de las empresas no dispone de una estrategia de sostenibilidad y no existen planes específicos en este ámbito.

Otras industrias como la química juegan en este sentido un papel muy relevante a la hora de aportar soluciones innovadoras para que el resto de sectores puedan afrontar nuevos desafíos ligados con el desarrollo sostenible, la descarbonización y la mejora medioambiental, según el Instituto Coordenadas.

En esta dirección, el Instituto Coordenadas indica que la legislación vigente en el ámbito de la sostenibilidad ya obliga a las empresas a acelerar sus planes para avanzar hacia una transición sostenible. Actualmente, existen regulaciones de sostenibilidad empresarial que incluyen aspectos financieros, sociales, de gobernanza, medioambientales y de cambio climático como la Ley española 7/2021, el Reglamento de la UE 2020/852 o la Directiva de la UE 2022/2464, que, en líneas generales, obligan a las empresas a rendir cuentas sobre el impacto económico generado de la actividad relacionada con la sostenibilidad. También se está preparando un reglamento a nivel europeo sobre los bonos verdes para homogeneizar su uso en toda la UE.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, asegura que “en un mundo marcado por los desafíos ambientales y sociales, las empresas deben comprometerse con la sostenibilidad para lograr el éxito. Esto implica adoptar prácticas sostenibles que beneficien al medio ambiente y generen beneficios económicos a largo plazo. Es esencial que las empresas reciban asesoramiento y formación especializada para llevar a cabo esta transición y tomar buenas decisiones en términos de gestión ambiental, responsabilidad social y gobernanza corporativa”.

El Instituto Coordenadas señala la necesidad de contar con buenos partners en materia de sostenibilidad para implementar iniciativas en esta línea, ya sea con perfiles expertos internos en la compañía o bien a través de servicios de atención personalizada como los que ofrecen empresas como CaixaBank, con un grupo de 150 asesores especializados, siendo una medida pionera dentro de la banca, o de consultoras que ofrecen asistencia focalizada en este ámbito como Deloitte, que pueden ser decisivos en el acompañamiento de muchas empresas en este proceso de transición.

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD

“Lo que está claro es que hay una relación entre resultados económicos y sostenibilidad. Hay estudios que demuestran que las empresas que han apostado por aplicar prácticas sostenibles en su actividad han tenido un impacto positivo en la cuenta de resultados, algo que también se ha notado mayoritariamente en el hecho de obtener ventajas competitivas respecto a otras empresas. Así lo confirman, por ejemplo, un informe de Harvard Business School que sostiene que aquellas empresas que mejoraron en criterios materiales ESG, superaron significativamente a sus competidores”, añade el Instituto Coordenadas.

En esta línea, dice que se estima que las empresas que han apostado fuertemente por la sostenibilidad han aumentado en un 11% sus resultados económicos en comparación con la competencia, lo que ha supuesto una mejora en las relaciones con los grupos de interés, según un estudio de Deloitte.

Otros estudios apuntan en la misma dirección como uno de Brain & Company y EcoVadis, que analiza la aplicación de criterios ESG en la actividad de 100.000 empresas.

En él se revela que las compañías que aplican una estrategia de sostenibilidad, apostando por aspectos como la diversidad e inclusión, la satisfacción de la plantilla, el uso de energías renovables o la gestión responsable de proveedores, conseguían un aumento del beneficio bruto entre un 9% y un 16%, así como un aumento en la facturación entre un 2% y 5%. El Instituto Coordenadas asegura que ha verificado como crece el valor reputacional de las empresas cumpliendo parámetros serios de ESG.

PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ODS

Expone que la priorización y la evaluación de los ODS es un elemento clave para medir los impactos de una buena política de sostenibilidad, ya que de poco sirve solamente trasladar al lenguaje de la Agenda 2030 las principales acciones medioambientales y sociales que ya venían realizando las empresas.

En consecuencia, asegura que es clave establecer tanto políticas de sostenibilidad, como trazar medidas concretas en este campo, para determinar si las acciones empresariales han repercutido de forma positiva en la sociedad y en el planeta, según apunta el Instituto de Coordenadas y el informe sobre la Agenda 2030. Es un esfuerzo económico y organizativo que haciéndolo de forma sostenida se convierte en una sólida inversión. Ya son muy frecuentes en las grandes operaciones, especialmente en el sector EPC, donde el demandante de los servicios y trabajos quiera examinar la organización de sostenibilidad del socio al que van a encargar los trabajos y en no pocas veces este elemento es decisivo para la adjudicación.

No obstante, de los resultados disponibles en la actualidad, las medidas vinculadas con la conciliación laboral y flexibilidad horaria, la igualdad y el teletrabajo, son las más implantadas por parte de las empresas en materia de sostenibilidad, seguido de la apuesta por la digitalización, los procesos de economía circular y utilización de energías renovables, así como los programas para promover la salud y bienestar dentro de la plantilla y la protección de los derechos humanos, entre otros. Asimismo, con respecto a los ODS más trabajados, se encuentran el de la igualdad de género (ODS 5) y el trabajo decente (ODS 8), mientras que experimentan un fuerte aumento son los vinculados con la producción y consumo responsable (ODS 12) y de energía asequible y no contaminante (ODS 7), siendo los sectores pertenecientes al ramo de las utilities y energía, los servicios financieros, industria farmacéutica y sanitaria, los más avanzados en aplicar políticas de sostenibilidad ligadas a los ODS, concluye el Instituto Coordenadas.