El pasado martes 17 de octubre una exultante Teresa Ribera anunciaba el principio de acuerdo del Consejo de la UE para reformar el mercado eléctrico. Se consiguió por fin limar las asperezas lo suficiente para que los países miembros consensuaran las bases regulatorias, un logro que pasó por ceder ante los intereses franceses de extender los contratos por diferencia (CDF) a las nucleares.
«Me enorgullece decir que hemos dado un paso estratégico hacia el futuro de la UE» -proclamó la ministra de transición ecológica– «Hemos logrado un acuerdo que habría parecido inimaginable hace sólo un par de años».
«Gracias a este acuerdo, los consumidores de toda la UE podrán beneficiarse de precios de la energía mucho más estables, menos dependencia del precio de los combustibles fósiles y una mejor protección frente a futuras crisis» -celebró Ribera- «También aceleraremos el despliegue de las energías renovables, una fuente de energía más barata y limpia para nuestros ciudadanos».
«Han sido dos días intensos y productivos con los ministros de Medio Ambiente y Energía. Clima, camiones y autobuses, gestión de aguas residuales y reforma del mercado eléctrico. Orgullosos de la colaboración de Europa», agregó en la red social X (la antigua Twitter). Las negociaciones han sido arduas por las enconadas diferencias entre Alemania y Francia, pero finalmente se cumplió el objetivo de Ribera de desbloquear la situación este mismo martes, llegando a un compromiso común al que solo se opuso Hungría.
‘PASO ESTRATÉGICO’ SEGÚN RIBERA, VICTORIA POLÍTICA PARA FRANCIA
El desencuentro entre París y Berlín se debía, principalmente, a sus respectivas posturas sobre el alcance de los CDF, uno de los mecanismos clave de la renovación que proyecta la Unión. En este tipo de contratos, el vendedor de un activo, en este caso la energía, se compromete con el comprador -en este ámbito, generalmente un Estado- a pagar la diferencia entre el precio del activo en el momento de la compra y el momento de la firma. La generalización de esta forma de contratación se considera fundamental para estabilizar los precios eléctricos y reducir la volatilidad e impredictibilidad que tanta inseguridad causa a hogares y empresas.
La pretensión francesa, cuya industria nuclear es de largo la más potente de Europa, era extender el modelo contractual de los CDF, pensado fundamentalmente para aumentar la rentabilidad de las fuentes renovables, a las centrales de energía atómica. Alemania se oponía, temerosa de que tal medida permitiera a Francia ofrecer un suministro energético ultracompetitivo que animara a la industria germana a pasarse al lado galo del Rin.
«Con este acuerdo, se protege a los consumidores, se sientan las bases para una inversión masiva en energías renovables y se garantiza la preservación de la energía nuclear francesa»
Agnès Pannier-Runacher, ministra para la transición energética de Francia
Ambas partes se enrocaron en sus posiciones durante meses, eternizando el proceso negociador y frustrando a los consumidores y al tejido productivo, que seguían sometidos a las veleidades de un mercado inconstante. Finalmente, el pasado martes hubo fumata blanca, aunque sometida en gran parte a las exigencias de París: los CDF sí podrán utilizarse en el sector nuclear, aunque con la supervisión de la Comisión Europea, que se encargará de analizar cada transacción bajo la lupa de las ayudas públicas. Asimismo, el recurso a este tipo de contratos estará restringido a aquellas centrales que hayan recibido inversiones para aumentar su período de actividad.
Esta solución de compromiso no deja de ser un triunfo de la diplomacia gala, que ha conseguido, en palabras de su ministra para la transición energética, Agnès Pannier-Runacher, «una triple victoria política», según las declaraciones recogidas por El País. «Se protege a los consumidores, se sientan las bases para una inversión masiva en energías renovables y se garantiza la preservación del activo que constituye la energía nuclear francesa», celebró la homóloga gala de Teresa Ribera, agregando que el pacto de compromiso alcanzado el martes es «una buena noticia para los franceses».
Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarán, en definitiva, a las inversiones en nuevas instalaciones de generación basadas en energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalses y energía nuclear.
GARANTÍA DE SUMINISTRO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
El preacuerdo dirimió también las cuestiones relativas a los mecanismos de capacidad, medidas de apoyo que los estados miembros pueden introducir para remunerar a las centrales eléctricas, con el fin de garantizar la seguridad del suministro. El Consejo acordó eliminar el carácter temporal de tales medidas y simplificar el procedimiento para su aprobación.
Asimismo, el Consejo ha introducido aclaraciones sobre las disposiciones sobre protección del cliente. Entre las medidas consensuadas, está la de fortalecer la defensa del consumidor, estableciendo la libre elección de proveedor y la posibilidad de acceder a precios dinámicos de electricidad, contratos de duración determinada y de precio fijo, salvo que los proveedores no ofrezcan contratos fijos y siempre que esto no reduzca la disponibilidad global de los mismos.
También se acordó proteger a los clientes vulnerables de las desconexiones mediante el establecimiento de sistemas de ‘proveedor de último recurso’, en aras de garantizar la continuidad del suministro. También se acordó que todos los clientes tendrían derecho a esquemas de energía compartida (usar, compartir y almacenar energía autogenerada) y que todos los derechos de los consumidores se extenderían a los clientes finales involucrados en esquemas de energía compartida.
EL ENFOQUE GENERAL ADOPTADO POR LOS VEINTISIETE CONTEMPLA APLICAR A LAS PYMES PRECIOS ELÉCTRICOS POR DEBAJO DE COSTE EN TIEMPOS DE CRISIS
Según las normas actuales, los Estados miembros pueden aplicar precios regulados para los hogares vulnerables y pobres desde el punto de vista energético, y como medida transitoria para los hogares y las microempresas, haya o no una crisis de precios de la electricidad. La reforma añade una opción temporal para aplicar precios regulados, incluso por debajo del costo, a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en tiempos de crisis.
Los estados miembros reforzaron el papel del Consejo a la hora de declarar una crisis temporal del precio de la electricidad a nivel regional o en toda la Unión. También modificaron las condiciones para declarar una crisis de precios de la electricidad, de modo que se puedan tomar medidas al efecto si se espera un escenario de carestía durante al menos seis meses y aumentos constantes y fuertes durante tres meses.
El Consejo acordó que los países miembros podrán aplicar un límite a los ingresos excesivos de la electricidad producida por generadores con costes marginales más bajos, tales como las energías renovables, la energía nuclear y el lignito (generadores inframarginales) hasta el 30 de junio de 2024, sujeto a las mismas condiciones que la emergencia.
PRÓXIMOS PASOS HACIA LA REGULACIÓN DEFINITIVA
El enfoque general adoptado por los veintisiete el martes servirá como mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la configuración final de la legislación. El resultado de las negociaciones deberá ser promulgado formalmente por el Consejo y el Parlamento.
