La agricultura, la ganadería y la alimentación son elementos estratégicos tanto desde el punto de vista económico como social y ambiental, así como para garantizar la seguridad alimentaria en España y en Europa. Como bien expone COAG el modelo de agricultura se encuentra debilitado y en decadencia, con descensos de producción, cierre de explotaciones, pérdida de empleo, envejecimiento de los agricultores… Hasta ahora la política agraria no ha sido capaz de revertir este declive continuado.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha elaborado un documento con las 100 medidas necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, que ya ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En el mismo se traslada la necesidad de proteger y reforzar modelo social y profesional de agricultura. Ante unos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado en el último marca financiero de la Unión Europea, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos.
Esta legislatura y la Ley de Agricultura Familiar deben poner las bases y medidas para frenar la reconversión y provocar una gran incorporación de jóvenes a la agricultura. Para ello es imprescindible limitar la entrada de esos fondos de inversión y la especulación con la producción, la tierra y el agua.
LAS REIVINDICACIONES DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DESDE COAG
Sin embargo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) no se ha quedado parada y ya han exigido una serie de medidas al nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Quieren unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y las mujeres del campo. Creen que habría que recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias.
Desde la coordinadora quieren exigir que todos los productos que entren de terceros países se equiparen a los estándares de producción de la Unión Europea, tanto en normativas de bienestar animal, regulaciones de fitosanitarios, normativas medioambientales y obligaciones laborales, entre otras. Otra de las exigencias de este sector es el poder disponer de un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán, con un apoyo importante en ayudas como en inversiones, formación, y asesoramiento.
LOS AGRICULTORES Y LOS GANADEROS SERÁN PROTAGONISTAS DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Es imprescindible apoyar inversiones para reducir la dependencia energética de las explotaciones agrarias y favorecer el uso de energías renovables y también para avanzar en la transformación digital de las explotaciones agrarias. La transformación digital es un gran reto para el sector agrario, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para el modelo de agricultura y alimentación español, que en última instancia puede provocar una fuerte reconversión.
UN ALTO INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
Desde COAG están muy enfadados por el brutal incremento de los costes de producción. Y es que el incremento de costes de producción agropecuarios es el elemento más destacado del panorama agrario de 2022. A ello se le ha unido un riesgo de desabastecimiento de insumos esenciales para la producción, como es el caso de los fertilizantes por una situación geopolítica cada vez más ‘salvaje‘ en un escenario de guerra híbrida que afecta de forma intensa a los aspectos económicos, comerciales y financieros.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, los costes de producción se han incrementado un 42% en los dos últimos años, (desde enero de 2021 a febrero de 2023). En los últimos meses, el índice de costes ha entrado en una fase de estabilización, con un nuevo soporte, siempre con un incremento por encima del 40% respecto a principios de 2021, que podría consolidarse como la nueva ‘normal’ para el sector agrario.
Esta situación lleva a COAG a pensar en dos riesgos fundamentales. El primero es el alza del precio de los alimentos para la población, una tendencia que empezó antes de la guerra de Ucrania y que se ha agravado trasladándose a los lineales de los supermercados, fundamentalmente impulsada por la subida de los precios de la energía y las materias primas, y también por los recortes de producción por la situación de sequía en España.
UN DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN PRESIONARÍA LOS PRECIOS Y LA INFLACIÓN AL ALZA
A ello se une, actualmente, un escenario dónde se confirma un descenso de producciones en las cosechas de 2023, principalmente por la ‘salvaje’ sequía que estamos sufriendo y que agrava los efectos de la de 2022. Asimismo, los altos costes de los insumos de producción nos dirigen hacia descensos estructurales de los niveles de producción.
La segunda vía del problema que ve la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), es la incertidumbre que se abre para los agricultores. Los altos costes de producción abocan a los agricultores a un elevado riesgo financiero si se llega a producir una caída de los precios al productor en las cosechas de 2023. Y que como bien dice COAG, «y que ya estamos constatando en algunos productos como los cereales. Esto lleva a los agricultores a extremar la prudencia porque además se están elevando los tipos de interés y restringiendo el acceso al crédito».
Sin embargo, por otra parte, está la crisis económica que asoma la cabeza tendrá también importantes impactos en los mercados y el comportamiento del consumidor, así como la evolución del tipo de cambio de euros y dólar. El escenario es tan volátil que es difícil hacer predicciones de como va a terminar todo a finales de este 2023.
