Vivimos tiempos en los que parece que todo vale con tal de arañar unos euros o ganar un poco de tiempo al volante. Sin embargo, la DGT ha puesto el foco en prácticas que van mucho más allá de la simple picaresca, rozando o incluso cruzando de lleno la línea de lo delictivo. Ya no hablamos solo de la típica multa que llega a casa y nos fastidia el mes, sino de actuaciones que pueden tener consecuencias mucho más serias de lo que la mayoría imagina, afectando a la seguridad de todos y al medio ambiente que compartimos.
El asunto es más peliagudo de lo que muchos creen, afectando a elementos clave para la seguridad vial y el medio ambiente cuya manipulación puede salir muy cara. La intervención sobre componentes como el tacógrafo en vehículos profesionales o los sistemas anticontaminación en cualquier coche ha dejado de ser, en determinados supuestos de especial gravedad, una mera infracción administrativa sancionable con una multa. Ahora, bajo circunstancias específicas de fraude continuado o riesgo considerable para la seguridad o el entorno, puede abrir las puertas a un proceso penal con consecuencias devastadoras para el infractor, algo que conviene tener muy presente antes de caer en la tentación.
3HUMO Y ESPEJOS: CUANDO ANULAR SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN SALE CARO
Los vehículos modernos, tanto turismos como industriales, incorporan complejos y costosos sistemas tecnológicos para reducir su impacto ambiental y cumplir con las cada vez más exigentes normativas europeas de emisiones. Hablamos de la válvula de recirculación de gases de escape (EGR), el filtro de partículas diésel (FAP o DPF) o los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que utilizan AdBlue. Su misión es clara y fundamental: minimizar la emisión de partículas contaminantes y óxidos de nitrógeno (NOx) a la atmósfera, protegiendo así la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades y la salud pública. No obstante, la tentación de anularlos para evitar costosas reparaciones, eludir el mantenimiento o supuestamente mejorar el rendimiento del motor tienta a algunos propietarios y talleres poco escrupulosos, ignorando las graves implicaciones legales y ambientales que conlleva esta acción y la vigilancia de la DGT y las estaciones de ITV.
Anular estos dispositivos anticontaminación no solo supone un fraude flagrante a la normativa medioambiental vigente, contribuyendo directamente al deterioro de la calidad del aire urbano y a la agravación de problemas respiratorios y cardiovasculares en la población. También puede acarrear serios problemas legales que van mucho más allá de una simple multa, desde el rechazo garantizado en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) hasta, en casos de manipulación grave y consciente realizada con ánimo de lucro o generando un riesgo significativo, la consideración de un posible delito contra el medio ambiente o incluso una estafa, como advierten las autoridades competentes y los expertos legales. La factura ecológica, sanitaria y legal de estas manipulaciones puede resultar finalmente muy elevada para el infractor. La DGT colabora estrechamente con las ITV para detectar estas irregularidades.
