Banco Santander y Axa France comenzarán el 3 de marzo de 2025 el juicio por la disputa que tienen por las pólizas de seguros de protección de pagos (PPI, por sus siglas en inglés) en Reino Unido, según se recoge en el informe anual de 2023 del banco.
Está previsto que el juicio dure en torno a unas seis semanas. Los PPI se equiparan al caso de las preferentes en España, ya que también se registraron malas prácticas en la comercialización de estos productos que iban destinados a cubrir el riesgo de impago en caso de enfermedad, muerte o pérdida de empleo, pero que en la práctica resultó que muchos afectados no pudieron finalmente acogerse a esta protección por las cláusulas que incorporaba el contrato.
Además, desde 2011 una decisión de los tribunales británicos obliga a la banca de Reino Unido a hacer frente a las potenciales indemnizaciones relacionadas con este tipo de productos financieros.
En el caso de la disputa entre Santander y Axa, se trata de seguros de protección de créditos comercializados antes de 2005 que Axa France adquirió a Genworth Financial Internacional Holdings en septiembre de 2015 y que fueron comercializados por GE Capital Bank, entidad que fue adquirida por Santander en 2008.
En julio de 2017, Santander Cards UK –como heredera de Ge Capital Bank– y Santander Insurance Services UK comunicaron a Axa France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas con anterioridad a 2005, si bien las partes firmaron un acuerdo por el que Santander UK tramitaba las reclamaciones en nombre de Axa France y esta, a su vez, aceptaba pagar las indemnizaciones a los tomadores de las pólizas, aunque sin renunciar a su posible reclamación frente a las dos empresas de Santander. Además, el acuerdo incluía una moratoria.
En julio de 2020, Genworth comunicó que, en el marco del acuerdo, abonaría un importe aproximado de 624 millones de libras esterlinas (729 millones de euros al cambio actual) a Axa.
Tras el fin del acuerdo en diciembre de 2020, Axa France comunicaba, por su parte, a las filiales de Santander la finalización de la moratoria y en 2021 interponía una reclamación judicial en la que alegaba que el banco estaba obligado a reembolsarle 636 millones de libras esterlinas (741,3 millones de euros) más intereses y cualquier otra pérdida relacionada con las pólizas.
Santander solicitó la inadmisión de la demanda en el tribunal británico, que estimó gran parte de sus argumentos en julio del año pasado y requirió, en cambio, a Axa France que modificara las pretensiones ejercidas en su demanda.
«Como consecuencia, el 2 de diciembre de 2022, Axa France modificó el importe de su reclamación, pasando de 636 millones de libras esterlinas (741,3 millones de euros) a 670 millones de libras esterlinas (780,9 millones de euros)», señala la entidad en su informe financiero.
En enero de 2023, Santander presentó su contestación a la demanda y demanda reconvencional y, en respuesta, Axa France «ha desistido de la reclamación de los costes abonados a Santander al amparo del acuerdo y, en consecuencia, ha reducido el importe de su reclamación de 670 millones de libras esterlinas (780,9 millones de euros) a 552 millones de libras esterlinas (643,4 millones de euros) y ha accedido a modificar sus pretensiones», lo que supone una rebaja del 21%.
El banco señala, por último, que el 29 de junio la aseguradora presentó la modificación a su escrito de alegaciones.
Santander indica, sin embargo, que sigue existiendo «incertidumbre» sobre el resultado de este procedimiento, puesto que hay cuestiones que se resolverán durante el propio juicio que pueden tener consecuencias jurídicas, «incluso en relación con la eventual responsabilidad».
De esta forma, la entidad no se aventura a realizar ninguna estimación sobre el resultado del litigio, aunque señala que la provisión registrada incluye «la mejor estimación de responsabilidad» de las filiales por esta disputa.
Además, el banco señala que la provisión de este litigio también incluye el impacto de reclamaciones que cuestionan la interpretación que hacen las guías de la Financial Conduct Authority (FCA) sobre la falta de divulgación de información sobre comisiones y la aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido al respecto, el conocido como caso Plevin.
«En concreto, esta provisión tiene en cuenta el volumen de reclamaciones existentes, potenciales reclamaciones a futuro y la media de los importes de las indemnizaciones», indica la memoria anual de Santander. Sin embargo, deja claro que existe «un riesgo» de que el número de reclamaciones interpuestas sea mayor que el estimado y el coste real sea mayor que el importe estimado.
