La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 comienza este miércoles, 1 de abril, para la presentación por Internet, y se prolongará hasta el día 30 de junio, con mejoras en la ‘app’ y una simplificación del sistema de identificación y una previsión de superar los 21 millones de declaraciones, de las que un 70% (14,56 millones de contribuyentes) tendrá derecho a una devolución conjunta de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos.

La Agencia Tributaria ha considerado «especialmente importante» mantener los plazos de la campaña en las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19 para que cuanto antes los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones pronto, ya que este mismo viernes, 3 de abril, los contribuyentes comenzarán a recibir sus devoluciones en los caos que corresponda.

En este sentido, cerca del 70% de las declaraciones salen a devolver, y las que salen a ingresar solo se empiezan a pagar a final de Campaña, en el mes de junio. Además, cerca del 88% de las declaraciones se confeccionan por Internet, recuerdan desde Hacienda.

Desde el pasado lunes los contribuyentes pueden suscribirse a la ‘app’ de la Agencia tributaria y acceder a sus datos fiscales en la página web de la AEAT a través del sistema REN0, el certificado o la Cl@ve PIN, así como en la aplicación. Además, los contribuyentes pueden solicitar el número de referencia desde el pasado 6 de marzo por las mismas vías.

LAS FECHAS: SE RETRASA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA

Ya este miércoles los usuarios podrán gestionar sus declaraciones por Internet, a través del servicio de tramitación Renta Web, y de la ‘app’.

No obstante, el plazo para solicitar cita previa en el Plan ‘Le Llamamos’, por el que la AEAT llama al contribuyente previa solicitud, se aplaza y se podrá solicitar del 5 de mayo al 29 de junio, por Internet, por la ‘app’, o por teléfono automático (901 12 12 24 o 91 535 73 26), en el que también se podrán anular las citas de campaña de Renta, así como por teléfono con atención personal (901 22 33 44 o 91 553 00 71). Las declaraciones vía telefónica se empezarán a efectuar desde el 7 de mayo.

Igualmente, desde el 5 de mayo existirá la posibilidad de solicitar cita previa para la confección de declaraciones de Renta de forma presencial en las oficinas de la AEAT y otras entidades colaboradoras, a realizar desde el 13 de mayo hasta el 29 de junio.

DOMICILIACIÓN Y FRACCIONAMIENTOS

En los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta la campaña concluirá con anterioridad, el 25 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio.

El 29 de junio será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas y un día más tarde, el 30 de junio, finalizará el plazo para presentar las declaraciones, concluyendo así la Campaña de Renta y de Patrimonio 2019.

Además, los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en dos partes: la primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2020, inclusive. DEVOLVERÁ 10.686 MILLONES, UN 1,5% MENOS

En total, la Agencia espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,6% (335.000 más), de los que 17,54 millones serán individuales (+3,2%) y 3,49 millones conjuntas (-5,6%).

De las más de 20 millones de declaraciones, 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.

La Agencia estima unas 950.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al año anterior. De esta forma, se registrará un resultado neto positivo de 2.113 millones de euros, frente a los 1.152 millones de la campaña previa.

MÁS CONTROL A ALQUILERES, RENTAS EXTERIORES Y CRIPTOMONEDAS

Igualmente, la AEAT prevé ampliar el control sobre determinados ámbitos, pasando de 700.000 a 1,5 millones los avisos por viviendas en alquiler y de 2,17 millones a 2,32 millones los avisos por cuentas en el exterior.

Asimismo, prevé triplicar los mensajes a contribuyentes con operaciones con criptomonedas, pasando de los 14.700 avisos del año pasado a unos 66.000 este año.

NOVEDADES: MEJORAS EN ‘APP’ E IDENTIFICACIÓN SIMPLIFICADA

Entre las novedades y mejoras de la campaña de este año se encuentran las mejoras en la aplicación móvil de la Agencia para seguir reforzando su accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario.

También en esta campaña se simplifica el sistema de identificación, de manera que mediante un nuevo sistema se guiará al contribuyente, según sus preferencias y necesidades.

En el momento de acceso a los distintos servicios de la Campaña de Renta, se va a solicitar a los contribuyentes la ratificación (o modificación) de su domicilio fiscal actual, evitando dudas que surgían anteriormente. En los casos en que resulte necesaria una modificación, el sistema permitirá un acceso directo a las características del inmueble en la página web del Catastro, frente al acceso genérico a la página que existía hasta ahora.

En cuanto a la ‘app’, además de presentar la declaración, permite modificar la asignación tributaria y el código IBAN, consultar los datos fiscales de campañas anteriores o anular una cita previamente concertada. Entre las mejoras incorporadas se encuentra una renovación de la interfaz gráfica en prácticamente todas las pantallas, caso de las referidas a la tramitación del borrador, los datos fiscales o los avisos personales y de novedades.

Por otra parte, la Renta 2019 contará con algunas mejoras en la usabilidad de Renta Web, como el establecimiento de un sistema de captura de datos de inmuebles más fácil e intuitivo, de manera que sólo se mostrarán las casillas específicas de cada caso, en función del uso que en cada momento se haya dado a cada inmueble.

Además, para el caso de arrendadores, se solicita un mayor desglose de gastos y se les ofrece la posibilidad de identificar voluntariamente el NIF del proveedor de cada bien o servicio que ha generado el gasto, lo que permite agilizar, en su caso, la tramitación de la devolución.

PATRIMONIO

En la Campaña se mantiene la obligación de declarar el Impuesto sobre Patrimonio para los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también para aquellos sin cuota a ingresar, pero que cuenten con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros. La declaración se presenta por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, el mínimo exento se sitúa en los 700.000 euros y la vivienda habitual está exenta también hasta los 300.000 euros, aunque ambos límites pueden variar, según las CCAA. Todos los contribuyentes a los que corresponda declarar Patrimonio deberán hacerlo exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, o bien utilizando el DNI electrónico, o el certificado electrónico.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron un volumen de 37.644 unidades durante el pasado mes de marzo, lo que supone un desplome del 69,3% en la comparativa con las 122.659 unidades entregadas en dicho mes del año anterior, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

La fuerte caída experimentada en marzo en las ventas de coches se explica por la expansión del coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno, entre las que destaca la limitación de movilidad de la población, lo que motivó el cierre de los concesionarios y la práctica paralización del mercado automovilístico.

Entre enero y marzo, las ventas de automóviles en España se situaron en 218.705 unidades, un 31% de reducción en la comparativa con las 316.890 unidades comercializadas durante el primer trimestre del ejercicio pasado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

La tasa de paro de la zona euro se situó el pasado mes de febrero en el 7,3%, una décima por debajo del nivel del mes anterior y su mínimo desde marzo de 2008, mientras que en el conjunto de la UE se mantuvo estable en el 6,5%, repitiendo así su mejor lectura desde que en el año 2000 comenzara a elaborar sus registros Eurostat, que mantiene a España como el segundo país de la UE con peores cifras de paro, con un 13,6%, solo por detrás del 16,3% de Grecia, que solamente dispone de datos hasta diciembre de 2019.

La oficina de estadística comunitaria calcula que 13,94 millones de personas carecían de empleo en la UE en febrero de 2020, de los que 12,04 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un descenso con respecto a enero de 62.000 personas entre los Veintisiete y de 88.000 en la eurozona. En comparación con febrero de 2019, la cifra de desempleados en la UE descendió en 784.000 personas, al tiempo que en la zona euro lo hizo en 663.000 parados.

En febrero de 2020, la tasa de paro de Estados Unidos fue del 3,5%, una décima menos que en el mes anterior, con un total de 5,8 millones de desempleados, 92.000 menos que en enero de 2020.

Entre los países de la UE cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro en febrero se registraron en Chequia (2%), Países Bajos y Polonia (ambos 2,9%). Por el contrario, los niveles de desempleo más elevados en la UE volvieron a corresponder a Grecia (16,3% en diciembre de 2019) y España (13,6%).

En términos interanuales, los mayores descensos del paro correspondieron a Grecia (del 18,5% al 16,6%), Bulgaria (del 4,7% al 3,7%) y Croacia (del 7,3% al 6,4%).

La tasa de paro masculina de la zona euro retrocedió una décima en febrero, hasta el 7%, mientras que el desempleo femenino bajó al 7,6%, desde el 7,7% de enero. En la UE, el paro entre los hombres se situó en el 6,3% y en el caso de las mujeres en el 6,8%, en línea con los datos de enero.

En España, la tasa de paro entre los hombres disminuyó dos décimas, hasta el 11,9%, al tiempo que el desempleo entre las mujeres bajó al 15,4%, frente al 15,5% del mes anterior.

PARO JUVENIL

Asimismo, Eurostat ha informado de que en febrero de 2020 había 2,73 millones de menores de 25 años desempleados en el conjunto de la UE, de los que 2,25 millones estaban en la zona euro, lo que supone un incremento de 12.000 y 7.000 jóvenes sin empleo respecto del mes anterior, pero un descenso anual de 85.000 entre los Veintisiete y 56.000 en la zona euro.

La tasa de desempleo juvenil en la UE se mantuvo sin cambios en el 14,9%, mientras que en el club de países que comparten la moneda comunitaria se situó en el 15,5%, una décima menos que en el mes anterior.

Por su parte, España registró la segunda tasa de paro juvenil más elevada de la UE, con un 30,9%, una décima más que en enero, solo por detrás del 34,7% de Grecia en diciembre de 2019 y por delante de Italia, con un 29,6%.

En términos absolutos, la cifra de desempleados menores de 25 años en España en febrero de 2020 fue de 492.000 personas, lo que implica un incremento mensual de 9.000 jóvenes en paro, pero un descenso de 28.000 en comparación con febrero de 2019.

Los bancos del Reino Unido han anunciado la cancelación del pago de dividendos y de cualquier programa de recompra de acciones ordinarias hasta el final de 2020.

Las entidades han adoptado esta decisión tras la recomendación en este sentido por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra a HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Santander UK o Standard Chartered, a las que el supervisor también ha indicado la necesidad de no pagar bonus a sus directivos, lo que ha provocado que la cotización de las acciones del sector registrara fuertes caídas en la Bolsa de Londres que oscilaban entre el 5% y el 10%.

En este sentido, el Banco de Inglaterra también indicado públicamente su confianza en que los bancos británicos «no abonen bonus en metálico a su personal senior» y que tomen en consideración durante los próximos meses la adopción de las medidas adecuadas con respecto de la acumulación, la consolidación y el pago de retribuciones variables.

En este sentido, el consejo de administración de HSBC, el mayor banco europeo por activos, ha anunciado que tras recibir la petición del Banco de Inglaterra ha decidido cancelar el abono del cuarto dividendo provisional, que ascendía a 0,21 dólares por acción, que tenía previsto pagar el próximo 14 de abril, y ha decidido no realizar ningún reparto de dividendos trimestrales o provisionales hasta el final de 2020, así como tampoco llevará a cabo programas de recompra de acciones.

El consejo reconoce el actual y potencial impacto material en la economía global de la pandemia de coronavirus y la importancia del papel de HSBC en ayudar a los clientes a superar la crisis y en disponer de los recursos para invertir cuando llegue la recuperación», ha señalado la entidad en un comunicado.

Asimismo, el consejo de HSBC ha anunciado que revisará la política de dividendos ordinarios y los pagos respecto de 2020 una vez que sea posible analizar el impacto de la pandemia y las proyecciones de crecimiento de la economía sean más claras.

En este sentido, la entidad, que publicará sus cuentas del primer trimestre el próximo 28 de abril, ha adelantado que espera que sus ingresos en el periodo se verán afectados negativamente por el impacto de la pandemia en los tipos de interés, los nieveles de mercado y las perspectivas económicas.

Por su parte, el consejo de Barclays también ha respondido a la petición del Banco de Inglaterra con la decisión de no realizar el pago de dividendos provisionales en 2020 ni llevar a cabo recompras de acciones con el fin de poder servir mejor a las necesidades de las empresas y familias frente a los desafíos extraordinarios planteados por la pandemia.

Asimismo, el consejo de la entidad ha acordado cancelar el pago de 6 peniques por acción del dividendo de 2019 que estaba previsto abonar el próximo 3 de abril y ha anunciado que tomará cualquier decisión sobre la política de dividendos al final de año.

«El banco cuenta con una fuerte base de capital, pero pensamos que es lo correcto y prudente, para muchas personas y empresas a las que apoyamos, dar este paso ahora», indicó Nigel Higgins, presidente de Barclays.

En el caso de RBS, el consejo de administración del banco escocés ha confirmado este miércoles que no se llevará a cabo el pago de dividendos provisionales ni trimestrales, así como tampoco recompras de acciones, hasta el final de 2020 y ha indicado que, tras la petición del Banco de Inglaterra, se ha decidido cancelar los pagos del dividendo ordinario y especial correspondientes al ejercicio 2019.

«RBS tiene una sólida posición de capital y liquidez y estamos centrados en garantizar el apoyo a nuestros clientes y ayudarlos a superar los desafíos inmediatos y a más largo plazo que enfrentan como resultado de Covid-19», ha señalado la consejera delegada de la entidad, Alison Rose, subrayando que el consejo del banco «sigue comprometido con los retornos de capital», por lo que continuará revisando la situación y buscará reanudar las distribuciones a los accionistas ordinarios a su debido tiempo.

Asimismo, Lloyds Banking Group ha anunciado que, «con el fin de servir a las necesidades de las empresas y familias en los extraordinarios desafíos planteados por Covid-19», tel consejo ha decidido no llevar a cabo hasta el final de 2020 el reparto de dividendos provisionales o trimestrales, así como tampoco programas de recompra de acciones y, a petición del Banco de Inglaterra, ha acordado cancelar el dividendo final de 2019.

«Nuestro consejo decidirá sobre cualquier política de dividendos y su importe al final de 2020», añadió la entidad.

A su vez, Standard Chartered ha informado de que «en respuesta a la solicitud de la Autoridad de Regulación Prudencial y como consecuencia de los desafíos sin precedentes a los que el mundo se enfrenta debido al Covid-19» el consejo ha decidido retirar la recomendación de abonar un dividendo final de 20 centimos por acción, así como suspender el plan de recompra de acciones anunciado el pasado 28 de febrero .

Asimismo, Standard Chartered ha anunciado que, siguiendo las recomendaciones del Banco de Inglaterra, no se pagarán dividendos provisionales ni trimestrales en 2020.

En el caso de Santander UK, la filial británica del banco español también ha confirmado que hasta finales de 2020 no realizará pagos de dividendos trimestrales o provisionales, así como tampoco recompras de acciones de acciones ordinarias. «Nuestro consejo decidirá sobre cualquier política de dividendos e importes correspondientes a 2020 al cierre del ejercicio», ha informado la entidad, subrayando que la medida sigue al anuncio por parte de su matriz la semana pasada sobre el dividendo de 2020.

El anuncio de la cancelación de dividendos y recompras de acciones repercutía sobre la cotización de las entidad británicas, que registraban significativas caídas en las primeras horas de negociación en la Bolsa de Londres. De este modo, los títulos de HSBC perdían casi un 10% y los de Barclays más de un 5%, mientras que RBS y Standard Chartered cedían cada uno un 6,5% y Lloyds un 5,5%.

La deuda bancaria de las familias e instituciones sin ánimo de lucro residentes en España se redujo apenas un 0,03% en febrero, hasta los 702.665 millones de euros, con 208 millones de euros menos, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España, que muestran el tercer mes consecutivo de caída del crédito concedido.

En esta línea, la deuda de las empresas en febrero se redujo un 0,2% respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 892.231 millones de euros.

En los últimos meses la deuda de los hogares españoles ha ido descendiendo hasta situarse en niveles previos a la crisis debido a la reducción paulatina de los préstamos contraídos, a la caída de los tipos de interés y al abaratamiento de los créditos. Algo similar ha sucedido con las empresas.

En tasa interanual, la deuda de las familias se redujo apenas 278 millones en febrero, mientras que en el caso de las empresas el endeudamiento respecto a febrero de 2019 cayó en mayor medida, con 4.210 millones de euros menos al bajar un 0,5%.

MÁS DEL 70% DE LA DEUDA PARA VIVIENDA

El ligero descenso de la deuda de las familias el segundo mes del año se debió a la caída de los préstamos destinados a la compra de vivienda y a la de los préstamos destinados al consumo.

Así, los créditos hipotecarios, que representan la mayor parte del total, se situaron en 517.102 millones de euros, un 0,02% menor a nivel mensual y un 0,5% inferior al importe hipotecario que debían las familias un año antes.

A pesar del descenso de la inversión de los hogares en vivienda durante los últimos años, el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone el 73,6% del mismo.

Entre tanto, los créditos de las familias destinados al consumo apenas variaron al bajar en 107 millones de euros respecto a diciembre, si bien subió un 1,1% respecto a enero de 2019.

LA DEUDA EMPRESARIAL BAJA

De su lado, la bajada mensual del 0,2% de la deuda empresarial y la caída del 0,5% interanual, se explica, fundamentalmente, por la bajada de los préstamos del exterior y los préstamos exteriores, frente al alza de los valores representativos de deuda.

En detalle, los créditos de entidades residentes bajaron en un año un 2,7%, hasta los 466.868 millones de euros, y cayeron un 1% mensual; mientras que los préstamos del exterior bajaron un 2,3% interanual, hasta los 304.620 millones de euros, y cedieron solo 302 millones a nivel mensual.

A su vez, los valores representativos de deuda se elevaron un 15,2% interanual, hasta los 120.743 millones de euros, y crecieron un 2,7% a nivel mensual.

El Gobierno ha aprobado ampliar la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países no solo de fuera de la Unión Europea, sino también del ámbito comunitario -siempre y cuando cuando estén controladas por inversores extracomunitarios-, puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por el coronavirus, de forma que no podrán adquirir más de un 10% del capital social de las mismas.

Por tanto, según el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros de este martes, esta restricción se extenderá también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando dichos inversores estén controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.

Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimosposean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.

Cabe recordar que fondos estadounidenses, pero también fondos soberanos extracomunitarios (de Noruega, de Singapur, etc.), tienen una participación relevante en el accionariado de las mayores compañías europeas.

De este modo, se amplía el ámbito de aplicación de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública en los principales sectores estratégicos que se estableció el pasado 17 de marzo.

Al mismo tiempo, se agiliza el procedimiento para la tramitación y resolución de determinadas solicitudes de autorización previa de inversiones exteriores, a cuyo fin se introduce en la disposición transitoria segunda del Real Decreto ley aprobado este martes un régimen procedimental transitorio para las operaciones que ya estuvieran en curso al entrar en vigor el nuevo artículo y para aquéllas cuyo importe esté comprendido entre 1 y 5 millones de euros, eximiéndose de la necesidad de autorización previa las operaciones de menos de 1 millón de euros.

El pasado 17 de marzo, Sánchez justificó la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores «para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros».

El Estado mantenía históricamente un mecanismo llamado de ‘acción de oro’ para evitar que las empresas españolas que operasen en sectores estratégicos cayeran en manos de compañías extracomunitarias aprovechándose de su menor valor en Bolsa, pero esta prerrogativa fue derogada por anteriores gobiernos por exigencia de Bruselas, amparándose en el principio de reciprocidad.

De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pero cuyo accionariado esté controlado por inversores de fuera de ese territorio, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma.

Los sectores contemplados bajo esta restricción son las infraestructuras críticas, las tecnologías críticas y productos de doble uso, los suministros o los sectores con acceso a información sensible, como información personal o datos, así como los medios de comunicación.

Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 5,9 millones en febrero, lo que supone un 6,4% más respecto al mismo mes de 2019, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recuerda que febrero contó con un fin de semana más por ser 2020 año bisiesto.

Las pernoctaciones de los residentes en España se dispararon un 16,8% en el segundo mes del año, hasta superar los 1,5 millones, mientras las efectuadas por turistas procedentes del exterior aumentaron un 3,1%. En febrero, la estancia media se situó en 5 pernoctaciones por viajero.

En los dos primeros meses del año, a las puertas de la crisis del coronavirus, las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros se incrementaron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2019.

SUBEN LAS PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,3% en febrero, con una subida del 15,9% en las de residente, mientras que las de no residentes bajaron un 0,3%.

No obstante, la estancia media en apartamentos turísticos se redujo un 6% respecto a febrero de 2019, situándose en 5,8 pernoctaciones por viajero. En febrero, se ocupó el 32,7% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 3,4% menos que en el mismo mes de 2019. Los fines de semana, el grado de ocupación se situó en el 35,4%, con un decenso del 3,5%.

Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 81,7% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con 997.827 pernoctaciones, un 1,2% menos que en febrero de 2019. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con 465.777 pernoctaciones, un 5,5% más.

Por destinos, Canarias fue el preferido en apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un descenso del 0,8% respecto a febrero de 2019. En esta comunidad autónoma también se alcanzó la mayor ocupación, con el 79,8% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, la Tenerife fue el destino preferido, con 799.660 pernoctaciones y una ocupación del 79,9% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en febrero fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.

El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 1,6% en febrero respecto al mismo mes de 2019.

UN 42,9% DE OCUPACIÓN EN CAMPINGS

Las pernoctaciones en campings registraron en febrero un aumento del 17,2% respecto al mismo mes del año anterior, con un incremento del 24,1% en las de residentes y del 15% en las de no residentes.

Durante el mes de febrero se ocuparon el 42,9% de las parcelas ofertadas, un 8% más que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 44,2%, con un crecimiento anual del 8,8%.

El 75% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 33,8% de las pernoctaciones de no residentes, un 12,7% más que en febrero de 2019.

La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 676.663 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 11,9% en tasa anual. Esta comunidad también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 66,9% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 351.043 pernoctaciones y una ocupación del 87,5% de las parcelas ofertadas. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Cabanes.

ALOJAMIENTOS RURALES

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un incremento anual del 17,5% en febrero, con un crecimiento del 17,7% en las de residentes y un 16,8% en las de no residentes.

En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 11,6% de las plazas, un 15,3% más que en febrero de 2019. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 24,6%, con un aumento anual del 5,8%.

Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 86.806 pernoctaciones, un 22,9% más que en febrero de 2019, aunque Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 37,2% de las plazas ofertadas.

Por zonas turísticas, Pirineos fue el destino preferido, con 26.776 pernoctaciones, mientras que el Parque Natural de Corona Forestal alcanzó la mayor ocupación, del 44,7% de las plazas ofertadas.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco estima que prácticamente toda la industria podrá mantener una actividad mínima en Euskadi, tras las aclaraciones en torno al decreto ley del Gobierno que suspendía toda la actividad económica que no fuera esencial, según han informado fuentes de este Departamento a Europa Press.

El Gobierno de Iñigo Urkullu dio a conocer este martes por la tarde un texto en el que se clarificaban las empresas que pueden seguir con su actividad, en función del citado Real Decreto.

El Gobierno Vasco venía defendiendo la necesidad de mantener un mínimo de actividad, siempre garantizando las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y, por ello, pedía adaptar ese decreto ley a la especificidad de Euskadi, una comunidad con un gran peso industrial.

Finalmente, se ha definido una relación de actividades que pueden considerarse imprescindibles para las actividades que se han catalogado esenciales y que, por tanto, podrían mantener una actividad mínima.

Además, según han apuntado las mismas fuentes, el artículo 4 del real decreto dejaba abierta la posibilidad a una actividad mínima, de manera que también sería posible para aquellas empresas que tengan que cumplir con algún pedido o, por ejemplo, que tengan que realizar labores de mantenimiento.

ACTIVIDAD MÍNIMA

Las mismas fuentes han insistido en que la actividad no puede ser total y tiene que ser mínima de cara a poder garantizar la continuidad futura. Según han señalado, no se ha establecido con claridad hasta dónde puede llegar esa actividad mínima y, por ello, creen que cada empresa deberá analizar su situación y, en función de ello, definir «su mínimo imprescindible» y ajustar a ello su actividad.

El Gobierno Vasco ha señalado que es muy difícil cuantificar el número de empresas que podrán mantener una cierta actividad y estima que prácticamente toda la industria podrá hacerlo en Euskadi.

Las mismas fuentes han indicado que es la Construcción la que quedaría fuera de la posibilidad de mantener esa mínima actividad, salvo el caso de obras de emergencia.

El Gobierno Vasco ha señalado que este mismo martes se comunicó este documento aclaratorio a asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, clúster industriales y cámaras de comercio.

ACTIVIDADES

Entre la relación de actividades que pueden considerarse imprescindibles para las actividades catalogadas esenciales se incluye la Industria de la alimentación; fabricación de bebidas; industria del papel y fabricación de productos farmacéuticos.

Además, serán actividades imprescindibles, siempre que el desarrollo de la actividad se dirija a la fabricación de equipos para la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios, industria farmacéutica o industria alimentaria: industria textil; confección de prendas de vestir; industria del cuero y del calzado; fabricación de productos de caucho y plásticos; fabricación de otros productos minerales no metálicos; fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de muebles y otras industrias manufactureras.

Del mismo modo, serán imprescindibles, por la necesidad de asegurar suministro de energía y agua: coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos;fabricación de material y equipo eléctrico; así como fabricación de maquinaria y equipo NCOP.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Además, para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios esenciales, se incluye la reparación e instalación de maquinaria y equipo. Del mismo modo, serán imprescindibles, con objetivo de asegurar el transporte de viajeros y mercancías: fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques; y fabricación de otro material de transporte.

En estos casos, si les es requerido, las empresas deberán analizar y justificar convenientemente la conexión de su actividad con el desarrollo de las actividades esenciales recogidas en el Real Decreto.

Con estos mismo criterios, será imprescindible la Industria electrointensiva que resulta necesaria para garantizar el suministro y la estabilidad del sistema eléctrico, así como la Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.

Los índices sostenibles con sesgo de inversión socialmente responsable (ISR) obtuvieron mejor rentabilidad que los índices tradicionales en todas las regiones tanto en marzo como en el primer trimestre del año, según demuestra un análisis llevado a cabo por Afi.

En un contexto de grandes pérdidas bursátiles por la crisis del coronavirus, los índices MSCI globales, de Estados Unidos, de Europa y de mercados emergentes ofrecieron rentabilidades negativas de doble dígito, con un peor desempeño que los respectivos índices ‘MSCI ISR’.

En concreto, el índice global ‘MSCI ACWI USD’ cayó un -14,7% en marzo y un -22,5% en el trimestre, frente al -13,2% y -20% que ofreció su versión ISR en esos periodos.

En el caso de Europa, el índice ‘MASCI Europe’ obtuvo rentabilidades del -16,8% en marzo, que ahondaron hasta el -24,8% en el primer trimestre, con pérdidas superiores al ‘MSCI Europa SRI EUR’ que ofreció una rentabilidad del -13,2% en el último mes y un -20,1% en lo que va de año.

El análisis de Afi sostiene que los mejores resultados derivados de la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) se atribuyen principalmente al control del riesgo.

De hecho, el enfoque de inversión sostenible no ofreció una menor volatilidad que la gestión tradicional –incluso en algunos casos, los índices ESG presentaron más volatilidad por el menor número de valores en cartera–, si bien presentan menores caídas y una menor exposición a riesgos extremos.

El análisis señala que la máxima caída registrada en los últimos cinco años se produjo en marzo, y de nuevo, tanto a nivel global como regional, los índices sostenibles presentaron caídas menos intensas que sus índices tradicionales.

«Precisamente estos eventos de cola, que puedan generar pérdidas extraordinarias en una compañía, son los que trata de mitigar la inversión en base a criterios ASG», concluye el estudio.

La actividad del sector manufacturero de la zona euro ha registrado en marzo una fuerte caída, que ha superado incluso las pesimistas estimaciones preliminares, como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas de contención implementadas por los gobiernos, según refleja el índice PMI, que ha bajado a mínimos de siete años y medio, hasta situarse en 44,5 puntos, frente a los 49,2 del mes anterior, pero que aún estaría lejos de tocar fondo, según IHS Markit.

«Lo preocupante es que todavía estamos un poco lejos del pico de disminución del sector manufacturero», ha advertido Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, para quien es probable que, en las próximas semanas, además del impacto en la producción por los cierres, también disminuya notablemente el gasto empresarial y de consumo de bienes.

«Es probable que los cierres de empresas, los confinamientos y el aumento del desempleo tengan un impacto sin precedentes en el gasto en todo el mundo, hundiendo la demanda de una amplia gama de productos«, apunta el experto, señalando que las pocas excepciones serán los productores de alimentos y de productos farmacéuticos, mientras que en el resto de la industria manufacturera, «grandes sectores podrían sufrir recesiones jamás vistas con anterioridad».

En el mes de marzo, la encuesta de gestores de compras del sector manufacturero constató el empeoramiento generalizado de la actividad del sector en el Viejo Continente, donde únicamente Países Bajos (50,5 puntos) logró escapar a la contracción, mientras que otras grandes economías del euro como España (45,7) registraba su peor dato en 83 meses y Alemania (45,4) profundizaba la contracción de la actividad de sus fábricas.

No obstante, entre las principales economías de la zona euro, Italia, con una lectura de 40,3 puntos, la más débil en 131 meses, y Francia, con 43,2 puntos, su peor dato en 86 meses, registraban las contracciones más agudas de la actividad fabril.

A nivel general, la producción manufacturera en la zona euro cayó en marzo al ritmo más fuerte desde abril de 2009, mientras que el comercio de exportación bajó bruscamente y al ritmo más fuerte desde marzo de 2009. En este sentido, los datos más recientes indican que las ventas de exportación cayeron por decimoctavo mes consecutivo, con Francia, Alemania y Grecia registrando las mayores reducciones de los nuevos pedidos para exportaciones.

Asimismo, los fabricantes europeos continuaron enfrentándose a obstáculos importantes para conseguir suministros, tanto dentro como fuera de los mercados del Viejo Continente. De este modo, la última encuesta mostró que los plazos medios de entrega se alargaron hasta su máximo de toda la serie histórica de casi 23 años.

Las empresas manufactureras de la zona euro también recortaron sus niveles de empleo en el mes de marzo y lo hicieron al mayor ritmo en más de una década. La pérdida de empleo fue especialmente fuerte en Austria, Alemania e Irlanda.

Por su parte, la reducción de precios de algunas materias primas y de productos semielaborados, además de unos precios más bajos relacionados con el petróleo, conllevaron a una marcada caída de los costes de los insumos en marzo.

De su lado, la confianza con respecto a las perspectivas se volvió cada vez más sombría en marzo, reflejando la preocupación sobre el impacto a corto y largo plazo de la pandemia de Covid-19 en la actividad económica global. De este modo, el sentimiento del sector experimentó la mayor caída mensual de toda la serie, que se remonta a 2012, situándose en el nivel más bajo registrado hasta la fecha.

«Incluso la caída del índice PMI hasta su mínimo de siete años y medio oculta la gravedad del desplome del sector manufacturero, ya que incluyeuna medida de los retrasos en las cadenas de abastecimiento, lo que impulsó el índice, ya que los retrasos en el suministro normalmente se perciben como una señal de aumento de la demanda, pero en este momento las demoras casi récord son una indicación de que las cadenas de suministro mundiales están siendo diezmadas por el cierre de fábricas en todo el mundo», advirtió Williamson.

El Puerto de Bahía de Algeciras (Cádiz), el mayor del país, ha tenido que paralizar sus actividades en las últimas horas ante la imposibilidad de atender peticiones de estiba y desestiba de las empresas por falta de trabajadores de este colectivo disponibles.

Así lo indicó el Centro Portuario de Empleo del puerto, la organización que gestiona la estiba y desestiba, que achaca la situación a un conflicto laboral con los estibadores.

Este centro informó de que en la noche de este martes le había sido imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras «ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla».

Esta falta de trabajadores supuso, según el centro, la paralización de la actividad de carga y descarga en la APM Terminals y en la Total Terminal International del puerto.

Esta paralización tiene lugar después de que no se alcanzaran acuerdos en las reuniones que en los últimos días representantes de trabajadores y empresas del sector de la estiba han mantenido con el fin de acordar sobre «la mejor operativa para mantener la actividad en las terminales y, al tiempo, reforzar las medidas de prevención e higiene para minimizar las posibilidades de exposición al coronavirus».

PETICIÓN DE COBRAR UN PLUS

En el marco de esta negociación, los trabajadores de la estiba plantearon cobrar un plus o garantía económica durante la vigencia del estado de alarma.

Por contra, los representantes de las empresas mantienen una «total oposición» a dar compensaciones económicas por acometer una actividad profesional habitual. En su opinión, constituiría una «evidente deslealtad con el ejemplar comportamiento de otros sectores profesionales que vienen realizando su trabajo diario en largas jornadas y en contacto directo con la enfermedad».

El rechazo a la petición del bonus se tradujo en la «total paralización» de la actividad de estiba en las terminales de contenedores del puerto Bahía de Algeciras.

El centro portuario de empleo, en el que están representados empresas y estibadores, asegura en su comunicado que con esta actitud los estibadores cometen un «claro incumplimiento» de lo que establece el decreto del estado de alarma cuando califica la actividad portuaria como una actividad esencial.

Por ello, la dirección del centro y las empresas estibadoras, «ante los graves momentos que se registran por la pandemia», realizó un «llamamiento» a la representación de los trabajadores a «sumarse al sentir general de todos los ciudadanos y desbloqueen cualquier medida que impida el funcionamiento operativo de las terminales de contenedores en Algeciras».

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha afirmado que la pyme está «un poco desconcertada» y que tiene incertidumbre, «porque las medidas y contramedidas no acaban».

«No sabemos cuál es el camino que tenemos que coger y ahora hay medidas que suenan bien, pero de algunas no conocemos cuál es la letra», ha resaltado en una entrevista a RNE, tras apuntar que la situación es urgente y que se necesitan medidas que «no se están teniendo».

Para Cuerva, se anuncian medidas, pero no se rematan. «El anuncio de las medidas puede tranquilizar, pero las pymes cuando se ponen a intentar implantar esas medidas, ven que todavía no existen procedimientos algunos», ha lamentado. Por ello, ha pedido al Gobierno que piense en la medida, pero también en su implementación real.

Preguntado sobre el diálogo social con el Gobierno, el presidente de Cepyme cree que sería «un gravísimo error» que el Gobierno no tuviese en cuenta a los agente sociales. «Creo que podemos aportar muchísimo, porque el mundo empresarial está acostumbrado a gestionar momentos malos y el olfato que tienen las empresas debemos aprovecharlo para salir de esta situación», ha añadido.

Según Cuerva, las empresas sin actividad ya se cuentan por millares y ha resaltado que, aunque hay que pensar en el momento actual, también hay que pensar en el futuro, ya que «esto no se acaba con el fin el estado de alarma, porque la situación no será la misma con la que se arrancó el estado de alarma».

Por ello, Cuerva ha pedido que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se prorroguen una vez finalice el estado de alarma y vayan acompasados al mundo empresarial y a la situación también de la economía. «Hay que pensar en el futuro porque si no, esto se queda en titulares que no van a ningún sitio», ha apostillado, tras pedir que no se le dé la espalda a la pyme, porque «cuando se le da la espalda a la pyme, se da la espalda a la sociedad».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de ley para modificar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, después de las protestas de agricultores y ganaderos que exigen precios justos para paliar la crisis que atraviesa el campo.

En concreto, el objetivo de esta modificación normativa es dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales, reforzar la posición del productor y eliminar las prácticas comerciales desleales.

Desde su promulgación el 2 de agosto de 2013, la ley de la cadena alimentaria ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores.

En la búsqueda de soluciones para paliar la crisis que sufre el campo en España y tras las movilizaciones del sector en todo el territorio nacional, el ministro Luis Planas inició un proceso de diálogo y participación con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, con representantes de la industria y la distribución alimentaria, y con las comunidades autónomas, para impulsar una serie de medidas, entre las que se incluye la modificación de la ley de la cadena alimentaria.

En una primera fase, el Gobierno de España aprobó, el pasado 25 de febrero, el Real Decreto-ley 5/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que fueron convalidadas la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

En la segunda fase, Agricultura ha confirmado que introducirán nuevas medidas de mayor calado para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, además de incorporar a la legislación española la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El Departamento recuerda que con la apertura del procedimiento a consulta pública se facilita a los ciudadanos, organizaciones y asociaciones, que puedan expresar su opinión con carácter previo, y así enriquecer el proceso de elaboración de dicho anteproyecto.

De esta forma, los interesados en participar pueden remitir sus contribuciones a través del portal web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su sección ‘Participación ciudadana’, subsección ‘Participación pública en proyectos normativos’, remitiendo un correo electrónico con sus contribuciones a la dirección sgfi@mapa.es.

Las sociedades de garantía recíproca (SGR) cuentan desde este miércoles con una línea especial de apoyo de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que mejora las condiciones del reaval dando una especial cobertura del 75% a todas las operaciones de garantía para financiación de las empresas afectadas, a plazos de 2 años o superiores.

Gracias al refuerzo de Cersa, desde este miércoles, 1 de abril, de forma «rápida y efectiva» las SGR ofrecerán garantías para contribuir a resolver las tensiones financieras de los autónomos y empresas afectados por la crisis del Covid-19.

Precisamente el real decreto ley con medidas complementarias para mitigar el impacto del Covid-19, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE, amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones.

En España, el conjunto de pymes y autónomos alcanza el 99,8% del tejido productivo, un total de 2,8 millones de empresas (de 0 a 249 empleados), que dan trabajo a más de 10,5 millones de trabajadores. De ellos, gran parte ha tenido que cerrar sus negocios o reducir su actividad, por lo que se verán afectadas en mayor o menor medida por el impacto económico provocado por el coronavirus.

«En estos momentos difíciles, el sistema nacional de garantías va a estar a la altura ofreciendo todo su apoyo a pymes y autónomos, uno de los sectores más afectados», asegura el presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), Antonio Couceiro.

La financiación facilitada por el sistema nacional de garantías ya beneficia a 134.618 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de 4.320 millones de euros (riesgo vivo). Asimismo, dicha financiación ha contribuido al mantenimiento y creación de 704.494 puestos de trabajo.

LAS LÍNEAS DISPONIBLES

Las líneas especiales de avales para las pymes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se pueden solicitar a través de Con Aval Sí, plataforma online de las 18 sociedades de garantía.

A través del Institut Valencià de Finançes (IVF), la Comunidad Valenciana ofrece préstamos subordinados para acompañar la financiación de circulante otorgada por la banca con el aval de ICO-Afín SGR (importe máximo 2.500.000 euros, 10 años, hasta 3 de carencia, tipo de interés con bonificación). Se trata de cubrir las pérdidas ocasionadas por la caída de actividad, para ampliar el espectro de beneficiarios de las líneas de financiación con aval público.

Además, se ofrecen líneas de financiación de activo circulante con aval de Afín SGR, con subvención del 100% del coste del aval y a tipo de interés 0%. Cada operación puede llegar hasta 500.000 euros (750.000 euros en inversión), con un plazo máximo de 10 años y hasta 2 de carencia. En total, 110 millones de euros para pymes, micropymes y autónomos, y de ellos, 70 millones al 0% de interés.

De su lado, la SGR de las Islas Baleares ha lanzado, junto con el Govern, una línea extraordinaria de financiación de 50 millones de euros para capital circulante, ampliable, que ya pueden solicitar pymes y autónomos con sede en las islas. La línea cuenta con bonificaciones al tipo de interés y al coste del aval, durante los 5 primeros años. Gracias a las mismas, la línea sale a tipo de interés cero y sin coste del aval.

Afigal canalizará para las empresas de las provincias de A Coruña y Lugo la línea de financiación anunciada por la Xunta de Galicia mediante la cual pymes y autónomos podrán recibir préstamos de hasta 200.000 euros al 0% de interés, que podrán amortizar en cuatro años con uno de carencia. Estas operaciones estarán avaladas al 100% por la SGR gallega ante las entidades financieras, en condiciones ventajosas y con comisiones reducidas. Esta línea permitirá la movilización de 250 millones de euros.

En el País Vasco, Elkargi ha activado, en colaboración público-privada con el Gobierno Vasco, líneas de financiación con avales por un importe de 500 millones de euros, y ofrece carencias a las líneas en vigor de sus socios. El Préstamo Covid-19 lo podrán solicitar por un importe desde 5.000 a 50.000 euros los autónomos, y desde 50.000 euros a un millón de euros las pymes de la comunidad autónoma vasca.

La SGR de la Comunidad de Madrid va a facilitar carencias a los clientes actuales para que puedan asumir el cierre de negocios y la caída de facturación. Con el apoyo de la Comunidad de Madrid, se van a conceder nuevas operaciones con bonificación en los costes, carencias y plazos largos.

A su vez, Avalis de Cataluña y el ICF han lanzado una línea especial por la que avalarán el 80% de los préstamos de las entidades financieras con la finalidad de cubrir las necesidades de liquidez de empresas y profesionales autónomos catalanes. En total, a partir de esta línea de financiación se formalizarán alrededor de 1.000 millones de euros, siendo posible financiar a cerca de 4.000 autónomos y empresas.

Iberaval, en colaboración con el Instituto para la Competitividad de la Junta de Castilla y León, impulsará medidas de carácter financiero, con vistas a mantener la actividad de las empresas y afrontar la situación económica. En total, se inyectarán de forma inmediata casi 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas.

La Junta de Andalucía apoyará a Garántia con una subvención de hasta 36 millones de euros para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por un importe de hasta 500 millones de euros y con un grado de cobertura del 100%. El perfil de las operaciones podrá ser desde 20.000 a 30.000 euros, y el plazo de tres años con uno de carencia.

De igual forma, la SGR de la Región de Murcia, Aválam, junto a Info, Icref y las entidades financieras, han acordado ampliar la línea CROEM y dotarla de 250 millones de euros para apoyar a corto y medio plazo a aquellas pymes, micropymes y autónomos afectados por las consecuencias económicas del Covid-19, permitiéndoles acceder a una línea especial de liquidez, que garantice la viabilidad de la empresa y el mantenimiento de empleos.

Desde la SGR que presta servicio a pymes y autónomos de Ourense y Pontevedra, se reducirán los compromisos financieros a empresas ya avaladas, proponiendo la inclusión casi inmediata de periodos de carencia de amortización de capital de hasta un año de duración. Asimismo, se inyectará liquidez para atender pagos corrientes de los negocios afectados, ofreciendo préstamos de hasta 10 años de plazo con los dos primeros de carencia y con bonificación del coste del aval por importes de hasta 1 millón de euros, entre otros.

La SGR extremeña está estudiando poner en marcha avales de carácter financiero para pólizas de crédito vigentes, renovando hasta 12 meses el vencimiento. Asimismo, para préstamos destinados a circulante de esas empresas actualmente socias de la SGR se dará una carencia y/o ampliación del plazo del aval de hasta 12 meses. También se está barajando poner en marcha una línea de avales extraordinaria para pymes y autónomos no socios, destinada a operaciones de circulante.

Igualmente, la SGR asturiana lanzará una nueva línea de avales por importe de 10 millones de euros para incrementar la liquidez de pymes, microempresas y autónomos, y facilitará aplazamiento de pagos.

De su lado, la SGR castellano-manchega concede una moratoria del pago de cuotas de financiación a las pymes y autónomos que se vean afectados por la crisis del Covid-19, al tiempo que lanzará una línea de avales con la intención de apoyar el acceso a liquidez a corto plazo, para asegurar la continuidad de los negocios y garantizar recursos a los sectores afectados.

El Gobierno de Navarra inyectará, a través de Sonagar y Elkargi, 100 millones de euros para financiación de circulante (plazo de 5 años, incluyendo 1 de carencia) y carencias de hasta un año en operaciones ya en vigor.