El ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, Luis Planas, ha señalado que las medidas extraordinarias en materia de empleo agrario, que se han prorrogado hasta el 30 de septiembre, han cumplido su objetivo y ofrecen «tranquilidad» al sector agrario tras la crisis del coronavirus.

«Ha sido un instrumento excepcional prolongado para dar tranquilidad al sector. A fecha de hoy no existe ninguna tarea ni un empleo agrario que esté pendiente de ser cubierto, por lo que se ha cumplido su objetivo», ha indicado Planas durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Senado.

El titular de Agricultura, que defendió esta semana la convalidación de este Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, ha calificado esta normativa de una «respuesta original española» ante la situación creada por la pandemia y las necesidades del sector.

Respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a empresas y sectores durante la crisis sanitaria del coronavirus, Planas ha destacado la importancia de las líneas ICO para «mantener el pulso de la economía en una situación tan difícil como ésta.

De esta forma, Planas ha señalado a los senadores que a fecha de 1 de junio en agricultura, ganadería y pesca se habían avalado un total de 19.980 operaciones con un aval solicitado de 1.598 millones de euros y un crédito total financiado de 2.344 millones de euros. Respecto a la industria alimentaria se han avalado 10.276 operaciones con un aval de 1.911 millones de euros y un crédito facilitado de 2.517 millones de euros.

Mientras que la financiación de estas líneas de crédito a la distribución comercial de alimentos y bebidas alcanzan hasta ahora un total de 31.136 operaciones con un aval de 2.350 millones de euros y un crédito facilitado de 3.063 millones de euros.

SECTOR ESENCIAL

Respecto al cierre del canal Horeca, que ha impactado negativamente en determinados sectores, Planas ha recordado que en estos meses se han puesto en marcha iniciativas nacionales y europeas en materia de apoyo a productos como la carne de ovino o caprino, hortalizas, quesos o vino, afectados por el impacto del cierre de bares y restaurantes.

En pesca, ha subrayado que también se ha conseguido la flexibilización del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y ha destacado que se ha conseguido que el marisqueo, actividad llevada a cabo sobre todo por mujeres, puedan acogerse a las ayudas europeas.

Este Gobierno tiene la voluntad de que nadie se quede atrás en España y de continuar todos juntos para tener un país y un sector agrícola, ganadero y de pesca que responda a nuestra ambición como país», ha recalcado Planas.

El titular de Agricultura ha reiterado que el sector agroalimentario fue calificado de «esencial» en el decreto de estado de alarma, destacando que ha «funcionado con práctica normalidad en un contexto que no lo era».

Planas ha apuntado que el inicio de año estuvo protagonizado por las movilizaciones del campo, donde los agricultores exigían precios justos para sus producciones, pero que con la crisis del coronavirus tanto agricultores como ganaderos se transformaron en el estado de alarma en «agentes activos» para abastecer de alimentos al conjunto de la población española y para asumir tareas desde el punto de vista social, mostrando su «compromiso y vocación» de servicio público en estos complicados momentos.

Los planes de pensiones recuperaron 850 millones de euros de patrimonio en mayo, por el rebote de los mercados financieros, con una rentabilidad media ofrecida del 1,2% en el mes, según Inverco.

De esta forma, estos vehículos de ahorro para la jubilación continúan reduciendo la corrección sufrida en marzo por el Covid-19, si bien a un menor ritmo de aportaciones netas y de patrimonio recuperado que en abril.

Registraron aportaciones netas de 43,7 millones en mayo

Los planes de pensiones de los sistemas individuales registraron aportaciones netas de 43,7 millones de euros en mayo, cuando captaron 206,8 millones en aportaciones y ofrecieron 163 millones de euros en prestaciones.

En un entorno de gran volatilidad, los planes de pensiones españoles ofrecieron una rentabilidad una media anual del -1,5% a cierre de abril.

DIFERENCIAS POR CATEGORÍAS

Por categorías, la rentabilidad media anual ofrecida en el quinto mes ha sido más negativa en los vehículos de renta variable mixta (-2,1%) y los de renta fija mixta (-2,1%).

En el lado contrario, solo ofrecieron una rentabilidad positiva en los últimos doce meses los planes garantizados con una limitada rentabilidad del 0,4%, hasta mayo.

En general, los planes de pensiones registran rentabilidades medias, netas de gastos y comisiones, negativas tanto en el plazo de tres años, (-0,7%), como en el de los últimos cinco años, cuando han perdido un 0,2%.

No obstante, en el más largo plazo los planes registran una rentabilidad media anual, neta de gastos, positiva del 2,4% anual en los últimos diez años, del 1,8% en los últimos 15 años, del 1,3% en dos décadas y del 3% anual en los últimos 25 años.

Esta estadística incluye una muestra de 998 planes de pensiones del sistema individual, que representa en torno al 99% de su patrimonio, es decir, 75.420 millones de euros y 7,48 millones de cuentas de partícipes.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado este viernes en el Congreso reforzar los controles a las grandes empresas y fortunas y ha abogado por convertir el actual Impuesto sobre Patrimonio en un impuesto sobre la riqueza total con un mínimo y un máximo estatal.

Estas son algunas de las propuestas trasladadas este viernes por su presidente, Carlos Cruzado, en su comparecencia ante el grupo de trabajo dedicado a políticas sociales de la comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica, ante la que reivindicado la necesidad de una reforma del sistema fiscal para hacer frente a los grandes problemas que detecta en el actual esquema tributario.

A su juicio, los grandes problemas que su sindicato detecta es una insuficiencia recaudatoria -60.000 millones de media separan a España de la media europea-, un insuficiente nivel de equidad y un elevado nivel de economía sumergida, que ha estimado entre el 20% y cerca del 25% del PIB.

En este sentido, ha descartado que su incidencia se relacione con un elevado presión fiscal -Alemania y Francia registran más presión y mucho menos economía sumergida, ha señalado-, sino en la conciencia y el control fiscal, así como en la transparencia y en la responsabilidad de la gestión pública y la corrupción.

En lo referente al control, ha lamentado que el nivel de efectivos y el gasto en prevención y lucha contra el fraude está a la mitad de los niveles europeos y de la OCDE, ha reclamado más competencias para los efectivos ya exsitentes y ha abogado por un cambio de estrategia en la Agencia Tributaria, «desplazando la lupa» desde las discrepancias en pequeñas rentas del trabajo «hacia bolsas de gran fraude». «Necesitamos más control a las grandes fortunas y grandes empresas», ha dicho.

«GRAN AGUJERO» EN SOCIEDADES

Entre sus propuestas más concretas, en el IRPF ha asegurado que existe «margen suficiente» para subir las bases máximas, proponiendo nuevos tramos a partir de rentas superiores a 125.000, 175.000 y 300.000 euros, y tender hacia la equiparación entre la tributación de las rentas del trabajo y del capital, y considerando como «urgente» la exclusión de un tratamiento diferenciado el ahorro de rendimientos «especulativos».

En el Impuesto sobre Sociedades, ha destacado que es el único impuesto en el que no se han recuperado los niveles previos a la anterior crisis, con un «gran agujero» del 50% respecto a esos años, y ha reclamado tipos mínimos para la equiparación entre los diferentes grupos. Entre 2007 y 2016, las grandes empresas tributaron al 6,37% frente al 16% de las pymes, una tendencia que en 2018 reflejó una diferencia entre el 5,7% y el 15,14%, respectivamente.

Además, ha abogado por establecer mínimos y máximos en las exenciones, bonificaciones, deducciones y las escalas de gravamen en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y ha recordado la preocupación de los expertos designados para abordar el cambio de modelo de financiación autonómica en 2017 sobre la «competencia fiscal a la baja entre comunidades», con el riesgo de llevar la presión fiscal a «tipos indeseables» en figuras como Patrimonio o incluso la desaparición de Sucesiones.

Otras propuestas de Gestha es una mayor coordinación entre los diferentes niveles de administración tributaria, una base de datos fiscales única y compartida, más control parlamentario de la gestión, modificaciones en los tipos penales y administrativos por delitos e infracciones fiscales, así como sus plazos de prescripción, la especialización de jueces y fiscales y una regulación de los asesores fiscales, incluyendo su responsabilidad en casos de fraude.

El Banco Central Europeo (BCE) confía en poder discutir públicamente «a finales de julio» los resultados de la prueba que está llevando a cabo para evaluar la vulnerabilidad de los bancos europeos ante el potencial impacto en sus balances de circunstancias macroeconómicas, así como de la pandemia de Covid-19, según ha indicado el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria.

«Espero poder discutir públicamente el resultado del ejercicio a finales de julio y, con ello, brindarle a todos los participantes del mercado más claridad sobre el camino que nos llevará fuera de este entorno de medidas extraordinarias y de regreso a una muy esperada normalidad».

El ejercicio, realizado sin sobrecargar a las instituciones con solicitudes de datos adicionales, tiene como objetivo evaluar cómo afrontarían los bancos un entorno bajo las nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE, anunciadas el pasado 4 de junio y que incorporan distintos escenarios para el horizonte 2020-2022 en función de la evolución de la pandemia.

Urge a la banca a aprovechar la flexibilidad para recurrir a los colchones de capital para estimular el crédito a la economía

«Comprobaremos si las reservas de capital disponibles en la actualidad serían suficientes para cubrir las pérdidas derivadas de los desarrollos adversos de una segunda ronda de contagios y medidas de cierre», ha explicado el banquero italiano, quien ha puesto de manifiesto la gran incertidumbre y heterogeneidad observada en las decisiones de gestión de riesgos adoptadas por los bancos.

En este aspecto, Enria ha señalado que, mientras que algunas entidades utilizan escenarios macro demasiado optimistas en sus proyecciones de capital para fin de año, otras ni siquiera están en condiciones de producir escenarios.

«El coste del riesgo medido por los bancos ha aumentado muy poco entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, quizás demasiado poco para una gran proporción de instituciones (menos de 2 puntos básicos para el 40% de los bancos supervisados), mientras que ha aumentado sustancialmente para un conjunto más pequeño de bancos europeos (más de 20 puntos básicos para el 9% de los bancos)», ha apuntado.

De este modo, Enria ha indicado que, a pesar de que proyectar una recuperación en V era una asunción legítima en su momento en ausencia de datos fiables, el BCE está apreciando una profundidad «demasiado optimista» en ocasiones en la profundidad de la forma de esa recesión en V y considera necesario analizar de manera adicional la concentración de exposiciones de las entidades hacia los sectores económicos más afectados por la Covid-19, como el comercio mayorista, hoteles y restaurantes, manufacturas…

La economía de la zona euro podría llegar a sufrir un desplome de hasta el 12,6% en 2020, con apenas una recuperación del 3,3% del crecimiento en 2021 y del 3,8% en 2022, según el peor de los escenarios planteados por el BCE, que incluye el impacto de una hipotética segunda oleada de contagios de Covid-19 que obligase a reinstaurar algunas medidas de confinamiento en la región.

Por contra, en el caso de que la gradual reapertura económica venga acompañada de una exitosa contención del virus que evite un repunte futuro de las infecciones, el mejor de los escenarios planteados por el BCE, la caída del PIB estimada para este año se limitaría al 5,9%, con un rebote del 5,8% en 2021, que continuaría en 2022, con un crecimiento del 2,2%.

No obstante, en su escenario central, con una gradual recuperación de la actividad a partir del tercer trimestre a medida que se levantan las restricciones, a pesar de cierta reaparición de las infecciones en los próximos trimestres, el BCE prevé que el PIB de la zona euro caerá en 2020 un 8,7%, cuando el pasado mes de marzo anticipaba un crecimiento del 0,8%, mientras que en 2021 rebotará un 5,2% y un 3,3% un año después.

COLCHONES DE CAPITAL

Por otro lado, Enria ha señalado que las proyecciones de capital para final de año publicadas por las entidades financieras sugieren que «solo un puñado de ellas» planea recurrir a los colchones de capital al mismo tiempo que los bancos han incrementado sus colchones de liquidez gracias a las medidas extraordinarias del banco central.

«Nuestro diálogo con los bancos indica una renuencia a usar los amortiguadores, o más precisamente para ser visto como el primero en usarlos, también por temor a rebajas en las calificaciones externas», ha señalado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE.

«Sigo desconcertado por esta reticencia a usar los amortiguadores. Si no ahora, ¿cuándo? Estamos atravesando un shock económico sin precedentes de naturaleza sistémica, que esperamos sea temporal, pero potencialmente perjudicial para los balances de los bancos y la economía en general», ha reconocido Enria, para quien los bancos que usaran los amortiguadores ahora «estarían actuando de manera responsable y en línea con las expectativas establecidas en el marco regulatorio».

En este sentido, el banquero central ha querido asegurar, ante el temor de las entidades a que el BCE pueda poner fin bruscamente a la flexibilidad concedida durante la crisis y exigir una rápida reposición de los colchones de capital, que la institución se esforzará en establecer un camino bien diseñado y creíble hacia la normalidad, teniendo en cuenta la evidencia de la gravedad de la conmoción, las circunstancias específicas de los bancos y la necesidad de preservar la función crediticia del sector hacia la economía real durante la recuperación.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que es «muy difícil» llegar al martes de la próxima semana a un acuerdo para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

«Todavía en este momento no tenemos papeles del Gobierno. Los de la CEOE están, los de sindicatos están, pero no he visto ningún papel del Gobierno«, ha apuntado.

Según Garamendi, «es muy difícil que se hable de flexibilidad y que se esté pidiendo a su gente que tenga que trabajar el domingo, porque llegue papel a la tarde y noche para que el lunes se diga que sí.

No obstante, ha dejado claro que la intención de la patronal siempre es la de negociar, trabajar y llegar a acuerdos. Estamos donde estamos y por tanto nuestro interés es defender a la economía española, a nuestro país y también que estas empresas puedan estar hibernadas y defendiendo a los trabajadores y protegiendo el empleo, que es el que se protege con los ERTE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha defendido su «controvertida» decisión de exigir a los bancos de la zona euro la suspensión del reparto de dividendos y de las recompras de acciones subrayando que habría sido imprudente no hacerlo ante la incertidumbre por la crisis por la Covid-19, aunque la entidad ha asegurado que derogará esta restricción cuando la recuperación sea sólida, según ha indicado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.

«Esta medida es de naturaleza excepcional y temporal, y la derogaremos tan pronto como se disipe la incertidumbre económica y la recuperación sea sólida», ha señalado Enria, quien reiteró que espera ofrecer más claridad al respecto el próximo mes de julio, tomando en consideración la recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

La JERS, presidida por Christine Lagarde, ha emitido una recomendación para que las autoridades insten a las entidades financieras bajo su supervisión a que se abstengan de repartir dividendos y de llevar a cabo recompras de acciones propias «al menos hasta el 1 de enero de 2021», lo que supone extender al menos en tres meses la moratoria en vigor.

En este sentido, Enria ha subrayado que la recomendación de suspender el dividendo y las recompras de acciones busca preservar el capital de las entidades en un contexto marcado por la incertidumbre respecto de la profundidad y duración de la «esta peculiar recesión» y ha defendido que «hubiera sido imprudente» permitir que casi 30.000 millones de euros salieran del sector mientras una tormenta de magnitud desconocida se cierne sobre el horizonte.

«Soy consciente de que esta ha sido una decisión controvertida y reconozco que puede haber jugado un papel en la disminución de las valoraciones del mercado de los bancos europeos, ya deprimidas en los últimos meses. Aún así, restringir los dividendos y las recompras fue la decisión correcta para mantener dentro del sistema la mayor capacidad de absorción de pérdidas posible«, ha afirmado.

De este modo, ha indicado el banquero italiano, si la recesión resultara ser más suave de lo esperado actualmente, nada impedirá a los bancos abonar dividendos extraordinarios en el futuro para compensar a sus accionistas por su paciencia en estos momentos, mientras que, en el caso de que la recesión sea aún más dura de lo previsto, los accionistas se beneficiarán de la resiliencia de los bancos, que les permitirá conservar el valor de sus inversiones a largo plazo.

FECHA, OCTUBRE

El pasado mes de marzo, el BCE instó a los bancos a que no abonen ningún dividendo a sus accionistas hasta al menos el próximo mes de octubre, ya sean estos a cuenta de 2019 o de 2020, debido al impacto del coronavirus Covid-19, con el fin de elevar la capacidad de las entidades de absorber pérdidas y apoyar los préstamos a hogares, pequeñas empresas y compañías durante la pandemia.

De hecho, el propio Andrea Enria llegó a advertir en abril de que el BCE empleará las medidas legales a su disposición para obligar a los bancos a no pagar dividendos en línea con su recomendación.

A este respecto, el italiano informó al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo de que la banca europea ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas a causa de la pandemia de Covid-19, lo que representa un 75% del total que las entidades financieras tenían previsto repartir antes del brote de la enfermedad.