El mercado inmobiliario español pasa por grandes retos en el corto plazo, y trata de superar los coletazos que le propinó el estallido de la pandemia del coronavirus hace ya casi un año. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y ex ministro de Economía en España con Mariano Rajoy, ha insistido en la importancia de contar con un marco jurídico estable para lograr un mercado de vivienda en alquiler amplio y a precios razonables.
El ex ministro ha reconocido un abrupto impacto en el caso de las transacciones durante su intervención en el encuentro digital ‘El sector inmobiliario tras la Covid-19’, organizado por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval). «La seguridad jurídica es muy importante, fundamental. En los mercados donde hay más oferta y mejor precios es donde hay un marco jurídico garantista. Si se da garantías a los oferentes, que muchas veces son personas físicas, para poner sus viviendas en alquiler, es donde hay mercados de alquiler que funcionan», ha explicado.
El vicepresidente del BCE ha insistido en que ofrecer garantías a los caseros implica una mayor oferta y, por tanto, bajadas de precios. «A veces se piensa mucho en fórmulas fiscales o no fiscales, pero mi opinión personal es que la garantía de un marco jurídico estable y razonable y que favorezca la oferta de alquiler es básico para contar con un mercado de vivienda en alquiler amplio y con precios razonables», ha defendido.
En este sentido, el vicepresidente del BCE ha apuntado la importancia que puede cobrar como consecuencia de los cambios en los hábitos de residencia impulsados por la pandemia y la digitalización el contar con un mercado de alquiler de vivienda «suficiente y asequible» de cara a la creciente movilidad de mano de obra entre países.
«Estamos viendo cambios en los hábitos de residencia y ahí el mercado del alquiler puede ser un elemento favorecedor de esa movilidad de determinados segmentos de la fuerza laboral, para lo que es importantísimo tener una oferta de vivienda en alquiler suficiente y asequible», ha señalado.
SECTOR INMOBILIARIO Y RECUPERACIÓN
Por otro lado, el ex ministro ha querido resaltar que la naturaleza de la actual crisis no tiene nada que ver con el estallido de una burbuja inmobiliaria o crediticia como ha sucedido en España en el pasado, aunque ha advertido de que si llegase a producirse un contagio al sector se corre el riesgo de amplificar los efectos de la crisis por el impacto sobre las garantías de los bancos y del sector no bancario, así como por el efecto riqueza.
En cuanto al segmento residencial, con divergencias entre países, no ha habido una crisis del inmobiliario con caídas importantes de los precios, mientras que el mercado hipotecario ha seguido funcionando. Sin embargo, Guindos ha admitido que no es la misma situación en el ámbito del inmobiliario comercial, donde sí ha habido una caída importante del número de transacciones, que suele preceder a una bajada de los precios y que se ha reflejado de alguna manera en la cotización de fondos y socimis.
De este modo, Luis de Guindos cree que la contribución del sector inmobiliario debe ser «no amplificar los efectos de la crisis«, porque si hubiera un derrumbe inmobiliario, «que no se va a producir», sería muy negativo desde el punto de vista del efecto riqueza, desde el impacto sobre los créditos con garantías inmobiliarias, y afectaría a la solvencia del los bancos y del sector no bancario.
«Hay que intentar evitar ese efecto de amplificación y tratar de que pueda haber ajustes de precios moderados para evitar efectos de segunda ronda desde el punto de vista de los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios, que pudiesen dar lugar a que la crisis económica se viera acompañada de una crisis financiera y crediticia», ha advertido.
NO PENALIZAR LAS VIVIENDAS VACÍAS
El encuentro también contaba con otros ponentes. Uno de ellos ha sido el consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce, que ha explicado que las medidas en las que se deben trabajar para conseguir la transformación y el desarrollo del alquiler pasan por aumentar la oferta, pero sin dejar de lado la seguridad jurídica, «que es importantísima».
De hecho, considera que no se deberían incluir penalizaciones a la vivienda vacía ni hablar de expropiaciones, pero tampoco penalizar en función de cuantas viviendas se tiene «ni penalizar el hecho de que por tener un okupa, la ley perjudique al propietario y proteja al okupa».
Por su parte, el consejero delegado de Testa, Juan Pablo Vera, ha incidido en que existe «una percepción de inseguridad jurídica«, que existen más medidas que limitan el derecho a la propiedad y que se puede decir que son casi «expropiatorias». Para Vera, «medidas que justifican la okupación son imposibles de entender». «Este tipo de medidas no existen en otros países de Europa», ha resaltado.
En este sentido, Mendiluce ha alertado de que los desahucios van a venir principalmente por el impago del alquiler y ha señalado que se debe pensar en fórmulas para aplicar una vez termine el estado de alarma y el fin de la paralización de los desahucios que en estos momentos sigue vigente hasta mayo.
PLAN DE AYUDAS DE 750 M€
Así, ha propuesto trabajar en un plan de ayudas, en un fondo de 750 millones, para las familias que lo están pasando peor y que no pueden endeudarse más ni acogerse a una moratoria del alquiler.
También ha resaltado que el 95% de los propietarios de viviendas alquiladas son personas físicas y que alargar la extensión de paralizar los desahucios más allá del estado de alarma puede perjudicar a las familias en las que el alquiler es una fuente de ingresos más.
Por último, preguntados por las sentencias que avalan la okupación y por cómo pueden afectar al sector, los expertos han coincidido en que «no va a favorecer para nada». De hecho, Mandiluce ha señalado que hay que ir profundizando en lo que son los fundamentos de los derechos de la propiedad privada frente a lo que es el derecho a una vivienda, que es algo recogido en la Constitución, porque se puede dañar «seriamente» a la inversión.
