El decreto de centros de datos ha superado su último filtro jurídico. El Consejo de Estado desestimó el 6 de noviembre las pretensiones del sector privado y de varias autonomías, y el Gobierno podrá aprobarlo en Consejo de Ministros el 17 de noviembre o, como muy tarde, el 24, cinco días antes de las elecciones generales del 29-N.
Claves de la operación
- Un dictamen sin voto particular. La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó el texto por unanimidad y habilita expresamente su elevación al Consejo de Ministros, una fórmula que el órgano omite cuando detecta vicios de legalidad.
- Cuatro correcciones antes de la firma. El Ejecutivo deberá reforzar la memoria económica, devolver el control a manos públicas, acotar el régimen sancionador y suprimir la discrecionalidad ministerial sobre el umbral del 80% renovable.
- Hyperscalers y promotores miden su exposición. Microsoft compareció en el trámite y 23 entidades alegaron contra la norma; los permisos de acceso ya concedidos quedan sujetos al nuevo marco aunque las obras no hayan arrancado.
El dictamen que desactiva la vía judicial de los promotores
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidida por Carmen Calvo, aprobó el dictamen por unanimidad en su sesión del 6 de noviembre, sin votos particulares y tras un debate técnico que retrasó la firma un día sobre lo previsto. El texto concluye con la habilitación expresa al Consejo de Ministros: el proyecto puede elevarse ‘una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se concretan en el apartado VIII’. Cuando el órgano detecta un vicio insubsanable, esa fórmula no aparece.
Los tres frentes que buscaban tumbar la norma quedan desactivados uno por uno. Invasión de competencias autonómicas, reserva de ley y falta de justificación de la urgencia. El dictamen sostiene que ‘el Consejo de Estado no pone en duda la competencia del Estado’, certifica que el rango de real decreto encaja con la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026 y no cuestiona la tramitación urgente acordada por el Ejecutivo.
Hay un apartado que pesa más que el resto para el negocio. El Consejo de Estado avala que los nuevos condicionantes alcancen a los proyectos que ya tienen permisos de acceso y conexión concedidos pero todavía no operan. Ni un solo centro de datos con punto de conexión firmado queda fuera del nuevo marco. Para los hyperscalers que aterrizaron en España con calendarios a diez años, eso reabre la hoja de ruta.
La justificación que respalda el texto es eléctrica. Según los datos de la CNMC que cita el dictamen, los derechos de acceso concedidos desbordan la previsión de la Estrategia de Inteligencia Artificial. Un centro de datos consume de forma ‘plano o continuo y uniforme’, y un despliegue sin orden tensionaría los precios mayoristas y comprometería los hitos climáticos. De ahí el recurso al artículo 45 de la Constitución y al mandato de uso racional de los recursos naturales.
El aval jurídico no abarata el proyecto: traslada el coste de la incertidumbre desde los tribunales hasta la memoria económica del Ministerio.
Por el trámite de audiencia personaron la Comunidad de Madrid y 23 entidades. Aelec, con Iberdrola, Endesa, y EDP al frente, Microsoft, SpainDC, ACS, Merlin Properties, Ignis Energy, la Gigafactoría Española de IA, CEOE, AMETIC, Farmaindustria y Ecologistas en Acción. La nómina de comparecientes mide el tamaño del negocio en juego.
Las cuatro exigencias que el Gobierno debe cumplir para blindar el decreto
El respaldo llega con condiciones. Son cuatro observaciones esenciales y el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya contrarreloj para incorporarlas al articulado y a la memoria antes de elevar el texto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
La primera obliga a cuantificar con rigor el impacto económico de las nuevas cargas sobre los promotores y a justificar por qué se desestiman las alegaciones territoriales y sectoriales. La segunda devuelve el control y la supervisión a manos estrictamente públicas, rebajando el peso que el borrador asignaba a Red Eléctrica y a las distribuidoras. La tercera acota el régimen sancionador y tipifica con nitidez las causas de pérdida o caducidad de los permisos de acceso. La cuarta elimina la habilitación ministerial que permitía mover por vía reglamentaria los porcentajes de correlación renovable, como el umbral del 80%. Firmar ‘de acuerdo con el Consejo de Estado’ reduce el riesgo judicial.
A esas cuatro se añaden observaciones no esenciales. La más sensible afecta a la notificación europea TRIS: el órgano constata que Alemania, Francia, Italia y Países Bajos han regulado el sector con criterios dispares y pide reforzar la justificación técnica en la memoria, sin paralizar el trámite.
El calendario es el verdadero adversario. Descartado el Consejo de Ministros del martes 10 por falta de tiempo material, el Ejecutivo apunta al 17 de noviembre y guarda el 24 como red de seguridad, último cónclave ordinario antes de las urnas y del paso a un Gobierno en funciones. El 24 de noviembre es la última ventana real antes del 29-N. Si se cierra, el texto esperará a un Ejecutivo con capacidad de aprobación limitada.
Red Eléctrica, el 80% renovable y el pulso por la soberanía digital
Red Eléctrica, filial de la cotizada Redeia, es la pieza que más se mueve del articulado. El borrador le atribuía funciones de supervisión que el Consejo de Estado quiere devolver a la Administración. No es un detalle técnico: decide qué nudo se ocupa y con qué energía. El precedente viene de lejos. En los concursos de capacidad de la última década, el operador del sistema ha estado en el centro de cada disputa entre Gobierno, autonomías y grandes consumidores industriales. En el IBEX 35, la lectura de Redeia, Iberdrola y Endesa depende de cuánta demanda nueva se autorice y a qué precio.
El punto débil del blindaje es la cuantificación. Nadie ha publicado todavía cuánto encarece el umbral del 80% el plan de negocio de un centro de datos de gran tamaño, ni el Ministerio ni los promotores agrupados en SpainDC. Sin esa cifra, la memoria que exige el Consejo de Estado se sostiene sobre estimaciones, y las estimaciones son el primer flanco que ataca un recurso contencioso-administrativo. Los data centers que aún no operan son los más expuestos.
Queda un hito concreto que seguir: la reunión del 17 de noviembre y, si falla, la del 24. La norma llega con dos velocidades. Los hyperscalers con permisos antiguos pelean por conservar sus derechos adquiridos; los promotores españoles, por no quedarse solos pagando la nueva factura eléctrica. Observamos un patrón conocido en la regulación digital española: primero el marco, después la litigación. Y en medio, un Gobierno que quiere llegar al 29-N con el decreto firmado para exhibir soberanía digital.
