El ‘impuesto al sol’ pactado en Navarra con EH Bildu para cuadrar los presupuestos de 2027 ha durado menos que un comunicado. El Gobierno foral lo retiró el viernes, horas después de que su contenido se hiciera público.
No era un borrador filtrado ni una declaración de intenciones. El acuerdo estaba por escrito, formaba parte del paquete que sostiene las cuentas autonómicas del próximo ejercicio y comprometía a los dos socios: el PSN y EH Bildu-Nafarroa.
El texto describía un tributo sobre parques eólicos y fotovoltaicos con efectos desde el 1 de enero de 2027. Una figura que no existía en la Comunidad Foral y que, de haber prosperado, habría colocado a Navarra en el reducido grupo de territorios que gravan la generación renovable con un impuesto propio, junto al proyecto que Castilla y León tramita para el mismo ejercicio.
Del acuerdo presupuestario a la Ley Foral: qué contenía el tributo
El documento partía de un argumento de manual de hacienda ambiental. ‘A pesar de los innumerables beneficios que producen las energías renovables, no podemos decir que los métodos de generación renovable de energía sean totalmente inocuos para el medio ambiente’, recogía el acuerdo, que añadía la existencia de externalidades negativas que el promotor no internaliza.
De ahí nacía el compromiso concreto: una proposición de Ley Foral presentada por los grupos que sostienen al Ejecutivo y por EH Bildu-Nafarroa para regular el impuesto sobre parques eólicos y parques fotovoltaicos. El texto incluía además una pieza de relato que hoy resulta incómoda: ‘Navarra no se puede quedar atrás en la implantación de esta fiscalidad verde’.
Grabar la generación renovable en el territorio que presume de liderarla no es un ajuste técnico: es una contradicción de política energética con firma presupuestaria.
El precedente castellano y leonés ayuda a medir el ruido. La Junta de PP y Vox incluyó un tributo sobre instalaciones fotovoltaicas en su proyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2027 y el Ministerio lo bautizó sin matices como un nuevo ‘impuesto al sol’. La misma etiqueta, aplicada ahora a un pacto con EH Bildu, cambiaba de dueño político.
La retirada exprés: siete horas y una ‘redacción errónea’
La rectificación llegó por la vía del consejero de Economía, José Luis Arasti, que se puso en en contacto con el medio que había publicado el acuerdo. Su versión: ‘En las últimas horas han surgido ciertas informaciones como consecuencia de una redacción errónea en un punto del acuerdo presupuestario referente a la fiscalidad de las energías renovables’. Y el remate: ‘No existen un impuesto al sol ni al viento en Navarra y en ningún caso el Gobierno de Navarra lo va a promover.
La explicación oficial es, por tanto, un error de redacción. El problema es que el texto no contenía una mención vaga. Detallaba la figura, el hecho imponible, el año de entrada en vigor y hasta la autoría parlamentaria de la iniciativa.
El silencio institucional de la mañana fue el otro dato. El Ministerio para la Transición Ecológica no respondió a las preguntas durante casi seis horas; solo después de que el Gobierno navarro rectificara se sumó al audio del consejero. La patronal fotovoltaica UNEF fue más explícita: celebró que Navarra ‘haya reflexionado y se haya dado cuenta de lo inadecuado de este tipo de impuestos’ y pidió a Castilla y León que aplique ‘el mismo sentido común’ y retire su propuesta.
Rectificar es de sabios. Hacerlo en siete horas y en plena negociación presupuestaria, también.
El coste político de gravar la eólica y la solar
La secuencia importa menos por el tributo que por lo que revela del ciclo político. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha construido su discurso energético sobre una idea simple: cualquier figura fiscal que grave la generación renovable es una receta fracasada. Lo dijo el 27 de octubre en el XIII Foro Solar, cuando aseguró que le cuesta ‘muchísimo entender’ que haya quien quiera ‘resucitar recetas fracasadas, recetas fiscales que ya conocemos, como el impuesto al sol’.
Diez días después, ese mismo argumento se giraba contra un gobierno del PSN. La coincidencia de agenda tampoco ayuda: este sábado la ministra acompaña a la presidenta navarra, María Chivite, y a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en un acto preelectoral en Tudela. Un impuesto al sol firmado en Navarra, aunque fuera por un error de redacción, es el peor cartel posible para quien tiene que defender en público el despliegue renovable.
Hay una explicación más prosaica. Los presupuestos de 2027 de la Comunidad Foral necesitan los votos de EH Bildu, y la fiscalidad ambiental es una de las monedas de cambio más habituales en las negociaciones autonómicas. Lo que el texto llamaba ‘no quedarse atrás’ equivale, en la práctica, a capturar renta de los promotores para cuadrar cuentas sin elevar la presión fiscal sobre el votante. El propio consejero recordó en su rectificación que Navarra ‘es líder en producción y en autoconsumo de energía renovable’, una condición que hace todavía más visible la contradicción.
Un impuesto que se anuncia, se publica y se retira en siete horas no desaparece del mapa: se queda en la memoria de riesgo de quien tenía que invertir.
Ese es el daño difícil de revertir. La Comunidad Foral tiene sobre el terreno un parque eólico y fotovoltaico consolidado y una cartera de proyectos en tramitación que se decide con horizontes de veinte años. Un promotor que lee un acuerdo presupuestario con un tributo nuevo sobre generación renovable, y que ve cómo se retira en cuestión de horas, aprende dos cosas: que la figura era posible y que su continuidad depende de la aritmética parlamentaria del momento. La inseguridad jurídica no necesita una ley publicada en el boletín para actuar.
Queda, además, el flanco presupuestario. La retirada deja el acuerdo con EH Bildu sin una de sus piezas, y no está claro qué la sustituye. El consejero habló de ‘conversaciones mantenidas con los socios presupuestarios’ para justificar la marcha atrás, lo que confirma que la negociación sigue abierta y que la fiscalidad verde puede reaparecer con otra fórmula, otro nombre o un rango reglamentario menos visible.
El examen real no es el comunicado de este viernes. Será la presentación, o no, de la proposición de Ley Foral en el Parlamento navarro y el texto definitivo de las cuentas de 2027. En paralelo, el proyecto de Ley de Medidas Tributarias de Castilla y León sigue su tramitación con el tributo fotovoltaico dentro, y la presión de UNEF ya ha convertido ese expediente en el espejo donde se miran todas las autonomías que estudian figuras parecidas. La pregunta abierta es sencilla: si el impuesto al sol se retira en cuanto se publica, cuántos gobiernos están dispuestos a mantenerlo cuando nadie mira.
