Endesa recupera 172,54 millones de euros de los avales del nudo Mudéjar de Andorra. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado rebajar la garantía definitiva del concurso de 221,3 a 48,75 millones, según la orden recogida en el Boletín Oficial del Estado. La operación libera liquidez en plena revisión del modelo de nudos de evacuación renovable.
El desbloqueo es la consecuencia tardía de una decisión que la compañía no eligió. La declaración de impacto ambiental emitida en febrero de 2026 tumbó buena parte de las plantas eólicas y fotovoltaicas previstas y obligó a Enel Green Power, la filial renovable del grupo, a redimensionar la propuesta presentada cuatro años antes.
Sin ese recorte previo, la devolución no habría existido. La garantía definitiva se calcula a razón de 120.000 euros por megavatio instalado, de modo que la caída de potencia arrastra mecánicamente la caída del aval. No hay discrecionalidad política en la cifra: es una multiplicación.
De 221,3 a 48,75 millones: la aritmética de la garantía
La orden ministerial modifica la adjudicación del concurso que se resolvió en noviembre de 2022 y ajusta en la misma proporción los compromisos socioeconómicos adquiridos entonces con el territorio, tal y como recoge El Periódico de Aragón. Los 172,54 millones cancelados podrán recuperarse una vez se complete el trámite de liberación de la garantía, un procedimiento que la orden deja abierto y sin calendario público.
Endesa había constituido además otras garantías, estas vinculadas a los permisos de acceso y conexión a la red. El régimen de esos permisos exige un depósito de 40.000 euros por megavatio, por lo que la compañía podrá recuperar otros 37,5 millones por esta vía. El alivio conjunto supera los 210 millones.
La proporción entre ambas cantidades no es casual. Los 37,5 millones se corresponden con los 937 megavatios de capacidad de acceso que Endesa deja de utilizar, exactamente la potencia que Red Eléctrica deberá mantener reservada. El aval y el megavatio libre son la misma cosa medida con dos reglas distintas.
La garantía no baja porque el proyecto mejore, sino porque el proyecto mengua: el aval sigue el rastro del megavatio que ya no se instalará.
Un proyecto del 22% y 937 megavatios que buscan dueño
El redimensionamiento es severo. La potencia instalada prevista pasa de 1.844 a 406,3 megavatios y la capacidad de acceso a la red cae de 1.202 a 264,9 megavatios. El proyecto conserva apenas el 22% de su dimensión inicial, un recorte cercano al 80% que se replica en los compromisos del plan de acompañamiento.
Red Eléctrica deberá mantener reservados 937,1 megavatios hasta que se convoquen y resuelvan los procedimientos para adjudicarlos. El Instituto para la Transición Justa trabaja en una nueva regulación que abrirá esa capacidad también a promotores que no participaron en el concurso original. La intención del organismo es publicar la orden antes de que termine 2026, con la vista puesta en que las primeras adjudicaciones lleguen en la primavera de 2027.
El calendario es, hoy, la parte más frágil del acuerdo. Una capacidad reservada sin procedimiento de adjudicación es capacidad que no genera ni un kilovatio ni un euro de inversión local, y el concurso de Andorra se adjudicó en noviembre de 2022 sin que la potencia esté todavía operativa.
El plan socioeconómico se queda en una cuarta parte
Los números del acompañamiento explican mejor que cualquier nota de prensa qué significa el recorte para Andorra y su entorno. Los empleos directos durante la fase de operación bajan de 321 a 71 equivalentes a tiempo completo. Los indirectos, ligados a las instalaciones y a las actividades asociadas, pasan de 5.944 a 1.310. Las horas de formación para desempleados se reducen de 337.650 a 74.412.
El recorte no solo encoge las plantas: encoge el contrato con el territorio, que era la contrapartida política de la adjudicación.
Las inversiones comprometidas en la cadena de valor local y provincial caen de 1.541 a 339,6 millones de euros. La inversión prevista por parte de inversores locales se recorta de 189,2 a 41,7 millones. La orden mantiene, eso sí, los porcentajes de contratación de antiguos trabajadores de la central térmica y de mujeres desempleadas, los dos colectivos que el concurso protegía de forma explícita.
Teruel acumula años de reconversión energética y el nudo Mudéjar era una de las pocas piezas nuevas en su horizonte industrial. Con 71 empleos directos en operación, el proyecto deja de ser un motor económico y pasa a ser una instalación más del inventario provincial.
Los nudos de evacuación, el cuello de botella que el concurso no resolvió
El caso de Andorra no es una anomalía. Es la fotografía de un problema estructural. El concurso de nudos de 2022 se diseñó con garantías calculadas sobre potencia teórica, en un momento en el que la Administración, daba por hecho que los permisos ambientales llegarían en plazo. Cuando la declaración de impacto recorta el proyecto cuatro años más tarde, el aval se convierte en la única pieza del acuerdo que se puede recalcular con aritmética exacta.
Hay dos razones que explican la relevancia del precedente. La primera es que fija un criterio: la reducción proporcional de garantías y compromisos opera como mecanismo automático cuando una DIA deja el proyecto a la mitad, sin necesidad de renegociar el contrato desde cero. La segunda es que expone la fragilidad del modelo de concursos por nudo, en el que la capacidad administrativa se adjudica antes de que exista certeza ambiental sobre los proyectos llamados a ocuparla.
Conviene recordar cómo funcionaba el mecanismo. Los concursos de 2022 adjudicaban capacidad de evacuación y territorio en un solo paquete: el promotor se comprometía a instalar potencia, a contratar mano de obra local y a invertir en la cadena de valor a cambio de un punto de conexión que escasea. El aval era la garantía de que ese compromiso se cumpliría. Cuando la DIA tumba la mitad del proyecto, el equilibrio se rompe y la única salida ordenada es recalcular todo hacia abajo.
Ahí hay un filo incómodo para la Administración. Aceptar la reducción proporcional sin reabrir el concurso evita un litigio y desbloquea capacidad, pero también lanza una señal a los futuros adjudicatarios: si la DIA recorta, los compromisos con el territorio se recortan con ella. La contrapartida socioeconómica deja de ser una obligación rígida y pasa a ser una cifra elástica, lo que debilita el argumento de aceptación local que sostiene todo el modelo.
El riesgo evidente está en los 937 megavatios huérfanos. Red Eléctrica los mantiene reservados sin uso productivo y cada trimestre sin procedimiento de adjudicación es inversión que no se ejecuta en la zona. El concurso se pensó para industrializar el territorio; de momento, lo que ha dejado es capacidad administrativa bloqueada y una garantía devuelta.
La condición que hay que seguir es concreta y tiene fecha. Si la orden del Instituto para la Transición Justa se publica antes de que termine 2026 y las primeras adjudicaciones se resuelven en la primavera de 2027, Teruel recuperará parte del terreno perdido y el nudo Mudéjar volverá a ser un activo con contenido industrial. Si el calendario se estira, la lección será otra: los avales se devuelven rápido, pero la capacidad de evacuación tarda años en encontrar dueño.
