EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2027 reserva 954,6 millones de euros a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, un 22% más que el ejercicio anterior.
- ¿Quién está detrás? La consejera Rocío Díaz, que ha defendido las cuentas ante la comisión parlamentaria del Parlamento andaluz.
- ¿Qué impacto tiene? Promotores, ayuntamientos y compradores conocen ya el dinero, pero no cuántas viviendas protegidas se licitarán ni en qué trimestre se abrirán las convocatorias de ayudas.
El presupuesto de vivienda de Andalucía sube a 954,6 millones de euros para 2027, un 22% más que el ejercicio anterior. Es la cifra más alta de la serie autonómica en esta materia y, a la vez, una cifra incompleta: llega al Parlamento sin el desglose por programas que necesitan promotores, ayuntamientos y demandantes para saber cuántas viviendas protegidas se van a licitar y cuándo podrán pedirse las ayudas.
El conjunto de las cuentas andaluzas asciende a 54.716,7 millones de euros, un 6% más, el importe más alto de su historia. Ahí está la primera lectura: vivienda crece casi cuatro veces más rápido que el presupuesto total, aunque se queda con el 1,7% del montante global. Dentro de la consejería, el bloque principal es la promoción de vivienda asequible, con 196 millones para ampliar el parque público en alquiler y en venta a través de suelo público, colaboración público-privada, ayudas a promotores y compra directa de inmuebles.
De esos 196 millones, 137 se dirigen al fomento del parque de vivienda protegida en alquiler mediante subvenciones a entidades locales y a promotores públicos y privados. Otros 30 millones estrenan una línea para promover VPO (vivienda de protección oficial) destinada a la venta, una fórmula que en las últimas convocatorias había quedado por detrás del alquiler protegido. El tramo restante cubre adquisiciones de vivienda y actuaciones sobre suelos de titularidad pública.
El segundo bloque son las ayudas directas: casi 179 millones para facilitar el acceso a la vivienda, de los que 71,6 se concentran en jóvenes. Ahí entran 46,6 millones de ayudas al alquiler y 25 millones para una nueva línea de alquiler con opción a compra, en la que las rentas abonadas durante el arrendamiento se descuentan del precio final de la vivienda. A eso se suman 75 millones en avales para la compra —50 para jóvenes y 25 para familias numerosas— y 23 millones para alquiler de personas vulnerables a través de entidades del tercer sector.
La rehabilitación se lleva 307 millones, más que la promoción de obra nueva y el alquiler protegido juntos: 200 para mejora de edificios y 107,4 para regeneración urbana y accesibilidad. En suelo, la consejería reserva 49 millones, incluida una línea nueva de 25,7 millones para urbanizar terrenos destinados a vivienda protegida por parte de ayuntamientos y promotores privados.
Un presupuesto de vivienda que crece casi cuatro veces más rápido que el conjunto de las cuentas andaluzas es una declaración de intenciones; sin convocatorias publicadas, sigue siendo solo eso.
Lo que el presupuesto no dice: ni VPO cuantificadas ni calendario de convocatorias
Falta lo que de verdad mueve el mercado. El proyecto no detalla cuántas viviendas protegidas se van a construir con esos 196 millones, ni cuántas plazas de alquiler asequible movilizarán los 137 millones, ni en qué trimestre se abrirán las convocatorias de las ayudas al alquiler para jóvenes. Sin esas tres piezas —número, calendario y requisitos— el impacto sobre la oferta real es una incógnita que se resolverá en la fase de enmiendas parlamentarias y en los decretos de desarrollo.
La consejera Rocío Díaz situó el ‘esfuerzo económico total’ de la Junta en cerca de 1.500 millones de euros, una cifra que suma partidas presupuestarias y rebajas fiscales. Conviene separar ambos conceptos: las bonificaciones tributarias no son dinero disponible para construir, son ingresos que la comunidad deja de recaudar, y su efecto sobre el acceso a la vivienda depende de qué impuesto se toque y a quién se dirija la rebaja. Es la misma lógica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aplicó con la Ley de Vivienda de 2023, cuando presentó como inversión pública un paquete que mezclaba transferencias directas, avales del ICO y cambios normativos sin dotación.
La comparación con el resto de autonomías ordena las prioridades. Cataluña ha concentrado su política en declarar zonas tensionadas y topar rentas; Madrid ha apostado por avales y desgravaciones; Andalucía elige ahora la vía del gasto directo apoyado en la colaboración público-privada. Ninguna es neutral. La andaluza necesita promotores dispuestos a levantar VPO a precios que dejen margen, y ahí el cuello de botella no es la subvención: es el suelo finalista (el terreno con urbanización y licencia listos para edificar) y los plazos municipales.
La Ficha del Inversor
La métrica que mejor resume esta pieza no es el total, sino el reparto: 307 millones para rehabilitación frente a 196 para promoción nueva. La Junta prioriza el ladrillo que ya existe sobre el que está por construir, y eso orienta el negocio hacia empresas de reforma, accesibilidad y eficiencia energética antes que hacia la promotora de obra nueva. Los 25,7 millones para urbanizar suelo protegido son la excepción que puede interesar a promotores medianos con terrenos en cartera en municipios de segunda corona.
En los próximos seis meses el calendario manda más que la cifra. El proyecto debe superar el trámite parlamentario y entrar en vigor el 1 de enero de 2027; después llega la parte lenta, las órdenes de convocatoria que la Junta debe publicar en su portal oficial. La línea de alquiler con opción a compra, que es la novedad real, necesita un decreto que fije cómo se contabilizan las rentas y qué pasa si el inquilino no compra. Los 75 millones de avales dependen de un convenio con la banca que aún no está firmado, y sin él la partida es una reserva contable.
El perfil al que le sirve este presupuesto es el promotor andaluz de tamaño medio al que la obra libre ya no le cuadra, la cooperativa que busca suelo urbanizado, la entidad local con patrimonio rehabilitable y el comprador joven con ingresos estables pero sin ahorro suficiente para la entrada. Al inversor institucional no le mueve: 954 millones son volumen de política social, no de rentabilidad. El riesgo inmediato está en la ejecución, no en la dotación. Con un mercado residencial tensionado en Sevilla, Málaga y el litoral, el dinero solo se convierte en vivienda cuando salen las convocatorias. La próxima cita, la aprobación definitiva de las cuentas en el Parlamento andaluz antes del cierre del ejercicio.
