El 14% de los españoles prevé pedir un crédito en los próximos meses y casi un 11% de los que así lo planeaba ha cambiado de opinión ante el panorama de incertidumbre por el coronavirus, según el primer barómetro de préstamos al consumo elaborado por Asufin.

Asufin ha constatado que la extensión de la pandemia ha modificado sustancialmente el comportamiento del consumidor frente a los préstamos personales o al consumo.

Entre el 14% de los encuestados que admite que pedirá un préstamo en los próximos seis meses resalta la necesidad de obtener liquidez (30%), frente a otros segmentos populares en el mes de junio como financiar las vacaciones, hacer reformas en el hogar o adquirir un vehículo.

Asimismo, el barómetro indica que el 10,9% de los encuestados que tenía previsto inicialmente solicitar financiación finalmente no lo hará, mientras que un 6,7% se ha visto forzado a recurrir a financiación como consecuencia de la reducción de sus ingresos por la situación actual.

Según el barómetro, cerca de la mitad de los encuestados que tenían decidido financiar sus vacaciones dejarán de hacerlo, un 30% de quienes se endeudarían para la compra de un nuevo vehículo no lo hará finalmente y hasta el 15% de los que iban a emprender una reforma del hogar financiada dejará de hacerlo.

En el caso concreto de la compra de vehículos, pocos días después de que el Ejecutivo haya anunciado el nuevo diseño de las ayudas en este sentido, Asufin ha llamado la atención sobre el dato de que a más del 80% «no convence este tipo de incentivos para afrontar la decisión de financiar una compra de esta naturaleza». «Hará falta más que planes gubernamentales para levantar las ventas en un sector como éste muy sensible a la coyuntura económica«, ha afirmado.

El barómetro de Asufin también ha revelado que el coste de la financiación de bienes y servicios no inmobiliarios en España supera al de la media de la Unión Europea, con un tipo de interés medio del 7,45% para los préstamos de 1 a 5 años y del 7,89% para los superiores a 5 años, mientras que la media europea se sitúa en el 6% para los primeros y en el 4,57% para los segundos.

En los préstamos a menor plazo, los más baratos son los concedidos por los bancos (6,95%) y los más caros, los que provienen de EFC no vinculados a comercializadoras de vehículos (8,02%). En préstamos de más de 5 años, las EFC no vinculadas a la venta de vehículos son de nuevo las mas caras (8,44%), seguida por los bancos (7,88%), según Asufin.

La constitución de sociedades mercantiles en España registró una caída del 10% en el mes de junio, hasta 6.753 constituciones frente a las 7.506 del mismo mes del año pasado, si bien este retroceso fue siete veces inferior al de abril, cuando la creación de empresas se hundió un 72,1%, y cinco veces inferior al de mayo (-56,4%).

Así se desprende del avance de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, que atribuye la moderación en el descenso de la constitución de empresas a la considerable relajación de las restricciones a la actividad económica en el mes de junio, frente a la vigencia del estado de alarma en abril y mayo.

De hecho, cuatro comunidades autónomas incrementaron en junio el número de constituciones empresariales respecto a 2019: Extremadura (+31,1%), Murcia (+11,6%), Asturias (+8,6%) y Cataluña (+7,3%). El resto de regiones registraron retrocesos interanuales, especialmente Navarra (-31,8%) y Canarias (-30,4%), junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-35,7%).

Durante el segundo trimestre (abril-junio), se constituyeron en España 13.015 sociedades mercantiles, un 48% menos que en igual periodo de 2019. Esta cifra es mucho más pronunciada que la del primer trimestre (-14,1%), que se vio afectado parcialmente por la pandemia.

Todas las comunidades presentan caídas interanuales en la creación de empresas durante el segundo trimestre, destacando, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-68,2%), las regiones de Canarias (-66,1%), Aragón (-57,1%) y Castilla-La Mancha (-56,9%).

En el último año (de julio de 2019 a junio de 2020), el número de empresas creadas asciende a 78.892 sociedades, cifra un 17,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior y que, según los registradores, quedan aún lejos de la cifra de referencia de 100.000 operaciones anuales.

LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL CAEN UN 10,5%

En cuanto a las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los registros mercantiles, en junio se realizaron 1.978 operaciones de estas características, un 10,5% menos que en igual mes de 2019. Este porcentaje se ha moderado notablemente respecto a abril y mayo, cuando las ampliaciones de capital registraron descensos interanuales del 61% y del 48,8%, respectivamente.

Cinco comunidades mostraron avances interanuales en junio, especialmente Extremadura, donde las ampliaciones de capital se multiplicaron en junio por más de dos respecto al mismo mes de 2019. Le siguen Navarra (+45,5%), Asturias (+14,3%), Cataluña (+6,4%) y Murcia (+2,3%). Por el contrario, las mayores caídas corresponden a La Rioja (-81,8%) y Cantabria (-40%).

En el segundo trimestre del año se contabilizaron 4.262 ampliaciones de capital un 41,3% menos que en igual periodo de 2019, con un desembolso para este periodo de 2.128 millones de euros, un 56,3% menos que entre abril y junio de 2019.

LOS CONCURSOS BAJAN UN 16,1% ANUAL

Respecto a los concursos de acreedores, el avance de la Estadística Mercantil refleja una disminución anual de los concursos totales del 16,1% en junio, caída mucho más moderada que la de abril (-84,8%) y mayo (76,1%) que, según los registradores, refleja la paulatina vuelta a la normalidad de la actividad.

En el acumulado del segundo trimestre, el número de concursos presentados fue de 385, un 59,3% menos que en el mismo periodo de 2019. Este retroceso contrasta con el avance del 9,6% registrado en el primer trimestre, y con los aumentos observados en la segunda mitad de 2019.

En el segundo trimestre los concursos sólo se incrementaron en La Rioja, que los duplicó, pero bajaron en el resto de comunidades, especialmente en Castilla-La Mancha (-86,4%) y Comunidad Valenciana (-75,9%).

La estadística de los registradores ofrece también datos sobre traslados de sedes sociales de empresas, ya inscritos en los registros. En el saldo de entradas y salidas del segundo trimestre destaca Madrid con un saldo positivo de 78 empresas, mientras que en la parte negativa sobresalen las dos Castillas: Castilla y León pierde 26 y Castilla-La Mancha, 21.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) cree que no es necesario construir dos millones de viviendas nuevas para destinarlas al alquiler «cuando actualmente hay más oferta de vivienda para comprar que para alquilar» y ha instado a potenciar la compra de vivienda para ayudar al mercado del alquiler.

En un comunicado, el director general de ANA, José Ramón Zurdo, ha señalado que ahora en España hay más oferta de vivienda para comprar que para alquilar, mientras que la demanda se concentra en la segunda opción.

Hay un segmento claramente expulsado del mercado de la compraventa, que son los jóvenes, empujados a optar por el alquiler. Pero la pandemia del coronavirus ha provocado que cientos de propietarios hayan colgado el cartel de ‘Se Vende’ a sus viviendas para lograr liquidez, y se decantan por la modalidad del arrendamiento.

«Proponemos intervenir la demanda, potenciando la compra de vivienda, acompañada de una bajada de impuestos y estímulos fiscales, que aliviaría el mercado del alquiler y por lo tanto haría bajar los precios», ha resaltado.

De hecho, ha dejado claro que los precios de los alquileres solo pueden bajar si se potencia la oferta o se disminuye la demanda. «Hoy todos los esfuerzos, públicos y privados, se encaminan a potenciar la oferta de viviendas en alquiler, con el consiguiente despliegue económico que eso supone», añade.

Para bajar el precio de los alquileres sin la construcción masiva de viviendas para este fin, la Agencia Negociadora del Alquiler insta a potenciar la compra para desviar hacia ella parte de la demanda en alquiler con estímulos fiscales.

Así, aboga por recuperar las deducciones fiscales para la compra de una vivienda nueva y usada, pero también para que las entradas iniciales para la compra de vivienda no superen el 5% de su valor y que el otro 15% o 20% pudiera estar avalado por créditos ICO.

También cree que el 75% o 80% restante que se financia debería hacerse con plazos de amortización que pudieran llegar hasta los 35 o 40 años, con periodos de carencia de hasta cinco años, con el fin de abaratar las cuotas mensuales de la financiación hipotecaria y facilitar el acceso a más personas.

Por otro lado, ha solicitado al Gobierno que dote de una mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en alquiler, con el fin de que estos confíen más en la rapidez de la Administración de Justicia para recuperar sus viviendas en caso de conflictos e impagos.

Para la Agencia Negociadora, es necesario que se eleven las bonificaciones fiscales a las empresas que pueden crear oferta, como son las socimis y los grandes fondos tenedores como estímulo para aumentar, de forma razonable, la oferta de viviendas destinadas a los arrendamientos.

Por último, Zurdo ha propuesto que todas las viviendas que tengan algún grado de protección pública no se puedan descalificar y que se tengan que vender forzosamente por los precios oficiales de los módulos establecidos al efecto, se potencien los derechos de tanteo y retracto a favor de las distintas administraciones intervinientes para evitar las ventas en «negro».

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados en los seis primeros meses del año se situó en el 1,96%, cifra más de dos puntos superior al IPC interanual avanzado de junio (-0,3%) y el mismo porcentaje que en marzo, abril y mayo, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Trabajo subraya que hay que tener en cuenta que el día 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España por la crisis sanitaria derivada del coronavirus, «por lo que es posible que desde dicha fecha tanto el ritmo de registro como algunas otras variables relativas a la negociación colectiva se vean afectadas».

En concreto, hasta junio se registraron 2.508 convenios colectivos con efectos económicos en 2020, pero solo 139 se han firmado en los seis primeros meses del año. El resto, 2.369, se firmaron en ejercicios anteriores aunque despliegan también sus efectos este año.

Los nuevos convenios suscritos hasta junio registraron una subida salarial media del 1,84%, por debajo de las directrices del AENC, mientras que los firmados en ejercicios anteriores presentan un alza media del 1,97%. Sumando ambos, el aumento salarial medio de todos los convenios con efectos económicos para este año fue del 1,96% en los seis primeros meses.

Los 2.508 convenios registrados hasta junio daban amparo a 6,64 millones de trabajadores. Del conjunto de convenios, 1.885 eran de empresa, con efectos sobre 378.000 trabajadores y una subida salarial media del 1,56%, y 623 eran convenios sectoriales, que daban cobertura a algo más de 6,2 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 1,99%.

En cuanto a las 139 nuevas unidades de negociación firmadas hasta junio, 106 eran convenios de empresa, con un incremento salarial medio del 1,59% (frente a la subida del 1,55% firmada en ejercicios anteriores), mientras que 33 eran convenios sectoriales, que reflejaban un aumento salarial del 1,87%, por debajo del registrado en los convenios firmados en ejercicios anteriores (1,99%).

La jornada media pactada en convenio se situó hasta junio en 1.753,2 horas anuales por trabajador (1.720,2 horas en los convenios de empresa y 1.755,2 en los convenios de ámbito superior).

SUBEN LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR ‘DESCUELGUES’

La estadística de Trabajo revela además que hasta junio se registraron 330 inaplicaciones de convenios, un 50,1% menos que en el mismo periodo de 2019, pero los trabajadores afectados por dichos ‘descuelgues’ se incrementaron un 8,4%, hasta los 13.506 trabajadores.

Sólo en el mes de junio 7.306 trabajadores se vieron afectados por inaplicaciones de convenios, cifra que casi multiplica por cuatro la del mes de junio de 2019.

El ‘descuelgue’ de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.

La reforma laboral de 2012, que en febrero cumplió su octavo aniversario, introdujo mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones.

La compraventa de viviendas se desplomó un 53,7% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2019, hasta sumar 22.394 operaciones, su cifra más baja en este mes desde el inicio de la serie, en 2007, y la menor en cualquier mes desde noviembre de 2013, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este retroceso, el más pronunciado de toda la serie, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de tasas interanuales negativas después de haber caído en marzo un 18,6% y en abril un 39,2%, meses afectados por el estado de alarma y la pandemia del Covid-19.

El INE recuerda que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se limitó la libertad de circulación de las personas, con algunas excepciones, y ha agradecido al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME), fuente primaria de los datos de esta estadística, el esfuerzo de información que ha realizado y que ha posibilitado la publicación de los datos de mayo con una tasa de respuesta del 95%, similar a la de meses anteriores.

La caída de las compraventas de viviendas en mayo fue consecuencia del retroceso de las operaciones sobre viviendas usadas en un 54,7%, hasta 18.122 transacciones, y del recorte en un 48,7% en la compraventa de viviendas nuevas, hasta 4.272 operaciones. En ambos casos se trata de los mayores retrocesos de toda la serie histórica.

El 90,5% de las viviendas transmitidas por compraventa en el quinto mes del año fueron viviendas libres y el 9,5%, protegidas.

La compraventa de viviendas libres bajó un 53,6% en mayo en tasa interanual, hasta sumar 20.258 transacciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas cayeron un 54,2%, con 2.136 transacciones.

En términos mensuales (mayo sobre abril), la compraventa de viviendas disminuyó un 10,6%, su mayor retroceso en este mes en al menos cinco años.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA DE LAS COMPRAVENTAS

El pasado mes de mayo el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad de Madrid (73), Comunidad Valenciana (70) y Cataluña (68).

En valores absolutos, Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el quinto mes del año, con 4.310 compraventas, seguida de Cataluña (4.047), Madrid (3.829) y Comunidad Valenciana (2.790).

Todas las comunidades redujeron sus compraventas de viviendas en mayo en tasa interanual. Los mayores retrocesos se registraron en Canarias (-69,5%), Comunidad Valenciana (-64,2%) y Asturias (-62,9%) y los menores en Madrid (-38,7%) y Galicia (-44,7%).

EL TOTAL DE FINCAS TRANSMITIDAS CAE UN 61,8%

Sumando las fincas rústicas y urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de mayo alcanzaron las 74.637, cifra un 61,8% inferior a la registrada en el mismo mes de 2019.

Por compraventa se transmitieron un 59,6% menos de fincas que en mayo de 2019, mientras que las transmisiones por donación se hundieron un 61,9% y las transmitidas por permuta descendieron un 68,4%. Por su parte, las operaciones por herencia disminuyeron un 68,6%.

Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas bajó un 70,2% interanual en mayo, hasta un total de 4.097 operaciones, mientras que las compraventas de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, se redujeron un 57,8%, hasta 35.302 operaciones.

En mayo, el mayor número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes se dio en Castilla y León (276), Castilla-La Mancha (269) y Aragón (268).

Madrid, con un retroceso del 53,4%, fue la que registró el menor descenso interanual, mientras que los más acusados se dieron en Canarias (-74,5%), Extremadura (-69%) y La Rioja (-68,7%).