El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las medidas implementadas por el Ejecutivo contra el Covid-19 buscan mitigar las consecuencia económicas y propiciar una recuperación para «reconstruir en el menor tiempo posible» y ha defendido mantener algunas actividades para ir al supermercado o suministrar farmacias. Mientras, desde la oposición consideran que llegan «tarde» y son «insuficientes» y reclaman la restricción de las actividades no esenciales e incluso el «cierre total» para frenar la pandemia.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender la prórroga del estado de alarma hasta el 11 abril, que se ha extendido pasadas las 00.00 horas del jueves, Sánchez ha subrayado que todas las medidas que implemente el Gobierno buscan reforzar el sistema sanitario, adelantarse a posibles amenazas sanitarias y mitigar las consecuencias económicas del Covid-19 para propiciar una recuperación rápida.

Tras repasar los decretos aprobados para paliar el impacto económico de la pandemia, Sánchez ha indicado que «no es fácil» prorrogar el estado de alarma pero el aislamiento social es «la única opción eficaz contra el virus», salvo excepciones para salir a hacer la compra y medicinas, para lo que son necesarias determinadas actividades de producción y transporte.

Aunque ha reconocido que es «muy difícil» y «delicado» el equilibrio entre mantenimiento de actividad y confinamiento, hay que hacerlo para ganar el virus «sin dejar a nadie atrás».

CASADO «LAS MEDIDAS LLEGAN TARDE Y SON INSUFICIENTES»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que las medidas económicas «llegan tarde y son insuficientes», aunque ha matizado que lo importante ahora es «arrimar el hombro».

«La crisis económica ha llegado y es muy profunda», ha avisado Casado, quien ha indicado que los ‘populares’ apoyan las medidas pero a cambio piden que se acometan ya, de forma que se inyecten 200.000 millones de liquidez a pymes y autónomos, colectivo para el que pide aplazar impuestos y exención de cuotas, así como agilizar los expedientes de los ERTE y que se devuelvan los 3.200 millones debido a ayuntamientos y CCAA.

También ha pedido pensar en la reconstrucción con una economía productiva, aumentando competitividad y flexibilidad, bajando impuestos y costes laborales y con una agenda reformista «muy intensa» para que los parados encuentren empleo, así como «reordenar prioridades y reducir el gasto superfluo», que «no es desde luego el Ministerio de defensas ni las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha celebrado que se haya aprobado prohibir que los «buitres» hagan negocio, pero cree que hay que hacer «mucho más» y asegurar servicios esenciales a las familias «sin ningún tipo de impuesto mientras dure la crisis» y eximir del pago de cuotas e impuestos a autónomos que no pueden trabajar.

PODEMOS INSISTE EN EL ALQUILER

Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha respaldado las medidas del Gobierno pero ha pedido avanzar en materia de alquiler, al ser «urgente» una suspensión en el pago de rentas a afectados y extender la moratoria hipotecaria a locales y oficinas de pymes y autónomos.

Echenique, que ha celebrado que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, haya avanzado medidas en alquiler, ha afirmado que «el dogmatismo de la austeridad ha muerto» y ya «nadie» defiende la crisis recortando en Sanidad, devaluando salarios o rescatando a la banca, al tiempo que ha defendido mayores restricciones en transportes si la situación empeora.

LA OPOSICIÓN PIDE RESTRINGIR ACTIVIDAD NO ESENCIAL

La mayor parte de la oposición ha criticado que se ha actuado «tarde» por parte del Gobierno y han reclamado la restricción de las actividades económicas no esenciales e incluso el cierre total para frenar la propagación del virus.

Gabriel Rufián (ERC) ha subrayado que hay que parar «toda actividad no esencial» para «tener algún tipo de actividad mañana», y ha denunciado las extorsiones de empresarios a trabajadores para que acusan presencialmente a puestos de trabajo no esenciales.

En este sentido, Íñigo Errejón (Más País) ha pedido el «cierre total» y que se garantice que los trabajadores no tengan que elegir entre «coronavirus o ruina», insistiendo en la necesidad de «paralizar el país, endurecer el confinamiento y limitar la movilidad cueste lo que cueste», destinando los recursos públicos a la sanidad.

El diputado de BNG, Néstor Rego Candamil, también ha pedido paralizar toda actividad no esencial para «salvar vidas», y Joan Baldoví (Compromís) ha opinado que el Gobierno se ha quedado «corto» criticando que haya trabajadores que acuden al trabajo sin protección.

Igualmente, María Muñoz (Cs) ha reprochado que «se ha perdido un tiempo precioso» pero ha mostrado «lealtad al Gobierno y los españoles» para «remar juntos» con el fin de atajar la crisis sanitaria y salvar el mayor número de empleos posible.

En cambio, desde el PNV, Mikel Legarda, cree que los términos de la prórroga son «los adecuados» a las circunstancias del momento, porque es «pronto» si las medidas de confinamiento reducen los contagios, si bien hay que incidir en el cumplimiento.

Eso sí, ha pedido al Gobierno que considere aumentar el porcentaje de facturación para poder acceder a prestación extraordinaria y una moratoria para el pago de alquileres de negocios o hipotecas a pymes y autónomos, así como no implicarles intereses moratorios por aplazamientos tributarios y se priorice a este colectivo en los avales públicos, agilizar ERTE y una renta de garantía pública transitoria para los más afectados, especialmente a cuidadores, empleados hogar y arrendatarios individuales.

Al igual que otros diputados de varias formaciones, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido el cierre «ordenado» de actividades no esencial. «Cuanto antes se decrete el confinamiento total menor será la crisis y el impacto económico», ha añadido. A las propuestas de suspensión del pago de alquileres y de paralización de la actividad productiva no esencial también se ha sumado Mireia Vehí (CUP).

Mientras, el diputado de UPN, Sergio Saya, ha mostrado su «apoyo» pero no como un «cheque en blanco» al considerar que «no se han tomado las medidas a su debido tiempo y dimensión», y ha abogado por estudiar si es preciso paralizar más actividades. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias), también ha apoyado al Gobierno y la prórroga del estado de alarma, pero ha pedido más medidas para paliar la «profunda crisis», ya que las implementadas son «insuficientes».

En paralelo, Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha pedido unidad para paliar los efectos de la crisis y evitar que sea «más dura para unos» que otros y cambiar el modelo de desarrollo, fomentando la innovación.

Por último la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que se han tomado las medias «más drásticas» del entorno y «responsables» conforme a la población.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado este miércoles a la ministra de Hacienda «emitir deuda por valor de 73.000 millones de euros» desde el Gobierno central para que lo pueda comprar el BCE y destinar estos recursos a los sistemas de salud autonómicos para afrontar el coronavirus.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que así lo ha dicho este mismo miércoles en la videoconferencia de la ministra María Jesús Montero con los consejeros de Hacienda de las comunidades.

«El BCE ha dicho que tiene 750.000 millones de euros a disposición», por lo que ve factible calcular estos 73.000 millones.

Aragonès ha insistido en que hace falta una renta básica universal financiada desde el BCE, para garantizar ingresos y rentas «cuando se vuelva a encender el interruptor» y se reanude la vida cotidiana.

«UNA INDUSTRIA DE DEFENSA SANITARIA»

También ha destacado el grupo de trabajo que él mismo lidera desde el martes en Cataluña para movilizar a la industria sanitaria en Cataluña con el fin de aprovechar todo el tejido para producir suministros en Cataluña.

Consiste fundamentalmente en coordinar consellerias (Salud, Empresa, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia) para encajar las necesidades con las posibilidades de las empresas y la contratación para fabricar y hacer «una industria de defensa sanitaria.

Sobre su estado de salud –dio positivo en coronavirus y se confinó «individualmente» en casa–, Aragonès ha dicho que se encuentra mucho mejor que la semana pasada y ha aprovechado para agradecer el trabajo de los profesionales que están ejerciendo servicios esenciales.

Los planes de pensiones son un producto de ahorro cada vez más necesario para complementar la pensión pública del futuro. La esperanza media de vida de los españoles alcanza los 83 años y está entre las más altas del mundo.

Esto implica que, ante una población cada vez más longeva, se necesiten más recursos para afrontar una jubilación que cada vez será más larga. Los expertos consideran que el sistema público de pensiones en España no será sostenible en unos años y es conveniente tener un plan privado.

Sin embargo, hay quienes ven más contras que pros. Y de hecho, el número de personas con planes de pensiones privados ha bajado en los últimos 10 años, desde los 8,6 millones de 2009 hasta los 7,5 millones en 2019.

CONTRAS

La principal causa de esta tendencia está en el escenario actual de tipos de interés bajos. Están generando menos rentabilidad por estar expuestos a activos monetarios y renta fija a corto plazo.

Otro dato importante a tener en cuenta y que en parte explica los bajos rendimientos, son los gastos corrientes. Es decir, los gastos relacionados con las actividades de gestión/depositaria y deducibles automáticamente del valor liquidativo.

La media se sitúa en el 1,15% anual. A efectos legales, se estableció una comisión de gestión máxima anual dependiendo del tipo de inversión. Pero un análisis realizado por Finizens indica que el 57,74% de todos los planes de pensiones españoles sigue cobrando la comisión máxima legal para su categoría de inversión.

¿POR QUÉ PUEDE SER ATRACTIVO?

Aunque un 49% de españoles reconoce que no lo sabe, su principal atractivo son las ventajas fiscales. En concreto, con un plan de pensiones se puede diferir el pago de impuestos. Ya que las aportaciones con un máximo de 8.000 euros al año no están gravadas.

Es decir, mientras se ahorra, se reduce la base imponible sobre la que se calcula el IRPF. Y el resultado es que se pagan menos impuestos, que no es no lo mismo que no pagar. El dinero rescatado de un plan se considera un rendimiento del trabajo y se suma a la pensión pública para calcular la base imponible sobre la que se paga el IRPF.

Generalmente, las rentas del trabajo obtenidas durante la jubilación son menores a las que se ingresan durante los años en los se trabaja, por lo que el IRPF que se paga es más bajo. Así, si se rescata el plan de forma periódica, la suma de este más la pensión pública será inferior a lo que se ganaba mientras se trabajaba.

Y el IRPF que se pagará será menor al que se hubiese abonado mientras estábamos en activo.

¿TODO DE GOLPE O POCO A POCO?

Para notar realmente el beneficio fiscal de los planes y que esta característica no se vuelva en contra del ahorrador, se debe planear cómo rescatarlo. Si sacar todo el dinero de golpe o ir poco a poco.

Cuando el importe es medianamente elevado, lo más probable es que rescatar todo el saldo de golpe en el momento de la jubilación no permita ahorrar. Más que nada, porque eleva demasiado la base imponible y se acaba pagando más impuestos de los que se hubiesen abonado mientras se ahorraba.

En cambio, si el rescate se produce en forma de rentas periódicas, mes a mes, con el objetivo de mantener el tipo impositivo por debajo del que se pagaba mientras se trabajaba, se producirá un verdadero ahorro fiscal.

También hay que tener en cuenta que el beneficio fiscal de un plan de pensiones no solo depende de cómo se rescate, sino también de los ingresos brutos de cada contribuyente y del dinero que aporte cada año.

Las ganancias también están condicionadas por la rentabilidad del producto y por las comisiones de gestión y de depósito que cobre la entidad.

Feria de Madrid Ifema ha aplazado la celebración de Mobility Car Experience (MCE), la nueva plataforma para el sector del automóvil y el futuro de la movilidad que estaba programada para llevarse a cabo entre el 5 y el 10 de mayo, debido a la expansión del brote de coronavirus.

Tal como ha indicado Ifema en un comunicado, «en las próximas semanas» anunciará la nueva fecha, ya que el contexto actual impide la celebración del evento.

«Dada la cambiante situación a nivel global, en las próximas semanas, y una vez consensuado con las marcas, se definirán unas fechas alternativas que permitan un entorno de celebración más favorable, alineado con los propios objetivos de este evento en cuanto a ofrecer al sector una herramienta de reactivación comercial y al gran público», han indicado desde la organización.

Ifema ha recordado que en la actualidad ha puesto a disposición de las administraciones «todos los recursos necesarios» para la producción de las infraestructuras y servicios del hospital de emergencia que ha levantado en sus pabellones con la colaboración de sus empresas proveedoras, para poder atender a más de 5.000 afectados por el coronavirus, así como para albergar 1.500 plazas para personas sin hogar.

Los hosteleros han solicitado al Gobierno una ampliación de las medidas anunciadas para salvaguardar la actividad y el empleo de los negocios de la hostelería, ya que se han encontrado con «dificultades» a la hora de aplicar estas medidas, como en la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así lo ha trasladado Hostelería de España, una organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs del país, que señala la diferencia que existe por territorios de los requisitos exigidos para la tramitación de estos despidos temporales.

«Un ejemplo claro es que el acceso a los ERTE varía a lo largo del territorio y que en muchas regiones las delegaciones de Empleo están exigiendo a los negocios aportar toda la documentación de los trabajadores, lo que alarga y complica indudablemente los trámites», explica el presidente de la asociación, José Luis Yzuel.

Otro de los principales problemas que se han encontrado es la obligatoriedad de comunicación a los trabajadores por parte del empresario del cese o disminución de la actividad del negocio.

«Necesitamos que el ERTE solicitado por la empresa, ya sea de reducción de jornada o de suspensión temporal de la actividad, sea automáticamente autorizado por la autoridad laboral, o al menos, que se conceda una autorización provisional de manera inmediata. Con esto se conseguiría no dilatar de manera innecesaria el procedimiento, ya que se considera proveniente de una causa de fuerza mayor», asegura el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego.

Además, muestran su disconformidad con la obligatoriedad de mantener los puestos de trabajo en los seis meses siguientes desde la fecha de reanudación de la actividad, al considerar que es «realmente difícil» asegurar el mantenimiento de los mismos empleos, puesto que los negocios se van a ver «duramente afectados» por el parón provocado por la crisis sanitaria.

Por último, ha trasladado la «urgencia» de buscar la flexibilización de la financiación bancaria, la renegociación de pólizas, moratorias de las hipotecas, la suspensión total de la cotización de autónomos de hostelería, incluyendo la del mes de marzo, o resolver la suspensión de pago de los arrendamientos de los locales hosteleros durante el tiempo que estos se encuentran inactivos.