La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el equipo negociador encargado de los Presupuestos de 2021 está trabajando sobre una revisión de los beneficios fiscales y los rendimientos de determinada figuras fiscales, así como la manera de incentivar los planes de pensiones colectivos, al tiempo que ha confirmado que se aprobará «en breve» la Ley de lucha contra el fraude fiscal en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

Así lo ha confirmado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que se están abordando «documentos habituales» que maneja el Gobierno teniendo en cuenta documentos y estudios encargados a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Montero ha explicado que se está en la «búsqueda» de una mayor eficiencia del gasto analizando las distintas partidas presupuestarias para incorporarlas a las nuevas cuentas públicas y aquellas relativas a beneficios fiscales o rendimientos de determinadas figuras tributarias fiscales, al haber una diferencia con la media de los países de la UE queq «hay que corregir».

Sobre los planes de pensiones, ha indicado que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado tanto en la mesa del Pacto de Toledo como en el diálogo social que está trabajando en los planes de pensiones colectivos y viendo la manera de cómo estimular e incentivar» estos planes como parte de la negociación colectiva, incentivándolos con mayor interés que los planes individuales.

En este sentido, ha resaltado que estos planes conllevan una mayor aportación por parte de las empresas y es una «garantía añadida» para los trabajadores.

Entre las medidas que se han abordado por el equipo negociador formado por Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, según ha trascendido durante la negociación, se encuentra una subida del IRPF a rentas altas, una bajada de Sociedades a pymes, la eliminación de la bonificación y la consiguiente fijación de un IVA del 21% a educación y sanidad privadas, la reducción de bonificaciones a planes de pensiones individuales y la modificación de los tipos reducidos del IVA, entre otras.

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, «EN BREVE»

La ministra ha insistido en que los cambios tributarios recogidos en el acuerdo programático entre PSOE y Podemos se adaptará a las circunstancias y en función de la recuperación del crecimiento, si bien ha recalcado que el objetivo es una fiscalidad «justa, redistributiva y progresiva».

Además, ha indicado que el año que viene aumentarán los ingresos y que en las cuentas públicas se incorporarán la recaudación de las tasas ‘Tobin’ y ‘Google’ que finalizan su tramitación parlamentaria.

Igualmente, ha confirmado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles incluirá la modernización del sistema fiscal para conseguir un sistema «más justo y progresivo. También ha adelantado que llegará «en breve» al Consejo de Ministros en segunda vuelta le Ley de lucha contra el fraude fiscal para llegar «a la mayor brevedad» a Congreso, tras una «amplia audiencia» en todos los entornos que ha sido «un poco más larga de lo previsto».

LA PROPUESTA FISCAL «PARA NADA PUEDE ESPANTAR A LOS PARTIDOS»

La portavoz del Gobierno ha asegurado que a lo largo del mes de octubre se cerrará un acuerdo entre los partidos del Gobierno (PSOE Y Podemos), prácticamente ultimado, y a continuación empezarán las reuniones con los distintos grupos.

En todo caso, ha afirmado que la propuesta de ajuste fiscal que plantea el Gobierno «para nada puede espantar a ninguna figura política ni tampoco a Ciudadanos», a quien ha agradecido su «disponibilidad» para negociar los presupuestos.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha empeorado este martes las previsiones económicas del Gobierno y prevé ahora un desplome histórico del PIB del 11,2% este año como consecuencia de la crisis del coronavirus, frente al 9,2% estimado con anterioridad, aunque la tasa de paro se situará en el 17,1%, dos puntos menos que el 19% estimado antes.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno al techo de gasto y al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, la ministra indicó que este empeoramiento de la caída del PIB se debe al peor comportamiento de la economía española en el segundo trimestre.

Frente a lo ocurrido en el segundo trimestre, Calviño ha subrayado que la economía española se comportó en el tercer trimestre «mejor de lo esperado», con un crecimiento que, según ha adelantado, estará en el entorno del 13%, en línea con las previsiones de la AIReF y del Banco de España.

Para 2021, el Gobierno estima un alza del PIB del 7,2%, en este caso por encima del 6,8% estimado en las anteriores estimaciones. Para el próximo año, la tasa de paro se situaría en el 16,9%, también algo mejor que el 17,2% previsto inicialmente.

Calviño, que advirtió que estas previsiones son «prudentes» porque están sujetas a una «elevada incertidumbre», indicó que el desplome del PIB de este año se debe a la caída del 12,6% del consumo privado derivado del impacto del coronavirus, mientras que el consumo público se elevará un 6,2% por las medidas adoptadas para paliar la crisis.

En la misma línea, la inversión registrará una caída del 18,3%, mientras que las exportaciones se recortarán un 22,7% y las importaciones, un 20%. Como consecuencia de todo ello, el empleo se contraerá un 8,4% y la tasa de paro escalará hasta el 17,1%.

De cara a 2021, el Gobierno ha mejorado, en cambio, sus previsiones y ahora estima un alza del PIB del 7,2%, con un incremento del consumo privado del 8,3% y un ascenso del consumo público del 0,5%. La inversión avanzará un 7,2%, con importantes incrementos de las exportaciones (+11,7%) y de las importaciones (+8,6%).

Así, el empleo el próximo año repuntará un 5,6% y la tasa de paro se reducirá al 16,9%, apenas dos décimas menos que lo estimado para este año (17,1%).

Calviño aseguró que la recuperación de la economía española «está en marcha», si bien admitió que se trata de un «impacto muy diferenciado» entre los diferentes sectores, con una recuperación más lenta en el turismo, el transporte o la hostelería, y en algunas comunidades muy dependientes del turismo, como Canarias o Baleares.

Según Calviño, esta singularidad de España, con un mayor peso en el PIB de estos sectores, explica el «peor comportamiento relativo» de la economía española, a lo que se une otro «elemento de vulnerabilidad», como es el pequeño tamaño de las empresas españolas, con un menor músculo financiero.

Lo que no ha sucedido en esta crisis, según Calviño, es la destrucción masiva de empleo que ha sucedido en otras recesiones anteriores, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, como los ERTEs. Sin ellas, Calviño aseguró que el PIB podría haberse desplomado un 25%, con la destrucción de más de 3 millones de empleos.

En este sentido, la vicepresidenta aseguró que las medidas movilizadas por el Gobierno han alcanzado el 5% del PIB, mientras que los apoyos a través de las líneas de liquidez han superado el 15% del PIB, al tiempo que los conocidos como ‘estabilizadores automáticos’, en términos de mayores prestaciones por desempleo o caída de los ingresos, han supuesto entre el 4,5% y el 5% del PIB.

«La respuesta de España está en sintonía con los principales países del entorno, la financiación movilizada en España es de las más elevadas en términos de PIB», reiteró Calviño, quien indicó que en las zonas donde más rebrotes se producen y más restricciones, la economía se resiente, por lo que afirmó que «salud y economía van de la mano».

DEUDA EN EL 118% DEL PIB

En cuanto a la deuda, la vicepresidenta tercera ha explicado que cerrará 2020 en el 118% del PIB por las medidas adoptadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia, «un salto de 20 puntos» que, sin embargo, no supondrá la emisión de deuda adicional sobre lo ya previsto. De hecho, Calviño ha señalado que en los próximos días se analizará la posibilidad de reducir las emisiones de deuda en lo que queda de año. «Veremos en qué medida podemos reducirlas», ha apuntado.

Para 2021, el crecimiento del PIB previsto por el Gobierno se sitúa en el 7,2% por la recuperación del consumo privado y una mejor evolución del empleo a la estimada anteriormente. Sin embargo, este crecimiento podría elevarse entre dos o tres puntos más, hasta el entorno del 9,8%, por efecto del Plan de Reconstrucción que presentará esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL PLAN DE REFORMAS PUEDE ELEVAR EL PIB AL 9,8%

Dicho plan, ha explicado Calviño, tendrá un «impacto importante» en el consumo público privado, en la inversión y en el empleo, por lo que ha considerado «absolutamente importante» ejercitar las inversiones previstas en el Plan de Reconstrucción «lo antes posible». «Por eso es importante aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado, para incorporar en ellos todas esas inversiones», ha añadido.

En todo caso, la vicepresidenta ha advertido de este escenario «inercial» está sujeto a una «elevada incertidumbre» y puede verse afectado por «un conjunto de riesgos», entre ellos el Brexit, las tensiones comerciales y la propia evolución de la pandemia. En este punto, ha subrayado la importancia de atajar los brotes, porque cuando se atajan, «el impacto económico se puede minimizar rápidamente».

Otro riesgo, ha añadido, es que el impacto transitorio del Covid se convierta «en algo más estructural», pero ha precisado que para evitarlo se han ido tomando muchas medidas de protección desde el Gobierno.

LA RECUPERACIÓN «ESTÁ EN MARCHA»

Tras presentar el nuevo cuadro macroeconómico, la vicepresidenta ha destacado que, «con todas las incertidumbres y cautelas derivadas de un momento tan complejo», se puede afirmar que «la recuperación de la economía española está en marcha», que mantiene que será en forma de ‘V’ asimétrica.

«Las medidas adoptadas desde marzo, con un alto coste, han permitido amortiguar el impacto económico y social de la pandemia (…) Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento en 2021, al que se le puede dar un impulso adicional si adoptamos el plan de inversiones y de reformas», ha destacado Calviño, que ha añadido que en 2022 «se recuperarán los niveles previos» al estallido de la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2021, conocido como ‘techo de gasto’, que aumenta un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las CCAA y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

Al tiempo, el Gobierno ha empeorado su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 11,3% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, asumiendo el Estado 31.882 millones del déficit de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el nuevo cuadro ‘macro’, con unas peores previsiones que auguran una caída del 11,2% del PIB este año y un avance del 7,2% en 2021, y el nuevo ‘techo de gasto’ para 2021, así como un acuerdo para suspender las reglas fiscales de 2020 y 2021, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea.

Montero ha cifrado el aumento del límite de gasto total en un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo 27.436 millnes del mecanismo de recuperación y resiliencia y el fondo ‘React Eu’, y las transferencias a la Seguridad Social (18.396 millones) y a las comunidades autónomas (13.486 millones).

No obstante, ha apuntado que el límite de gasto no financiero homogéneo y «comparable» con el anterior supone un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, sin contar las transferencias y los fondos europeos. Incluyendo estas transferencias, ascendería un 32,2%, hasta los 158.661 millones.

Montero ha destacado que el límite de gasto es un paso «muy importante» para la elaboración presupuestaria de 2021, ya que hay una necesidad «ineludible» de contar con unas nuevas cuentas públicas para impulsar el crecimiento, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema de que «nadie quede atrás» y para canalizar los recursos de los fondos europeos.

El pasado mes de febrero el Gobierno había aprobado un aumento del ‘techo de gasto’ del 3,8%, hasta los 127.609 millones, e incluyó en la senda de estabilidad también el de 2021, con un alza del 3%, hasta los 131.437 millones.

En cuanto al déficit público, ha anunciado que la previsión es un déficit del 11,3% este año, superior al 10,34% del PIB previsto en mayo, mientras que la tasa de referencia para 2021 contempla un déficit del 7,7%, lo que supone una reducción de 3,6 puntos porcentuales en un año.

DÉFICIT DE REFERENCIA DEL 7,7% EN 2021: EL ESTADO ASUMIRÁ 31.882 MILLONES

La semana pasada Montero anunció la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021, lo que supone dejar sin efecto la regla de gasto y los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas y, por consiguiente, el Gobierno no tiene que aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, ahorrándose su trámite en el Parlamento.

Montero ha recordado que se ha seguido las recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se mantendrá activa en 2021, lo que implica que la UE permite a los Estados miembros pueden posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

Por administraciones, la tasa de referencia para la Administración Central contempla un déficit del 2,4% del PIB, del 2,2% para las CC.AA., del 0,1% para las corporaciones locales y del 3% para la Seguridad Social.

No obstante, la Administración Central asumirá 1,7 puntos de déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las CC. AA, con lo que el déficit sería del 5,2% para el Estado, el 1,1% para las regiones, una décima para los entes locales y un 1,3% para la Seguridad Social.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado este martes en el Congreso de los Diputados un «mecanismo» de ajuste en el sistema público de pensiones que sea «lo más automático posible» con el fin de asegurar su sostenibilidad: «No podemos estar hablando permanentemente de la reforma del sistema», ha enfatizado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la que ha acudido para presentar el ‘Informe anual’ del Banco de España, ha reivindicado la necesidad de «equilibrar ingresos y gastos», ante la «presión significativa» que implica el envejecimiento de la población.

En este sentido, ha señalado que la reforma realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 «equilibraba ese problema», si bien ha recordado que sus niveles de revalorización -al 0,25% en situaciones de desequilibrio- «parece que no son admisibles».

Por ello, ha pedido a los grupos que, si no se comparten estos índices, exista un acuerdo para «compensar de otra manera» las cuentas del sistema público de pensiones «para que el sistema sea sostenible».

LLAMA A «ARRIESGAR» EN EL MERCADO LABORAL

Otra de las reformas que ha defendido han sido las laborales, realizadas en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la de 2012 por el Ejecutivo de Rajoy. «El Banco de España valoró positivamente las reformas de 2010 y 2012. Y lo seguimos pensando», ha dicho.

En todo caso, ha dicho que el organismo que gobierna «nunca ha dicho que resolvió todos los problemas», y en este punto ha citado el desempleo de larga duración, para la que ha pedido actuar con políticas activas de empleo, y la dualidad.

Para esto último, ha señalado que se trata de un «problema tan claramente identificado que no hay ni un motivo para no tomar ninguna decisión» y por ello ha llamado a «arriesgar». «No podemos estar paralizados, es momento de arriesgar», ha aseverado, citando como opciones la llamada mochila austriaca o los contratos con indemnización creciente.

La gestión integrada de las infraestructuras de gas y electricidad, conocida como sector ‘coupling’, permitiría generar unos ahorros mínimos de 2.000 millones de euros anuales en España en un escenario de emisiones netas nulas en 2050, según el estudio realizado por la consultora Frontier Economics y la universidad alemana de Aachen, y publicado por la Fundación Naturgy.

Además, el informe cree que estos ahorros de costes estimados se pueden considerar «conservadores», puesto que no tienen en cuenta sectores cuya electrificación tendría un coste «significativamente más caro», como los procesos industriales a elevadas temperaturas, y el transporte marítimo y aéreo, indicó el director de Energía de Frontier Economics Madrid, Fernando Barrera.

Así, ha destacado que el uso continuado de la infraestructura gasista ahorraría esos 2.037 millones al año –calculados teniendo en cuenta todos los costes que son necesarios para satisfacer la demanda en 2050 y dividiendo el coste de la inversión entre la vida útil de los distintos activos-, «en comparación con un escenario en el que dicha infraestructura deja de emplearse».

En concreto, según los cálculos del estudio, esta cifra neta procede de unos ahorros en tecnologías finales de unos 2.753 millones de euros, producto de un escenario con gases renovables frente a los mayores costes de aparatos y vehículos eléctricos, y de otros 1.092 millones de euros por una menor expansión de la red eléctrica.

Por su parte, los costes extra serían de unos 223 millones de euros por la adaptación y mantenimiento de las redes de gas en el escenario integrado de electricidad y gases renovables, y de 1.585 millones de euros por la generación y almacenamiento de energía para satisfacer la demanda y la necesidad de almacenamiento estacional.

Así, el informe considera que el sector ‘coupling’ es «la mejor opción» para lograr los objetivos de descarbonización en sectores cuya electrificación no es viable, debido, además a su complementariedad con los gases renovables y la infraestructura gasista con la electricidad.

Además, defiende que un mundo eléctrico supone un gran cambio con respecto a la situación actual, «en la que menos de un 25% de las necesidades energéticas se satisfacen con electricidad», por lo que si se opta por electrificar las necesidades de calefacción de los hogares, servicios e industria, la estacionalidad de la demanda de calor que hoy en día soportan los combustibles térmicos (gas natural, butano, biomasa) tendría que ser cubierta por el sector eléctrico.

A este respecto, Pablo González, manager de Frontier Economics Madrid, consideró que esa estacionalidad «es muy costosa cubrirla con la electricidad», cuyas redes requerirían elevadas inversiones para dar respuesta a la demanda, «a la vez que se desaprovechan las inversiones ya realizadas en la infraestructura gasista, con una capacidad muy superior para transportar energía.

DESCARBONIZAR LA AVIACIÓN O EL TRANSPORTE MARÍTIMO

Además de estos ahorros, el estudio valora que la integración de las redes de gas y electricidad también hace posible descarbonizar sectores cuya electrificación es inviable en la práctica con la tecnología actual, como son la aviación y el transporte marítimo, o el caso de la industria que requiere de procesos a altas temperaturas.

La garantía de suministro es otra de las ventajas de esta integración, considera el informe, ya que permite reducir la dependencia exterior gracias al aprovechamiento de la energía renovable y a la gran capacidad de almacenamiento del sistema gasista, «que ayuda a balancear la estacionalidad de la demanda y a hacer frente a situaciones imprevistas de escasez de energía a un coste más reducido que en el sector eléctrico, en el que hay que construir capacidad de generación o almacenamiento excedentaria a un coste significativamente mayor».

Además, Barrera apuntó su papel como motor de una futura economía verde, ya que «el elevado potencial renovable de España, unido a nuestra ventaja competitiva en costes por el abundante recurso solar y la cantidad de embalses, hace posible el desarrollo de una industria de gases renovables con un potencial exportador y de generación de empleo.

A este respecto, destacó que un estudio de la Comisión Europea sitúa a España «como el mayor productor de gases renovables de Europa en el futuro». Un potencial que podría ser aprovechado para desarrollar una industria con vistas a crear nuevos modelos de negocio, al relanzamiento de la economía tras el Covid-19 y como una oportunidad para la inversión y para el empleo, como ha hecho ya el gobierno de Portugal», dijo.