CC.OO. denuncia que el Gobierno está incumpliendo el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), que entró en vigor en mayo de 2019 tras tres años de negociación, al no aplicar la actualización de las nóminas de 40.000 empleados públicos y el abono de los atrasos acumulados, que supondrían unos 35 millones de euros, argumentando falta de disponibilidad presupuestaria. Por ello, CC.OO no descarta movilizaciones tras el estado de alarma.

La organización sindical denuncia que ni las mejoras retributivas, que venían a iniciar la recuperación después de una pérdida de poder adquisitivo superior al 14% desde 2008, ni otras mejoras laborales comprometidas se están aplicando, lo que supone una «grave vulneración de derechos» del personal afectado, alrededor de 40.000 empleados públicos.

«Después de más de un año, no se ha concluido la adaptación y encuadramiento de los puestos al nuevo sistema de clasificación profesional, algo que debería haber sido prácticamente automático», manifiesta el secretario general de FSC-CCOO en la AGE, José Manuel Vera.

Según Vera, esta ha sido la «excusa» que ha esgrimido hasta ahora el Gobierno para no actualizar las tablas retributivas y abonar atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2019.

HACIENDA ESGRIME FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por ello, el sindicato lamenta que, tras haber impulsado el avance de ese encuadramiento, se informe de la falta de disponibilidad presupuestaria y acusa al Gobierno de «falta de lealtad con su personal».

La representación de Hacienda ha alegado en la reunión mantenida este martes que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y 2020 y la consiguiente prórroga por dos veces de los correspondientes a 2018 hacen «imposible» llevar a cabo las medidas económicas acordadas.

CC.OO. reitera que el Gobierno ha tenido «tiempo suficiente» para habilitar una partida destinada a la mejora salarial plasmada en las tablas retributivas, como se ha hecho con otros colectivos, por lo que manifiesta su «absoluto rechazo» a este «nuevo obstáculo».

En este sentido, defiende los logros alcanzados con la firma del convenio, y lamenta esta nueva «muestra del desprecio del Gobierno por el personal laboral de su propia Administración». «Parece que hay empleados públicos que no son una prioridad, como tampoco lo son los servicios públicos que prestan. Se ha dejado pasar más de año para afirmar ahora que el dinero comprometido se ha usado para otras partidas», denuncia Vera.

De esta forma, CC.OO. exige la inmediata recuperación de este presupuesto, para que el personal laboral vea actualizadas sus retribuciones. «En un momento como el actual, añadir incertidumbre sobre cuándo se pagarán los atrasos de más de un año es un varapalo para estas trabajadoras y trabajadores públicos, y supone una pérdida de confianza en las intenciones del Gobierno», concluye Vera, que no descarta movilizaciones cuando finalice el estado de alarma.

El Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) entrará en vigor este jueves, después de que haya sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La publicación en el BOE se produce después de su aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros y contempla una dotación presupuestaria de 100 millones de euros y recoge ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos de hasta 5.500 euros, a las que se sumarán 1.000 euros adicionales aportados por los fabricantes

Esta iniciativa, incluida en el ‘Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada’, dará ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, así como a la instalación de infraestructura de recarga de vehículos electrificados, de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y a la puesta en marcha de planes de transporte a los centros de trabajo.

La nueva edición del Moves cuenta con 55 millones de euros más de presupuesto (+122%) que el anterior, con fondos que proceden de líneas presupuestarias asignadas al Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La previsión del Ejecutivo es que por cada millón de euros que se invierta a través del Moves II se movilice un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros, lo que permitirá la generación de 5.000 puestos de trabajo. Además, estima que el programa motive un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo anuales y una reducción de emisiones de 40.250 toneladas al año de dióxido de carbono (CO2).

Los fondos del nuevo Moves, que estará coordinado por el IDAE y será gestionado por las comunidades autónomas, se repartirán según el criterio del Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, Andalucía, con 17,95 millones de euros será la región que recibirá una mayor dotación en el reparto del presupuesto del Moves, seguida de Cataluña, con 16,12 millones, y de Madrid, con 14,1 millones de euros. En el lado opuesto se sitúan Melilla (180.431 euros), Ceuta (180.729 euros) y La Rioja (668.067 euros).

Las comunidades autónomas deberán concretar el reparto del presupuesto asignado del Moves entre las distintas actuaciones, aunque se establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos, hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas al coronavirus.

ENTRE 600 Y 15.000 EUROS DE AYUDAS

Las ayudas a la compra de vehículos alternativos recogidas en la segunda edición del Moves varían entre los 600 y los 15.000 euros, en función del tipo de vehículo adquirido, que podrá ser un coche, una motocicleta, un vehículo comercial, un autobús o un camión, mientras que las motorizaciones subvencionables son híbridos enchufables, eléctricos o de gas, este último solo para transporte pesado.

Los compradores que adquieran un vehículo eléctrico ligero de más de 90 kilómetros de autonomía podrán recibir una subvención de hasta 5.500 euros en caso de que achatarren un vehículo antiguo de más de siete años, mientras que en caso de no dar de baja ningún automóvil, la cuantía de la ayuda será de 4.000 euros.

El plan lanzado por el Gobierno apunta que los fabricantes tendrán que complementar las ayudas públicas con 1.000 euros adicionales en caso de los modelos eléctricos, de forma que los clientes particulares podrán obtener una rebaja de hasta 6.500 euros a la hora de adquirir un modelo con esta tecnología. La aportación de las marcas variará en función de la tecnología del vehículo adquirido.

Además, los turismos de hidrógeno recibirán hasta 5.500 euros de ayuda, en caso de achatarrar un coche antiguo, mientras que se subvencionará la adquisición de coches eléctricos o híbridos enchufables de entre 30 y 90 kilómetros de autonomía con hasta 2.600 euros.

La compra de una furgoneta eléctrica, de hidrógeno o ‘plugin’ se apoyará con hasta 6.000 euros, con achatarramiento de un vehículo antiguo, aunque los minibuses y furgones con estas tecnologías recibirán 8.000 euros, sin opción de dar de baja uno antiguo, al igual que los camiones y autobuses, que obtendrán 15.000 euros.

Los cuadriciclos y motocicletas eléctricas serán objeto de ayudas de entre 600 y 800 euros, mientras que los vehículos comerciales e industriales de gas licuado de petróleo recibirán entre 3.600 y 13.500 euros, y los de gas natural, entre 4.500 y 13.500 euros.

Se podrán acoger a este nuevo paquete de incentivos a la compra de vehículos alternativos autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y entidades públicas vinculadas a ellas, administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado.

En cuanto a la infraestructura de recarga de los vehículos electrificados, la segunda edición de este programa establece un límite de ayudas de 100.000 euros por destinatario último y convocatoria y que serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario.

Por otro lado, en lo referente a la financiación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, el Moves II contempla una limitación de subvención también de 100.000 euros, mientras que el coste subvencionable ascenderá al 30%.

PRINCIPALES NOVEDADES

Una de las principales novedades de esta convocatoria del plan es que las comunidades y ciudades autónomas podrán realizar inversiones directas con cargo al Moves para, entre otros aspectos, instalar puntos de recarga en hospitales y otros edificios de su titularidad, y también para renovar sus flotas de vehículos y transporte público.

Además, el programa también busca favorecer que empresas y administraciones puedan ofrecer soluciones de movilidad en el contexto de la pandemia del coronavirus, de forma que apoya a las compañías a poner en marcha planes de trabajo que, junto con el teletrabajo y otras medidas de organización, permitan ofrecer mayores alternativas de transporte seguro y sostenible a trabajadores y clientes.

Los ayuntamientos, por su parte, tendrán la posibilidad de financiar iniciativas de fomento de desplazamientos individuales a pie o en bicicleta, motocicleta y otros medios de desplazamiento unipersonal a través del Moves, con sistemas de préstamos o la adaptación de carriles para estos usos, calmado de tráfico, establecimiento de espacios compartidos o ampliación de aceras y espacios públicos.

También se podrán usar los fondos de este plan para reforzar el transporte público y para la puesta en marcha de carriles exclusivos o acciones para garantizar un reparto de última milla sostenible, mediante adaptaciones rápidas de la ciudad, entre otras.

El apoyo para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo y de las adaptaciones para responder a las necesidades de movilidad vinculadas al Covid-19 puede ascender hasta los 500.000 euros, salvo que el órgano gestor en su convocatoria fije un límite inferior con base en el presupuesto asignado a la medida.

Las ayudas serán del 40% del coste subvencionable para los destinatarios últimos de ayuda, salvo para aquellos sin actividad comercial ni mercantil (como los ayuntamientos), cuyo porcentaje se elevará hasta el 50%.

La demanda de viviendas en alquiler se encuentra contenida por las limitaciones a la movilidad geográfica, mientras que la oferta se incrementa por el trasvase del alquiler turístico al residencial, según se desprende del ‘IX Perfil del Inquilino en España’ realizado por Alquiler Seguro.

La compañía explica que está detectando una variación en la calidad de la demanda, que se inclina por viviendas con más espacio o con balcones, y que ya no mira tanto por vivir cerca de su puesto de trabajo.

No obstante, Alquiler Seguro cree que todavía es pronto para saber si los cambios detectados, especialmente en el caso de la demanda, se afianzarán en el tiempo o si serán temporales.

También ha constatado incrementos en el tiempo dedicado a buscar una vivienda en alquiler. De hecho, el plazo que se necesita para encontrar una vivienda se ha incrementado a 24 días, casi una semana más para encontrar piso.

En el informe también destaca que el número medio de inquilinos por contrato es de dos, pero también que casi un 30% de los inquilinos tiene un contrato indefinido y que el tiempo medio de estancia en un mismo inmueble ronda los tres años.

Las búsquedas más comunes de los inquilinos varían por regiones, pero lo que más se repite son pisos de 3 dormitorios en la provincia de Barcelona de hasta 950 euros o de 2 dormitorios en Madrid por hasta 850 euros.

También se repiten las búsquedas de hasta 3 dormitorios en Valencia por 600 euros o en Alicante también por 3 dormitorios por hasta 550 euros.

Las recaudación pública en concepto de impuesto de matriculación se situó en 19,51 millones de euros durante el pasado mes de mayo, un 64% de desplome en la comparativa con los 55,3 millones de euros ingresados en el mismo mes del año pasado, según datos de la Agencia Tributaria.

Esta significativa caída de la recaudación de las comunidades autónomas por esta tasa que tienen transferida se explica por la fuerte disminución de las matriculaciones de vehículos durante el pasado mes de mayo, a causa de las medidas aprobadas por el Gobierno para combatir el coronavirus.

Las ventas de turismos y todoterrenos nuevos durante el pasado mes de mayo se situaron en 34.337 unidades, un 72,7% de reducción respecto a dicho mes del año precedente, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En los cinco primeros meses del año, los ingresos públicos por impuesto de matriculación, que se aplica por tramos a la adquisición de vehículos nuevos con emisiones de dióxido de carbono (CO2) de más de 120 gramos por kilómetro, fue de 118,3 millones de euros, un 53,1% de retroceso.

En el quinto mes del año actual, los vehículos nuevos adquiridos pagaron una cuota media de 491 euros, lo que representa un aumento del 7,9%, mientras que en el acumulado del año hasta mayo esta cifra fue de 395 euros, un 15,9% menos.

Los vehículos matriculados el mes pasado tenían unas emisiones medias de CO2 de 116 gramos por kilómetro, 5 gramos menos que en dicho mes de 2019, mientras que en el acumulado la cifra bajó en 7 gramos, hasta 115 gramos por kilómetro.

En mayo, los vehículos nuevos adquiridos tenían un precio, incluido el impuesto de matriculación, de 20.069 euros, un 12,5% más, y de 18.991 euros en lo que va de ejercicio, lo que representa una progresión del 6,4%.

El valor de los vehículos matriculados en mayo en el mercado español se situó en 777,72 millones de euros, un 63% de reducción. Entre enero y mayo, la base imponible fue de 5.569 millones de euros, un 40% menos.

La Agencia Negociadora del Alquiler cree que la morosidad como consecuencia de la crisis económica provocada por el coronavirus se ha disparado y que los efectos de la pandemia provocarán una caída «brusca» de la rentabilidad de las viviendas en alquiler.

De hecho, ha apuntado que es normal encontrar impagos de rentas de tres meses que pueden llegar fácilmente a los seis meses, lo que «tira por tierra la rentabilidad neta, que bajaría cuatro puntos hasta situarse, como máximo en el 3,5% para este año», según el director de estudios de la Agencia Negociadora del Alquiler, Sergio Zurdo.

No obstante, ha señalado que el alquiler sigue siendo la elección más rentable en comparación con el resto de productos financieros y que las rentabilidades netas pueden alcanzar el 7,93%, siempre que se tomen medidas preventivas para evitar impagos y destrozos.

Según se desprende del Análisis de Rentabilidades de Arrendamientos de Vivienda, elaborado por Agencia Negociadora del Alquiler, cuando se han tenido en cuenta los distintos gastos que tendrán que asumir los propietarios que quieren alquilar las viviendas, se observa que la rentabilidad bruta cae entre un 0,3% y un 1,5%.

Para Zurdo, «los propietarios tienen que ser conscientes de que para sacar la mayor rentabilidad a sus inmuebles tienen que ofrecer a sus futuros inquilinos un precio competitivo con el objetivo de que permanezcan en las viviendas el mayor tiempo posible, evitando costes como el de reposición del inquilino o el tiempo que la vivienda está vacía».

Asimismo, ha puesto de relieve que poner un precio competitivo permite exigir a los inquilinos mayores garantías para evitar en el futuro posibles impagos y por lo tanto mantener estable la rentabilidad.

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles con una caída del 0,34% que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en los 7.469,80 puntos, aunque instantes después de la apertura enjugaba estas pérdidas y pugnaba por entrar en terreno positivo

Entre los valores que componen el selectivo madrileño, en la apertura de sesión las mayores caídas correspondían a Telefónica, que cedía un 3%, así como a Amadeus, con un retroceso del 1,73%, y a Ferrovial, con un descenso del 1,44%.

Por contra, los títulos más alcistas del indice Ibex 35 en el arranque de la sesión en la Plaza de la Lealtad eran los de Colonial, con un avance del 1,73%, por delante de las acciones de Ence, que repuntaban un 1,60%.

Entre los representantes del sector bancario en el Ibex 35, los títulos de Santander y BBVA cedían un 0,40% y un 0,10% respectivamente, mientras que los de Bankinter se dejaban un 1,12% y los de Bankia un 0,20%. Por su parte, las acciones del Sabadell se anotaban una subida del 0,86% y las de Caixabank del 0,15%.

Entre el resto de las principales plazas del Viejo Continente, a diferencia del Ibex 35, predominaban los ligeros avances, De este modo, el Cac 40 subía un 0,27% y el Ftse 100 un 0,40%, mientras que el FtseMib se anotaba un repunte del 0,21% y el Dax avanzaba apenas un 0,02%.

En los mercados de deuda, la prima de riesgo del bono español a diez años se mantenía por debajo de los 100 puntos básicos, con una rentabilidad del 0,554%.

Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 y personas dependientes tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato CSIF y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, según ha informado el sindicato, que ha precisado que se trata de una modalidad «voluntaria y reversible».

CSIF ha destacado que se trata de un acuerdo «pionero» en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En concreto, esta resolución contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de, como mínimo un día a la semana, teletrabajo.

CSIF ha valorado de manera «muy positiva» este acuerdo y considera que debería ser la base para el futuro acuerdo de teletrabajo que deberá regir las relaciones laborales una vez que concluya la pandemia.