La Agencia Tributaria ha abierto un debate interno para analizar y buscar un «cauce intermedio» entre la vía penal y los preavisos a los contribuyentes de cara a la entrada en domicilios fiscales, algo que considera que pude suponer «destrucción de pruebas» y generar «frustración» en la opinión pública si no se puede actuar pese a la existencia de pruebas, por lo que cree que no es descartable que se precise un cambio normativo.

Además, ha cifrado en 500.000 euros la recaudación media que se desprende tras las entradas con autorización judicial en domicilios fiscales de personas jurídicas (empresas), en un 97% de los casos, y el resto de personas físicas.

Así lo ha señalado el director general de la AEAT, Jesús Gascón, durante su intervención en el XXX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que falló que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada» o «para ver qué se encuentra».

Gascón ha indicado que es un tema a «analizar y resolver» y ha aclarado que su postura es que puede que se trate de un asunto con recorrido como para que el Parlamento tuviese que pronunciarse si se llega a la conclusión de que se precisa de un cambio normativo al respecto.

En este sentido, Gascón ha indicado que «no hay debate» respecto a que si una actuación no está lo suficientemente motivada, no se puede producir la actuación judicial y la entrada, si bien ante la postura del Supremo de que sea necesaria una comunicación al contribuyente previa a la entrada a un negocio para una actuación inspectora, considera que existe un riesgo de destrucción de pruebas y que eso va a ser por tanto «muy poco eficaz.

En este sentido, ha resaltado que en las actuaciones con entrada en domicilio con personas jurídicas (el 97% de los casos es a personas jurídicas), en la mayoría se ha conseguido autorización judicial y una vez practicada la regularización correspondiente, en torno a un 85% de los expedientes el contribuyente ha firmado un acta de acuerdo o de conformidad.

«El porcentaje de disconformidades es inferior la resto de programas de inspección y la conflicitivdad de estos expedientes es muy pequeña, con un ingreso en periodo voluntario más alto de lo habitual», ha apostillado Gascón, quien ha destacado también que el comportamiento del contribuyente en estos casos es «notoriamente mejor» que el que tenía previo a la actuación inspectora, ya que si se descubre la ocultación de ventas o un software para una ‘contabilidad B’, no vuelve a utilizarlo por regla general en el futuro.

Además, se ha referido a las «miles» de denuncias tributarias de distintos tipos que recibe la AEAT, algunas injustificadas y otras «absolutamente motivadas», avisando de que si se comunica el inicio de una actuación inspectora, «evidentemente las pruebas van a desaparecer», por lo que podría generar una «frustración muy grande» en los contribuyentes y la opinión pública si se descubre que la Administración Tributaria no ha actuado aún existiendo pruebas.

RECAUDA 500.000 EUROS DE MEDIA EN CADA ENTRADA Y EL 97% SON EN EMPRESAS

En este punto, ha defendido que la vía penal «tiene que ser el último recurso» y priorizarse la vía administrativa para no judicializar los casos. Por ello, ha dicho que hay que buscar una «solución intermedia», ya que en algunos casos las denuncias han dado lugar a actuaciones también en personas físicas.

Según ha detallado, el importe medio de las actuaciones inspectoras con autorización judicial en domicilios fiscales supone una regularización por un importe medio de 500.000 euros, incluyendo personas físicas y jurídicas, un importe mayor que en el caso de las actuaciones ordinarias y fruto de actuaciones como la apertura de cajas fuertes o el descubrimiento de una contabilidad ‘B’ mediante softwares.

«Necesitamos un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación formal ordinaria de actuaciones inspectoras, que tendremos que utilizar de manera excepcional, siempre con autorización y control judicial y orientado a negocios, excepcionalmente a personas físicas. Estamos en pleno análisis y veremos qué sucede», ha añadido.

El director general de la AEAT también ha detallado que el organismo tributario realiza entradas en los domicilios a demanda de las Comunidades Autónomas y comprobaciones de cambios de domicilio, algo «creciente» y que se incluyes en el Plan estratégico, además de estar reguladas en el Reglamento de Aplicación de los Tributos. En cualquier caso, pueden acabar en las Juntas Arbitrales cuando se producen discrepancias entre las comunidades sobre su competencia.

ANÁLISIS DE PRUEBAS EN PROCESOS JUDICIALES

Por otra parte, preguntado sobre una sentencia del Supremo que permite la presentación y admisión de pruebas tras pasar por varios tribunales, ha indicado que la aportación de pruebas fuera de procedimiento administrativo «solo sirve para desvalorizar el procedimiento administrativo» y ha causado un repunte en los recursos de reposición.

Así, ha abogado por «dar una vuelta» al procedimiento probatorio en los tribunales para ver si el tribunal pudiese dar parte a la AEAT para que en fase probatoria se puedan analizar pruebas, aunque ello podría requerir también un cambio normativo.

La Cámara de Comercio de España ha puesto en marcha Programa 45+, una iniciativa para mejorar las competencias digitales de los trabajadores de entre 45 y 60 años, con el propósito de aumentar así sus posibilidades de inserción laboral.

Las 40 Cámaras de Comercio territoriales donde ya se ha comenzado a aplicar el proyecto cuentan con un equipo de profesionales, especializados en materia de empleo y formación, que realizará un acompañamiento activo a lo largo de todo el programa.

En una primera fase, el orientador tratará de conocer, a través de una entrevista personal, el perfil del participante: su cualificación profesional, nivel en competencias digitales y formación en función de la actividad profesional.

Una vez realizada esta evaluación, el orientador determinará, de acuerdo con el participante, el itinerario a seguir y la formación más adecuada.

Se trata de evaluar 5 competencias digitales: alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas.

Tras esta primera fase de orientación, y para facilitar la empleabilidad del participante, el programa ofrece formación en habilidades digitales ajustadas a diferentes perfiles laboralesy capacitación en las competencias ya analizadas. Dicha formación podrá realizarse en la modalidad ‘online’, presencial o ambas.

Una vez superadas las fases de orientación y formación, las Cámaras de Comercio realizarán un trabajo de intermediación laboral que permitirá a los participantes disponer de las mejores herramientas para enfrentarse al mercado de trabajo.

Entre las competencias que incluye el programa figuran: actualización del currículum, simulación de entrevistas de selección de personal, etc. Estas habilidades adicionales están orientadas a favorecer la reinserción en el mercado laboral de los participantes en el programa.

El Banco Central Europeo (BCE) ha expresado su preocupación por los datos más recientes sobre la evolución del crédito en la eurozona, donde las entidades han comenzado a endurecer sus criterios para la concesión de préstamos ante el deterioro de las expectativas macroeconómicas y de la solvencia de los prestatarios.

El economista jefe de la institución, el irlandés Philip Lane, ha señalado que las encuestas más recientes sobre préstamos bancarios y acceso de las empresas al crédito en la zona euro señalan algún riesgo de un «bucle negativo» que se refuerza mutuamente, ya que, en un sentido, los bancos pueden ver la disminución de la demanda de préstamos como una señal negativa sobre la economía, mientras que, de su lado, las empresas pueden ver sus preocupaciones sobre las perspectivas confirmadas por un endurecimiento de las condiciones de endeudamiento.

Además, ha apuntado Lane, esta interacción adversa se vería reforzada si el gasto de los hogares se debilitara y, por lo tanto, empañara aún más las perspectivas de las empresas.

«Hay algunas señales preocupantes en los datos de encuestas recientes», ha reconocido el economista jefe del BCE en referencia a la última encuesta sobre préstamos bancarios de la zona del euro, que reflejaba un endurecimiento generalizado de los estándares crediticios, además de una reducción de los planes de inversión, con una caída de la demanda de crédito en los últimos trimestres.

Asimismo, ha advertido de la retroalimentación adversa en condiciones de pandemia en el caso de una respuesta insuficiente de la política fiscal, mientras que el impacto macrofinanciero positivo de una respuesta fiscal vigorosa puede conciliar el fenómeno gemelo de un aumento de los déficits fiscales y una disminución de los rendimientos soberanos.

En este sentido, Lane ha destacado que, hasta ahora, la rápida reacción de los responsables de tomar medidas ha impedido un endurecimiento de los costes de financiación o el empeoramiento de las posiciones de liquidez, por lo que ha subrayado que sigue siendo vital para los responsables de las políticas fiscales y monetarias protegerse contra los riesgos de estos canales de amplificación financiera.

INTERVENCIÓN DEL BCE

Por otro lado, el análisis realizado por la institución para calcular el impacto de sus medidas sugiere que, sin estas el PIB de la zona del euro sería 1,3 puntos porcentuales más bajo y la tasa de inflación anual sería 0,8 puntos porcentuales menos para 2022 en términos acumulados, aunque apunta que esta estimación probablemente subestime por un amplio margen su verdadero efecto en las condiciones macrofinancieras generadas por el shock pandémico extraordinario.

De este modo, la institución considera que la eliminación por parte del BCE del riesgo de cola financiero asociado con la pandemia aseguró un grado de apoyo al crecimiento que es varias veces mayor que el estimado.

Además, también sostiene que sus medidas han sido cruciales para preservar el flujo de crédito a la economía y prevenir perturbaciones para la estabilidad financiera.

«La pandemia constituye un desafío de múltiples fases para la política monetaria», ha señalado Lane, para quien, mientras en las primeras semanas la prioridad era claramente estabilizar los mercados, en la situación actual, con interrupciones de la actividad económica a lo largo de 2020 y hasta 2021, la política monetaria tiene que garantizar unas condiciones financieras favorables.

«Esto seguirá siendo una prioridad esencial incluso en la fase posterior a la pandemia, dado que es probable que el impacto macroeconómico de la misma persista incluso después de que se hayan implementado las soluciones médicas», ha añadido el representante del BCE.

«Solo asegurando condiciones financieras favorables se asegurará la plena recuperación económica y se afianzará la convergencia robusta hacia nuestro objetivo de inflación a mediano plazo», ha apostillado.

La inversión en ‘startups’ en España ha ascendido a 1.039,5 millones de euros en lo que va de año, lo que supone un 5,6% más que en 2019, con un récord de 304 operaciones cerradas, un 44,8% más, según los datos de Bankinter.

La inversión extranjera aumentó un 12,6% sobre el volumen este año. Así, los inversores extranjeros participaron en 19,4% de las operaciones y representan el 46,2% del capital invertido, según los datos presentados este jueves en el Congreso Nacional de Business Angels 2020.

Por sectores, movilidad y logística continúa en cabeza, aunque ha descendido un 34,9% la inversión recibida. Le sigue el sector ‘fintech’, con un 6,5% más de inversión comparado con mismo periodo de 2019.

El impacto de la pandemia se refleja en el crecimiento de algunos sectores beneficiados, como ciberseguridad (+108,8%), salud (+78,3%), juegos (+14,6%) y educación (+133,1%). En el lado contrario, la inversión en ‘startups’ de turismo ha caído un 61,6%.

En cuanto al tipo de inversor, este año han ganado protagonismo los inversores corporativos, que aumentaron un 63,2% las operaciones y un 106,8% el volumen invertido. Le sigue el ‘crowdfunding’, con un 81% en número de operaciones y un aumento del 9,1% en el volumen invertido.

Barcelona y Madrid son las provincias que más volumen de inversión han movido este año, con 443,58 millones de euros y 354,97 millones, respectivamente. No obstante, pero en ambos casos decrece su peso con caídas del 12% en Barcelona y el 6%, en Madrid. Por su parte, la inversión en Valencia ha crecido casi un 600% hasta los 160,9 millones de euros.

Faes Farma ha puesto en marcha la ejecución del aumento de capital liberado a través del cual se instrumentará un dividendo flexible por un importe de 0,167 euros por acción como retribución al accionista, lo que supone un incremento del 17,6% respecto a la cifra pagada el ejercicio precedente, que fue de 0,142 euros, según ha informado la compañía.

En concreto, la junta general de accionistas celebrada el pasado 30 de junio dio ‘luz verde’ a dicha a dicho aumento de capital por un importe de 1.358.293,3 euros, siendo el valor de mercado de 47,54 millones de euros.

El programa de dividendo flexible ofrece a los accionistas la facultad de elegir entre recibir acciones de la sociedad de nueva emisión o un importe en efectivo equivalente al dividendo.

Así, los accionistas de la compañía recibirán un derecho de asignación gratuita por cada acción de Faes Farma de la que sean titulares el día 17 de diciembre, ya que el último día en el que se negocian las acciones con derecho a participar en el dividendo flexible es el 15 de diciembre.

Estos derechos serán negociables y podrán ser transmitidos en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia durante los 15 días naturales posteriores a la fecha señalada.

El pago de efectivo a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por Faes Farma se efectuará el 4 de enero de 2021, mientras que la fecha prevista para el inicio de la contratación ordinaria de las nuevas acciones en las bolsas españolas será el próximo 26 de enero.

Con el programa de dividendo flexible, según señala la compañía, los accionistas de Faes Farma se benefician de una mayor flexibilidad, pues podrán adaptar la retribución a sus preferencias y circunstancias particulares, gozando de un tratamiento fiscal ventajoso en caso de optar por recibir nuevas acciones.

El precio de los carburantes se ha encarecido esta semana hasta un 0,7%, consolidando así las alzas que registró la pasada semana y que cortaron con una espiral bajista de casi un mes.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha subido un 0,43% esta semana, sumando su segunda alza consecutiva, para situarse en los 1,156 euros, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio del gasóleo se ha encarecido un 0,7%, también en su segunda semana de subidas, para elevarse hasta los 1,031 euros el litro.

Este encarecimiento se registra después del alza vivida en los precios del crudo desde hace dos semanas tras el anuncio de una pronta vacuna contra el coronavirus. Así, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves a casi 48 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba por encima de los 45 dólares.

De esta manera, los carburantes recuperan las subidas que vivieron a lo largo del periodo estival, con incrementos desde el pasado mes de mayo, cuando descendieron a mínimos por el desplome registrado durante el confinamiento por el coronavirus.

Con esta nueva subida, el litro de gasolina todavía se mantiene en torno a un 7,8% más caro frente a esos mínimos de mayo, mientras que en el caso del gasóleo su precio es un 5,2% superior.

No obstante, la gasolina sigue estando más barata en España respecto a la media de la Unión Europea (UE) y la zona euro, donde el litro cuesta 1,257 euros y 1,300 euros, respectivamente, al mismo tiempo que el litro de gasóleo cuesta de media 1,121 euros en la UE y 1,138 euros en la eurozona.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

Deutsche Bank España ha acordado realizar una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros, según informó este jueves a la Comisión Nacional delMercado de Valores (CNMV).

La emisión, cuyo desembolso está previsto el 4 de diciembre de este año, será suscrita íntegramente por Deutsche Bank AG. Su fecha de vencimiento es el 4 de diciembre de 2024.

Las cédulas hipotecarias, con ISIN ES0413320120, cotizarán en el mercado español de renta fija (AIAF), con un precio de emisión de 1.021,7 millones de euros. Ofrecerá un cupón anual del Euribor a doce meses más 75 puntos básicos.

La licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 10.473 millones de euros hasta octubre, lo que representa una caída del 32,6% respecto a los 15.500 millones que se licitaron en el mismo periodo del año anterior, a raíz de la caída de la actividad licitadora registrada desde el estallido de la crisis del coronavirus.

Según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras, Seopan, los ayuntamientos fueron los que más actividad licitadora experimentaron en este periodo, alcanzando los 4.586 millones de euros, un 9% menos, seguidos de las comunidades autónomas, que concentraron 3.555 millones de euros, un 32,4% menos.

En el acumulado del año, las únicas regiones que han aumentado la licitación fueron Baleares, con 96 millones de euros y un 34,7% más que en 2019; Galicia, con 369 millones, un 32,6% más; La Rioja, con 34,3 millones, un 23% más; y Extremadura, con 61 millones, un 0,5% más. Por el contrario, Cantabria fue la que más la redujo, un 67%, hasta 21 millones, seguida de Navarra, un 59% menos, hasta 135 millones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 1.567 millones de euros en licitación pública hasta octubre, reduciéndola en un 63% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras rebajó en un 59% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 72,3%, Aena en un 65%, las Autoridades Portuarias en un 29% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 84,5%.

Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos concentraron, con 2.075 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 27%.

VUELTA A 2011

Respecto a las previsiones, Seopan estima que la licitación pública volverá este año a los niveles que se registraron en 2011, en plena crisis financiera, en caso de que la tendencia a la baja provocada por el coronavirus continúe el resto del año.

En concreto, la licitación esperada para el cierre del ejercicio será de 12.568 millones de euros, lo que supone una disminución del 31,3% respecto a la alcanzada en todo 2019, es decir 5.727 millones de euros menos.

No obstante, no todas las instituciones retrocederán de la misma forma. De igual forma que lo que muestran los datos publicados de octubre, las administraciones locales la disminuirían un 6,6%, las comunidades autónomas un 28,6% y el Estado un 56,5%.

En cuanto a la contratación pública, la media mensual proyectada por Seopan prevé un desplome del 31,6% respecto al año pasado, hasta los 6.513 millones de euros, es decir, un recorte de 3.000 millones. Estos datos supondrían un retroceso a los niveles registrados en 2015.

Los datos de contratación pública se refieren a las obras licitadas por las administraciones públicas, adjudicadas y posteriormente publicadas en boletines oficiales y plataformas de contratación, atendiendo a su precio de adjudicación.