El decreto de centros de datos sube el umbral de 1 a 10 megavatios para no perder inversión de IA en cartera. El texto que Moncloa presentó a finales de agosto como un marco exigente llega ahora rebajado.
Claves de la operación
- El umbral se multiplica por diez. La norma solo se aplicará a instalaciones de más de 10 MW no conectadas aún a la red, frente al megavatio del borrador inicial.
- Seis meses de adaptación. Los proyectos ya aprobados que están tramitando permisos de operación tendrán medio año para cumplir el nuevo marco sancionador.
- Hasta cinco años de transición renovable. Se mantiene el 80% de suministro verde por cada hora de funcionamiento, pero con margen para que la fotovoltaica y los promotores cierren contratos.
España juega con dos bazas que el resto de Europa no replica a este precio: suelo barato y electricidad renovable abundante. Ese cóctel llevó al Ejecutivo a mover ficha a finales de agosto con un borrador que endurecía los requisitos de agua, electricidad y ciberseguridad. La industria contestó con la advertencia que repite en cada mesa de inversión: si el texto aprieta, los proyectos se firman en otro país. Según la información publicada por Reuters, el Gobierno ha escuchado.
Lo que no se rebaja es el núcleo regulatorio. Los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y mantener datos y metadatos dentro del territorio comunitario, con mecanismos que permitan controlar el acceso desde terceros países. Las instalaciones que gestionen información de entidades públicas o vinculada a la seguridad nacional quedan sometidas a controles reforzados. Ahí no ha habido marcha atrás.
De 1 a 10 megavatios: el cambio que decide qué proyectos entran en el radar
El movimiento principal es aritmético. Aplicar la norma a partir de 1 MW metía en el radar administrativo a casi cualquier sala de servidores corporativa; fijar el listón en 10 MW deja fuera a los centros de datos pequeños y medianos y concentra la vigilancia en la gran escala. Sobre el papel, eso libera de burocracia a una parte del mercado. En la práctica, también significa que las exigencias recaerán sobre los desarrollos de IA, que son justo los que el país quiere atraer.
Sigue intacto el régimen sancionador. Una instalación que incumpla se expone a sanción e, incluso, a la desconexión de la red eléctrica. La norma se aplicará a las instalaciones de más de 10 MW que todavía no han sido conectadas, mientras que los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse. Traducido: quien ya está construyendo, corre; quien está en el aire, negocia.
En energía, el Ejecutivo mantiene el requisito de cubrir como mínimo el 80% del suministro eléctrico con renovables en cada hora de funcionamiento. Es un estándar exigente, pensado para instalaciones que consumen de forma constante y que no pueden depender del humor del mercado mayorista. Para que no se convierta en un muro, se abre un régimen transitorio de hasta cinco años.
Un decreto de centros de datos no se mide por lo que exige, sino por los proyectos que consigue retener mientras los exige.
Ahí está la contradicción que el sector lleva meses señalando. España quiere ser el pulmón verde de la IA europea sin pagar el coste de serlo. Y ese equilibrio se resuelve, en la práctica, con umbrales y calendarios. Nada más.
La fotovoltaica se lleva el salvavidas y la industria, el calendario
El régimen transitorio es el otro gran cambio. Permite que un proyecto arranque con cobertura renovable parcial y converja hacia el 80% en un plazo de hasta cinco años. Para la fotovoltaica española es una noticia a medias: mantiene la demanda de largo plazo, pero retrasa la firma de los contratos que sostienen sus cuentas. Los contratos a diez años son el pulmón de las renovables cotizadas.
Para los promotores de centros de datos, el mensaje es el contrario. Cinco años convierten una obligación binaria en una senda financiable: el banco puede modelar la inversión y el operador puede conectar antes de cerrar el último contrato verde. El detalle importa. Si el 80% se mide por hora, por media anual o por instalación, el régimen transitorio puede ser un puente o un coladero.
La comparación con el resto de Europa no es cómoda. Irlanda lleva años limitando nuevas conexiones en Dublín por la presión sobre su red; los países nórdicos compiten con precios eléctricos bajos, y trámites más cortos; Alemania subsidia suelo industrial para atraer cómputo. El diferencial español es el precio del megavatio hora y el suelo, no la agilidad administrativa.
Merlin, Solaria y Redeia: quién gana, quién paga y quién espera
En el IBEX 35 hay tres lecturas distintas del mismo decreto. Merlin Properties ha reconvertido parte de su cartera logística en suelo para centros de datos y necesita certidumbre para firmar arrendamientos a quince años. Solaria y Acciona Energía dependen de que los contratos de compra de energía se firmen antes, no después del régimen transitorio. Redeia, como gestor de la red, gana capacidad de planificación al desplazar la presión de las conexiones pequeñas hacia los grandes desarrollos. El precedente no es tranquilizador: cada endurecimiento técnico sin calendario ha empujado la inversión al norte.
El riesgo no está en el umbral, está en la siguiente revisión. Un decreto que se rebaja dos meses después de presentarse envía una señal ambigua a los fondos de infraestructura, que valoran la estabilidad por encima del rigor. A eso se suma la exposición al agua: la refrigeración líquida compite por un recurso que en la mitad sur peninsular ya es políticamente sensible. Y la ciberseguridad queda como exigencia reforzada para los datos públicos, un terreno donde el sector privado no sabe todavía quién certifica ni con qué estándar.
Nuestra lectura es que Moncloa ha elegido bien el instrumento y mal el calendario. Subir el umbral de 1 a 10 MW es razonable desde el punto de vista administrativo; hacerlo dos meses después de un borrador maximalista erosiona la credibilidad del marco. La política industrial se juzga por su previsibilidad, no por su dureza.
Queda trámite. Audiencia pública, informe del Consejo de Estado y paso por el Consejo de Ministros antes de que el texto sea definitivo. El grueso de los proyectos que están en tramitación tiene seis meses desde la entrada en vigor para adaptarse, y los hyperscalers que han anunciado suelo en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña tienen ahora un argumento más para negociar con la Administración. La prueba de fuego será la letra pequeña del régimen transitorio: si el 80% se mide por hora o por media anual, medio sector respira o se queda sin proyecto.
