Las empresas que formen parte del patronato de centros tecnológicos podrán participar en la ejecución de proyectos de I+D+i que cuenten con subvención pública a partir del próximo año.

Todo ello tras modificarse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 la Ley General de Subvenciones y su limitación para impedir a sujetos receptores de ayudas concertar la ejecución de las actividades subvencionadas con personas o entidades con ellos vinculadas.

La modificación, propuesta por el PNV vía enmienda, acabó siendo pactada con el PSOE y Unidas Podemos, formaciones que integran el Gobierno, y aprobada esta pasada semana en la Comisión de Presupuestos del Congreso, por lo que ya forma parte del articulado del proyecto de ley que llega al Pleno del Congreso.

CAMBIO EN LA LEY DE SUBVENCIONES

En su enmienda, el PNV argumenta que esta prohibición general de concertar esta actividad subvencionada responde al supuesto de los grupos de empresas mercantiles, pero perjudica indirectamente a estos centros tecnológicos, cuyo modelo de gobernanza está ligado a una mayoría empresarial.

Estos centros se constituyen habitualmente como fundaciones, cuya normativa, explica esta formación, requiere la participación mayoritaria de las empresas en su patronato y esta presencia es condición obligatoria en el Registro estatal de Centros Tecnológicos.

Sin embargo, sostienen los nacionalistas vascos, no existe una vinculación entre las empresas y el propio centro tecnológico, en tanto ni los patronos (en este caso fundaciones) ni el consejo rector (en este caso asociaciones empresariales) «tienen ningún tipo de control efectivo ni influencia suficiente».

«Ni ostentan la propiedad ni ostentan un número de votos suficiente como para controlar las decisiones de los centros tecnológicos», subrayan, señalando además que tampoco los centros tecnológicos ejercen control sobre las empresas ni existe reparto de beneficios alguno, al ser entidades sin ánimo de lucro.

LA PROHIBICIÓN PERJUDICA LOS CONSORCIOS Y AHUYENTA A EMPRESAS

A pesar de ello, aseguran que en los últimos dos años en algunas convocatorias de programas de apoyo a la I+D+i de entidades de la Administración se considera a estos centros tecnológicos entidades vinculadas a empresas de sus patronatos o consejos rectores, dificultando las condiciones de subcontratación.

Una prohibición que, además de perjudicar sólo a un grupo de organismos de investigación (estos centros son los únicos con relación empresarial), afecta la constitución de consorcios, descapitaliza estos centros ante las restricciones y perjudica el número y la calidad de propuestas de I+D+i que se postulan para recibir subvención.

«Llama la atención que, después de haber promovido durante años una red de centros tecnológicos excelentes y de valorar y promover la presencia de las empresas en sus órganos de gobierno, ahora se penalice a las empresas que los conforman», concluyen.

Los españoles conservaban en el mes de octubre un total de 1.596 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear, tres millones menos que el mes previo, lo que equivale a 265.552 millones de pesetas pendientes de canje, plazo que finaliza el próximo 30 de junio, tras la extensión que ha aprobado este mismo mes el Gobierno, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

El plazo fijado para hacer el canje concluía el próximo 31 de diciembre, pero el Gobierno lo ha prorrogado seis meses más, hasta el 30 de junio, debido a los estados de alarma por la pandemia y la dificultad que ello ha supuesto para empresas y familias a la hora de poder desplazarse a las oficinas del Banco de España para realizar el cambio.

Según las cifras de la autoridad monetaria y a pesar de que han pasado más de 18 años desde que empezó a circular la moneda común, los españoles conservaban a cierre de septiembre 134.439 millones de pesetas en billetes (808 millones de euros) y 131.112 millones de pesetas en monedas (789 millones de euros).

En los últimos 12 meses los españoles han canjeado unos 1.996 millones de pesetas en billetes (12 millones de euros) y 499 millones de pesetas en monedas (3 millones de euros).

El Gobierno español fijó en tres meses el periodo de convivencia para ambas monedas, desde el 1 de enero de 2002, cuando comenzó a circular el euro en el bolsillo de los españoles, hasta el 31 de marzo del mismo año, y, desde entonces y hasta el siguiente 30 de junio, estableció un periodo de canje de las monedas y de los billetes en pesetas en las oficinas bancarias.

A partir del 1 de julio de ese año, los españoles tienen que acudir al Banco de España si aún conservan la antigua divisa nacional.

SE DEJARÁN DE CAMBIAR CUANDO ACABE ESTE AÑO

El banco emisor estimó que el 45% de las monedas en pesetas que estaban en circulación antes de la entrada del euro nunca será entregado al Banco de España para su canje porque permanecerá en manos de los españoles como pieza de coleccionismo, o bien por deterioro, pérdida o salida del país en los bolsillos de los turistas.

El Banco de España dejará de cambiar pesetas a euros de forma definitiva el 30 de 2021, por lo que los españoles aún disponen de siete meses para retornar los 265.552 millones de la antigua moneda nacional y conseguir los 1.596 millones de euros que valen hoy en día solicitando su cambio en la sede del organismo en Madrid y en cualquiera de sus sucursales sin límite cuantitativo.

Todos los billetes de peseta posteriores a 1939 son canjeables, los emitidos entre 1936 y 1939 deberán ser analizados por expertos y las monedas solo serán admitidas si estaban en circulación el 1 de enero de 2002, ya que las anteriores fueron sustituibles hasta 1997.

También se pueden cambiar todas las monedas que circulaban en el momento del lanzamiento del euro, incluidas las de 2.000 pesetas y las monedas de colección, conmemorativas y especiales. Todos los billetes y monedas se cambiarán por su valor facial, esto es, un euro por cada 166,386 pesetas.

Hasta el 3o de junio de 2021, cualquier persona que lo desee podrá realizar el cambio en el edificio del Banco de España en Madrid (C/Alcalá, 48) o en cualquiera de sus sucursales distribuidas por el territorio nacional.

Debido a las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias en los edificios públicos, para realizar la operación de canje es necesario concertar una cita previa llamando al teléfono 913385000, entre las 8.00 y las 17.00 horas, o través del formulario disponible en la página web del Banco de España. Los interesados estarán obligados a identificarse con su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

El Tesoro Público regresará este martes a los mercados para ofrecer a los inversores letras a 6 y 12 meses, con lo que dará inicio al último mes del año, que encara tras haber reducido de nuevo en 5.000 millones adicional las necesidades de financiación de 2020, lo que conllevará que la subasta de bonos y obligaciones prevista para el jueves día 17 no se celebrará.

El organismo afronta el último mes de un año marcado por la crisis del Covid que le ha llevado a acometer en tres ocasiones cambios de su programa de financiación. De hecho, el pasado martes la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció una nueva reducción del programa de emisiones del Tesoro de este año en otros 5.000 millones de euros, por lo que la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros en 2020.

En este contexto, este martes ofrecerá letras a 6 y 12 meses, siendo la referencia en el primer caso el tipo de interés marginal del -0,555% y en el segundo un interés del -0,550%, en ambos casos registradas en la emisión del pasado 10 de noviembre.

Como consecuencia de la nueva reducción de emisiones, el Tesoro no convocará la subasta de bonos y obligaciones del Estado prevista para el jueves día 17, por lo que en diciembre solo celebrará, aparte de la de este martes, dos emisiones más: el martes día 15 de, letras a 3 y 9 meses, y el jueves día 10, de bonos y obligaciones.

A pesar de las consecuencias de la crisis del Covid-19 desatada desde el mes de marzo, los inversores han mantenido su confianza en la deuda pública española, marcando mínimos en los tipos y reduciendo los costes.

En su última subasta, del pasado jueves 19 de noviembre, captó 1.844,45 millones de euros, por debajo del rango medio previsto, y profundizó en los tipos negativos, marcando mínimo en el caso de los bonos a 5 años.

TRES REVISIONES DEL PROGRAMA POR EL COVID

El programa de financiación del Tesoro para 2020 ya fue revisado por primera vez en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero se varió de nuevo el pasado 8 de octubre para reducirse en 15.000 millones, sumándose ahora otra nueva rebaja de 5.000 millones.

De este modo, sobre la previsión de emisión neta de 130.000 millones anunciada en mayo para hacer frente a las necesidades adicionales motivadas por el Covid-19, la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros y la emisión bruta en unos 277.000 millones de euros.

Calviño explicó que estas menores necesidades de financiación se explican por una evolución de los ingresos más favorable que la prevista a principios de octubre, con mayores ingresos tributarios ante la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre. Además, las amortizaciones anticipadas por parte de las CCAA de préstamos de los Fondos de Financiación han continuado.

EMISIÓN RÉCORD EN 2021

Conforme a las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará el próximo año una nueva cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior.

El endeudamiento neto del Tesoro Público en 2021 ascenderá aproximadamente a 110.000 millones de euros; las letras aportarán alrededor de 10.000 millones de financiación neta, mientras que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los restantes 100.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.

Además, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ya avanzó que el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, que se prevé que sea sindicada y de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, según «el apetito» que presente el mercado en ese momento, aunque con la intención de alcanzar un nivel de liquidez de 20.000 millones a largo plazo con sucesivas reaperturas.

El número de billetes de 500 euros en circulación alcanzó en septiembre los 19,16 millones, su cifra más baja desde abril del año 2002, según los últimos datos publicados por el Banco de España, que dejó de emitir billetes de 500 euros en enero de 2019.

El importe de todos los billetes de 500 euros se situó en el octavo mes del año en 9.581 millones de euros, frente a los más de 9.723 millones de euros del mes anterior.

El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordó a principios de mayo de 2016 dejar de producir billetes de 500 euros. En aplicación de esta decisión, el Banco de España cesó la emisión de billetes de 500 euros desde enero de 2019, si bien estos billetes seguirán siendo de curso legal, por lo que podrán seguir circulando y utilizándose como medio de pago y como depósito de valor, es decir para comprar y ahorrar.

Asimismo, los sectores profesionales, como bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas y cambio de moneda, entre otros establecimientos, podrán recircular los billetes de 500 euros.

Estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y podrán cambiarse en los bancos centrales nacionales de la zona del euro en cualquier momento.

LOS BILLETES DE 200 SUBEN

Por su parte, el número de billetes de 50 euros en circulación subió en octubre en 15 millones, hasta 1.305 millones de unidades, con un importe que rondó los 65.250 millones de euros.

Además, el importe de los billetes de 200 euros se situó en el décimo mes del año en 1.056 millones de euros, con 5,28 millones de unidades, algo inferior al mes pasado.

CRECE LA BRECHA EN BILLETES DE 100, 20 Y 10 EUROS

En el caso de los billetes de 100 euros, perduró la brecha entre billetes distribuidos y billetes retirados en septiembre, después de que las entidades que operan en España entregaran al Banco de España más billetes de los que se pusieron en circulación.

En concreto, la diferencia entre los billetes distribuidos y los retirados en el décimo mes del año fue de 103 millones de unidades, un millón más que en septiembre.

Esta situación se puede deber al hecho de que el país sea un receptor de turismo y la posibilidad de que los turistas hayan traído en el último año a España muchos billetes de este tipo, según apuntó el Banco de España cuando se produjo el primer descenso en febrero del año 2015.

Buena parte del dinero de los turistas acaba en las entidades de crédito, que devuelven parte de estos billetes al Banco de España porque no necesitan tantos para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus clientes.

En cuanto a los billetes de 10 y 20 euros, el saldo neto entre lo distribuido y las devoluciones también fue negativo. La brecha fue de 1.536 millones de billetes en el primer caso y de 2.112 millones de billetes en el caso de los billetes de 20 euros, lo que supone dos y seis millones más en cada caso.

Aedas Homes prevé que la caída de la producción como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en la movilidad y en la economía desencadene un alza en los precios de la vivienda nueva de segmento medio, aunque sí anticipa una prolongación de las caídas en el precio en el caso de la vivienda usada.

El director general de Negocio de la promotora inmobiliaria, Alberto Delgado, descarta de esta forma que la vivienda de obra nueva en las ciudades en las que está presente vaya a registrar una reducción de los precios.

No obstante, explica que la mayor disponibilidad de vivienda puesta en alquiler en el mercado por la falta de movilidad sí tendrá un efecto en la congelación o disminución de los precios del alquiler e influirá en las transacciones de segunda mano.

Delgado cree que esta situación no tiene por qué arrastrar a la obra nueva: «Estamos observando de una manera cada vez más clara que se está produciendo un mayor desacoplamiento entre los precios de obra nueva y segunda mano. El cliente está más informado y percibe de una forma más clara que son productos poco comparables en muchos casos».

En este contexto, defiende que los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que podría recibir España por la crisis sanitaria abren una nueva oportunidad para fomentar la vivienda de obra nueva, ayudando así a la renovación del gran parque de casas obsoletas que hay en el país.

«Las distintas administraciones deberían aprovechar, sin duda, parte de estos fondos para impulsar la sostenibilidad y la eficacia energética a través del desarrollo de proyectos de obra nueva, ya sea con medidas focalizadas en los promotores o en los clientes que compren o alquilen las viviendas», afirma Delgado, quien cree que conseguir ciudades más sostenibles para por construir nuevas edificaciones que son mucho menos contaminantes.

MÁS DE 1.300 MILLONES EN INGRESOS

A pesar del contexto de incertidumbre creado por la pandemia, Delgado destaca que los compromisos con sus clientes y accionistas «siguen vigentes», sobre todo después de que la demanda de sus viviendas siga dando signos «de gran fortaleza».

«En el caso de Aedas Homes, hemos conseguido en el tercer trimestre del año niveles un poco superiores a 2019 sin tener que reducir los precios», indica.

La compañía prevé ingresar más de 1.300 millones de euros en los próximos 17 meses con la venta de las 4.200 viviendas que entregará en este periodo.

A 31 de octubre de 2020, Aedas contaba con una cartera de preventas de 3.350 viviendas por importe superior a 1.100 millones de euros. «Tenemos vendidas prácticamente en su totalidad las 1.900 viviendas que entregaremos antes del 31 de marzo, cuando acaba nuestro ejercicio fiscal, y de las en torno a 2.400 que daremos en 2021, casi el 60%», señala Delgado.

EN TORNO A 9.700 VIVIENDAS ACTIVAS

De cara al futuro, la promotora cuenta con suelo para desarrollar todo su plan de negocio 2017-2023 y comenzar a definir el siguiente, ya que dispone de activos para promover más de 15.700 viviendas, casi un tercio en Madrid.

En total, Aedas Homes tiene en torno a 9.700 viviendas activas, distribuidas en más de 160 promociones repartidas en 13 provincias –Madrid, Barcelona, Alicante, Baleares, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Pontevedra y Tarragona–.

En cuanto al impulso de nuevos negocios, Delgado adelanta que la compañía seguirá principalmente ampliando sus operaciones ‘Build to Rent’ con clientes institucionales que operan en el mercado del alquiler.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 se enfrenta desde este lunes a su fase decisiva en el Congreso, el debate y votación de las enmiendas y de las secciones en el Pleno, y el Gobierno llega a esta cita con un respaldo que supera la mayoría absoluta de la Cámara.

El debate se iniciará con el articulado de la Ley de Presupuestos, con sus disposiciones, y a partir del martes subirán a la tribuna los distintos ministros del Gobierno para defender las cuentas de sus respectivos departamentos, comenzando por la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Para la votación de las enmiendas que quedan ‘vivas’, el Congreso ha previsto tres rondas de votaciones exclusivamente telemáticas durante el martes y el miércoles, por lo que el miércoles a las 20.00 horas el Pleno habrá votado todas las enmiendas parciales a los Presupuestos y las cuentas habrán quedado listas para sus votaciones decisivas.

El jueves será el día clave ya que, tras el último de los debates, se procederá a las votaciones (telemáticas y presenciales) de las distintas secciones presupuestarias. En esta ronda, el Gobierno no puede perder ni una sola votación, ya que el rechazo de una sola sección implicaría el fracaso de las cuentas y la devolución del Presupuesto al Ejecutivo.

SE DESPEJA LA VÍA DE LA INVESTIDURA PARA APROBAR LAS CUENTAS

A esta fase el proyecto llega con el camino muy despejado para su aprobación, pues el Gobierno de coalición tiene confirmado el respaldo de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu y Compromís, con los que ya suma una mayoría absoluta holgada en línea del bloque de investidura que facilitó la constitución del Gobierno.

Y esta semana busca cerrar el apoyo de Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Más País y Nueva Canarias, que ya han visto la inclusión de varias enmiendas a las cuentas, con los que podría llegar a los 185 votos.

Está pendiente conocer la posición final del PDeCAT, que apoyó tramitar el proyecto desmarcándose de su socio de Junts y que se abstuvo en las votaciones en Comisión manteniendo abierta la vía de la negociación.

En el voto en contra siguen el PP y sus socios de UPN y Foro Asturias, así como Coalición Canaria y los independentistas catalanes de Junts y la CUP. Ciudadanos, que apoyó tramitar los presupuestos y se ofreció a negociar, ya se pasó también al ‘no’ ante el acuerdo de Gobierno con ERC y Bildu y tras ver que sólo se admitió una enmienda ‘naranja’, la relativa a la tarjeta sanitaria única. Vox también está en contra de los Presupuestos, aunque en su caso renunciaron a presentar enmiendas y ni siquiera participaron en las votaciones de la comisión.

MÁS DE 250 MILLONES Y SIN SUBIDA AL DIÉSEL

Hasta ahora, la tramitación parlamentaria ha ‘congelado’ el sueldo del Gobierno, eliminado las cuentas la subida fiscal al diésel, y repartido una serie de inversiones territoriales en virtud de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con sus socios, particularmente en el País Vasco y Navarra, auspiciados por PNV y Bildu, y Cataluña (ERC), pero también en Madrid (Más País), Cantabria (PRC), Canarias (NC) y Aragón (Teruel Existe)

Entre las inversiones más destacadas comprometidas hasta ahora se encuentran los 100 millones de inversión real para el AVE en Barcelona, 50 millones para un plan renove para la industria de la máquina herramienta, y un plan contra la pobreza en Canarias por valor de 30 millones de euros.

También se han reservado 10 millones para I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, hay dos nuevas partidas dirigidas a la crisis migratoria –2,5 millones adicionales a Salvamento Marítimo y 4 millones para proyectos humanitarios–, la financiación de un proyecto piloto para una planta de recuperación de residuos y un estudio para encontrar alternativas de bajas emisiones a los vuelos peninsulares.

En el articulado del proyecto, el Gobierno también ha pactado ampliar los supuestos de contratación para personal investigador, incentivos a la participación empresarial en centros tecnológicos y a la producción de energía eólica marina con instalaciones en los puertos, la venta de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, y facilidades para la contratación de docentes en universidades no presenciales no enteramente públicas.

Funcas considera poco conveniente hacer una rápida asociación entre concentración de mercado en la banca y poder de monopolio, afirmando que es posible la existencia de una mayor competencia entre pocos rivales que entre varias docenas que se reparten negocios, territorios o pactan precios.

Así consta en un artículo elaborado por Santiago Carbó Valverde y Francisco Rodríguez Fernández, incluido en el número 279 de los Cuadernos de Información Económica, editado por Funcas, en el que aseguran que la concentración bancaria en España es aún «moderada».

De este modo, los autores del texto aseguran que una mayor concentración no parece implicar una menor rivalidad, mientras que prevén que la concurrencia creciente de operadores no bancarios, incluso de las BigTech, traiga, aún, mayor intensidad competitiva.

FUSIÓN: MOVIMIENTO DEFENSIVO OPORTUNO

En esta línea, parece que la Covid-19 puede hacer de algunos procesos de fusión un movimiento estratégico defensivo oportuno. Para los expertos de Funcas, el aumento de la dimensión parece el mecanismo más a mano para hacer frente a una crisis de estas características, siempre que se respeten los principios de una competencia intensa.

«A corto plazo, aumentan los ingresos, vía cantidades, en un contexto de tipos de interés negativos y de creciente morosidad», señalan, al tiempo que añaden que se puede lograr una significativa disminución de costes si las fusiones son domésticas, ya que se pueden reducir solapamientos de capacidad.

Así, ante la incertidumbre internacional y la inestabilidad cambiaria, Carbó y Rodríguez entienden que adquiere bastante sentido ‘ganar balance’ en euros. No obstante, aunque algunos condicionantes regulatorios y la necesidad de redoblar el esfuerzo de recorte de costes pueden favorecer una tendencia a la integración, los expertos lanzan una advertencia.

AVISA DE LA CELERIDAD EN LOS PROCESOS

En este sentido, avisan de que hay que tener muy en cuenta que la incertidumbre en los mercados derivada de la pandemia puede dificultar, en algunos momentos, que proyectos de fusión y adquisición puedan desarrollarse con la necesaria tranquilidad y valoración que requieren.

En cualquier caso, la industria bancaria afronta retos de gran calado en los que las integraciones pueden ayudar parcialmente, si bien subrayan que difícilmente pueden ser una respuesta absoluta.

En el entorno competitivo actual se aprecia un valor creciente del cliente como unidad de información y es en ese marco de servicio como plataformas gestoras de información y riesgos donde se configurarán los bancos del futuro. «El tamaño ofrece, en todo caso, ventajas para poder ofrecer esos nuevos servicios con ventajas de escala», precisan.

MUCHOS CONTACTOS QUE NO SE CONCRETAN

Con todo, Funcas señala que se están produciendo desde hace años numerosos contactos para proyectos de integración entre entidades financieras europeas pero que nunca llegan a concretarse.

En opinión de Carbó y Rodríguez, uno de los factores que lo explica es la escasez de ventanas de oportunidad en los mercados. Mientras tanto, las acciones bancarias están sometidas a vaivenes que se han acelerado en el último año y se ha pasado en poco tiempo de la expectativa de subida de tipos de interés y normalización de curvas de rendimiento, a una situación de nueva expansión monetaria.

Finalmente, los autores del artículo reclaman al sector ser cautos ante las incertidumbres derivadas del Covid-19, ya que seguramente la crisis tendrá un impacto negativo en las cuentas, sobre todo por el incremento de la morosidad.

«Está por ver si desembocará en un episodio de inestabilidad financiera que nos recuerde la crisis de 2008», destacan los expertos en el artículo.

La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) cifra en 77.000 millones anuales el gasto fiscal que representan los beneficios fiscales en los tres principales impuestos en España (IRPF, IVA y Sociedades), lo que equivale al 6,2% del PIB del año 2019, por lo que aboga por una reforma fiscal «más eficiente y simple». En este sentido, estima que se podría recaudar prácticamente lo mismo en el IVA con un tipo único del 10% si se eliminasen las deducciones actuales.

Así se desprende de un artículo recogido en el último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, en el que José Félix Sanz y Desiderio Romero analizan el coste recaudatorio asociado a los «numerosos» beneficios fiscales existentes en el IRPF, el IVA y el impuesto sobre Sociedades, tres de las principales figuras impositivas que acumulan el grueso (85%) de la capacidad recaudatoria del sistema fiscal español, según la Agencia Tributaria.

Los autores concluyen que, en conjunto, el total de gastos fiscales vinculados a las tres principales figuras impositivas asciende a 77.183 millones de euros anuales, el equivalente al 6,2% del PIB de 2019, de los que el 61% es absorbido por el IVA, el 36% por el IRPF y el 3% restante por las deducciones y bonificaciones en el impuesto sobre Sociedades.

No obstante, los autores matizan que la estimación en el caso de Sociedades «no puede completarse por carecer de una muestra de microdatos equivalente a la de los otros dos impuestos».

Para los autores, estas cifras sugieren que, con cargo a estos beneficios fiscales, España podría financiar una reforma fiscal encaminada a conseguir un sistema fiscal «más eficiente y más simple», consiguiendo simultáneamente una mayor recaudación.

IRPF

El total de gastos fiscales en el IRPF de 2017 ascendió a 27.704 millones de euros, de los que 19.683 millones se instrumentaron en la base imponible, 3.231 millones en la base liquidable y los 5.445 millones restantes en deducciones en la cuota, por lo que el grueso de beneficios fiscales se estructura en la base imponible del impuesto (71,05%).

En el IRPF destacan los beneficios fiscales asociados a los rendimientos del trabajo, al tratamiento del ahorro y del capital inmobiliario y, en menor medida, a los sistemas de previsión social y otras deducciones en cuota.

El análisis realizado ha identificado la «fuerte distorsión» generada por la actual reducción por rentas del trabajo, cuya existencia eleva en un 250% el tipo marginal de los trabajadores con rentas salariales entre 13.115 y 16.825 euros, al pasar del 24% al 60%.

El total de los gastos fiscales asociados a los rendimientos del trabajo asciende a 12.862 millones de euros. El 99% (12.735 millones) está vinculado a la deducción general de 2.000 euros que se aplican todos los contribuyentes con rendimientos del trabajo (9.315 millones) y a la reducción que establece que los trabajadores que cumplan ciertos requisitos podrán minorar adicionalmente el rendimiento neto del trabajo en unas cantidades que disminuyen con la renta1 (3.420 millones).

Asimismo, señala que el coste recaudatorio imputado habitualmente a los planes de pensiones está «sobrevalorado significativamente» al no tenerse en cuenta la fiscalidad soportada por las prestaciones en el momento de ser percibidas.

Según Funcas, el «verdadero» coste recaudatorio de los planes de pensiones debe determinarse por la diferencia entre los ahorros fiscales generados al partícipe en la aportación (1.809 millones de euros) y el valor presente de los impuestos que se pagarán cuando se reciba la prestación (1.559 millones), por lo que el coste recaudatorio efectivo durante 2017 es de 250 millones.

IVA

En cuanto al IVA, los beneficios fiscales generados por los tipos reducidos del IVA suponen 29.597 millones de euros, de los cuales un 30% están generados por bases gravadas a tipo superreducido y el 70% restante a tipo reducido.

En este sentido, se detecta que podría conseguirse una recaudación próxima a la existente actualmente con un tipo único próximo al 10% si se eliminasen las exenciones.

Según Funcas, las exenciones dan lugar a una pérdida potencial de recaudación de cerca de 18.000 millones, mientras que los tipos reducidos y superreducidos suponen beneficios fiscales por importe de más de 29.000 millones de euros.

SOCIEDADES

Por último, sobre Sociedades los autores aclaran que hay una ausencia de microdatos de las declaraciones del impuesto sobre sociedades, pero conforme a la estadística de la Agencia Tributaria los beneficios fiscales generados por bonificaciones y deducciones en cuota fueron en 20178 de 2.099 millones de euros.

En detalle, el montante de los beneficios fiscales generados por la existencia de bonificaciones fue en 2017 de 250,5 millones de euros, de los que el 57,4% se correspondieron a la bonificación de los beneficios obtenidos por la prestación de servicios locales.

Por su parte, el montante global de beneficios generados por las deducciones a la inversión y al empleo fue en 2017 de 1.818,3 millones de euros, de los que el 59,7% correspondieron a deducciones por actividades relativas a inversión en I+D, innovación y creación de empleo.

Los jubilados vascos y asturianos son los que cobran, de media, una pensión más alta, superior a los 1.400 euros mensuales, mientras que gallegos y extremeños son los que perciben una pensión de jubilación de menor cuantía, inferior a 1.000 euros al mes, según datos de la Seguridad Social, con fecha 1 de noviembre.

En concreto, la pensión media de jubilación más elevada la registra País Vasco, con 1.436,3 euros mensuales, seguido de Asturias, con 1.407,9 euros al mes; Madrid (1.366,8 euros); Navarra (1.321,2 euros); Cantabria (1.245 euros); Aragón (1.223,1 euros) y Cataluña (1.189,8 euros).

Estas siete comunidades se sitúan así por encima de la pensión de jubilación promedio de toda España, que en noviembre alcanzó los 1.169 euros al mes.

Por debajo de esta cantidad pero superando el nivel de ‘mileuristas’ figuran los jubilados de Castilla y León (1.156,2 euros al mes de media); La Rioja (1.117,5 euros mensuales); Canarias (1.087,7 euros); Castilla-La Mancha (1.083,9 euros); Baleares (1.078,5 euros); Comunidad Valenciana (1.069,6 euros mensuales); Andalucía (1.054,2 euros), y Murcia (1.039,7 euros al mes).

Cierran la tabla, como únicas regiones con una pensión media de jubilación inferior a 1.000 euros al mes, las comunidades de Galicia (984,94 euros) y Extremadura (969,58 euros mensuales).

La cuantía de la pensión de jubilación depende de las bases de cotización obtenidas en los años anteriores al abandono del mercado laboral. Este año se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 23 años, aunque en 2021 se considerarán los últimos 24 años y en 2022, los últimos 25 años.

Una vez sumadas las bases de cotización de los últimos 23 años, es decir, los últimos 276 meses, la cifra resultante ha de dividirse entre 322, que el resultado de multiplicar los últimos 23 años por 14 pagas, que son las que los pensionistas reciben a lo largo de un año.

Con esta operación se obtiene la base reguladora de la pensión, sobre la que se calculará la cuantía final de la pensión en función de una serie de porcentajes asociados a los años cotizados. Por ejemplo, con sólo 15 años cotizados (el mínimo para poder acceder a esta prestación), la pensión de jubilación equivaldría al 50% de la base reguladora. Para poder cobrar el 100% de la base reguladora en 2020 se necesitan al menos 36 años de cotización.

No obstante, existen límites a las cuantías mínimas y máximas en la pensión a percibir. En 2020 la pensión no puede superar los 2.683,34 euros mensuales. Por su parte, la cuantía mínima dependerá de las circunstancias personales de cada pensionista (si tiene cónyuge a cargo, si tiene cónyuge pero no a su cargo o si es unidad económica personal) y de la edad a la que accede (65 años y más o menos de 65 años). Estas circunstancias hacen variar la pensión mínima de jubilación desde los 604,4 euros mensuales hasta los 843,4 euros al mes.

La base de cotización, que determina la base reguladora de la pensión a percibir, es la remuneración mensual bruta que recibe el trabajador, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Por tanto, cuanto mayor sea el salario bruto, mayor será la pensión de jubilación.

LOS SALARIOS MÁS ALTOS POR COMUNIDADES

Si se observan los salarios por comunidades se aprecia cierta correspondencia con las pensiones medias percibidas por sus jubilados, aunque no en todos los casos. En los salarios influye mucho la estructura productiva, de forma que las regiones con un mayor peso de la industria suelen presentar sueldos más altos que las que viven principalmente del sector servicios.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque corresponden a 2018, sí sitúan a País Vasco como la región con el salario medio bruto anual más elevado (28.470 euros anuales), pero no le sigue Asturias, sino Madrid, con 27.010 euro al año. De hecho, Asturias (23.914 euros) se sitúa en quinta posición, viéndose superada también por Navarra (26.636 euros) y Cataluña (25.552 euros).

En el caso de las pensiones medias de jubilación más bajas, que corresponden a Extremadura y Galicia, sí se observa que la primera es la región con el menor salario bruto medio anual (19.947 euros), pero no ocurre lo mismo con Galicia que, con 22.244 euros al año, está por encima de otras seis comunidades, siempre teniendo en cuenta que los datos corresponden al ejercicio 2018. Pese a ello, la pensión media de jubilación en esta región no llega a los 1.000 euros.

Si se atiende a datos más recientes del INE, los correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre, la situación es parecida: Madrid, País Vasco y Navarra son las regiones con mayor coste salarial por trabajador y mes, por encima de los 2.000 euros, mientras que Asturias y Cataluña se sitúan en cuarta y quinta posición.

Los costes salariales más bajos se dan en Canarias, Baleares y Extremadura, con entre 1.282 euros y 1.533 euros, respectivamente, mientras que Galicia se halla a mitad de tabla, con 1.668,8 euros al mes.

Además de los años cotizados y del sueldo percibido, hay que tener en cuenta que no todos los pensionistas se jubilan al llegar a la edad legal, sino que hay algunos que, si cumplen una serie de requisitos, la anticipan, con el consiguiente coeficiente reductor, que merma la cuantía de su prestación.