El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será una de las personalidades políticas que intervendrán en las sesiones del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) que se celebraba tradicionalmente en Davos y que en su edición de este año tendrá lugar en formato virtual entre los días 25 y 29 de enero.

Además del presidente español, otras figuras políticas destacadas que participarán como oradores en el evento serán el presidente chino, Xi Jinping; Narendra Modi, primer ministro de la India; Yoshihide Suga, primer ministro de Japón; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Angela Merkel, canciller de Alemania; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Giuseppe Conte, primer ministro de Italia.

Asimismo, también está prevista la intervención en distintos eventos del Foro del presidente de Argentina, Alberto Fernández, así como de los presidentes de Colombia y Costa Rica, respectivamente Ivan Duque y Carlos Alvarado Quesada.

Según la agenda del cónclave, presentada este lunes, Pedro Sánchez participará como orador en la sesión ‘Avanzando hacia un nuevo contrato social’, que se celebrará el próximo 25 de enero y en la que estará acompañado por el presidente de Ruanda, Paul Kagame; James Quinceypresidente y consejero delegado de The Coca-Cola Company; Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación del Comercio Internacional (ITUC); Jo Ann Jenkins, consejera delegada de AARP, así como de la emprendedora social Hilary Cottam.

Aparte de líderes políticos, el foro virtual contará también con la intervención de figuras internacionales como António Guterres, secretario general de la ONU; Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Asimismo, está prevista la participación de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), así como del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra.

«En el contexto de la pandemia de Covid-19, la necesidad de restablecer las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas se han fortalecido en todo el mundo», dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, quien señaló que reconstruir la confianza y aumentar la cooperación global «son cruciales» para fomentar soluciones innovadoras y audaces para detener la pandemia e impulsar una recuperación sólida.

«Esta reunión única será una oportunidad para que los líderes delineen su visión y aborden los problemas más importantes de nuestro tiempo, como la necesidad de acelerar la creación de empleo y proteger el medio ambiente»,añadió.

A raíz de la pandemia, los organizadores del Foro anunciaron que la edición presencial de 2021 se celebrará en Singapur del 13 al 16 de mayo, en vez de en la habitual localidad alpina suiza de Davos, aunque subrayaron su intención de devolver la ubicación tradicional al evento en 2022.

Asimismo, antes de esta reunión anual extraordinaria en Singapur, el Foro acogerá en Tokio, los días 6 y 7 de abril de 2021, la Cumbre Mundial sobre la gobernanza de la tecnología.

Ciudadanos ha planteado este lunes en el Congreso de los Diputados un plan de rescate para producciones agrícolas y ganaderas afectadas por el temporal ‘Filomena’ con el empleo de fondos europeos, créditos blandos para facilitar liquidez y subvenciones extraordinarias.

En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, y recogida por Europa Press, la formación ‘naranja’ sugiere paliar el impacto en el sector primario y las zonas rurales el uso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y otros fondos europeos.

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SUBVENCIONES A DAÑOS PERMANENTES

Asimismo, piden al Gobierno que facilite apoyo técnico a comunidades autónomas que lo soliciten para incluir en su Programa de Desarrollo Rural (PDR) la solicitud de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes.

También propone habilitar una línea de créditos blandos para el reparo de infraestructuras dañadas, con especial atención a aquellas consideradas esenciales para garantizar el suministro de productos básicos, y una línea de subvenciones extraordinarias para casos en que los efectos hayan sido definitivos y tengan alcance a largo plazo, como el caso de numerosas explotaciones de olivos de regadío que han tenido que ser taladas debido a la congelación de las aceitunas.

RESARCIR AL CAMPO, UNA CUESTIÓN «DE JUSTICIA»

Desde esta formación consideran que tomar medidas excepcionales para paliar los efectos de esta borrasca en la agricultura y la ganadería «es esencial y de justicia», habida cuenta además que «es el que ha sufrido la peor parte de los efectos del temporal, especialmente en las zonas rurales».

Además de su «papel esencial» durante la pandemia de Covid-19, manteniendo la cadena alimentaria y el suministro y el abastecimiento de la población, Cs ha destacado cómo el sector primario «tampoco ha dudado en arrimar el hombro ante la borrasca», ofreciendo máquinas quitanieves y otro tipo de maquinaria agrícola allí donde no llegaban los servicios de emergencia.

El Banco Central Europeo (BCE) realizó compras de activos por valor de 18.199 millones de euros durante la semana pasada al amparo de su programa de compras extraordinarias contra la pandemia (PEPP), según los datos difundidos por el organismo este lunes.

En los siete días anteriores, el BCE había realizado adquisiciones por importe de 8.823 millones de euros bajo este programa, que entró en vigor a finales de marzo para paliar el impacto de la pandemia en los mercados y poner bajo control los diferenciales de la deuda de los países del euro.

De esta forma, el volumen semanal se ha más que duplicado. Sin embargo, este cambio no es significativo porque los datos de la semana anterior todavía estaban afectados por el periodo navideño, durante el cual el BCE no acude a los mercados.

De este modo, el banco central ha empleado ya 780.732 millones de euros del programa, que fue ampliado en diciembre hasta un total de 1,85 billones de euros. Por tanto, el organismo ha utilizado ya el 42,2% del mismo. El PEPP estará vigente hasta marzo de 2022. El compromiso de reinversión se extendió en un año, hasta finales de 2023.

En términos mensuales, el PEPP ha mantenido una tendencia a la baja desde junio, cuando alcanzó su mayor volumen de compras. En los pocos días de marzo que estuvo operativo, la entidad se hizo con 15.444 millones en activos, que en abril se elevaron hasta 103.366 millones y posteriormente pasaron a 115.855 millones en mayo y a 120.321 millones en junio.

En julio, el volumen de compra de activos descendió a 85.423 millones y se volvió a ralentizar en agosto a 59.466 millones. En septiembre, repuntó hasta 67.308 millones de euros, pero en octubre se ralentizó de nuevo hasta 61.985 millones y en noviembre alcanzó los 70.835 millones. El programa cerró diciembre con 57.163 millones, mientras que en lo que va de enero el BCE ha adquirido activos por valor de 23.566 millones de euros.

Al margen del PEPP, el BCE también acudió a los mercados a comprar activos al amparo del resto de sus programas. Así, se hizo con deuda pública emitida por los países del euro e instituciones supranacionales por importe neto de 3.968 millones de euros, elevando a 2,345 billones de euros la cifra en el balance del BCE a costes amortizados hasta el pasado 15 de enero desde el comienzo del programa en marzo de 2015.

La entidad con sede en Fráncfort (Alemania) también se hizo con 2.649 millones de euros bajo su programa de compra de deuda corporativa (CSPP), alcanzado la cuantía total en el balance 253.459 millones de euros. De su lado, las adquisiciones netas del programa de cédulas hipotecarias alcanzaron los 769 millones de euros, hasta situarse en 288.528 millones de euros, mientras que el programa de compra de titulizaciones se elevó en 373 millones de euros, hasta 29.749 millones.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y la de Portugal, Teresa Coelho, han mantenido este lunes un encuentro en el que han analizado las prioridades en materia pesquera de la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2021.

En concreto, Villauriz ha expresado la necesidad de impulsar la conclusión de las negociaciones para la renovación de diferentes acuerdos pesqueros, con países como Mauritania, Islas Cook o Gabón, este último se encuentra muy avanzado.

La secretaria de Pesca también ha pedido reactivar aquellos protocolos que actualmente se encuentran paralizados por diversos motivos, como el acuerdo con Madagascar, e impulsar el inicio de las negociaciones con otros países interesados, como Guinea Conakri.

Ambas secretarias han coincidido en considerar como prioritaria la adopción de los TAC (Totales Admisibles de Capturas) y cuotas para 2021, tras las consultas posteriores al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el objetivo de lograr una adecuada planificación del sector pesquero, especialmente en pesquerías estacionarias, como la de caballa, que comenzará en pocas semanas.

Por otra parte, Villauriz ha solicitado el apoyo de la Presidencia portuguesa ante la necesidad de plantear una modificación del reglamento del Mediterráneo, para que tenga en cuenta «medidas de gestión eficaces y basadas en los dictámenes científicos disponibles».

COLABORACIÓN HISPANO-PORTUGUESA

Por otro lado, ambos países han renovado su compromiso de colaboración en materia de conocimiento científico en el ámbito pesquero, aspecto esencial para una gestión sostenible de los recursos pesqueros, sobre todo para el gran número de stocks de interés común, principalmente en aguas ibéricas.

En este sentido, se ha expresado la necesidad de seguir con la «estrecha coordinación» para la planificación de las campañas científicas y el uso de los medios disponibles, como son los buques oceanográficos, así como las sinergias alcanzadas a través de los respectivos institutos científicos, y en la participación en los organismos científicos internacionales, principalmente en el Consejo Internacional para la Explotación del Mar.

También han mostrado su disposición a seguir colaborando en materia de intercambios de cuotas de pesca, que permiten optimizar las asignaciones que tiene cada país bajo la Política Pesquera Común (PPC).

Otro tema abordado ha sido la situación de los trabajos del Reglamento de control, con la prioridad de llegar, durante la Presidencia portuguesa, a la adopción del enfoque general parcial en el Consejo.

La secretaria general de Pesca ha transmitido asimismo el interés de España en que se agilicen los trabajos tanto del Reglamento de Disposiciones comunes como del Reglamento del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de Acuicultura (FEMPA), al objeto de que puedan publicarse en el primer semestre de 2021.

Por último, Villauriz ha trasladado a la secretaria portuguesa el apoyo de España para extender las ayudas Covid durante 2021, en especial las destinadas al almacenamiento, ya que los efectos directos de la pandemia se están produciendo también en este comienzo de este año y los efectos económicos podrían extenderse a lo largo de todo el año.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno aprobará «en breve» una medida para permitir que las familias españolas puedan solicitar hasta el próximo 31 de marzo moratorias en el pago de sus hipotecas y de créditos al consumo.

«Estamos trabajando en una extensión del mecanismo de expedientes de regulación de empleo (ERTE). Igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado», ha explicado

El Gobierno ya puso en marcha la moratoria hipotecaria y la moratoria de créditos al consumo al inicio de la pandemia para aliviar la carga de las familias más afectadas por el parón en la actividad económica. En julio las extendió para que pudieran solicitarse hasta el 29 de septiembre de 2020.

En las últimas fechas, Unidas Podemos ha reclamado al PSOE que se recuperaran algunas de las medidas que finalizaron el pasado septiembre, como precisamente las moratorias para créditos hipotecarios y no hipotecarios, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que provocará la tercera ola del virus.

Calviño ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en una reunión por videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) en el que los Diecinueve debatirán entre otras cuestiones las medidas que han desplegado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la prohibición al Banco de España de exigir a sus trabajadores la declaración del IRPF en su código de conducta por vulnerar el derecho a la protección de datos de los mismos, al tiempo que ha rechazado que la autorización previa para realizar actividades extralaborales, como cursos, coloquios o entrevistas, vulnere el derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión e información de los empleados.

En concreto, ha confirmado la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza del Banco de España que obliga a sus trabajadores a entregar la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas, al considerar que esta exigencia vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal.

La Sala afirma que la declaración del IRPF permite conocer «no únicamente los datos económicos del afectado, sino todo un haz de datos que aparecen en la misma como pueden ser los referentes a su religión, pertenencia o no a un sindicato, ideas, datos que, a tenor de la LOPDP 15/1999, de 13 de diciembre, aplicable por razones cronológicas, son datos especialmente protegidos».

En consecuencia, el tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Banco de España y la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO. Servicios) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de un párrafo del artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017, que desarrolla el Código de Conducta para el personal del Banco de España.

El párrafo anulado establece que la Unidad de Cumplimiento Interno del Banco de España podrá solicitar a los empleados una copia de las declaraciones del IRPF o datos fiscales para comprobar la concordancia con la información previamente comunicada.

La Sala rechaza la alegación del Banco de España relativa a que no es necesario el consentimiento del trabajador cuando se ejerce una facultad empresarial y añade que las facultades del empresario de control de la actividad de sus trabajadores «no son omnímodas, tienen el límite de que en su ejercicio se ha de respetar la dignidad del trabajador».

Sobre esta misma cuestión, afirma que el poder de dirección que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario «no justifica ‘per se’ que no haya de recabarse el consentimiento de la persona trabajadora en determinados supuestos».

EL BCE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE SUPERVISIÓN PERO NO LA FORMA

También asegura que las orientaciones del BCE 2015/855 y 2015/856, artículos 5 y 3.3 imponen a los bancos centrales del Eurosistema obligaciones de supervisión del cumplimiento de las normas contenidas en la orientación y comprobaciones de su cumplimiento, bien de forma periódica o ‘ad hoc’, pero no establecen con carácter general el que el Banco pueda reclamar a cualquiera de sus empleados sus declaraciones de IRPF o sus datos fiscales.

Así, precisa que lo que se impone es una obligación de supervisión pero no la forma en la que la misma ha de llevarse a cabo, quedando a la decisión del Banco de España la forma de realizar la supervisión y comprobación del cumplimiento de las normas de la orientación.

Por último, considera que la medida exigida por el Banco de España no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser «idónea, necesaria y proporcionada».

En definitiva, concluye la Sala, «no existiendo habilitación legal para que el Banco de España pueda solicitar a sus empleados sus declaraciones de IRPF de hasta cuatro ejercicios, ni mediando consentimiento de los interesados, la disposición contenida en el artículo 8.2 de la Ordenanza 9/2017 vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal».

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA COLOQUIOS Y ENTREVISTAS

En cambio, el tribunal rechaza que la autorización previa exigida por el Banco de España a sus trabajadores para realizar determinadas actividades extralaborales -dirigir cursos, conferencias, creación literaria, participación en coloquios, programas- cuando versen sobre situaciones financieras, bancarias u otras relacionadas con las funciones de la entidad; concesión de entrevistas o suministro de informaciones o valoraciones relacionadas con el trabajo vulnere el derecho a la intimidad, al honor y a la libertad de expresión e información, como sostiene la Federación de Servicios de CC.OO. en su recurso.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado por acelerar la acción por el clima y el impulso de las energías renovables para asegurar que la recuperación económica frente al Covid-19 sea sostenible y justa, alentando además a situar la transformación del sistema energético en el centro de la toma de decisiones, apostando por la innovación, la eficiencia energética y el despliegue de energías limpias.

En su intervención en el acto de apertura de la XI Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), que este año preside España en reconocimiento a su liderazgo en transición ecológica, Ribera consideró que alinear los mecanismos de recuperación económica con la acción climática «es el mejor camino para salir reforzados de la crisis derivada de la pandemia», informó el Ministerio.

«La descarbonización de nuestras economías abre importantes oportunidades a escala global al facilitar acceso a energía de forma segura y asequible, creación de empleo, modernización de la industria, mejora de la competitividad y, en definitiva, sentando las bases de un nuevo modelo de prosperidad que no deje a nadie atrás y sea compatible con los límites del planeta», subrayó.

Asimismo, destacó «la necesidad urgente» de cambiar de rumbo hacia un futuro energético sostenible, «con más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de ese sector, su transformación es ineludible para poder hacer frente a la emergencia climática mundial».

A este respecto, recordó que Irena estima que las energías renovables y la eficiencia energética ofrecen alrededor del 90% de las soluciones de mitigación para reducir las emisiones ligadas al sector energético.

España fue uno de los países fundadores de la agencia, junto con Alemania y Dinamarca, y ha formado parte activa de ella desde su creación en 2009.

La undécima edición de su asamblea general, que se celebra de manera virtual hasta el próximo 21 de enero, reunirá a 2.000 participantes, incluyendo a 70 ministros de diferentes países que, bajo la presidencia de España, debatirán durante cuatro días el camino a seguir en las políticas cero emisiones, los planes nacionales de energía y en la inversión en energías renovables.

Irena calcula que entre 2021 y 2023 las inversiones en energías renovables y otras tecnologías verdes alcanzarán los 2 billones de dólares (1,6 millones de euros), una cifra muy superior a los 824.000 millones de 2019 (680.000 millones de euros).

PARTICIPACIÓN EN EL ‘MIX’ DEL 43,6%

En 2020, las energías renovables, la forma más barata de generación de energía, han registrado la mayor cuota de participación en el ‘mix’ energético español, alcanzando el 43,6% de la generación eléctrica del país.

Además, en este año, se han aprobado los planes estratégicos que comprometen a España a un crecimiento significativo de generación renovable a 2030 y 2050.

El empresario surcoreano Lee Jae-yong, heredero del imperio Samsung y vicepresidente de la compañía, volverá a ingresar en prisión, después de que el Alto Tribunal de Seúl le haya condenado a dos años y medio de cárcel por su papel en un escándalo de corrupción que salpicaba también a Park Geun-hye, presidenta de Corea del Sur entre 2013 y hasta su destitución en 2017.

«(Lee) ofreció sobornos a Park de manera activa y se involucró en actividades inapropiadas para solicitar, aunque de manera implícita, el apoyo de Park en la transferencia de poder gerencial (en Samsung)», indicó el tribunal en el veredicto, recogido por la agencia surcoreana Yonhap.

No obstante, la sentencia dictada este lunes fue sustancialmente menos que los nueve años solicitados por los fiscales, ya que el tribunal tomó en consideración la dificultad para el empresario de rechazar las peticiones de sobornos por parte de la entonces presidenta del país.

Lee, de 52 años, había sido sentenciado en 2017 a cinco años de prisión por ofrecer miles de millones de wones a Choi Soon Sil, amiga íntima de la entonces presidenta surcoreana, Park Geun-hye, para que, a través de esta amistad, lograr el favor del Gobierno en la fusión de dos filiales de Samsung.

A pesar de que un año después esta pena sería rebajada por la corte de apelaciones, lo que supuso la excarcelación del empresario, posteriormente el Tribunal Supremo decidió pedir la revisión el caso por parte del alto Tribunal de Seúl.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó la sentencia de 20 años de prisión para la expresidenta Park Geun Hye, acusada de corrupción, tres años después de que fuera condenada por tráfico de influencias, soborno, y abuso de poder, en el considerado como uno de los mayores escándalos políticos del país.

Park, hija del dictador militar Park Chung Hee, fue sentenciada en 2018 a 24 años de prisión al ser declarada culpable de 16 de los 18 cargos de corrupción que se le imputaban y a pagar una multa de 18.000 millones de wones (13,4 millones de euros) por todos los abusos en los que incurrió durante su mandato.

Entre otros cargos, Park fue declarada culpable de abuso de poder por obligar a varias empresas, como Samsung y Lotte, a donar 77.400 millones de wones (57,9 millones de euros) a dos fundaciones controladas por una íntima amiga, Choi Soon Sil; así como de haber recibido sobornos por valor de 3.500 millones de wones (2,6 millones de dólares) entre mayo de 2013 y septiembre de 2016.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado esperanzado en que la tramitación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria se pueda llevar a cabo en el actual periodo de sesiones para incorporar una directiva de la UE en lo que será «un paso adelante muy significativo» y «muy importante» en la creación de valor.

«No podemos permitir que nuestros productos, que son el fruto de mucho esfuerzo y de mucha inversión, de trabajo y de dinero por parte de los agricultores y de los ganaderos, no tengan la retribución que merecen», ha reconocido el ministro, quien ha reivindicado el trabajo y el esfuerzo de las administraciones para conseguir que los productos lleguen a los mercados, pero tengan además «un precio» y «un valor» como «elemento fundamental» de retribución de quienes los producen y son las personas que están en el origen tanto de los alimentos como de la realidad territorial, social y económica del país.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el sector agroalimentario está llamado a tener un papel fundamental en el país y ha augurado que será uno de los pilares de la recuperación económica de España.

«Si somos capaces de usar todos los recursos en este momento y, particularmente, los del Plan de Recuperación y Resiliencia, en ese contexto creo que podremos perfectamente lograrlo», ha añadido Planas para quien la red de mercas jugará también un papel fundamental en la mejora del proceso de la cadena alimentaria y en la reestructuración de futuro.

Planas ha recordado que el Congreso de los Diputados iniciará mañana, martes, la ronda de comparecencias en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para la reforma del Gobierno de la Ley de Cadena Alimentaria con la previsión de recibir hasta el próximo jueves a casi 30 comparecientes, entre miembros del Gobierno, asociaciones y cooperativas agrarias, y patronales de la producción y distribución, en sesiones de mañana y tarde.

Todo ello para analizar el proyecto de ley remitido por el Gobierno el pasado noviembre al Congreso y proponer a los grupos parlamentarios propuestas de modificación, antes de que estos registren sus enmiendas a la iniciativa.

El ministro, que ha visitado este lunes las instalaciones de la plataforma de distribución alimentaria Mercaolid, ha significado la actualidad del segundo aspecto de la ley que se va a modificar, tras el decreto que entró en vigor el pasado mes de diciembre, para proporcionar más transparencia, más equilibrio y más posibilidades de retribución digna a los productores y a la industria agroalimentaria.

Con esta ley, el Gobierno busca prohibir nuevas prácticas comerciales desleales, generalizar los contratos por escrito en todas las operaciones para fomentar la transparencia en la formación de precios, impulsar un reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria y proteger a los eslabones más débiles en la misma.

Se trata de una iniciativa a cuya tramitación el Congreso ha otorgado especial preferencia, habilitándose sesiones de Comisión extraordinarias, ya que el mes de enero es inhábil a efectos de actividad parlamentaria.

La producción de hormigón volvió a caer en el tercer trimestre del año pasado en 108.348 metros cuadrados, pero moderó al 1,8% el desplome del 13,8% sufrido en el segundo trimestre y del 15,3% de los primeros tres meses del año, impactados por la pandemia de coronavirus.

En el acumulado del año, la producción alcanzó a finales de septiembre los 16,8 millones de metros cuadrados, un 10,4% menos, de los que más de 6 millones correspondieron al verano, según los últimos datos de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop).

El tercer trimestre del año representó, de esta forma, un periodo de recuperación, debido a la menor producción que hubo durante el mismo periodo del año anterior y al arranque de las obras tras la paralización de la actividad en el segundo trimestre por el estricto confinamiento.

De cara a los últimos tres meses del año, los datos de la patronal de la industria cementera, Oficemen, apuntaban a un incremento del 3,8% en noviembre, por lo que Anefhop no prevé una mala perspectiva y el año podría acabar con una caída de la producción por debajo del 10%, mejorando el -15% esperado previamente.

Si el comportamiento del tercer trimestre se traslada de la misma forma al cuarto, apoyados por los datos positivos del consumo de cemento, la cifra final estaría por debajo de ese 10%», asegura Anefhop, que matiza, no obstante, que diciembre de 2019 fue un mes «bastante fuerte.

Atendiendo al acumulado del tercer trimestre, las regiones con más peso de producción en el total nacional se mantuvieron entre las mayores caídas en porcentaje. Así, Madrid es la que más cae, con un 21,7%, seguido de Cataluña, con un 12,9% y, muy de cerca, Andalucía, con un 11,9%. Solo tres regiones consiguieron crecer respecto a 2019, mientras que otras siete no superan el 10% de bajada.

El Tesoro Público prevé captar entre 7.000 y 9.000 millones de euros con la realización de dos nuevas emisiones de deuda pública esta semana, una primera de letras a 3 y 9 meses el martes y otra de bonos y obligaciones del Estado el jueves, con las que cerrará las subastas del primer mes del año.

El interés de los inversores por la deuda pública española se ha mantenido en el inicio del año 2021, en línea con el ejercicio 2020, aunque ha cobrado algo menos por algunos tipos de papel, en un contexto de mínimos históricos en los tipos de interés marginal.

En concreto, el martes ofrecerá a los inversores letras a 3 y 9 meses, con un objetivo de entre 1.500 y 2.500 millones de euros, siendo la referencia del coste de financiación de estas emisiones el tipo marginal del -0,821% en el primer caso y el -0,653% en el segundo caso, mínimos históricos registrados el pasado 15 de diciembre.

Ya el jueves emitirá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones del Estado a 7 años (vencimiento el 30 de julio de 2027), con cupón del 0,8%; obligaciones a 15 años, con cupón del 1,85% y obligaciones a 20 años, con cupón del 1,20%. Con esta emisión prevé colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros.

La referencia en los bonos a 5 años es el tipo marginal del -0,396% del pasado 7 de enero, mientras que en las obligaciones a 7 años (vencimiento el 30 de julio de 2027) es el marginal del -0,260% de la subasta del 19 de noviembre del año pasado.

En las obligaciones a 15 años es el tipo del 0,642% marcado el pasado 3 de septiembre del año pasado y en el caso de las obligaciones a 20 años, la referencia es el tipo del 0,614% del pasado 5 de noviembre de 2020.

En su última emisión, celebrada el pasado martes, el Tesoro captó 6.150,7 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango medio alto de lo previsto, si bien a tipos menos negativos respecto a los mínimos históricos marcados en la subasta de referencia de diciembre, aunque se mantiene en niveles reducidos.

Con las dos emisiones de esta semana el Tesoro culmina las previstas para el mes de enero y no volverá a testar a los mercados de nuevo hasta el mes de febrero.

LA ESTRATEGIA DE 2021

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, presentó el pasado 8 de enero la Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021, que contempla una reducción en 10.000 millones de la emisión de 110.000 millones de euros inicialmente prevista en los Presupuestos por la mejor evolución de los ingresos el año pasado.

De este modo, la emisión neta se limitará a 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

A medio y largo plazo, la emisión bruta será de 184.380 millones, un 0,5% más que el año pasado, y la emisión neta de 90.000 millones, un 8,6% menos; mientras que la estrategia del Tesoro contempla 104.758 millones de emisión bruta en letras este año, un 11,9% más, y una neta de 10.000 millones, un 12,5% menos.

La Estrategia de 2021 contempla la realización de 48 subastas ordinarias de letras y de bonos y obligaciones del Estado, recurrir nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de obligaciones y emitir deuda mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

Además, el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, previsiblemente en el tercer trimestre, con una referencia a 20 años y una primera sindicación con la que captará entre 5.000 y 10.000 millones de euros.