Dieciséis de los diecisiete acusados de estafar 61,3 millones de euros a Repsol, Endesa y Naturgy con una trama de comercializadoras han asumido su culpabilidad y aceptado dos años de cárcel.
La segunda sesión del juicio, que arrancó la semana pasada y se aplazó por una indisposición del fiscal, ha dejado prácticamente cerrada la causa: solo una administrativa ha rechazado el acuerdo. El ministerio público atribuye a la red delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo, y señala como presunto cabecilla a Esteban Roig Padrosa, para quien reclamaba inicialmente 16 años.
Qué revela el escrito de acusación
El relato de la Fiscalía describe una estructura organizada de sociedades que captaba clientes, facturaba el consumo eléctrico, y, después, dejaba de abonar parte de la energía y de los servicios que debía liquidar al resto del sistema. Según la cuantificación de Red Eléctrica de España (REE), el perjuicio global asciende a 61,3 millones de euros.
| Concepto | Importe (millones de euros) |
|---|---|
| Perjuicio total (cálculo de REE) | 61,30 |
| Endesa Generación | 19,83 |
| Naturgy | 17,29 |
| Repsol | 4,84 |
| Fondos desviados a sociedades | 50,30 |
De esa cifra, 19,83 millones corresponden a Endesa Generación, 17,29 a Naturgy y 4,84 a Repsol. El escrito subraya que el daño no se limitó a las grandes productoras: también alcanzó a las distribuidoras y podía repercutir en el precio final que paga el consumidor.
Para Repsol, Endesa y Naturgy, tres valores del Ibex 35, el golpe es acotado en la cuenta de resultados: 61,3 millones repartidos entre gigantes que facturan miles de millones. El daño es más reputacional y de control interno que de balance, pero expone una grieta: el sistema de garantías y de cambio de suministrador sigue siendo un punto débil frente a operadores oportunistas.
Cómo operaba la trama y a quién golpeó
La mecánica era recurrente. Se constituían o adquirían empresas, se depositaban las garantías iniciales necesarias para operar y se creaba una apariencia de legalidad. A continuación se ofrecían precios muy por debajo del mercado para captar un volumen elevado de consumidores y engordar la facturación; el impago llegaba después, cuando la deuda con el sistema ya era difícil de reclamar.
Una trama que factura consumo real y deja de pagar la energía ajena traslada el coste al resto del sistema: al final, lo asume el conjunto de los usuarios.
La Fiscalía sostiene que el objetivo era obtener beneficios ilícitos, desviar el dinero a otras sociedades y ocultar su destino desde centros situados principalmente en Barcelona y Madrid. A esas sociedades se derivaron 50,3 millones de euros, cantidad que el ministerio público vincula a transferencias para introducir fondos en circuitos económicos lícitos.
El caso se apoya en la pericial de REE y en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes declararán en las próximas jornadas. Está previsto que la causa quede vista para sentencia esta misma semana. El expediente llega cuando el sector eléctrico español y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilan con lupa a las comercializadoras independientes.
El negocio de la comercializadora independiente vive de márgenes estrechos y de la rotación de clientes. Esa misma estructura favorece a los operadores que prometen tarifas imposibles y desaparecen cuando toca pagar la energía. La trama juzgada es la versión extrema: peajes y cargos que se facturan al consumidor pero que no llegan íntegros ni a los productores ni a las redes.
El sistema de garantías es la pieza que la trama explotó. Para operar, una comercializadora debe depositar avales ante el operador del sistema; si la sociedad desaparece o se descapitaliza, la deuda queda en el aire. Endurecer esos requisitos y cruzarlos con la solvencia real del operador es la asignatura pendiente que el caso vuelve a poner sobre la mesa.
Por qué dos años de cárcel para una estafa de 61 millones
La conformidad con la Fiscalía explica el desenlace. Los acusados renuncian al juicio plenario y aceptan dos años, una pena muy por debajo de los 16 que se reclamaban para el presunto cabecilla. El mecanismo tiene una contrapartida para las perjudicadas: la celeridad procesal y la asunción de culpabilidad pesan más que la reparación económica, que en tramas de este tipo suele quedar lejos del daño causado.
El fraude en el cambio de comercializador no es un fenómeno aislado en el mercado eléctrico. Frente a la vía administrativa, que actúa con más rapidez aunque con otro alcance, el proceso penal llega tarde y con condenas que, vistas en proporción a un perjuicio de 61,3 millones, resultan contenidas. La pregunta relevante para Repsol, Endesa y Naturgy no es cuántos años se piden, sino cuánto de esos 61,3 millones vuelve al balance.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El cierre del juicio y la sentencia, previstos para esta semana, y si la condena por conformidad incluye alguna obligación de indemnización para Repsol, Endesa y Naturgy.
- Reacción del valor: El impacto en las cuentas de los tres valores del Ibex 35 es inmaterial; el mercado descuenta más el riesgo reputacional que una provisión contable relevante.
- Precedente sectorial: El fraude en el cambio de comercializador no es aislado; la respuesta penal llega tarde y con penas contenidas, mientras la CNMC aprieta por la vía administrativa.
