La reunión entre el Gobierno y agentes sociales para abordar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 ha finalizado este lunes sin acuerdo, según han señalado fuentes del diálogo social.

No obstante, las tres partes se han emplazado a un nuevo encuentro para negociar esta subida, que posiblemente se celebrará el próximo lunes, 28 de diciembre, un día antes del último Consejo de Ministros del año en el que debería aprobarse este incremento.

Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han confirmado que su postura durante la reunión ha sido la de acercar posturas entre las partes y que su objetivo es el de proteger tanto a las empresas como a los trabajadores que se benefician de la subida.

Las organizaciones sindicales han insistido en que el salario mínimo tiene que subir a partir del 1 de enero del próximo año. Por su parte, la patronal ha seguido con la idea de congelar el SMI.

Fuentes empresariales han afirmado que «no es el momento» y que no se dan las condiciones para llevar a cabo la subida del salario mínimo. No obstante, han señalado que «seguirán negociando».

Tras el encuentro, en un comunicado conjunto, CCOO y UGT han señalado que 2021 «no puede ser un paréntesis» que aleje al país de alcanzar, al final de la legislatura, un salario mínimo que se sitúe en el 60% del salario medio de España, tal y como establece la Carta Social Europea.

«Debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos», han incidido, tras subrayar que «España no puede ser la excepción de la Unión Europea», ya que la mayor parte de los países que tienen establecido un salario mínimo van a proceder a su mejora el próximo año.

Tanto para CCOO como para UGT, el SMI es «un instrumento fundamental» para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial. «Nuestro país tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza salarial, que exige el avance progresivo del salario mínimo como herramienta redistributiva», han dicho.

Asimismo, han insistido en que «no tiene ninguna justificación» que el año que viene se incrementen las pensiones, el salario de los funcionarios y los salarios pactados en convenio y que «el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable se quede atrás».

El escenario económico del próximo año no solo justifica una subida del salario mínimo, sino que la hace necesaria para acelerar la recuperación económica a través de la dinamización del consumo y la demanda interna», han destacado.

Tras la reunión de la semana pasada, ambas organizaciones ya hicieron hincapié en que no aceptarían una subida «menor», inferior al 1,8%.

De hecho, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, dijo que todos los datos van a evolucionar favorablemente el año que viene y remarcó el incremento de los salarios medios pactados en noviembre fue del 1,89%. «De ahí no debería bajar la subida del SMI el año que viene», dijo. Por su parte, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, afirmó que para su organización sindical «un punto de ruptura» sería que el Gobierno planteara una subida del 0,9% como la de las pensiones o la del salario de los funcionarios.

Este mismo lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que «sería muy preocupante» que las empresas españolas no pudieran soportar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de apenas 9 euros mensuales. Una subida de unos 9 euros del salario mínimo en 2021 supondría un incremento próximo al 0,9%, la misma subida que se reflejará en los salarios de los funcionarios o en las pensiones a partir del 1 de enero.

Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apuntado también durante el día de hoy que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es «partidaria» de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación «esté más enfilada».

Así, ha destacado que el Gobierno tiene un compromiso «muy claro» con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero que «la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno» para incrementar esta renta mínima.

«El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre», ha explicado.

Tras estas declaraciones, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que el mensaje de la vicepresidenta económica es lo mismo que «otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este lunes del «desequilibrio» entre la oferta y la demanda a nivel mundial en el sector del aceite de oliva, así como «la realidad variada» en el cultivo, con coexistencia entre el tradicional y el intensivo, entre otros factores que influyen en el sector.

Así lo ha destacado en la inauguración del seminario web ‘La cadena del (no) valor del aceite de oliva’, organizado por el Consorcio Feria del Olivo de Montoro (Córdoba) y la Asociación Española de Municipios del Olivo en Montoro (Córdoba), con la colaboración de la Diputación cordobesa, junto al presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, y la alcaldesa y presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro y la Asociación Española de Municipios del Olivo, Ana Romero, además de profesionales de renombre en las diferentes áreas.

Al respecto, el ministro considera que «es muy bueno el rótulo de este encuentro», porque «la cadena del no valor del aceite de oliva es un título provocador, pero inmensamente actual», dado que «en los últimos dos años todo el sector y la cadena de valor se sitúan en una situación complicada, razón que ha motivado muchas reflexiones, pero también acción» desde el Gobierno, otras administraciones y el propio sector «en respuesta» a ello.

En este caso, ha defendido «la atención que se lleva a cabo desde el Ministerio sobre la cadena de valor, que lleva a uno de los productos en los cuales somos emblemáticos y líderes mundiales», por lo que «hay que marcar una referencia en la producción, no sólo a nivel europeo, sino a nivel a nivel mundial».

De este modo, ha apuntado que el hecho de que cada año 1,4 millones de toneladas, aunque este año sea de 1,6 millones, más del 40% de la producción mundial es española, «significa que no sólo hay que vender cada vez más producto», sino que hay que «ampliar y abrir nuevos mercados».

Ante ello, considera que «uno de los problemas de fondo en estos momentos es el desequilibrio entre la oferta cuantitativa, la cantidad de aceite que se produce para el mercado, y la situación de la demanda a nivel mundial», que en este último caso «crece a velocidad inferior de la oferta».

Por otra parte, ha apuntado a que se trata con «una realidad del sector del olivar tremendamente variada», donde «coexisten el olivar tradicional y particularmente el olivar de pendiente», algo que «es muy significativo desde el punto de vista productivo, ecológico, medioambiental, social y de la realidad de muchos de los municipios», junto con «el olivar intensivo y superintensivo, con rendimientos superiores al olivar tradicional y con costes inferiores».

Dichas dos «grandes referencias», en su opinión, «configuran parte de la problemática, no toda, pero la más significativa del mundo del aceite de oliva hoy en España y a nivel internacional. También, ha destacado el decálogo de iniciativas presentado este año a tal efecto para «intentar movilizar al conjunto de las administraciones públicas, pero también al conjunto del sector».

Al hilo, ha valorado sobre la oferta que «hace escasas semanas, la Comisión Europea aprobó un modelo de autorregulación planteado por Cooperativas Agroalimentarias de España, con el apoyo del Ministerio», para «intentar situar una vía de regulación del sector en campañas que presenten una mayor producción», entre otros aspectos precisados, como «permitir acciones desde la administración tendentes a regular campañas que podrían presentar situaciones de desajuste entre oferta y demanda y desestabilizar precios, pero también el rendimiento y rentas de olivareros».

De igual modo, el ministro ha destacado la recomendación de «desarrollar acciones de cosecha temprana» por «el valor más significativo» en la calidad del aceite, «la prohibición de mezclas que supongan deterioro de la calidad» y las acciones de promoción, de manera que «hay unas perspectivas de crecimiento muy notables teniendo en cuenta las características saludables de nuestro producto emblema, pero también esto significa cambios desde el punto de vista del consumo y cultural.

«SUPERAR LAS DIFICULTADES»

Por su parte, el presidente de la Diputación ha incidido en la necesidad de «superar de una vez las dificultades a las que se enfrenta continuamente el sector del aceite de oliva virgen extra, como los precios, la cadena de valor y la comercialización; ya que estos problemas afectan de manera directa a nuestro territorio, los municipios y los vecinos».

El máximo representante de la institución provincial ha recalcado que «el aceite de oliva es un elemento generador de riqueza, de desarrollo económico, de empleo y con un gran impacto social, y de él dependen cientos de familias de los municipios». Por este motivo, ha insistido, «todos los agentes sociales y económicos tenemos la responsabilidad de defender nuestro producto y de procurar que se le dé el valor que tiene, ni más ni menos».

En este sentido, Ruiz ha destacado el apoyo de la Diputación a este sector «poniendo a disposición todos los recursos al alcance, dentro de nuestras competencias». Así, ha aludido a la línea de ayuda a los ayuntamientos para la mejora de los caminos de titularidad municipal, que en este bienio cuenta con tres millones de euros; a lo que hay que sumar los 3,8 millones para el mantenimiento y mejora de caminos de titularidad provincial con los que se ha contado este año 2020, y los cuatro millones que se han incorporado al presupuesto de 2021.

Asimismo, este año se ha creado otra línea de ayudas a las empresas agroalimentarias para el fomento de la comercialización y la distribución, además de ayudas específicas para las Denominaciones de Origen. También se han puesto a disposición del sector, desde la Delegación de Agricultura y el Centro Agropecuario Provincial, recursos para la formación y la investigación, contando para el próximo año con más de dos millones de euros.

Ruiz ha subrayado que «desde la Diputación se hace una apuesta importante por la promoción y la proyección de los productos de Córdoba, especialmente los agroalimentarios, a través de diferentes campañas, como la de concienciación sobre la importancia de consumir productos locales».

Entretanto, el presidente de la corporación provincial ha remarcado «la importancia de afrontar nuevo retos, inversiones y avances para superar las dificultades a las que se enfrenta este sector en la actualidad».

«PRODUCIR LOS MEJORES VÍRGENES EXTRA»

Y Ana Romero ha declarado que «la viabilidad económica de las explotaciones es una cuestión absolutamente imprescindible para todos», de ahí que en «los últimos tiempos desde AEMO se realiza una labor de comunicación a los olivareros, donde se indica que la viabilidad futura pasa por aumentar el valor del producto y sus derivados y optimizar los costes de producción», con ello «una firme apuesta por producir los mejores vírgenes extra del mundo, en porcentaje máximo», entre otros aspectos.

A su juicio, «el futuro está en el aceite de oliva virgen extra de calidad y la apuesta por la comercialización», al tiempo que ha citado «el desarrollo del oleoturismo, asociado a las cooperativas y almazaras». Y ha avisado de que «la falta de rentabilidad de los bajos precios del aceite de oliva puede hacer desaparecer algunos municipios como Montoro en la producción oleícola», motivo por el que ha defendido «la comercialización» en «un sector cada vez más profesionalizado» y «organizado», además de «no vender por debajo de coste».

Las jornadas constan de cuatro coloquios sobre diferentes aspectos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra, como ‘Valores del AOVE, influencia del Covid en el consumo, internacionalización’, Pool Red, AOVE vs AOV, Cata y Legislación, ‘Costes vs Precios’, ‘Momento recolección, sistema del cultivo y nuevas variedades’ y ‘PAC, ecoesquemas y nueva legislación’.

La Asociación Española del Gas (Sedigás) formará parte del foro de alto nivel de la industria española, donde pondrá de relieve el rol del gas en la descarbonización de la economía y su importancia en la modernización y el desarrollo económico, según ha informado en un comunicado.

Sedigás formará parte del foro creado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto con el resto de asociaciones empresariales en la definición de la hoja de rutas para el impulso de la modernización y productividad del sistema productivo español.

La asociación del gas considera que en el contexto actual de la transición energética, de transformación energética y de recuperación económica, su aportación a la hora de abordar las grandes reformas que necesita la industria española y europea tras la Covid-19 «será enriquecedora», las cuales «deben ir encaminadas a conseguir un modelo económico sostenible y descarbonizado».

«Desde la asocación consideramos esencial que, para la consecución y seguimiento del plan de recuperación, transformación y resiliencia nacional, se constituya un espacio común entre las esferas públicas y privadas», ha subrayado el comunicado.

En esta línea, Sedigás entiende que solo estableciendo organismos de análisis, asesoría, seguimiento y gobernanza, como es el caso del foro, se podrán establecer criterios y prioridades a la hora de posponer cambios estructurales en el modelo productivo del país.

El presidente de Sedigás, Joan Batalla, ha resaltado «la oportunidad e idoneidad en estos momentos de reposicionar» el tejido productivo y la competitividad española. «Estamos convencidos que las empresas que conforman Sedigás seguirán contribuyendo a la transición ecológica, la modernización y el desarrollo económico de nuestros país», ha apostillado Batalla.

Por último, Sedigás ha mostrado su diposición a la administración a la hora de abordar la nueva política industrial en beneficio del conjunto de la economía y sus ciudadanos.

Las ventas de joyería y relojería experimentarán una fuerte caída de debido a la pandemia de la Covid-19, que ha tenido como consecuencia una caída significativa de las ventas minoristas en el sector, endureciendo notablemente el marco de competencia y paralizando temporalmente los planes de expansión de algunas cadenas, según un informe del observatorio sectorial DBK de Informa.

La tendencia de este año contrasta con los datos registrados en años anteriores, cuando los ingresos generados por la actividad de venta minorista crecieron a un ritmo medio anual ligeramente superior al 2% durante el bienio 2018-2019, hasta alcanzar en el último año los 1.780 millones de euros.

En los próximos años, Informa destaca que se consolidará el crecimiento de las ventas ‘online’, en un marco de creciente desarrollo de la oferta y de progresiva tendencia de la demanda hacia la utilización de este canal para la compra de todo tipo de productos, entre ellos los de joyería y relojería.

Con respecto a 2019, las cadenas especializadas continuaron ampliando su cuota de participación en el mercado, con un 55% del valor total, frente al 54% contabilizado en 2017.

En contraposición, el peso de los comercios independientes se redujo al pasar del 27,2% en 2017 al 25,3% en 2019. Por su parte, los ingresos por venta de joyería y relojería obtenidos por grandes superficies y otros establecimientos concentraron el 19,7% del total nacional en el pasado ejercicio.

Los artículos de joyería y bisutería reunieron en 2019 en torno al 55% del mercado total minorista, correspondiendo a los productos de relojería una participación de alrededor del 40%. Otros artículos, principalmente de platería y complementos, concentraron el 6% restante.

A finales de 2019 en España operaban unos 9.100 puntos de venta minosrista de joyería y relojería, una cifra que mostró una continuada tendencia a la baja, según el estudio. De estos establecimientos, el 30% del total estaba integrados en cadenas.

Por último, el análisis realizado por Informa subraya la tendencia observada de aumento de la concentración de la oferta en los operadores líderes. Así, los cinco primeros actores reunieron el 42% de las ventas totales del sector en 2019, elevándose al 55% la participación correspondiente a los diez primeros.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que es el momento legislar sobre los trabajadores de plataformas digitales acatando las sentencias del Tribunal Supremo, según ha señalado durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Uatae.

La titular del Ministerio cree que la mesa del diálogo social «va a hacer una gran tarea en esta cuestión». De hecho, ha confirmado que hay muchos puntos de encuentro sobre la futura Ley de trabajadores de plataformas digitales entre los agentes sociales y el Gobierno.

Así, Díaz espera que «la regulación sea pertinente» y que se tenga en cuenta que el Supremo ha dicho que se está ante una auténtica relación laboral.

«Habrá colectivos a los que les preocupe más o menos, pero tenemos que legislar de conformidad con la norma existente y hacerlo con experiencia. Hemos tenido aciertos y desaciertos y tenemos experiencia para hacer regulaciones con calma y tranquilidad», ha dicho.

Para la ministra, los ‘riders’ son «autónomos sin autonomía», personas por cuenta ajena a quienes debe aplicarse la norma laboral incluida en la legislación. «Las personas transportistas de plataformas no son emprendedores», ha dejado claro, tras apuntar que la intervención del Supremo a este respecto llega en un momento «clave» y tiene «un alcance de enorme interés».

Preguntada sobre si el Gobierno legislará si la patronal no está conforme con la futura Ley de trabajadores de plataformas digitales, Díaz ha resaltado que «no se pone en la tesitura de que no haya acuerdo», porque hay «muchos puntos de encuentro respecto a esta legislación.

Durante su discurso, la ministra ha dejado claro que «todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, tanto si trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena».

«El reto inicial al que debemos enfrentarnos es la adecuada protección de trabajadores por cuenta propia tanto en sus condiciones de trabajo como en la coberturas, prestaciones sociales y de Seguridad Social», ha añadido.

Desde su punto de vista, el trabajo de los autónomos «no puede ser un espacio marginal y poco protegido en el que se está a falta de alternativas».

«Los trabajos que se tengan para abordar el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI deben abordar la obligación de que el trabajo autónomo sea adecuadamente valorado y protegido, no solo porque hay personas detrás, sino por su importantísima dimensión en el tejido productivo del país», ha apostillado Díaz.

Sobre si modelos como Glovo o Deliveroo tienen viabilidad, ha señalado que «claro que sí» y que hay otras muchas plataformas muy conocidas que están cumpliendo. No obstante, piensa que sería deseable que, «si esas empresas quieren permanecer con sus niveles de trabajo, cumplan con la legislación».

EXISTE RELACIÓN LABORAL

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que «el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar.

Los sindicatos UGT y CCOO comenzarán el próximo 28 de diciembre con movilizaciones en el sector del aceite y sus derivados como consecuencia del bloqueo en la negociación del convenio colectivo provincial que afecta a unos 4.000 trabajadores y a unos 300 empresas jiennenses, de las que más del 90 por ciento son cooperativas.

En rueda de prensa, el responsable de UGT, Antonio Marcos, ha indicado que el principal punto de fricción en la negociación de este convenio que expiró en octubre del pasado año es la subida salarial propuesta por la patronal y que se sitúa en un 0,6 por ciento para los próximos cinco años.

Se trata de un porcentaje de subida que Marcos ha calificado de «insultante» para los trabajadores sobre todo teniendo en cuenta «el esfuerzo» que hicieron los trabajadores para firmar el anterior convenio y las renuncias que asumieron.

Los sindicatos proponen una subida salarial del tres por ciento, además de la reducción de la jornada en cuatro días de los 1.800 actuales y mejoras sociales. Según Marcos, la propuesta de la patronal, tras un año de negociaciones, «ni de lejos empieza a paliar lo que los trabajadores cedieron en su momento» y ha añadido que a la patronales «se le tenía que caer la cara de vergüenza» con sus planteamientos en la negociación.

Por eso para el 28 de diciembre han convocado concentraciones en todos los centros de trabajo para mostrar el rechazo de los trabajadores a la propuesta de la patronal. El 29 de diciembre volverán a sentarse a negociar, pero si no hay un cambio en las posturas, «convocaremos huelga».

Por parte de CCOO, Mariano Chinchilla ha incidido en que «el esfuerzo que hicimos en el sector hace cinco años fue muy importante y no se ha tenido consideración por parte de la patronal». Ha señalado que un sector como el del aceite que «constantemente pide apoyo a las organizaciones sociales, a las entidades públicas, a la Administración», a la hora de sentarse a negociar las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas, «sean cicateros» y «esa solidaridad que piden para con el sector no la quieran aplicar con los trabajadores que también son el sector del olivar y del aceite de oliva».

Ha apuntado que son empresas de fuera de la provincia, las que ahora «pretenden reventar el convenio» y quieren «rebajar los costes laborares en el sector del aceite de Jaén para seguir quitándole beneficios a las cooperativas y llevárselos a sus cuentas de resultados fuera de la provincia de Jaén».

«El 28 será el inicio de las movilizaciones. Vamos a seguir peleando por un convenio digno», ha dicho Chinchilla, al tiempo que se ha mostrado confiado en que las protestas sirvan para que las «cooperativas hagan una reflexión y volvamos a tener un convenio que sea referente en toda España».

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han aportado a la Agencia de Información y Control Alimentarios la documentación relativa a los incumplimientos que determinadas bodegas están haciendo de los contratos de compra-venta de uva que han suscrito con los viticultores.

Según las organizaciones, la documentación pone de manifiesto que la cuantía de los precios fijados en contrato es anormalmente baja y está muy lejos de cubrir los costes de producción de uva para vinificación de cada zona.

Según la información suministrada por los viticultores, las bodegas de las que hasta ahora las organizaciones agrarias tienen constancia que no cumplen con lo establecido en la legislación vigente relativa a la Ley de la cadena alimentaria son del Grupo García Carrión en Jumilla; Labastida (DO La Rioja) y valdepeñas; del Grupo Felix Solis Avantis en Valdepeñas y Puebla de Almoradiel y de Bodegas Gallego Laporte World Wines, ésta última con uva comprada en Corral de Almaguer (Toledo).

Además, las organizaciones han notificado a cada una de las bodegas los incumplimientos de los que se tiene constancia y que están relacionados con la Ley de la Cadena Agroalimentaria 12/2013.

En concreto por no cubrir los costes de producción, además de no haberse producido una negociación de los precios de la uva (art. 9.1 letras ‘c’ y ‘j’) o como consecuencia no pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción (art.12).

Las organizaciones agrarias iniciaron, al comienzo de la vendimia (septiembre 2020) una campaña para reclamar que no se fijaran precios de la uva por debajo de los costes de producción y pedir a las bodegas que frenaran el hundimiento de precios (30% más bajos que el año anterior).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado la cifra récord de 21.600 millones de dólares (17.680 millones de euros) en préstamos para ayudar a sus 26 países miembros de América Latina y el Caribe a afrontar el impacto económico y social de la pandemia de Covid-19.

Así lo ha señalado el organismo a través de un comunicado este lunes, donde recoge que junto a BID Invest y BID Lab se ha llevado adelante «un esfuerzo histórico en 2020» ante la necesidad sin precedentes de la región latinoamericana, la más afectada en el mundo por la Covid-19.

En este contexto, el banco ha reformulado sus procesos y agilizado sus operaciones, logrando aumentos del 11% en aprobaciones de préstamos con garantía soberana y del 55% en desembolsos en comparación con 2019.

Por tipo de operaciones, el BID ha aprobado 12.600 millones de dólares (10.318 millones de euros) para proyectos del sector público.

BID Invest, la rama privada de la institución, ha financiado 9.000 millones de dólares (7.370 millones de euros) en proyectos privados, casi el doble que en 2019. Por su parte, BID Lab, la incubadora de innovación del grupo, ha aumentado sus operaciones un 40%, pasando de 90 a 126 proyectos, de los cuales 20 están relacionados con la pandemia.

«Debemos ver esta crisis como una oportunidad para capitalizar la creatividad, la resiliencia y el optimismo que siempre han caracterizado a nuestra región», ha indicado el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone en su discurso de fin de año ante el directorio del Banco. «Nos enorgullece que el grupo BID haya contribuido a muchos de estos esfuerzos en 2020 y queremos ser líderes en el apoyo a la recuperación de la región en 2021», ha añadido.

De su lado, la respuesta del BID a la pandemia ha constituido un total de 8.076 millones de dólares (6.612 millones de euros), centrándose en el financiamiento para satisfacer necesidades inmediatas de salud pública, garantías para los sectores vulnerables, la productividad económica, el empleo y medidas fiscales para ayudar a mitigar los impactos económicos.

El organismo también ha movilizado 1.000 millones de dólares (818 millones de euros) para ayudar a los países miembros prestatarios a adquirir y distribuir vacunas contra la Covid-19. El BID también ha destacado su aportación a los países de Centroamérica y el Caribe que se vieron afectados por los huracanes Eta e Iota en noviembre.

Para Claver-Carone, el año 2021 será «un momento crucial para que el grupo BID demuestre su liderazgo en América Latina y el Caribe». Continuaremos trabajando con nuestros gobiernos para dar respuesta a la pandemia y reactivar el crecimiento económico mediante la creación de empleo y una mayor inversión en sectores dinámicos, como el ‘nearshoring’ y la digitalización, al mismo tiempo que abordamos el cambio climático y cuestiones de género», ha concluido el presidente.

Los precios del petróleo en los mercados de futuros han registrado este lunes una caída de en torno al 3,7% después de que en las últimas horas varios países europeos decidieran cerrar sus fronteras con Reino Unido como respuesta a la nueva cepa del Covid-19.

En concreto, la cotización del barril de Brent, que se utiliza como referencia en Europa, se ha situado en los 50,38 dólares, lo que equivale a una caída del 3,6%.

De su lado, el precio del barril West Texas Intermediate, la referencia para Estados Unidos, ha registrado una caída del 3,75%, hasta situarse en los 47,26 dólares.

En las últimas horas, una quincena de países europeos, además de varios de Latinoamérica y otros como Canadá, han decidido restringir el tráfico aéreo con Reino Unido para tratar de atajar la nueva variante del Covid-19 identificada.

El Gobierno británico anunció el sábado nuevas restricciones para Londres y el sureste de Inglaterra, las zonas más afectadas. El domingo, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, reconocía que la nueva variante de coronavirus «está fuera de control». Esta nueva cepa también ha sido identificada en países como Dinamarca, Holanda, Sudáfrica y Australia y dada su gran capacidad de contagio es probable que surja en otros países.

De su lado, España ha acordado este lunes con Portugal la suspensión de los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde este martes, aunque sí permitirá la entrada de ciudadanos españoles o residentes en España. También reforzará el control fronterizo en Gibraltar, según ha informado Moncloa.