La Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) ha planteado una propuesta para la regulación de un sistema de cotización a tiempo parcial de personas trabajadoras que desarrollan una actividad económica de forma aislada, con un factor temporal y rendimientos económicos limitados.

Para ello, UPTA ve «necesario» desarrollar un método especial de cotización a través del pago directo por parte del profesional a la Seguridad Social. Este sistema, que sería plenamente telemático, se realizaría a través de la compra por parte del profesional de un cheque cotización, similar al que funciona en Francia con determinados sectores económicos.

La organización de autónomos que preside Eduardo Abad ve «coherente» poner en marcha un sistema adicional de cotización, que dé seguridad jurídica a los profesionales que puedan ejercer de forma regulada una actividad económica por cuenta propia a tiempo parcial.

Se trata de profesionales que ejercen su actividad de manera esporádica y que actualmente lo hacen mayoritariamente en la economía sumergida. No superan en la mayoría de las ocasiones las 16 horas de trabajo efectivo y los resultados económicos están por debajo de los 250 euros en total.

El sistema que desde UPTA proponen es una prolongación de la modificación de la cotización por ingresos reales que está a punto de ser una realidad en el nuevo marco de la adaptación del nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

UPTA estima que con este sistema se puedan proteger y regularizar más de un millón de trabajos esporádicos por cuenta propia, recaudando y protegiendo anualmente a más de 300.000 beneficiarios directos.

CONDICIONES DEL CHEQUE COTIZACIÓN

Dentro de la propuesta, UPTA plantea que los beneficiados no superen los 120 minutos diarios de actividad o un máximo de 16 horas mensuales y que se realice a través de la formalización, al menos un día antes, del desarrollo de la actividad.

La empresa emisora de este cheque de cotización liquidará directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social la parte correspondiente a la cotización de forma directa.

Por su parte, los cheques de cotización podrán ser adquiridos de forma nominal por la persona que desarrolle la actividad económica y la emisión estará sujeta al pago anticipado por parte del beneficiario, con las limitaciones temporales y dinerarias establecidas.

La cotización tendrá un coste por hora de cotización aproximado de 6 euros, o lo que es lo mismo, aplicando el SMI y dividiéndolo por 160 horas mensuales. En todo caso este cálculo sería prácticamente el mismo al que se propone en el nuevo sistema de cotización al RETA, pero sin la necesidad de realizar un alta en la Seguridad Social de forma continuada.

No obstante, en ningún caso el cheque cotización será válido cuando se desarrollen trabajos con trazas de ajenidad, mecanismos de producción facilitados por el contratante o cualquier otro supuesto relacionado con la falsedad contractual.

UNA MEDIDA QUE SE HA IDO RETRASANDO

Las remuneraciones económicas a percibir por parte de las personas trabajadoras por cuenta propia siempre estarán sujetas a la realización de una transferencia bancaria o por mecanismos análogos.

«Desde UPTA consideramos que un sistema como el que proponemos no solo responderá con eficacia a la invitación a la economía real de miles de trabajadores por cuenta propia», ha remarcado.

Además, la organización ha destacado este sistema de trabajo autónomo a tiempo parcial es, en sí mismo, la culminación de una de las grandes reivindicaciones del colectivo, que a lo largo de los últimos años siempre se ha demandado como un modelo necesario a establecer, pero sin que hasta ahora se haya podido llevar a cabo.

De hecho, según han explicado desde UPTA, la aplicación de este sistema se ha ido aplazando por las sucesivas leyes de presupuestos. En concreto, la ley de presupuestos de 2016 estableció su suspensión hasta el 1 de enero de 2017. Posteriormente, el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, en su Disposición Adicional Segunda, aplaza de forma indefinida la entrada en vigor de la cotización del trabajo autónomo a tiempo parcial.

Los autónomos llevan esperando más de un año a que se aprueben ayudas directas para ellos a nivel estatal. Aunque la espera ha llegado a su fin, ahora más que nunca podemos afirmar que nunca llueve a gusto de todos, porque han sido casi treinta los sectores que han quedado fuera de estas ayudas, lo que implica que casi 200.000 autónomos no podrán acceder a ellas.

De hecho, desde las asociaciones que representan a este colectivo no han dudado en denunciar que se trata de un agravio comparativo. No terminan de entender cuál es la razón para que unos sectores reciban ayudas y otros no, cuando todos ellos se han visto afectados por la crisis económica que ha derivado de la pandemia de Covid-19.

Es más, algunos de los sectores que no van a recibir ayudas están sufriendo graves pérdidas por la falta de clientes. Un buen ejemplo son las peluquerías, que han tenido que afrontar que su servicio tenga ahora un IVA del 21% y que han visto cómo se reducía su clientela en los últimos meses. Muchas personas han dejado de acudir con frecuencia a estos establecimientos, ya sea por miedo al contagio o porque su situación económica no se lo permite. Y lo mismo en otros sectores afectados como el de las academias de formación.

¿Quienes van a recibir las ayudas directas?

Según se desprende del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, esta tanda de ayudas públicas de carácter directo va a ir destinada a autónomos y empresarios que se hayan visto especialmente afectados por la pandemia. Siempre y cuando su volumen de facturación haya descendido, al menos, un 30% en comparación con los datos de 2019, y pertenezcan a algunos de los 95 epígrafes del CNAE reflejados en la norma.

Esto quiere decir que, todos aquellos autónomos que no trabajen en los sectores “elegidos” no van a recibir las ayudas directas, aunque su facturación haya caído más de un 30% con respecto a los datos de 2019.

A efectos prácticos esto implica dejar a muchos sectores sin ningún tipo de protección o ayuda. Sectores que, además, dan cabida a unos 200.000 autónomos que están pasándolo especialmente mal y que tienen empleados a su cargo.

Los sectores excluidos

Llama la atención que en la mayoría de los sectores excluidos del acceso a las ayudas directas trabajen básicamente autónomos y que no se haya pensado en ellos. Aunque la lista es larga, conviene tener presentes a los siguientes sectores:

Peluquerías y centros de estética, autoescuelas, academias y centros de formación no reglada, comercio de souvernirs, establecimientos de decoración, comercio de repuestos de automóvil, talleres mecánicos, floristerías, empresas de limpieza, estaciones de servicio, agencias de publicidad, industria textil, comercio al por mayor no especializado, agentes comerciales, fabricantes de electrodomésticos y fabricantes de productos de plástico entre otros.

Los afectados no entienden la razón de su exclusión, ya que muchos de los autónomos que trabajan en estos sectores están en disposición de demostrar que su facturación ha caído incluso más del 30%.

Así se lo han tomado los excluidos de las ayudas públicas

La noticia no ha sentado nada bien, ya que muchos autónomos veían en estas ayudas una buena opción para poder capear el temporal y resistir hasta que la crisis termine de pasar. Y cuál no ha sido su sorpresa al darse cuenta de que muchos han quedado directamente excluidos de la posibilidad de poder acceder a las ayudas.

En el caso de los negocios de peluquería y los centros de estética la decisión del Gobierno les parece totalmente inexplicable, máxime si tenemos en cuenta que en lo que va de pandemia se han cerrado más de 50.000 establecimientos de este tipo en todo el país y los que subsisten afrontan pérdidas de facturación que superan, en muchos casos, el 40%.

Tampoco los profesionales de las floristerías están conformes. A las pérdidas que ya llevaban acumuladas durante todo el año 2020 hay que sumarle que los cierres perimetrales por el puente de Todos los Santos implicaron pérdidas de mercancías por más de 3.000 euros en muchos negocios.

Otro de los sectores que tampoco entiende su exclusión de las ayudas directas es el de las tiendas de souvenirs. Su facturación depende casi al 100% de los turistas que visitan las ciudades. Con las fronteras internacionales cerradas y los confinamientos perimetrales, el número de turistas ha descendido drásticamente. El resultado es que la bajada de facturación supera en muchos casos el 50%.

¿Llegarán ajustes en estas ayudas?

La mayoría de las asociaciones que representan a los autónomos han demostrado su descontento con la regulación de las ayudas. Y muchos de los profesionales afectados están organizando ya diferentes tipos de movilizaciones.

Parece que la presión que están ejerciendo los profesionales del RETA está empezando a dar resultados y desde el Gobierno se ha abierto la puerta a una posible rectificación con respecto a los sectores que pueden acceder a las ayudas.

Desde el Ejecutivo han señalado que los sectores beneficiarios de las ayudas directas han sido elegidos teniendo en cuenta aquellos en los que más ERTEs se han producido. Sin embargo, admiten que puede haber errores y se muestran dispuestos a hacer algunos ajustes.

Las ayudas llegan rodeadas de polémica

El camino de las ayudas directas no está siendo fácil. Si la exclusión de ciertos sectores ha cabreado a muchos autónomos, tampoco las Administraciones Públicas están demasiado contentas.

El dinero de las ayudas va a ser entregado por el Estado a las Comunidades Autónomas, para que sean estas a través de sus organismos competentes las que reciban las solicitudes y entreguen la subvención a los beneficiarios. Pero esto ha molestado a los ayuntamientos, que se sienten dejados de lado.

Numerosos ayuntamientos han reclamado al Ejecutivo central que se les tenga en cuenta en el reparto de las ayudas, ya que ellos tienen un contacto más directo con los empresarios y los autónomos de su zona y pueden contribuir en la entrega del dinero.

Mientras tanto, algunas Comunidades Autónomas como la de Madrid siguen estableciendo planes de ayudas directas por su cuenta. En el caso de Madrid la idea es poder ofrecer ayudas directas a fondo perdido de entre 3.000 y 200.000 euros a negocios que pertenezcan a sectores excluidos de las ayudas estatales.

La falta de liquidez se ha convertido en uno de los problemas más graves que tienen que afrontar los autónomos en la actualidad. No es solo que su volumen de facturación haya descendido, es que, además, los niveles de morosidad han ascendido. Y esto pone a los profesionales por cuenta propia en una difícil situación económica que les puede llevar a tomar decisiones erróneas como dejar de pagar la cuota de la Seguridad Social.

Pero, de todas las decisiones que puede tomar un autónomo para intentar mantener su negocio en una situación tan complicada como la actual, dejar deudas pendientes con la Seguridad Social y con Hacienda es de las peores. Estas Administraciones van a aplicar recargos sobre la deuda principal, y también pueden adoptar otras medidas especialmente perjudiciales para los profesionales.

La cuota se ha convertido en un problema

El sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos siempre ha estrado en entredicho, y todavía más desde que comenzó la pandemia. Aunque se está trabajando en un sistema basado en la cotización por ingresos reales, seguramente este no llegará hasta 2022, lo que podría ser tarde para muchos de los que están dados de alta en el RETA.

En la actualidad, los autónomos tienen que pagar una cuota mínima que llega casi a los 290 euros al mes. Con unos ingresos que están en caída libre, muchos de ellos no pueden asumir este pago. Porque son muchos los gastos fijos que tiene que asumir quién tiene un negocio propio, y el volumen de facturación actual impide cubrirlos todos.

¿Por qué no dejar de pagar la cuota de la Seguridad Social?

Existen muchas formas en las que un autónomo puede ahorrar. Si llega un momento en que su liquidez es insuficiente para hacer frente al pago de todas sus obligaciones, tendrá que tomar la difícil decisión de elegir qué pagar y qué deudas dejar pendientes. Lo que nunca es aconsejable es optar por dejar sin pagar las cuotas de cotización.

En primer lugar, porque la Seguridad Social no se va a quedar de brazos cruzados. Iniciará un proceso para reclamar el pago de la deuda principal y aplicará sobre ella intereses de demora y, si el afectado no paga de forma voluntaria, puede llegar incluso a embargar sus bienes. Por otro lado, dejar de pagar la cuota implica perder de forma automática esos derechos a los que se tiene acceso gracias a la cotización.

Imposibilidad de acceder al cese de actividad 

Una de las consecuencias más graves que tiene en el momento actual dejar de pagar la cuota a la Seguridad Social, es que se pierde el derecho a acceder a cualquiera de las modalidades de prestación por cese de actividad aprobadas a raíz de la pandemia de Covid-19. Porque estar al día con el pago de cotizaciones es uno de los requisitos indispensables de acceso.

Si un autónomo se ve en situación de tener que solicitar el cese de actividad y tiene deudas con la Seguridad Social, no va a poder acceder a la ayuda. La Administración le dará un plazo de 30 días para sufragar la deuda. Si no la paga en ese tiempo, no tendrá derecho a ella. Esto implica que el autónomo se queda sin la ayuda económica y, además, como sigue dado de alta en el RETA sigue teniendo que pagar su cuota mes a mes.

No poder acceder a las ayudas de las Comunidades Autónomas

La situación actual es tan complicada que todas las Administraciones Públicas están poniendo de su parte para ayudar a autónomos y empresarios. Desde que comenzó la crisis sanitaria, la gran mayoría de las Comunidades Autónomas han aprobado diferentes planes de ayudas directas para los profesionales que trabajan en su territorio.

Si dejar de pagar la cuota de la Seguridad Social inhabilita al autónomo para acceder al cese de actividad, lo mismo ocurre con las ayudas aprobadas a nivel autonómico. Por eso, antes de optar por dejar la cotización sin pagar hay que pensárselo muy bien, porque con esta decisión puede que el autónomo se esté cerrando muchas puertas.

Pérdida de otras prestaciones públicas

Tener deudas con la Seguridad Social tiene consecuencias para el profesional que está de alta en el RETA más allá de no poder acceder a las ayudas acordadas específicamente por la incidencia de la pandemia. Porque, en todo caso, el autónomo deudor de cotizaciones se verá privado del acceso a las prestaciones a las que tiene derecho.

Esto implica no cobrar una prestación por incapacidad temporal si no se puede trabajar, no cobrar la prestación por maternidad e, incluso, no cobrar la pensión de jubilación aunque se cumplan todos los requisitos para poder acceder a ella. Hasta que el autónomo no liquide sus deudas con la Seguridad Social no podrá tener acceso a estas prestaciones de carácter público.

El embargo, la medida más grave

No cabe duda de que todas las consecuencias de ser moroso que hemos visto hasta ahora son nefastas y, sin embargo, no son lo más grave que le puede pasar a un autónomo que deja de pagar sus cuotas de cotización. Lo más grave es que la Seguridad Social puede proceder al embargo de los bienes del deudor.

Además, hay que tener en cuenta que, una vez que la deuda queda pendiente, lo que se debe ya no es solo el importe de la cuota, sino que se le suman unos intereses de demora. El primer mes de impago el recargo es de un 10%. Si pasan más de dos meses el recargo sube hasta el 20% y la Seguridad Social puede proceder ya con los embargos.

¿Cómo evitar problemas con la Seguridad Social?

Lo más correcto es pagar las cuotas a tiempo. Pero, si esto no fuera posible, dejar la deuda sin pagar nunca es la mejor opción. Lo que se puede hacer en estos casos es solicitar un aplazamiento a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Es un trámite sencillo y rápido con el que el interesado consigue algo más de tiempo para pagar la deuda.

Lo bueno es que si se pide el aplazamiento no hay que pagar la deuda hasta más tarde y en ningún momento el interesado consta como deudor, por lo que no pierde sus derechos y puede acceder a las ayudas públicas si lo necesita. Lo malo es que el aplazamiento implica que a la deuda se le suman unos intereses, así que al final se acaba pagando algo más de lo debido inicialmente. No obstante, los intereses por aplazar la deuda nunca son tan altos como los intereses de demora si la deuda se deja pendiente.