El Circuito de Montmeló en Cataluña es deficitario desde 2009. Desde ese año, el consorcio público encargado de la gestión de este infraestructura ha registrado pérdidas, y cada vez mayores. Y es que, la Fórmula 1 (F-1) no tiene el tirón de antaño desde la salida de Fernando Alonso, que ha vuelto al volante esta temporada con Alpine. Sin embargo, para 2021 no se permite público para disfrutar del asturiano. La Generalitat, con el 78% del capital, lejos de asumir el error de esta inversión no cesa en su empeño de inyectar dinero de todos los catalanes. El último rescate, con un valor de 19 millones de euros.
Este consorcio está formado por la Generalitat en un 51,5% y Avançsa, dependiente de la Consejería de Empresa, con un 26,9%. El resto del capital está en manos del Racc y el Ayuntamiento de Montmeló, socios minoritarios en este consorcio pero no aportan un euro, incumpliendo así sus compromisos.
El Circuito de Montmeló ha perdido cerca de 100 millones de euros en el acumulado de los últimos once años. De 2009 a 2017, los números rojos alcanzaron los 68 millones de euros, a los que hay que añadir otros 31 millones entre 2018 y 2020, éste último con 10 millones. En 2021, las pérdidas son cuantiosas cuando la Generalitat ha tenido que acudir nuevamente al rescate con una aportación de 19 millones de euros, según ha avanzado Nació Digital.
La Generalitat ha ido aportando sucesivas inyecciones de liquidez, pero el resto de socios se niega
Para evitar la quiebra y perder la Fórmula 1, la Generalitat ha ido aportando sucesivas inyecciones de liquidez, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, las ha reducido paulatinamente. Y es que, el Consistorio no quiere tener relación alguna con esta infraestructura, considerada ‘de Estado’ por la Generalitat.
MANTENER UN CEMENTERIO CON FONDOS PÚBLICOS
Para sufragar el peor resultado de su historia, la Generalitat ha realizado dos transferencias de 11,1 y 7,9 millones, respectivamente. La primera de ellas se hizo pública el pasado 13 de julio, junto a la negociación por la renovación del contrato de la F-1 y MotoGP, las dos principales pruebas que atraen a los aficionados del motor.
El presidente de esta deficitaria empresa es el Consejero de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, pilota esta empresa venida a menos ante el escaso interés mostrado por los aficionados. Con la pandemia, la situación financiera del Circuito de Cataluña se ha agravado hasta el punto de certificar que el Govern mantiene a una empresa zombi, un despilfarro de dinero público que no tiene ya justificación alguna.
Tras dos años de congelación del contrato con la F-1, el Circuito de Catalunya resiste únicamente con el dinero de todos los catalanes. Y es que, los dueños de la F-1 exigen a la Generalitat tapar los agujeros de la empresa pública durante el evento. En total, un aval de unos 25 millones de euros, sin que haya retorno debido a las pérdidas que genera este evento.
Durante el 2020 se anularon los eventos, y en 2021 no se permite el acceso de público a los que se han celebrado. Por este motivo, estos dos últimos años, las pérdidas han ido especialmente en aumento. Cinco veces más, en concreto, respecto a 2019, cuando los números rojos alcanzaron los dos millones de euros.
De la transferencia de 7,9 millones, cinco millones han salido de Avançsa y el resto del Instituto Catalán de Finanzas, utilizado también para avalar las fianzas a los políticos sentenciados por el Tribunal de Cuentas.
LA GENERALITAT NO HA IMPULSADO EL PLAN URBANÍSTICO DE 2016
Con estos datos, la F-1 en Cataluña está en riesgo. En 2020 y 2021 se firmaron sendas prórrogas y ahora es el momento de buscar la financiación posible para evitar la retirada de los organizadores del evento. La Generalitat está buscando fondos, pero sin haber encontrado aún una solución factible, más cuando ha tenido que inyectar reiteradamente dinero a este cementerio empresarial. El dueño de la F-1 exige una fuerte inversión por parte del Govern, de casi 80 millones, para mantener este evento en España.
La Generalitat insiste en que la instalación tendría una impacto de 340 millones de euros anuales, junto con ingresos recurrentes por la llegada de turistas. Estas cifras salen de un informe de la Cámara de Comercio del Vallés. El estudio apuntaba a la generación de 6.000 puestos de trabajo y la instalación de 140 empresas con el Plan Urbanístico de los alrededores del Circuito de Montmeló, aunque fue redactado en 2016 y no se han realizado las actuaciones pertinentes. De hecho, el proyecto se debía poner en marcha para 2023, pero no será así.
Este río de pérdidas no es el único problema en esta empresa pública catalana. Y es que, los socios continúan inyectando dinero como si lloviera del cielo. El Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona avalan el proyecto vía subvenciones públicas. Directamente, Colau se ha negado a continuar con las aportaciones aprobadas por el último mandato de Xavier Trias, que obliga a los barceloneses a aportar cuatro millones de euros anuales.
IRREGULARIDADES MANIFIESTAS POR INCUMPLIMIENTOS Y DESPILFARROS
La Sindicatura de Cuentas, por su parte, criticó en 2018 que los socios de la empresa incumplieran de forma reiterada sus aportaciones que debían realizar, generando así «mayores aportaciones» del socio mayoritario, la Generalitat, o lo que es lo mismo de los catalanes en su conjunto. Todo en vez de cerrar y admitir que hay que cortar de raíz las pérdidas, más cuando las finanzas catalanas están en la UVI. En mayo de este año, la Sindicatura censuró que el RACC incumpliera sus compromisos pese a cobrar 50.000 euros anuales por labores de asesoramiento.
A principios del pasado año, la Intervención General de la Generalitat detectó numerosas irregularidades en los gestores. Entonces estaba Vicenç Aguilera al frente. Retribuciones no estipuladas, contrataciones prohibidas con empresas de trabajo temporal y el reparto descontrolado de entradas gratuitas fueron los motivos de este nuevo varapalo.
En total, se gastaron 722.904 euros sin justificar, según el informe publicado por El País. Algunos de estos pagos llegaban a poder tener «la consideración de indebidos«, es decir, que podría haber supuesto responsabilidad civil o penal. En el desglose de estas irregularidades, se pagaron 33.000 euros en horas extras sin justificación y otros 657.000 euros a una ETT.
Aguilera abandonó la entidad tras realizarse una aditoría. Maria Teixidor fue nombrada presidenta del circuito. Sin embargo, su aventura duró poco debido a la incompatibilidad en el cargo. Desde entonces, el consejero de Empresa se ha hecho cargo de esta entidad. El expresidente del Parlament Roger Torrent tiene ahora este nuevo frente abierto.
