EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Junts confirma su voto contra los dos reales decretos-ley de vivienda y, con el PP y Vox, deja la convalidación sin mayoría en el Pleno de este viernes.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, que descarta retirar los textos, y Junts, que exige uno nuevo. El PNV salva el primero y rechaza el segundo.
- ¿Qué impacto tiene? Si decaen, pierden efectos el tope del 2% al alquiler, la suspensión de desahucios hasta 2030 y el IVA del 10% al alquiler turístico.
Junts vota contra los decretos de vivienda del Gobierno y deja su convalidación al borde del derrumbe en el Congreso.
El Pleno extraordinario de este viernes decide el futuro de dos reales decretos-ley que llevan apenas unos días en vigor: el 26/2026, del 30 de septiembre, y el 27/2026, del 1 de octubre.
Del resultado depende un paquete que toca el bolsillo de propietarios e inquilinos: la suspensión de desahucios de personas vulnerables, la regulación del alquiler de temporada y el tope a la subida de las rentas.
Qué contienen los dos decretos que se votan este viernes
El Real Decreto-ley 26/2026 concentra el grueso de las medidas: prórroga de dos años para los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 —una medida que el Congreso ya tumbó en febrero— y prohibición, hasta finales de 2028, de las compras de entidades que adquieran inmuebles o carteras hipotecarias por debajo del 70% de su valor de tasación.
En el plano fiscal, grava con un 25% los beneficios no distribuidos de las socimis —las inmobiliarias cotizadas que apenas tributan por Sociedades—, la mitad si más del 80% del parque en arrendamiento es asequible, y aplica un IVA del 10% al alquiler turístico. Además equipara el alquiler de temporada y de habitaciones al de vivienda habitual con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Se suma el tope del 2% a la subida anual de las rentas hasta finales de 2027, bonificaciones en el IRPF para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros —el Gobierno calcula que llegarán a 1,6 millones de hogares— y recargos municipales de hasta el 150% en el IBI de los pisos turísticos. La vivienda pública baja al 4% de IVA.
El problema de fondo no es que el tope del 2% decaiga, sino que el mercado del alquiler lleva tres años gobernado por decretos que no resisten una votación.
El Real Decreto-ley 27/2026, el que menos apoyo tiene, entra en la duración de los contratos. Obliga al propietario a indemnizar al inquilino con 12 mensualidades si no renueva por otros cinco años —siete si es persona jurídica— sin causa justificada, y fija un preaviso de seis meses.
Por qué Junts dice no y qué pasa con el alquiler si decaen los decretos
La Ejecutiva Nacional de Junts trasladó anoche a su grupo parlamentario la decisión de no respaldar ninguno de los dos textos y pidió al Gobierno redactar uno nuevo ‘que empiece a revertir la grave situación de la vivienda’. Su argumento es que muchas medidas ‘provocarán el efecto contrario de lo que pretenden’: menos oferta, precios más altos y más dificultad de acceso. La ministra de Vivienda ha apelado a su abstención para salvar el primero.
Junts añade que el redactado no detiene a los fondos buitre, que la protección de los inquilinos vulnerables no queda garantizada y que varias medidas suponen ‘la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones’. El PNV salvará el primero y rechazará el segundo; el PP y Vox votan en contra de ambos. La aritmética no da, y el debate llega con una protesta a las puertas de la Cámara Baja.
La Ficha del Inversor
La cifra que ordena el tablero es el 2%. El tope a la subida de las rentas decae si no hay convalidación. Para el propietario particular, el foco está en la tributación: los inmuebles no habituales suben en el IRPF desde 2027 y los ayuntamientos podrán recargar el IBI de la vivienda vacía hasta el 100%. Para el inversor institucional, el gravamen del 25% a los beneficios no distribuidos de las socimis.
La tendencia a seis meses apunta a menos contratos firmados y más rotación de corto plazo. Si los decretos decaen, la oferta turística deja de soportar el 10% de IVA. Eso sí, la retirada del tope no implica subidas automáticas: la Ley de Vivienda de 2023 sigue vigente en las zonas tensionadas ya declaradas. El precedente de marzo, cuando otro decreto decayó en abril, deja una lección: el Ejecutivo tiende a reempaquetar las medidas.
El perfil más afectado es el del pequeño propietario con un piso alquilado y el del inquilino que renueva en los próximos meses. El inversor patrimonial sale con más incertidumbre fiscal; el fondo institucional, con menos restricciones para comprar carteras, pero con el foco del Ministerio encima. La próxima ventana crítica es el nuevo texto que reclama Junts.
