El PSOE y el PP escenificaron sus dos modelos de vivienda horas antes de que el Congreso vote los decretos del Gobierno. El choque, celebrado en la jornada anual del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) en Madrid, dejó al descubierto la distancia entre construir más suelo e intervenir el alquiler.
La VIII Jornada del OESA reunió a los portavoces de vivienda en el Congreso de los dos grandes partidos, Ignasi Conesa (PSOE) y Miguel Ángel Sastre (PP), junto a Jorge Ginés, director de Asprima, la patronal de las promotoras. Todos coincidieron en el diagnóstico: la vivienda es el mayor problema de los españoles. Ninguno lo afronta igual.
Dos recetas para el mismo problema: construir más suelo o intervenir el alquiler
Conesa defendió la vía intervencionista con el ejemplo catalán. ‘En Cataluña aplicamos la ley de vivienda y está yendo bien’, señaló, antes de reivindicar limitar el alquiler turístico en Barcelona y reclamar suelo, para vivienda pública. Rechazó la lectura catastrofista: ‘Es mentira que la oferta de alquileres en Barcelona haya disminuido; hay más personas viviendo de alquiler allí que en 2018’.
Sastre desplegó el diagnóstico liberal. ‘Intervenir el mercado del alquiler ha generado un efecto indeseado: saca de la cadena al vulnerable, al que se quería proteger’, defendió. Su receta es otra: ‘Si un bien es escaso, el precio sube. La solución pasa por construir más vivienda’.
La contundencia llegó de la mano del promotor. Ginés cargó contra las medidas que el Ejecutivo lleva al Congreso. ‘Los decretos van a hacer el efecto contrario de lo que realmente se busca: van a expulsar a los más vulnerables’, advirtió. Como prueba, citó un fondo de inversión que ya ha paralizado 600 viviendas previstas para alquiler asequible. ‘Han fastidiado a 600 familias que iban a tener un buen alquiler’.
El eje del debate no es si falta vivienda, sino quién decide cómo se construye, a qué precio se alquila y quién paga la factura del desajuste.
Ginés también cuestionó el contexto político. Ligó las medidas al caso mediático del desahucio de Maricarmen, coincidente con la celebración del foro inmobiliario The District en Madrid, y denunció que se hace política con la vivienda. ‘Este lío pasa por ganar votos, redactar un decreto deprisa y corriendo y afectar a los vulnerables’.
Aunque el choque sobre los decretos centró el acto, el diagnóstico compartido fue más elocuente. España arrastra un déficit estructural de oferta frente a una demanda que no deja de crecer: la población sumó cuatro millones de inmigrantes en los últimos años mientras la oferta caía un 40%.
Los cuatro tapones que bloquean la construcción de vivienda
Sastre enumeró los cuatro ‘tapones’ que atenazan la producción. El primero, una ley del suelo que genera inseguridad jurídica a toda la cadena. El segundo, el escaso aprovechamiento de los fondos europeos para rehabilitación: ‘Se debería haber rehabilitado 500.000 viviendas al año y solo se han rehabilitado 50.000’. El tercero, la falta de 800.000 empleos en construcción. El cuarto, la seguridad jurídica de inversores y propietarios.
Ginés añadió la descoordinación entre ministerios, con el informe del MITECO sobre inundabilidad como ejemplo: ‘No limita el suelo, lo delimita. Cada ministerio hace lo que le da la gana’. El promotor reclamó reconocimiento para su gremio: ‘Promover a día de hoy es ser un héroe. Les llamo los héroes del silencio, porque encima están callados’.
Conesa rebajó el alcance del déficit cuantitativo. No faltan un millón de viviendas, lo que faltan son viviendas asequibles donde la gente quiere vivir, en las ciudades. El diputado socialista también miró atrás para señalar errores del pasado: ‘Deberíamos haber tenido mejor cuidado de la vivienda pública y no haber dejado escapar un patrimonio que nos hubiera solucionado parte del problema’.
La discusión no es nueva. Cataluña aplica topes al alquiler desde el despliegue autonómico de la Ley de Vivienda de 2023, y el pulso entre intervención y oferta ha marcado cada ciclo del ladrillo español. En el boom de 1997-2007 el problema era el exceso de crédito barato; hoy es justo lo contrario. Javier Íscar de Hoyos, presidente de OESA y moderador, cerró con un llamamiento que, a la vista de la votación pendiente en el Congreso, tendrá que esperar.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume la jornada es la de las 600 viviendas que un fondo ha retirado del alquiler asequible a la espera de conocer el texto final. Es la primera factura tangible del pulso regulatorio. Si el decreto sale adelante tal cual, los operadores de Build to Rent (promociones concebidas desde el origen para alquilar) revisarán a la baja sus planes de inversión en suelo residencial para los próximos seis meses.
La tendencia a corto plazo es de parálisis. Ningún promotor compromete capital con un marco en el aire, y el sector advierte de que cada trimestre de incertidumbre resta oferta futura. El perfil al que esta discusión afecta de lleno es el inversor patrimonial que compra para alquilar y el fondo institucional que financia el alquiler asequible. El pequeño ahorrador que busca su primera vivienda observa de lejos un debate que, sin embargo, decide su futura hipoteca.
El pulso entre agentes es nítido. Asprima y las promotoras piden consenso y seguridad jurídica. El PSOE defiende el tope catalán como prueba de que se puede intervenir sin romper el mercado. El PP responde con suelo y construcción. Y el Ministerio de Vivienda afronta la votación sin haber cerrado la brecha con la patronal. Queda por ver si la convalidación de los dos reales decretos llega con los deberes hechos o si el sector vuelve a apretar.
