La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, metió el dedo en la llaga energética de Cataluña. Sus críticas en La Vanguardia han levantado ampollas en la Generalitat y han sido secundadas por las grandes patronales del sector renovable catalanas. Teresa Jordà, consejera de Acción Climática, se ha quedado aislada con un nuevo brindis al Sol al afirmar que Cataluña conseguirá la independencia energética con su propio modelo.
Sin aclarar en qué consiste su plan, la única realidad es que la Generalitat ha sembrado la inseguridad jurídica en las renovables. «Los inversores han optado por irse antes a otras zonas», han asegurado fuentes de empresas eólicas y fotovoltaicas. La clara apuesta de Cataluña por la energía verde aún se hace esperar. De los más de 6.600 MW desarrollados durante 2021 en España ni uno sólo se ha instalado en Cataluña. Así es difícil alcanzar las metas de Bruselas, que fijó como objetivo asegurar que el 30% del suministro procedían de energías limpias. Este porcentaje se sitúa en el 3% en Cataluña y el tiempo marcha en contra. De hecho, el pasado mes de octubre aprobó un decreto que ha generado aún más inseguridad jurídica debido al pago de los avales, un hachazo que incluía a los proyectos en tramitación.
LA GENERALITAT INSISTE EN EVITAR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA, PERO SOLO CON FOTOVOLTAICA
Los nuevos criterios para desarrollar un parque fotovoltaico están más cerca de la ideología de los antisistema de la CUP que de los grandes inversores. De hecho, ahora los Ayuntamientos tienen voz y voto para exponer su rechazo a los parques fotovoltaicos, pese a ser una fuente de ingresos para el municipio. La eólica es la principal perjudicada por este decreto, pero Jordà insiste en defender «un modelo propio de transición energética», mientras la nuclear copa el 50% del suministro, mientras se mantiene la dependencia energética de Aragón.
La apuesta por las renovables en la Comunidad Autónoma vecina, así como en Extremadura y las dos Castillas, es más clara, con acuerdos con las principales patronales y actores del sector. Las cifras hablan por sí solas. El peso de las renovables en Aragón ronda el 70%, mientras que Castilla-La Mancha ha llegado a un acuerdo con la patronal de la fotovoltaica UNEF para desarrollar el autoconsumo y parques solares. En Cataluña, por su parte, se depende de un «modelo participativo, distribuido, democrático y con cohesión territorial», en palabras de la consejera.
ALCALDES PONEN UNA CRUZ A LA EÓLICA Y SIN ALFOMBRA ROJA A LA FOTOVOLTAICA
Ribera se cargó de razón en sus críticas a la Generalitat e hizo una pregunta retórica sobre si Aragón iba a ser un pilar fundamental en su dependencia energética. De hecho, ya lo es. Cataluña necesita ‘importar’ energía de otras comunidades para poder dar cabida al suministro.
En los últimos años, la Generalitat ha paralizado por completo cualquier proyecto de renovables, especialmente los eólicos. «Es el sector más perjudicado por los sucesivos decretos de la Generalitat», han afirmado fuentes conocedoras de la situación. Su ritmo de proyectos es muy inferior a la fotovoltaica debido a las barreras burocráticas y presiones de grupos ecologistas.
De hecho, numerosos alcaldes catalanes rechazan estas inversiones para evitar protestas. «Hay una oposición en el territorio, minoritaria pero que hace mucho ruido, y muchos políticos han comprado este mensaje», han destacado desde el sector. Todos los proyectos de aerogeneradores se han visto afectados por esta razón, como también algunos grandes parques de placas solares. «La Generalitat no tiene la misma predisposición a la eólica que a la fotovoltaica», han considerado en base a las cifras de MW instalados.
ARAGÓN, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CATALUÑA
En Aragón, sin embargo, la situación es muy distinta. Los grandes campos de modernos molinos se instalan como si fuera un gran bosque. De hecho, la comparación deja en evidencia a Cataluña: Unos 14 MW instalados frente a los más de 3.000 MW de la región aragonesa, todos ellos preparados para conectarse a la red catalana. Todos ellos dejan los ingresos y los empleos cualificados en la vecina autonomía, mientras Cataluña continuará siendo energéticamente dependiente. La conexión se realizará a través de líneas de muy alta tensión, enormes torres que se elevarán por encima de los municipios.
Desde la fotovoltaica también apuntan que han pasado dos años desde el último decreto de 2019 y no se ha podido «realizar nada». No obstante, miran el futuro con un tono más optimista. «Han salido 46 proyectos que suman un total de 604 MW», ha indicado Manel Romero, portavoz de la patronal fotovoltaica Unef en Cataluña. No obstante, no son nuevos, sino que se ha dado luz verde a proyectos cuya tramitación había comenzado en 2019. «Tenemos la confianza en que una parte importante de estos 604 MW se podrán ejecutar durante este 2022», ha destacado. «Esperemos que estas instalaciones nos saquen del pozo en el que estábamos», ha apuntado.
Sin embargo, Romero analizará en profundidad la situación de la energía renovable de cara a los próximos seis meses. Un tiempo prudencial para conocer si es posible cumplir las previsiones.
Cataluña por el momento sólo tiene alternativa a esta línea de muy alta tensión en la nuclear. «Una opción es alargar la energía nuclear; y otra hacer una implantación seria y cuantiosa de la energía renovable», ha destacado Romero. El portavoz de la patronal se ha posicionado en contra de que la energía nuclear sea declarada verde, al contrario de lo defendido por España, porque así tendría acceso a los fondos europeos. «La apuesta debe ser decidida hacia las renovables y claramente ni el gas ni la nuclear son renovables», ha zanjado. Este debate, aún abierto, tendrá aún algunos capítulos más. Por ahora, habrá que esperar ahora si las palabras de la Generalitat se convierten en hechos para hacer una encendida defensa de la energía limpia.
