Las vacaciones de los españolas pueden ser un tormento si Ryanair y los empleados no llegan a un acuerdo que evite la huelga. La reunión entre los sindicatos USO, SITCPLA y la dirección de la aerolínea Ryanair para acordar servicios mínimos ante la huelga convocada en la aerolínea para los próximos 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio en las diez bases de la aerolínea en España ha finalizado sin acuerdo.

SERVICIOS MÍNIMO

Los sindicatos aseguran que la compañía ha solicitado que se consideren servicios mínimos el 100% de los vuelos programados para las seis jornadas de huelga, lo que en su opinión «vaciaría de contenido el derecho a huelga».

Los sindicatos USO y SITCPLA habían solicitado servicios mínimos para el 50% de los vuelos insulares, y el 25%, para los peninsulares.

«La empresa no ha aceptado la propuesta sindical y se ha negado, igualmente, a liberar a los miembros del comité de huelga; no quieren facilitar la información sobre los vuelos que quieren considerar servicios mínimos ni sobre las tripulaciones designadas para esos vuelos», denuncian desde los sindicatos.

El siguiente paso incorpora a las negociaciones al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El lunes han sido citados los sindicatos convocantes por Aviación Civil para establecer los servicios mínimos y vuelos protegidos.

Los sindicatos confían en que, en esta ocasión, «los servicios mínimos no sean abusivos, como decretó la justicia en anteriores convocatorias», y que permitan que los tripulantes de Ryanair puedan ejercer su derecho a huelga.

PALABRAS DE RYANAIR

Ryanair ha asegurado que todos sus trabajadores en España tienen contratos de trabajo del país y están protegidos bajo la legislación laboral española.

Así lo ha manifestado el director de Personas de Ryanair, Darrell Hughes, , quien ha destacado que la aerolínea ha concluido con éxito los convenios colectivos con los sindicatos de toda Europa, incluida España.

En este punto, Ryanair sostiene que las huelgas convocadas por USO y Sitcpla «no serán apoyadas» por los tripulantes de cabina y habrá «una mínima, si es que hay alguna», interrupción para los clientes, como sucedió anteriormente en 2018 y 2019.

Somos conscientes de una serie de afirmaciones falsas realizadas por estos sindicatos en los medios de comunicación españoles. Ryanair cumple íntegramente con toda la legislación laboral española. Todos nuestros trabajadores en España tienen contratos de trabajo españoles y plenos derechos laborales españoles», ha sentenciado la aerolínea.

CC OO Y OTRO SINDICATOS

«En pocas semanas hemos conseguido negociar un acuerdo con CC OO tras el fracaso de USO y Sitcpla durante cuatro años para llegar a un acuerdo. Es importante señalar que el acuerdo con CCOO es un punto de partida y no un punto final», ha subrayado la aerolínea.

La compañía asegura continuar trabajando en otros acuerdos adicionales, incluyendo uno nuevo con CCOO, con el objetivo final de entregar el próximo año un convenio colectivo común que se aplicará a todos los tripulantes de cabina de Ryanair en España.

Asimismo, la empresa ha indicado que en la actualidad proporciona agua gratuita a su tripulación en las oficinas, tras un reciente acuerdo con CCOO, y ha señalado que están implementando un plan para ofrecer de forma gratuita agua embotellada a todos los pilotos y tripulación de cabina.

LAS RECLAMACIONES

Los sindicatos USO y Sitcpla han convocado seis días de huelga para los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair en plena operación salida de verano, con el objetivo de presionar a la aerolínea para que retome las negociaciones del primer convenio colectivo. Habrá paros de 24 horas durante los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, por lo que cabe esperar que algunos vuelos previstos para estos días se vean afectados. Pero, ¿qué hacer si tu vuelo es cancelado? En el caso de cancelaciones de vuelos, «overbooking» o retrasos considerables, los pasajeros tienen derecho a una indemnización de entre 250 y 600 euros, según se establece en el Reglamento Europeo sobre los derechos de los pasajeros de avión (CE Nº 261/2004), aplicable en toda la Unión Europea. Sin embargo, esto no ocurre si se presenta una circunstancia «extraordinaria», como una huelga.

Según FACUA, la aerolínea no tiene que entregar dichas compensaciones si informa a los usuarios de la cancelación «al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista» o «se les informe de la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista».

LOS AFECTADOS

En cualquier caso, FACUA también señala que los afectados por las posibles cancelaciones siempre tendrán derecho al reembolso íntegro del billete «en siete días», o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004. Además, los usuarios también podrán reclamar cualquier otro tipo de daños, con independencia de su naturaleza, que hayan podido sufrir como consecuencia de la cancelación: hoteles, viajes organizados, vuelos de conexión, etc., e incluso daños morales por haber perdido sus vacaciones o parte de ellas, entre otros posibles supuestos.

lA web de Ryanair permite iniciar el proceso para solicitar una reclamación,

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los pasajeros afectados «comida y refrescos suficientes», alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel. En este enlace, la web de Ryanair permite iniciar el proceso para solicitar una reclamación, pero en la misma web informa de que no se abonará ninguna indemnización «si el motivo del retraso o la cancelación del vuelo escapa al control de Ryanair (circunstancias extraordinarias que no se hayan podido evitar tomando todas las medidas razonables); si se te ha notificado la cancelación de un vuelo con más de 14 días de antelación a la fecha de salida programada o si tu vuelo se ha retrasado y llegas a tu destino final con un retraso inferior a 3 horas.

El Parlament de Cataluña se ha convertido en un cortijo para los 300 empleados de la segunda institución más importante de la Comunidad Autónoma. En la Cámara catalana hay varios frentes abiertos por los sueldos y conceptos que cobran estos privilegiados funcionarios. Desde cobrar más por complementos de antigüedad que de sueldo base; cobrar sin ir a trabajar; jubilación con el 100% del sueldo a partir de los 60 años; o no declarar todos los ingresos en el IRPF que perciben los diputados de los distintos partidos políticos.

Estos privilegios tienen un alto coste para los catalanes y supone un grave agravio comparativo con funcionarios de otros entes públicos, cuyos complementos no suponen ni el 3% de la nómina. En concreto, los trienios de antigüedad en el Hemiciclo catalán llegan al 5% y no hay límite. Se suman todos hasta la jubilación.

Los salarios más altos del Parlament rondan casi los 10.000 euros brutos al mes

Estos funcionarios de la Generalitat tienen su propio estatuto y un régimen retributivo especial, eso sí aprobado por los distintos grupos políticos. Los privilegios se conceden por las supuestas restricciones a las que están sometidos, como la imposibilidad de cambiar de lugar de trabajo, flexibilidad laboral y escasas oportunidades de promoción interna.

LOS SUELDAZOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PARLAMENT

Con todo, los partidos políticos están tratando de recortar, sin éxito, algunos de estos privilegios. La secretaria general y el letrado mayor, por ejemplo, tienen un sueldo base de 4.266 euros brutos mensuales. Al añadir estos complementos específicos y de calidad, otros 7.079 y 4.993 euros, respectivamente, los salarios rondan casi los 10.000 euros brutos al mes, unos 120.000 euros anuales, un 41% más de la nómina del presidente del Gobierno, cuyo salario roza los 84.900 euros. En comparación con un ministro, este personal público, cuyo sueldo pagan los catalanes, perciben 45% más. La nómina de los miembros del gobierno alcanza los 79.946 euros. Asimismo, perciben un sueldo superior al de un consejero de la Generalitat, que a su vez cobra más que un ministro del Ejecutivo central.

Ante este mayúsculo escándalo, los partidos políticos se han puesto manos a la obra para ajustar estas nóminas. Los trienios ya no incluyen los obtenidos en otras administraciones o empresas públicas y sólo se tendrá en cuenta la antigüedad en el Hemiciclo catalán, y no del resto de años trabajado en la Administración autonómica.

43 FUNCIONARIOS COBRAN MÁS POR COMPLENTO QUE POR SUELDO BASE

En total, según la respuesta del Parlament realizada por la agencia de información pública ACN, habría hasta 43 funcionarios en esta situación y en distintas categorías. El gasto por estos trienios supuso un gasto de 4,4 millones de euros durante el pasado año para los 324 funcionarios. El 23% del pago de la nómina total, más de un millón de euros, fueron destinados a los salarios. El funcionario que más trienios cobra llega a 14. Los meses de paga doble, en verano y diciembre, suponen un gasto por complementos de antigüedad de 623.390 euros, el 22,1% del gasto total del personal. A finales del pasado 2021, ocho funcionarios se acogieron a esta antigüedad y no se produjo baja definitiva alguna.

Otra de las polémicas se centra en la edad de jubilación a los 60 años, un límite reservado a quienes tienen un plus de peligrosidad. Pero el Parlament es un cortijo y los sueldos de sus empleados los fija quienes después tienen que tramitar leyes contrarias a las establecidas. Y es que, todos los grupos con mayor peso en la Cámara se comprometieron a acabar con este privilegio. Sin embargo, del anuncio a la realidad hay un amplio margen. En los últimos seis meses, los políticos han enviado mensajes en contra de este privilegio, pero a la hora de votar se ha mantenido. Lo único que se ha modificado es el nombre de la «licencia por edad» a «excedencia por edad». A efectos prácticos, los funcionarios podrán continuar cobrando su salario sin tener que ir a trabajar.

Los grupos que dijeron que no se podía mantener este sistema lo aprobaron después. Un derroche criticado y permitido al mismo tiempo. Quizá así se entienda mejor el despilfarro en Cataluña en vez del recurrente «España ens roba» o «la culpa es de Madrid.

LOS SINDICATOS SE NIEGAN A PERDER ESTE «DERECHO»

Esta medida se negocia con el Consejo de Personal, que se aferra al supuesto «derecho laboral adquirido» para evitar acabar con el despilfarro en las nóminas y continuar cobrando los últimos cinco años de su vida laboral sin dar un palo al agua. Si bien, están dispuestos a reducirse el sueldo para situarlo en 3.000 euros mensuales como máximo, casi el doble que el salario medio en España.

PSC, ERC y JxCat tienen en frente a Laura Borràs, la imputada presidenta del Parlament, quien se ha comprometido a acabar con esta dádiva. Ninguno de los partidos políticos con mayor representación quiere enemigos entre los funcionarios del Parlament, pero no quieren ser señalados por permitir estos emolumentos.

LAS DIETAS DE LOS FUNCIONARIOS

Las dietas de desplazamiento es otra de las polémicas en las nóminas. Los diputados cobran entre casi 17.000 y 24.000 euros anuales por su cercanía o lejanía al Parlament. Estas dietas no tributan a Hacienda en el IRPF, pese a que es un claro concepto. La CUP denunció este hecho y ahora se abren los debates para su tributación en el IRPF. Más cuando sus señorías han continuado percibiéndolas durante la pandemia a pesar de estar teletrabajando. La realidad es que los diputados del Parlement están ahora debatiendo sobre la idoneidad de realizar esta medida.

Y es que, los diputados, los mismos que se echan las manos a la cabeza por reducir los impuestos, exigen ahora no perder poder adquisitivo, mientras los catalanes tienen que sufragar este dispendio con una inflación desbocada.