La temporalidad laboral en el sector público español ha alcanzado niveles preocupantes, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su profunda inquietud por esta situación, advirtiendo que las Administraciones Públicas cuentan con más de 1 millón de trabajadores temporales, lo que supone una tasa de temporalidad del 29%.

Esto ocurre en un momento en el que la Comisión Europea ha apercibido a España por las situaciones de discriminación laboral que sufre el colectivo de interinos en el sector público. La CSIF ha recordado que las administraciones se habían comprometido por ley a reducir esta temporalidad al 8% a finales de este año, y ha advertido que llevará a los tribunales a aquellas que incumplan este objetivo.

La Situación de Parálisis en el Sector Público

El sindicato ha lamentado la «situación de parálisis» que afecta al Gobierno ante la incertidumbre política y la falta de certezas sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Ante este escenario, la CSIF ha reclamado eliminar la tasa de reposición, de modo que las administraciones puedan planificar sus necesidades de personal y utilizar la contratación temporal solo de manera excepcional.

Además, el sindicato ha pedido agilizar los procesos selectivos con los medios materiales y humanos necesarios, e introducir sanciones ejemplares a aquellas administraciones que incumplan la normativa laboral. Estas medidas buscan abordar de manera integral la problemática de la temporalidad excesiva en el sector público español.

El Impacto de la Temporalidad en los Servicios Públicos

La alta tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas no solo afecta a la calidad de vida de los trabajadores, sino que también repercute negativamente en la prestación de los servicios públicos. La inestabilidad laboral y la falta de continuidad en el personal dificultan la eficiencia y la calidad en áreas clave como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Esto se traduce en una menor calidad de vida para la ciudadanía, que recibe unos servicios públicos menos eficientes y con mayores dificultades para garantizar la atención adecuada a las necesidades de la población. Por lo tanto, abordar el problema de la temporalidad en el sector público es fundamental no solo para los trabajadores, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En resumen, la alarmante tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas españolas, que alcanza casi un 30%, es un reto urgente que requiere una respuesta integral por parte del Gobierno y las instituciones. La CSIF ha advertido que llevará a los tribunales a aquellas administraciones que incumplan los objetivos de reducción de la temporalidad, y ha reclamado medidas como la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y la introducción de sanciones ejemplares. Solo así se podrá garantizar una prestación de servicios públicos de calidad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El panorama del trabajo por cuenta propia en España ha sido objeto de un intenso debate en los últimos meses, con cifras y tendencias que merecen un análisis minucioso. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año ha arrojado datos que, si bien reflejan cierta recuperación, también plantean desafíos que deben abordarse para asegurar el bienestar y el crecimiento de este importante segmento de la fuerza laboral española.

Crecimiento del Empleo Autónomo: Una Señal Positiva

Los datos de la EPA muestran un incremento de 58.300 trabajadores por cuenta propia en el segundo trimestre, lo que sin duda representa una buena noticia para el colectivo de autónomos. Este aumento en el volumen de empleo conlleva también un alza en la demanda de bienes y servicios, beneficiando directamente la actividad de los trabajadores independientes. Sin embargo, es importante contextualizar estas cifras y analizar más a fondo la situación del sector.

Desafíos Persistentes: La Necesidad de Abordar los Problemas del Colectivo

A pesar del incremento registrado, la organización de autónomos Uatae señala que en el último año se han perdido 14.900 trabajadores por cuenta propia. Esto pone de manifiesto la persistencia de problemas estructurales que aquejan al colectivo y que deben ser abordados con urgencia. La organización ha instado a las autoridades a tomar medidas para asegurar que el sector no solo sobreviva, sino que prospere.

Discrepancia en las Cifras: ¿Autónomos o Falsos Autónomos?

Un aspecto destacado por Uatae es la diferencia entre los datos de la EPA y los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social. Según la organización, la EPA registra 150.000 autónomos menos que los datos de afiliación de junio de 2024. Esto podría significar que existe un número importante de trabajadores que se consideran autónomos, pero que en realidad son falsos autónomos. Mantener la actividad contra este fenómeno, especialmente a través de la Inspección de Trabajo y los juzgados, se presenta como una prioridad para dignificar el colectivo.

En resumen, si bien los datos de la EPA reflejan un aumento en el empleo autónomo, es crucial abordar los problemas persistentes que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en España. La prosperidad del sector dependerá de medidas efectivas que aseguren su bienestar a largo plazo, incluyendo la lucha contra el fenómeno de los falsos autónomos. Solo así podrá el colectivo de autónomos consolidar su papel fundamental en la economía española.

La población sénior en España enfrenta un panorama laboral desafiante, con una tasa de desempleo que alcanza el 30%, una cifra alarmante que pone de manifiesto los obstáculos que este segmento poblacional encuentra a la hora de reincorporarse al mercado de trabajo. Fundación Endesa, a través de un minucioso análisis de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha puesto de relieve esta realidad que parece resistirse a los avances del empleo en el país.

Los datos son elocuentes: 820.500 personas mayores de 50 años se encuentran desempleadas, lo que representa uno de cada tres parados en España. Aún más preocupante es el hecho de que más de la mitad de estos desempleados sénior (58,55%) llevan en situación de desempleo de larga duración, es decir, 471.500 personas. Esta realidad se agudiza aún más cuando se analiza la brecha de género, pues las mujeres sénior representan el 10,66% más de paradas que los hombres de su misma edad.

La Discriminación Laboral por Edad, un Obstáculo Persistente

Ante este panorama «desafiante», como lo define Fundación Endesa, la responsable de formación para el empleo de la organización, Elsa Novo de Miguel, subraya que el colectivo sénior representa una «fuerza laboral vital para el tejido productivo español».

Estas personas, señala Novo de Miguel, han sabido evolucionar y adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, convirtiéndose en una «Generación Camaleón» capaz de transformarse a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, se enfrentan a barreras como la discriminación laboral por su edad y los prejuicios relacionados con la brecha digital, factores que limitan sus oportunidades de reinserción en el mercado de trabajo.

El Proyecto «Generación Savia», una Iniciativa para Visibilizar el Talento Sénior

En este contexto, la Fundación Endesa, en colaboración con Fundación máshumano, ha puesto en marcha el proyecto «Generación Savia», una iniciativa cuyo objetivo es visibilizar el talento de este colectivo y resaltar su capacidad de ofrecer visión estratégica, liderazgo y creación de valor a las empresas, además de su experiencia para formar a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral.

Esta apuesta por el empoderamiento y la revalorización de los trabajadores sénior se presenta como una estrategia fundamental para hacer frente a los desafíos del envejecimiento poblacional y aprovechar el potencial de este segmento vital de la fuerza de trabajo española.

En un momento crucial para el mercado de la vivienda en España, el partido político Sumar ha presentado una serie de enmiendas con el objetivo de impulsar una mayor regulación y protección para los inquilinos. Estas propuestas, introducidas durante la tramitación de la Ley sobre eficiencia judicial y protección de consumidores, tienen como finalidad abordar algunos de los principales desafíos que enfrentan las familias a la hora de acceder y mantener una vivienda en alquiler.

Contratos de Alquiler Indefinidos: Hacia la Estabilidad Residencial

Una de las principales iniciativas de Sumar es la de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir que los contratos de alquiler puedan ser de duración indefinida. Esta medida, según el partido, otorgará «seguridad y estabilidad a las familias, así como arraigo en los barrios«. De esta forma, se buscará dar a los inquilinos la posibilidad de permanecer en sus hogares a largo plazo, sin la amenaza constante de tener que mudarse cada pocos años.

Además, Sumar plantea que en caso de que se habilite esta modalidad contractual, el arrendador pueda recuperar la vivienda justificando que la destinará como vivienda permanente para él o sus familiares, o para su cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Esta flexibilidad busca equilibrar los intereses de los propietarios y los inquilinos.

Regulación de Precios en Zonas Tensionadas: Hacer Asequible el Alquiler

Otra de las propuestas clave de Sumar es la de habilitar a los ayuntamientos, especialmente en grandes ciudades, la posibilidad de declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda. Esta medida, recogida en la actual Ley de Vivienda, busca que las administraciones locales puedan aplicar una regulación de precios del alquiler en aquellas áreas donde exista «un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado».

Sumar critica que, hasta el momento, diversos gobiernos autonómicos han sido «reacios a desplegar esta medida», por lo que plantea que sean los propios ayuntamientos quienes puedan solicitarla. Además, la formación política propone incluir en este mecanismo la regulación parcial de habitaciones de una vivienda y la modalidad de arrendamiento vacacional, con el fin de frenar posibles abusos en estos segmentos.

Avanzando hacia una Segunda Descentralización: Más Herramientas para los Municipios

Sumar también reivindica la necesidad de que España «avance hacia una segunda descentralización» que otorgue «mejor financiación y herramientas» a las entidades locales, especialmente a las grandes ciudades. Según el partido, la vulneración del derecho a la vivienda no solo afecta a las personas y familias directamente, sino que también tiene un «impacto negativo en la vulneración al derecho a la ciudad» al expulsar a las familias de los barrios, que son sustituidas por establecimientos turísticos.

En este sentido, Sumar considera que regular el precio del alquiler de habitaciones y los pisos turísticos será clave para «corregir los abusos que puedan estar haciéndose por parte de fondos buitre y rentistas» y garantizar una mayor protección a las familias inquilinas.

En palabras del portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, «la garantía del derecho a la vivienda es la gran asignatura pendiente en España», convirtiéndose en un «agujero negro que se traga todo el resto de políticas sociales y de redistribución de la riqueza«. Por ello, estas enmiendas presentadas por Sumar se perfilan como un importante paso para avanzar hacia una mayor regulación y control del mercado de alquiler residencial en el país.

La Justicia ha fallado a favor de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) al estimar íntegramente el recurso presentado contra la inclusión de una lista de interinos en la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

En una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 9, emitida el 23 de julio de 2024, se considera que esta práctica puede propiciar «una opacidad y un riesgo de arbitrariedad, intolerable en la actuación de la Administración al cubrir puestos tan importantes como los del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado».

Vulneración de principios constitucionales

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) interpuso el recurso al considerar que la inclusión de interinos en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado vulneraba los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Según los inspectores, esta práctica iba en contra de la «lógica» de que accedieran personas sin haber superado el proceso selectivo para desarrollar una función «tan sensible» como la encomendada a los Inspectores de Hacienda del Estado. Además, advertían que «la elaboración de esa lista de interinos supondría no solo una rebaja de la exigencia, sino también dar pie a la discrecionalidad, a la valoración subjetiva y a la selección injusta del personal de la Administración tributaria«.

Otros recursos interpuestos

Cabe señalar que, además de este recurso, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha interpuesto otros recursos contenciosos, como el de la Oferta de Empleo Público de 2024, por considerar que también «limita las facultades que la ley le otorga a la Agencia Tributaria«.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 9 supone un importante respaldo a la posición de los inspectores de Hacienda, quienes han luchado por preservar la transparencia y la objetividad en los procesos de selección de personal para un Cuerpo tan relevante como el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

La publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha puesto de manifiesto una tendencia preocupante en el ámbito del trabajo autónomo en España. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el país ha perdido nada menos que 72.800 autónomos empleadores en el último año, lo que supone un duro golpe para la creación y el mantenimiento del empleo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, ha sido contundente al señalar que «que una pequeña empresa cree empleo y lo mantenga se está convirtiendo en una misión imposible«. Estas palabras reflejan la difícil realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores autónomos, quienes ven cómo las trabas, cargas y costes laborales les impiden mantener e incluso generar nuevos puestos de trabajo.

El Aumento de los Autónomos sin Empleados

Si bien es cierto que el número total de autónomos ha crecido en 58.300 personas con respecto al trimestre anterior, esta cifra positiva esconde un dato preocupante. Mientras que los autónomos sin empleados han aumentado en 50.200 personas en un año y en 71.600 con respecto al primer trimestre de 2024, el número de autónomos empleadores ha sufrido una caída de 15.000 en un solo trimestre.

Para Lorenzo Amor, esta situación es «preocupante«, ya que, si bien el empleo crece, «cae el número de autónomos empresarios que crean empleo«. Esta dicotomía pone de manifiesto la difícil situación a la que se enfrentan los trabajadores autónomos que tienen la responsabilidad de generar y mantener puestos de trabajo.

El Impacto en el Conjunto de la Economía

La pérdida de 72.800 autónomos empleadores en un año tiene un impacto directo en el conjunto de la economía española. Estos empresarios autónomos desempeñan un papel fundamental en la creación y el mantenimiento del empleo, por lo que su desaparición supone una amenaza para la recuperación y el crecimiento económico del país.

Según los datos de la EPA, de los 21,7 millones de ocupados en España, 3,2 millones son trabajadores por cuenta propia, entre los que se encuentran 956.000 empleadores. La caída de este último grupo, que representa casi la mitad de los trabajadores autónomos, es un indicador claro de la fragilidad del tejido empresarial y de la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan a los autónomos mantener y generar nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, la voz de alarma lanzada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) debe ser atendida con la máxima seriedad por parte de las autoridades competentes. Garantizar un entorno propicio para que los autónomos puedan desarrollar su actividad y crear empleo se ha convertido en una prioridad ineludible para asegurar la recuperación y el crecimiento de la economía española.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mantenido una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para abordar los desafíos que enfrenta el sector agrario en la contratación de mano de obra, especialmente de trabajadores inmigrantes. La vicepresidenta general de UPA, Montse Cortiñas, ha expuesto a la ministra las dificultades que enfrentan los agricultores y ganaderos a la hora de acceder a este tipo de personal.

Cortiñas ha destacado que en muchos casos, los trabajadores inmigrantes ya se encuentran presentes en determinadas zonas rurales, y ha considerado necesario abordar esta situación e iniciar un proceso de arraigo de estos trabajadores. Según la representante de UPA, la agricultura y la ganadería, así como los propios pueblos, necesitan contar con nuevos pobladores y trabajadores que quieran quedarse a vivir y ver en el sector agrario una oportunidad laboral.

Coordinación con las Administraciones Públicas

Durante la reunión, Cortiñas ha indicado que la ministra les ha remitido a enviar sus alegaciones para que sean revisadas. La vicepresidenta de UPA ha recalcado la necesidad de realizar una labor de coordinación en la que participen los ayuntamientos, ya que uno de los problemas en el medio rural es el acceso a la vivienda para los trabajadores inmigrantes.

En este sentido, Cortiñas ha explicado que UPA quiere iniciar un proyecto piloto en colaboración con las administraciones, incluyendo la administración local, con el objetivo de que la agricultura y la ganadería familiar puedan contar con la mano de obra necesaria y que estos trabajadores se instalen en los pueblos y continúen viviendo en las zonas rurales.

Peculiaridades del Trabajo en el Sector Agrario

La representante de UPA ha señalado que determinados sectores agrarios se encuentran muy tensionados y que los agricultores y ganaderos están teniendo dificultades para encontrar mano de obra, a pesar de que se trata de contrataciones totalmente estipuladas con todos los derechos y condiciones laborales.

Cortiñas ha explicado que el trabajo en el medio agrario tiene sus peculiaridades, especialmente en el modelo de explotación de los pequeños agricultores y ganaderos. Para abordar esta situación, UPA ha anunciado que en septiembre organizará unas jornadas internas de la organización, así como una visita de la ministra a determinadas zonas rurales, con el objetivo de que pueda conocer de primera mano la realidad que viven los trabajadores del sector agrario.