La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apostado este viernes por seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.134 euros al mes por catorce pagas, y para ello ha anunciado que convocará a los agentes sociales en el mes de septiembre. En todo caso, ha dejado claro que el SMI subirá «con o sin acuerdo» social.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas generales de su Departamento, la vicepresidenta ha denunciado que, pese a haber subido un 54% desde que gobierna Pedro Sánchez, con la cuantía actual del SMI «no se puede vivir».
«Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social. (…) Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no», ha subrayado Díaz.
Si se atiende a la mediana salarial, que es de 1.545 euros mensuales en España, Díaz también ha indicado que, con este importe, «no se puede vivir con dignidad».
«Tenemos a ingenieros e ingenieras que perciben estos salarios. Y aquí queda mucho por hacer para tener un país mejor y poder también converger con niveles, no ‘low cost’, sino niveles propios de dignidad de lo que hacen las economías europeas más robustas», ha dicho Díaz, que ha añadido que subir los salarios en España «es un deber moral».
Frente a la «hecatombe» en el empleo que se pronosticaba desde algunos sectores por la subida del SMI, Díaz ha afirmado que España «lidera la creación de empleo en Europa».
Además, ha defendido que la subida del SMI, que afecta a unos 2,5 millones de personas no amparadas por la negociación colectiva, ha contribuido a reducir la brecha retributiva de género en un 25% y a «estrechar» la distancia entre los trabajadores que más cobran y los que perciben un menor salario.
Asimismo, ha destacado que el alza del SMI, los ERTE y la reforma laboral explican que España tenga actualmente los niveles más bajos de desigualdad de la serie. «Estamos eliminando exclusiones históricas», ha señalado Díaz, que ha recordado que hay que seguir luchando «contra las viejas y las nuevas desigualdades», como la vivienda, cuyos precios de alquiler son «imposibles» de pagar en algunas zonas.
Para luchar contra la desigualdad, la vicepresidenta segunda ha insistido en que debe subirse el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), que durante el Gobierno de coalición se ha subido un un 11,3%, hasta situarlo el pasado año en 600 euros mensuales.
«No estoy diciendo que esté contenta con esto, estoy diciendo que después de que se congelara desde el año 2011 al año 2020, hemos conseguido subirlo un 11,3%, pero creo que ahora mismo, ya con carácter inmediato, es imprescindible subir el Iprem. Y lo digo porque la crisis del coste de la vida es gravísima en nuestro país. Ya preparamos la norma para subirlo al 3% y seguir subiéndolo a lo largo de la legislatura», ha señalado Díaz.
REDUCCIÓN DE JORNADA: EL ACUERDO ES DÍFICIL, PERO POSIBLE
Sobre la negociación con los agentes sociales para reducir la jornada laboral hasta las 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas semanales en 2025, Díaz ha indicado que «el Ministerio de Trabajo quiere buscar el acuerdo en la mesa».
«Yo sé que es muy difícil el acuerdo en la mesa, sé muy bien en qué diatribas se encuentran las patronales y los sindicatos, sé muy bien lo que piden los dos. El Ministerio de Trabajo va a seguir trabajando en la búsqueda del acuerdo porque el acuerdo siempre es mucho mejor que una imposición de parte (…) Los acuerdos dan legitimación social, tranquilizan a las personas. ¿Es difícil este acuerdo? Lo es. ¿Es posible? Lo es», ha apuntado la ministra.
REFORMAR EL CESE DE ACTIVIDAD
Por otro lado, la vicepresidenta ha indicado que, aunque no es una materia de su competencia, el cese de actividad, conocido como el paro de los autónomos, «necesita alguna reforma» porque existen dificultades de acceso para el colectivo.
Cualquier profesional, para que sea reconocido un cese de actividad ordinario, hay que acabar pleiteando, probablemente recurriendo y llegando a los tribunales superiores para que reconozcan este hecho», ha subrayado.
La ministra, que ha arrancado su comparecencia ofreciendo datos sobre el estado actual del mercado laboral, también ha defendido los efectos de la reforma laboral, con una reducción de 10 puntos de la tasa de temporalidad, hasta el 13,2%, por debajo del 14,1% de la media europea.
«Creo que está funcionando y es lo que permite que hoy tengamos 15 millones de los 18 millones de personas asalariadas con contratos indefinidos en nuestro país. Y esto es lo que nos hace mejores», ha apuntado Díaz, que ha añadido que la reforma laboral también ha procurado que la tasa de parcialidad se haya reducido un punto, hasta el 13,5%, «su valor más bajo desde el año 2010».
«Estamos por debajo de las tasas europeas, pero teniendo la tasa de parcialidad más baja, la diferencia está en que la parcialidad en España no es voluntaria», ha precisado.
Díaz ha recordado además que España ya está en los 21 millones de afiliados, nuevo récord de ocupación, con casi 10 millones de cotizantes en España, y un crecimiento del empleo en el grupo 1 de cotización (el de ingenieros y licenciados) del 30%, cuatro veces por encima del experimentado en el grupo 8 (oficiales de primera y segunda).
Ha subrayado, además, que aunque España es un país de pymes, el tamaño empresarial ha crecido un 18% en España y concentra el 84% del empleo. Las empresas de más de 50 trabajadores aglutinan el 60% de los puestos de trabajo en España.
