España se enfrenta a una multa de 7 millones de euros de la Unión Europea por no haber implementado a tiempo la directiva europea que establecía hacer retribuibles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos. Este incumplimiento flagrante de las obligaciones europeas ha llevado a la Comisión Europea a imponer esta sanción inicial, que se irá incrementando mientras persista la falta de acción por parte del Gobierno español.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reconocido abiertamente este incumplimiento y el compromiso del Ejecutivo por transponer cuanto antes esta directiva, ya sea a través de la ley de presupuestos o de la primera norma posible. Según Pérez Rey, se trata no sólo de evitar mayores sanciones, sino sobre todo de cumplir con el «compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos» que deben poder acceder a permisos retribuidos que les permitan atender sus necesidades familiares sin tener que abandonar sus puestos de trabajo.
El Incumplimiento de la Directiva Europea de Conciliación
El pasado 2 de agosto finalizaba el plazo otorgado a España para transponer la directiva europea de conciliación en lo relativo a la retribución de los permisos parentales. Lamentablemente, el Gobierno español no logró cumplir con este mandato, lo que ha derivado en la sanción impuesta por la Comisión Europea.
Según ha explicado Pérez Rey, este incumplimiento «flagrante» de las obligaciones europeas compromete al Estado español a pagar, de momento, una multa que ronda los 7 millones de euros. Esta cifra, sin embargo, irá aumentando a medida que persista la falta de acción por parte del Ejecutivo para dar cumplimiento a la directiva.
Para el secretario de Estado, el Gobierno tiene plena conciencia de la gravedad de esta situación y de la urgencia por transponer la normativa europea. Asegura que se trata de una «prioridad» para el Ejecutivo, que se compromete a hacerlo efectivo bien a través de la ley de presupuestos, bien mediante la primera norma posible que pueda aprobar.
El Compromiso con los Ciudadanos
Más allá de las implicaciones económicas y legales que conlleva el incumplimiento de esta directiva, Pérez Rey subraya el compromiso del Gobierno con la ciudadanía. Según el secretario de Estado, las personas tienen «derecho a tener permisos retribuidos de conciliación» que les permitan atender sus necesidades familiares sin tener que renunciar a sus trabajos.
Este tipo de medidas de conciliación laboral y familiar son clave para lograr una sociedad más justa e igualitaria, donde mujeres y hombres puedan compatibilizar sus responsabilidades profesionales y personales. Por ello, el Ejecutivo se ha comprometido firmemente a transponer la directiva europea en el menor tiempo posible, dando así cumplimiento a las obligaciones contraídas con la Unión Europea y, sobre todo, con la ciudadanía española.
Pérez Rey ha insistido en que el Ministerio de Trabajo «no cejará en su empeño» hasta lograr la plena transposición de esta normativa, la cual considera fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y conciliadora. Sin duda, este revés sufrido ante Bruselas supone un llamado de atención para el Gobierno, que deberá actuar con celeridad para evitar mayores sanciones y, sobre todo, para garantizar los derechos laborales y familiares de los trabajadores españoles.
