El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo provisional para ampliar en unos 121 millones los permisos gratuitos de CO2 del periodo 2026-2030, un balón de oxígeno para acereras, cementeras y eléctricas electrointensivas.
Qué contiene el acuerdo: 121 millones de derechos hasta 2030
La reserva asciende a unos 121 millones de derechos de emisión sin coste para el tramo 2026-2030. El objetivo es doble: rebajar la factura regulatoria de las industrias que más energía consumen y evitar que trasladen producción a países con normas medioambientales menos exigentes. El pacto llega después de que la revisión de los criterios europeos de reparto, cerrada el pasado junio, recortara las cantidades previstas para determinadas instalaciones y desatara las críticas del sector y de varios Estados miembro.
El grueso de la ampliación se reparte en tres bloques:
- 88 millones contemplados en la propuesta inicial que Bruselas presentó en julio.
- 28 millones que habían quedado sin asignar porque algunas instalaciones no cumplían requisitos como las auditorías de eficiencia energética o los planes de neutralidad climática.
- 5 millones reservados para los sectores más expuestos a la fuga de carbono, que se destinarán a los fondos de Modernización e Innovación si finalmente no se utilizan.
El diablo está en el reparto.
El benchmark de calor y combustible, donde se decide la asignación
La modificación se centra en las asignaciones gratuitas calculadas a partir del consumo de calor y combustible, un método que se aplica a procesos industriales para los que no existe una referencia específica por producto y que representa cerca de una cuarta parte de todos los derechos concedidos sin coste en el marco del ETS. Los valores de referencia se revisaron en junio, con recortes para varias instalaciones, y la Comisión reaccionó en julio con una propuesta que el Consejo y la Eurocámara han ampliado ahora.
El texto necesita todavía el visto bueno formal de las dos instituciones antes de su aprobación definitiva. Después, la Comisión fijará las reglas de cálculo que determinarán la asignación concreta de cada instalación afectada. El calendario aprieta: las asignaciones correspondientes al ejercicio en curso se resuelven con el marco anterior.
La revisión de los valores de referencia de junio recortó asignaciones sin transición; el acuerdo de esta semana es el parche, no la reforma estructural del sistema.
Quién gana en el mapa industrial español
El régimen europeo de comercio de emisiones obliga a disponer de un derecho por cada tonelada de CO2 emitida. Cuando la asignación gratuita no cubre las emisiones reales, la diferencia se compra en el mercado, y ahí es donde el acuerdo cambia la cuenta de resultados. En España el perímetro afectado incluye las plantas siderúrgicas de ArcelorMittal, Acerinox y Celsa, las cementeras de Holcim, Votorantim y Cementos Molins, y un bloque químico y papelero donde figuran Ercros o Solvay, además de cogeneraciones industriales y eléctricas electrointensivas.
La comparación entre la propuesta de julio y el acuerdo provisional deja el mapa así:
| Bloque de la reserva | Propuesta de la Comisión (julio) | Acuerdo provisional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Asignación inicial | 88 millones | 88 millones | Sin cambios |
| Permisos sin asignar reasignados | 0 | 28 millones | +28 millones |
| Reserva para fuga de carbono | 0 | 5 millones | +5 millones |
| Total de la reserva 2026-2030 | 88 millones | 121 millones | +33 millones |
Falta el cálculo fino.
Fuga de carbono, CBAM y el precedente de junio
El precedente inmediato es la propia revisión de junio. La actualización de los valores de referencia de calor y combustible se hizo con criterios técnicos más exigentes y sin una cláusula de aterrizaje para las plantas que operan en el límite de eficiencia. El resultado fue una minoración de asignaciones que la industria calificó de expropiación silenciosa y que varios Estados miembro llevaron a Bruselas. El acuerdo de esta semana corrige la calibración, no la dirección: la senda de reducción de la asignación gratuita sigue intacta y el mecanismo de ajuste en frontera continúa desplegándose en paralelo, sin que la protección arancelaria al carbono haya compensado todavía el coste asumido dentro de la UE.
Más allá de la cifra, conviene mirar el perímetro. La ampliación toca el benchmark de calor y combustible —ese cuarto del total— y deja sin revisar los valores de referencia por producto, que son los que determinan la asignación de sectores como el acero o el cemento. Los cinco millones para fuga de carbono son un gesto político de magnitud limitada frente al volumen total de derechos repartidos gratuitamente cada año. Dicho de otro modo: alivia el síntoma de las plantas peor paradas por el nuevo reparto, pero no altera la ecuación económica de fondo del ETS.
Para el inversor, el impacto es de segundo orden en la cotización y de primer orden en la cuenta de resultados de activos concretos. Una planta que gana asignación gratuita mejora su coste unitario sin tocar la producción; una que la pierde traslada esa diferencia al mercado de derechos y a su generación de caja. La clave está en el mix de instalaciones de cada grupo y en cuánto pesa el CO2 sobre el coste total: en cemento y acero, mucho; en química de especialidades y papel, menos.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La aprobación formal del Consejo y del Parlamento y, sobre todo, el reglamento de cálculo que la Comisión publique después, porque ahí se decide la asignación instalación por instalación.
- Reacción del valor: El mercado descuenta un alivio de costes moderado en los nombres electrointensivos; cualquier desviación del reparto previsto se leerá en el coste de CO2 de cada planta más que en el precio de la acción.
- Precedente sectorial: La revisión de junio y su corrección posterior marcan el patrón: Bruselas ajusta los valores de referencia y luego abre una reserva para amortiguar el golpe al sector expuesto a la fuga de carbono.
