España suma ya 2.300 millones de euros en deuda derivada de los laudos arbitrales por el recorte retroactivo de las primas renovables. Este jueves, un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) obliga al Estado a desembolsar 23,9 millones a un grupo de inversores liderados por el fondo alemán DCM Energy.
El tribunal, dependiente del Banco Mundial, ha resuelto que España debe indemnizar a los demandantes por las pérdidas sufridas en sus inversiones en plantas fotovoltaicas tras la eliminación de las subvenciones. Originalmente, los inversores reclamaban 55,9 millones de euros, pero el laudo ha fijado una compensación sensiblemente inferior, de 23,9 millones. A esa cantidad se suman intereses de demora y costas que elevan el total a más de 27 millones.
Lo relevante de este caso no es tanto la cuantía como la actitud del demandado. España no ha presentado solicitud de anulación, un recurso que sí ha utilizado en la mayoría de los procedimientos anteriores. Los inversores, asesorados por Gómez-Acebo & Pombo y el bufete estadounidense King & Spalding, han acudido de inmediato a a los tribunales de Estados Unidos para ejecutar el laudo. La demanda se ha presentado ante la Corte de Distrito de Columbia, la misma que en el último año ha confirmado la validez de varios laudos que condenaban a España a pagar cerca de 690 millones de euros.
La estrategia de litigar directamente en jurisdicciones favorables a la ejecución no es nueva. Los inversores afectados por el recorte de las primas llevan años buscando el cobro forzoso fuera de España. Y cada vez lo consiguen con mayor facilidad.
Un nuevo laudo del CIADI: 23,9 millones más para DCM Energy
El caso que ha encendido las alarmas este 13 de junio arranca en 2017. Ese año, DCM Energy y otros inversores interpusieron una demanda de arbitraje ante el CIADI acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Alegaban que la drástica modificación del marco regulatorio español, que redujo las primas a las renovables de forma retroactiva, había destruido el valor de sus inversiones en varias plantas fotovoltaicas.
El tribunal ha tardado nueve años en dictar sentencia, pero cuando lo ha hecho, ha dejado claras las cosas. No ha concedido los 55,9 millones pedidos, pero sí una indemnización que, con intereses desde la fecha del laudo y las costas del procedimiento, roza los 28 millones. Una cantidad modesta si se compara con el total de la factura renovable, pero simbólica por lo que representa: la enésima derrota de la Abogacía del Estado en un terreno que parecía acotado.
La hemorragia no se detiene: cada nuevo laudo ahonda un agujero que ya supera los 2.300 millones, sin que el Gobierno encuentre una vía de salida negociada.
Los abogados de los demandantes no han perdido el tiempo. Conscientes de que España tiende a alargar los procesos en su jurisdicción, han optado por buscar la ejecución directa en Estados Unidos. La Corte del Distrito de Columbia se ha convertido en una jurisdicción de referencia para este tipo de reclamaciones, y la experiencia previa les da la razón: ya ha validado laudos anteriores que obligaban a España a desembolsar importes muy superiores.
La deuda acumulada alcanza los 2.300 millones y se complica con embargos
Con esta última resolución, España acumula 28 laudos arbitrales adversos y una deuda total que supera los 2.300 millones de euros, sumando principal, intereses y costas. La cifra sigue creciendo a medida que los tribunales internacionales van resolviendo los procedimientos pendientes, y no hay visos de que la tendencia se invierta.
La Abogacía del Estado ha logrado rebajar las indemnizaciones inicialmente solicitadas en muchos casos, pero la estrategia de resistirse a negociar está teniendo un coste reputacional y financiero difícil de ocultar. Jueces de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica ya han reconocido la validez de los laudos y han autorizado el embargo de activos españoles, desde cuentas bancarias hasta inmuebles culturales.
El caso más mediático, y quizás el más doloroso para la imagen del país, es el del fondo Blasket Renewable Investments. Sus abogados han puesto el punto de mira en la participación de la Selección española en el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos. La estrategia es astuta: intentan embargar los flujos comerciales vinculados al torneo, como contratos de patrocinio con Adidas, reservas hoteleras, servicios logísticos o incluso los pagos por la sede de entrenamiento en Chattanooga (Tennessee).
Fuentes cercanas a los acreedores han señalado a esta redacción que, en los últimos días, el Ejecutivo ha rechazado una propuesta para suspender temporalmente las acciones de ejecución ligadas al Mundial. La oferta, que incluía el depósito de una fianza ante los tribunales estadounidenses y el inicio de negociaciones formales, no ha prosperado. El no del Gobierno mantiene vivo el riesgo de que los flujos monetarios del Mundial sean objeto de bloqueo, con el consiguiente escarnio mediático y diplomático.
El coste político y económico de un cambio regulatorio mal gestionado
Más de una década después del recorte de primas, España sigue pagando las consecuencias de una decisión que se tomó con las urgencias de la crisis de deuda pero sin medir el largo plazo. La modificación retroactiva de las condiciones económicas de las instalaciones renovables fue una decisión soberana, pero chocó de frente con los compromisos adquiridos bajo la Carta de la Energía, un tratado internacional que protege las inversiones extranjeras.
El patrón se repite: el Estado modifica unilateralmente las reglas, los inversores demandan, el CIADI condena, España recurre y alarga los plazos, y mientras tanto la deuda engorda con intereses y costas. En algún momento, alguien tendrá que hacer números: el coste de los intereses de demora y las defensas legales podría superar ya los 300 millones de euros, sin contar los honorarios de los bufetes que asesoran a los demandantes y que, en muchos casos, corren a cargo del perdedor.
Las consecuencias van más allá del erario público. La percepción de inseguridad jurídica que transmiten estos laudos ha encarecido la financiación de proyectos renovables en España y ha espantado a inversores institucionales que prefieren jurisdicciones más previsibles. En un momento en que la transición energética requiere capital privado a gran escala, el lastre de los laudos no ayuda.
Creo que el Gobierno de turno, fuera del color que fuera, debería haber buscado hace años un acuerdo global con los demandantes. Negociar una quita de la deuda a cambio de un pago inmediato, como han hecho otros países, habría limitado el daño. Pero la tentación electoral de no ceder ante los “fondos buitre” ha prevalecido, y el resultado es que ahora esos mismos fondos persiguen los bienes del Estado en medio mundo.
La pelota está en el tejado de Moncloa. Rechazar la propuesta de suspender las ejecuciones a cambio de una fianza puede ser un gesto de firmeza ante el electorado, pero también puede salir caro. Si un juez de Columbia autoriza el embargo de los cobros del Mundial, el coste político de la retransmisión de imágenes de cuentas bloqueadas podría ser muy superior al de una solución pactada.
Mientras tanto, el CIADI seguirá dictando laudos. Quedan decenas de procedimientos por resolver. La factura de 2.300 millones no es la definitiva; es solo la de hoy.
