La situación de la «ley taxi» de Barcelona sigue siendo complicada. Aunque la ley ya se encuentra en tramitación en el Parlament, lo cierto es que desde las plataformas de la «nueva movilidad» —es decir, Uber, Cabify y Bolt— y desde las patronales del sector, se ha señalado que el texto, como está diseñado actualmente, no cumple con los estándares que se plantean desde Europa.
La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han señalado que no se pueden tomar medidas legales contra estas plataformas solo para proteger al taxi. Desde Europa se ha señalado que la actividad de este último no está protegida como servicio público, por lo que se necesitan otras justificaciones si se quiere limitar la presencia de las VTC; y, aunque el texto de la nueva ley argumenta que hay motivos de tráfico y medioambientales para limitar la presencia de estos vehículos, la validez de estos argumentos está en entredicho.
De hecho, desde Élite Taxi, la organización que dirige el controvertido Tito Álvarez, se ha asegurado que lo esperado es que la Comisión Europea responda a la consulta de la Generalitat de forma crítica. De hecho, dejan claro que, a pesar de que lo esperado es una respuesta negativa por parte de la Comisión, la misma no tiene por qué ser vinculante ni retrasar la ley. La Comisión ya fijó su posición en 2022 (Comunicación 2022/C 62/01), adoptando lo que llamamos «la ficción de la simetría»: igualar funcionalmente taxi y VTC ignorando que el taxi es un Servicio de Interés Económico General con obligaciones no compensadas. Es previsible un dictamen crítico. No será una novedad, no será una sorpresa y no será un problema», escribió la asociación en un comunicado dirigido a sus miembros.
A pesar de ello, recuerdan que un dictamen negativo no cambiará la ley, señalando que los dictámenes de la Comisión sólo exigen respuesta, no obediencia. Por otro lado, han recordado que la única institución europea que dicta derecho es el TJUE, que ya ha asegurado que se puede limitar la presencia de las VTC siempre que haya motivos más allá de la protección del servicio del taxi.
De hecho, señalan a los partidos que han defendido el texto de la nueva ley. «A los grupos que han impulsado la ley (PSC, ERC, Junts, Comuns, CUP): esto es una prueba de carácter. Si permitís que un dictamen no vinculante sea utilizado como excusa para vaciar la ley, el taxi catalán no lo olvidará», sentencia el comunicado.
¿PUEDE EL DICTAMEN FRENAR LA LEY?
Lo cierto es que la organización de Tito Álvarez tiene razón: el dictamen de la Comisión Europea no es vinculante, incluso si a futuro puede impulsar a que se revisen este tipo de leyes en el Parlamento Europeo. El problema es que, si tiene peso político y pierde los votos de cualquiera de los grupos parlamentarios en Cataluña que han defendido el proyecto, esto acabaría con él. Además, la posibilidad de que se reduzcan las medidas contra las VTC es real, sobre todo porque en Barcelona ya se ha comentado la necesidad de dar opciones digitales a los turistas y residentes acostumbrados a las aplicaciones.
En esta situación vale la pena seguir de cerca las reacciones de los partidos. Por su lado, Élite siempre ha sido una organización beligerante, y no sería raro que, si uno de los partidos da la espalda al proyecto de ley, vuelvan las protestas del sector a la calle. Incluso si el portavoz de la organización ha querido tender puentes con los conductores de las plataformas, ofreciendo un canje temporal de su licencia por la de taxi como parte del proceso de aprobación del texto.
LA POSICIÓN EUROPEA DEL TAXI Y LAS VTC
Lo cierto es que la posición europea sobre las exigencias del taxi en España siempre ha sido compleja. Se ha dejado claro una y otra vez que, desde Bruselas, no se considera que el taxi sea un servicio público y, por lo tanto, debe competir en las mismas condiciones con las nuevas plataformas. El problema, por supuesto, es que en España hay limitaciones de precio y horarios sobre el taxi que no existen sobre Uber, Cabify y Bolt, lo que complica la competencia directa.
En cualquier caso, de momento todo indica que la ley seguirá adelante, aunque todo puede cambiar de un día para otro. La realidad es que la importancia del turismo para Barcelona y el riesgo de un aumento radical de los tiempos de espera del servicio han encendido las alarmas también de los usuarios.
