La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto expediente sancionador a Holaluz por un presunto impago de peajes a Iberdrola que podría costarle una multa de hasta 6 millones de euros. El regulador califica la infracción como grave, al amparo del artículo 65.3 de la Ley del sector eléctrico, y el origen se sitúa en las facturas que la comercializadora dejó de abonar a i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola.
El acuerdo de incoación, fechado el 28 de abril, detalla que Holaluz habría aplicado de manera irregular los precios y peajes de acceso a las redes, con una alteración superior al 10% y un importe que excede de 30.000 euros. La ley contempla sanciones que van desde los 600.000 euros hasta los 6 millones, y el procedimiento puede prolongarse durante dieciocho meses hasta su resolución definitiva.
Expediente grave por impago de peajes
Holaluz recauda los peajes eléctricos en las facturas de sus clientes y, posteriormente, los transfiere a la empresa distribuidora. En su web, la compañía explica que los peajes “son los importes que cobra la distribuidora por el uso de sus redes” y que ella actúa como intermediaria obligada a liquidarlos a tiempo. Sin embargo, la ley exige puntualidad absoluta, y el artículo 65.3 considera grave tanto el impago como el retraso si se superan ciertos umbrales.
La compañía que dirige Carlota Pi reconoce el origen del expediente en facturas de distribuidoras y asegura que ya remitió la documentación solicitada hace meses. “Esperamos que pueda ser archivado, como en anteriores ocasiones”, han declarado fuentes de Holaluz a El Economista. La empresa cotiza en BME Growth y defiende que se encuentra al corriente de sus obligaciones con el resto de agentes del sistema.
La CNMC ha sido especialmente beligerante con los impagos de peajes desde la crisis de precios de 2022, porque cualquier retraso en la cadena de liquidaciones puede distorsionar las cuentas del operador del sistema y, en última instancia, afectar a la estabilidad de la tarifa regulada. El regulador no ha detallado la cuantía exacta de los impagos, pero la calificación de grave apunta a un volumen significativo.
Holaluz tiene margen para defenderse, pero el historial deja claro que la CNMC no abre expedientes graves sin indicios sólidos de impago.
Holaluz espera el archivo y recuerda precedentes
Este no es el primer enfrentamiento de Holaluz con la CNMC por el mismo motivo. En 2024, el organismo ya incoó un expediente casi idéntico contra la comercializadora, con Iberdrola nuevamente como denunciante. La distribuidora reclamaba entonces impagos por valor de cientos de miles de euros en peajes. Holaluz, en aquel momento, negó en rotundo la información y afirmó estar al corriente de todos los pagos, aunque se produjo un desfase temporal entre el comunicado de la empresa y la notificación oficial.
Aquel expediente acabó archivado sin sanción firme, según fuentes internas. Sin embargo, el precedente no garantiza que esta vez el resultado sea el mismo: la reiteración suele pesar en contra del administrado. Además, en agosto de 2025, Holaluz fue objeto de otro expediente por vulnerar el artículo 66.4, relacionado con los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. La acumulación de procedimientos deja entrever una tensión recurrente entre el regulador y la compañía.
La coincidencia de que Iberdrola aparezca otra vez como detonante del conflicto añade un componente corporativo a la historia. Las relaciones entre las comercializadoras independientes y las distribuidoras tradicionales suelen ser tensas; los impagos de peajes pueden convertirse en un arma de presión, aunque la ley es clara: la recaudación es obligatoria. Por su parte, Iberdrola guarda silencio sobre el conflicto. La distribuidora i-DE se limita a aplicar la normativa y reclamar las cantidades debidas, sin entrar en valoraciones.
Un patrón que se repite: la sombra de Iberdrola y el historial de la CNMC
Desde una perspectiva regulatoria, la reincidencia debilita la defensa de Holaluz. La Comisión ha demostrado en los últimos años una voluntad firme de perseguir los incumplimientos en el pago de peajes, porque afectan a toda la cadena de liquidaciones del sistema. Cuando una comercializadora no abona los peajes a la distribuidora, el agujero se traslada luego al operador del sistema y al resto de agentes, distorsionando el mercado.
Holaluz argumenta que, en los casos anteriores, los expedientes se archivaron y que no hubo sanción firme. Sin embargo, la reiteración de denuncias por parte de Iberdrola sugiere que la tensión financiera entre ambas no es un episodio aislado. La estructura de peajes, que pagan los consumidores finales pero gestionan las comercializadoras,, abre la puerta a desfases temporales que pueden interpretarse como impagos si la tesorería de la empresa flaquea.
Cabe recordar que Holaluz ha pasado por momentos de presión financiera en los últimos ejercicios, con ampliaciones de capital y pérdidas operativas, lo que refuerza la hipótesis de que los retrasos podrían estar vinculados a tensiones de liquidez más que a un incumplimiento deliberado. De ser así, la multa grave podría tener un efecto desproporcionado sobre una empresa que compite en un mercado dominado por las grandes eléctricas.
El plazo de dieciocho meses para resolver el expediente sitúa la decisión final a finales de 2027 o principios de 2028. Para entonces, el regulador deberá ponderar no solo la gravedad formal de la infracción, sino también si existió intencionalidad o si el retraso respondió a circunstancias excepcionales. La multa máxima de seis millones supondría un golpe muy duro para una comercializadora que lucha por mantenerse en el parqué.
La apertura de otro expediente a Endesa el mismo día —por incumplimiento del artículo 66.4 y con una posible sanción de hasta 600.000 euros— muestra que la CNMC mantiene una presión intensa sobre todo el sector comercializador, sin importar el tamaño. Pero lo que diferencia a Holaluz es la reincidencia y la relación directa con un gigante que no suele pasar por alto las deudas. El consumidor medio puede pensar que estos pleitos le son ajenos, pero no es así: si Holaluz sufre una merma económica significativa, el coste podría repercutir indirectamente en las tarifas o, en el peor de los casos, en la viabilidad de la compañía.
En un mercado donde las cinco grandes empresas controlan más del 80% de la comercialización libre, los actores independientes como Holaluz cumplen una función de presión competitiva que beneficia al consumidor final. Si la CNMC acaba imponiendo una sanción elevada, el mensaje para el resto de agentes será de tolerancia cero, pero también de riesgo existencial para los que operan con márgenes financieros estrechos.
Yo creo que el expediente a Holaluz es un síntoma más de las tensiones heredadas de un modelo de peajes pensado para grandes eléctricas verticalmente integradas. Las comercializadoras puras, con menos colchón financiero, están expuestas a un riesgo de liquidez que el regulador debería tener en cuenta al aplicar las sanciones. No digo que se deban ignorar los impagos, pero una multa desproporcionada podría debilitar aún más la competencia en un sector donde la diversidad de opciones para el consumidor ya es limitada. Mientras tanto, los clientes de Holaluz pueden seguir con normalidad; el procedimiento no afecta al suministro.
