El plan de incentivos de Iberdrola ha provocado la mayor revuelta accionarial en la historia de la compañía. Un 25,4% del capital votó en contra del LTIP Transformador 2026-2028, un programa que reparte hasta 400 millones de euros en acciones entre 400 directivos. La oposición, liderada por el asesor de voto ISS, no impidió la aprobación, pero sí encendió todas las alarmas del gobierno corporativo energético.
Los números del descontento: 400 millones y un 25,4% de oposición
El punto 12 del orden del día de la junta general escondía un conflicto que no aparecía en el comunicado triunfal de Iberdrola. La cúpula ejecutiva recibirá hasta 20 millones de títulos si se cumplen los objetivos a 2028, casi un 43% más en acciones que el plan anterior (2023-2025), que ya liquidó 277 millones en marzo. La eléctrica defiende que el incremento es proporcional porque ahora incluye a los directivos de filiales internacionales como Avangrid, Neoenergia y Electricity North West Limited, que antes tenían sus propios bonus.
Pero Institutional Shareholder Services (ISS) no compró el argumento. El proxy advisor más influyente del mundo recomendó votar en contra, al considerar que «los elevados niveles de bonus generan el riesgo de remuneraciones potencialmente excesivas» y que los requisitos de desempeño más duros «no son suficientes para compensar el considerable aumento en el potencial de pago».
La recomendación de ISS caló en grandes fondos internacionales. Así, 1.200 millones de acciones se alinearon con el rechazo, un porcentaje jamás visto en los planes de incentivos de la eléctrica. Frente a ellos, dos muros contuvieron la rebelión: Qatar, con casi un 10% del capital, y Glass Lewis, el otro asesor de voto que respaldó el plan. Con esos apoyos, el punto salió adelante, pero la fractura quedó expuesta.
Tensión laboral: una huelga en el aniversario
Ignacio Sánchez Galán defendió estos bonus como herramienta para «incentivar la velocidad en la consecución de los objetivos estratégicos» y alinear a los directivos con los accionistas. El argumento tiene algo de verdad: desde que en 2003 se implementaron estos planes, Iberdrola ha multiplicado por cinco su capitalización, hasta superar los 130.000 millones de euros. Pero los accionistas díscolos parecen cuestionar la magnitud del premio cuando la compañía ya bate récords de beneficio —6.285 millones en 2025— y el nuevo objetivo es de más de 7.600 millones para 2028.
La tensión, además, no se queda en el parqué. Los sindicatos han convocado una segunda jornada de huelga para el 19 de junio, coincidiendo con el 125 aniversario del grupo. Denuncian que, mientras los altos ejecutivos acumulan premios millonarios, la plantilla en España ha perdido cerca del 20% de poder adquisitivo, ya que las subidas salariales no acompañan a la inflación. La protesta añade un ángulo social que incomoda a una empresa que presume de sostenibilidad.
El 25% de oposición es un aviso serio: la velocidad de los bonus no puede dejar atrás la legitimidad social. Si los trabajadores también se rebelan, la ecuación se complica.
Gobierno corporativo en la encrucijada: ¿hasta dónde es demasiado?
Más allá de la aprobación aritmética, la votación del punto 12 es un síntoma. La bolsa y la gobernanza ya no solo miran los resultados financieros. Exigen que las métricas de remuneración estén atadas a objetivos de capital realmente exigentes y, cada vez más, a criterios ESG. ISS y otros asesores de voto están afinando la presión, y los fondos pasivos escuchan. El hecho de que un plan diseñado para 400 personas movilizara a más de un cuarto del capital en contra sugiere que la brecha entre la alta dirección y los inversores institucionales se está ensanchando, incluso en una compañía que presume de pay for performance.
Cabe recordar que en el anterior plan 2023-2025 la oposición fue mucho menor. Entonces, el rechazo rondó el 6%, según fuentes de la compañía. El salto al 25% es una advertencia que no puede despacharse con el apoyo de Qatar. La dependencia de un accionista soberano para aprobar puntos polémicos es, en sí misma, una debilidad de gobierno corporativo. Si Qatar algún día reduce su posición, el control de las juntas sería más imprevisible. Y eso, en una empresa con 130.000 millones de capitalización, es un riesgo sistémico.
Yo creo que la eléctrica ha subestimado la sensibilidad social en un sector regulado donde la factura de la luz sigue siendo un agravio comparativo para muchos ciudadanos. La huelga del 19 de junio no es un accidente: es la respuesta a un relato interno roto. Si a los accionistas se les vende velocidad y rentabilidad récord mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo, el incentivo acaba viéndose como un agravio. Y ese agravio, tarde o temprano, llega a los reguladores y a los políticos.
Por lo pronto, Iberdrola ha vuelto a sacar adelante su plan. Pero el mensaje ha quedado claro: el próximo LTIP se negociará con un escrutinio mayor, y la compañía haría bien en atar los bonus no solo al beneficio, sino a métricas de cohesión social y retención de talento. Si no, el 25% de hoy puede ser la mayoría de mañana.
