José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, desconfía del equipo jurídico de Decisio Consulting, con más de 30 años de experiencia en contratación pública, para su recurso por la anulación del concurso del agua, adjudicado de forma irregular a Aqualia, por 247 millones de euros. En su lugar, el ‘popular’ alcalde del municipio murciano ha escogido a dedo, sin realizar un proceso de adjudicación, al abogado estrella del PP en Murcia, Salvador Pérez Alcaraz, únicamente por «sus 35 años de experiencia profesional», tal y como recoge el acuerdo al que ha tenido acceso MERCA2.
La decisión de escoger a este abogado goza de una total falta de transparencia. No se ha dado a conocer ni la cuantía de la minuta ni tampoco el expediente para poder cerrar su contratación.
Luengo explica que Pérez Alcaraz fue técnico de la administración general, y adscrito a la sección de urbanismo, a pesar de que el contrato está técnicamente fuera de su ámbito al recogerse en el apartado de «servicios».
El alcalde del PP y número dos del partido en la región de Murcia ha depositado la confianza en Pérez Alcaraz para la defensa de los intereses municipales por el mero hecho de ser un profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense, de la Universidad Pontificia de Comillas, en la de Murcia y en la Politécnica de Cartagena; y ser coautor de un libro sobre contratación pública local. Tal es la publicidad que le da Luengo que llega a informar sobre la editorial y de las ediciones del libro, como si fuera clave conocerlo.
UN ASESOR DE VOX, PERO TAMBIÉN DEL PSOE, A CARGO DE LA DEFENSA
Por otra parte, Pérez Alcaraz también ha sido asesor de Vox en Murcia y ha realizado trabajos para el PSOE, entre otros partidos. El motivo del requerimiento de sus servicios «es su vinculación y conocimiento con la justicia de la autonomía», según han destacado fuentes jurídicas. «Es muy conocido», han apuntado. No obstante, los profesores universitarios de Derecho consultados por este medio afirman desconocerle por completo. «No le he visto. No sé quién es», han señalado.
Luengo justifica el fichaje de Pérez Alcaraz al no existir exclusividad con Decisio Consulting, pero no ofrece detalles del coste dinerario
Por último, apunta que Pérez Alcaraz es consejero del Consejo Jurídico de Murcia. Según han explicado fuentes jurídicas, se trata de un órgano consultivo a nivel autonómico y su presidente está «en funciones». Son tan solo cuatro miembros, según consta en la web, a pesar de que oficialmente se amplia el número a cinco.
Todos ellos son escogidos por el presidente de la Región de Murcia, en manos del también ‘popular’ Fernando López Miras. Luengo ha ocultado al público la vinculación de Pérez Alcaraz con el despacho del catedrático Santamaría Pastor y actualmente ejerce en los Colegios de Murcia y Cartagena. El alcalde de San Javier, por otro lado, ha copiado y pegado casi literalmente el perfil que aparece en la página web del órgano consultivo y no adscrito a ninguna de las Consejerías que componen el Gobierno autonómico.
DESIGNADO A DEDO POR LÓPEZ MIRAS
Esta elección se realiza después de descartar al despacho Decisio Consulting, SPL, que obtuvo la victoria en la licitación por un importe de 6.000 euros para la defensa letrada. En concreto, este bufete, con sede en Murcia capital, se impuso a Iberforo Murcia Abogados SLP, con una menor experiencia profesional y tan solo 25 procedimientos contencioso admnistrativos.
Luengo, además, no ha dado a conocer el número de casos que ha llevado Pérez Alcaraz, mientras que el equipo de Consulting realizó un extenso resumen de sus más de 30 años de actividad, como los 109 procedimientos contenciosoadministrativos, los 25 sociolaborales junto con 14 penales, cuatro contables y otros seis de la jurisdicción civil o mercantil.
Decisio Consulting obtuvo así la máxima puntuación posible, con 15 puntos en el criterio 2 y 3, respectivamente, y 10 en el criterio 4. En el sobre C, la puntuación alcanzó los 40. En total, la diferencia con la segunda en liza, Iberforo Murcia Abogados, fue de 38,5 puntos. El secretario de la Mesa de Contratación, David García Carreño, y la presidenta de la misma, Ana Belén Martínez Garrido, firmaron la resolución.
DECISIO CONSULTING GANÓ EL CONCURSO, PERO LUENGO ESCOGE A PÉREZ ALCARAZ
A pesar de la experiencia de Decisio Consulting, Luengo prescinde de los servicios de quien había sido la adjudicada en la licitación de la defensa letrada. La principal excusa es que el contrato no es en exclusiva. «El contrato no atribuye exclusividad a la mercantil en esta materia», afirma Luengo.
Asimismo, ha asegurado que «a la vista de la cuantía del contrato» es «evidente» que fue concebido para el devenir habitual de la litigiosidad municipal, sobre todo al basar su estudio económico en el número de recursos habidos en los años anteriores a la licitación, pero en modo alguno puede amparar un pleito de estas características». En este sentido, el alcalde de San Javier considera que la cuantía del concurso del agua, por valor de los 247 millones, necesita una defensa más experimentada por «el nivel de especifidad y dificultad».
DEFENSOR DE LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA MILLÁN ASTRAY
Pérez Alcaraz ha ganado pleitos contra Ayuntamientos, pero no se conoce ningún concurso de servicios. Así, en Cartagena defendió a la Asociación Patriótica Millán Astray para mantener el nombre de la calle en el municipio, tal y como recoge la sentencia, consultada por este medio. El Consistorio de Cartagena trató de modificar el nomenclátor para instaurar la calle Alegría, tal y como aprobó el pleno municipal. El fallo obedeció a la caducidad del expediente administrativo y al archivo de las actuaciones.
Por otro lado, Pérez Alcaraz también ganó otro pleito en Jaén contra Perfumevil, declarada entonces en «rebeldía». El juez sentenció a la empresa a pagar a Gestión y Selección de Personal ETT la cantidad de 1,114 millones de euros más intereses y expresa condena en costas a la parte demandada. Pérez Alcaraz no ha pleiteado tampoco en un caso millonario como el de San Javier, donde la Fiscalía investiga «indicios de criminalidad» por una presunta connivencia entre Luengo, FCC Aqualia e Ingeagua, la empresa encargada de la redacción y las posteriores calificaciones del concurso público.
