La nefasta gestión del Ayuntamiento de San Javier (Murcia) en la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, que dio por ganador a Aqualia, sigue generando controversias en el municipio. En las últimas semanas, se ha conocido que el gobierno municipal, liderado por el ‘popular’ José Miguel Luengo Gallego, ha denegado el acceso al expediente resolutivo a las empresas aspirantes que lo han solicitado formalmente.
Este movimiento ha ocasionado críticas y preocupación ante la opacidad que se plantea en el proceso de selección. La negativa del Consistorio, dirigido por Luengo, a permitir el acceso al expediente del concurso ha suscitado nuevas sospechas sobre la imparcialidad y transparencia en la adjudicación del contrato a la filial de FCC.
Una vez celebrado el pleno municipal de adjudicación a Aqualia, varias empresas licitadoras han solicitado al Ayuntamiento de San Javier el acceso al expediente completo de contratación del servicio de agua. Todo ello, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene como objetivo ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información.
En los últimos días, se han registrado varias solicitudes de acceso al expediente completo del concurso de gestión de agua del municipio. Este debería incluir la propuesta completa presentada por la sociedad adjudicataria FCC Aqualia en todo lo que no ha sido declarado expresamente como confidencial.
LUENGO, EN LA PICOTA POR EL CONCURSO DE SAN JAVIER
Además, también se pide acceso a todos los documentos que evidencien la relación entre el Pleno del Ayuntamiento de San Javier y la consultora Ingeagua, que se ha ocupado de la valoración de la oferta técnica y vinculada directamente con la empresa ganadora del concurso, que también es clienta de la consultoría.
De las ocho ofertantes para obtener la concesión del agua en San Javier, Aqualia y Sacyr–Regenera, han sido las dos únicas empresas que no han solicitado formalmente acceso al expediente. La primera de ellas por ser la ganadora del concurso, mientras que Sacyr obtuvo una baja puntuación y no tendría posibilidades de mejorar las ofertas de los competidores.
La sorpresa ha llegado con la respuesta oficial del Ayuntamiento de San Javier. En el escrito firmado por el propio Luengo, además presidente de la Mesa de Contratación que dio luz verde a la concesión a Aqualia, ha respondido a todas las peticiones «alegando que el expediente se encuentra en la Plataforma de Contratación y se han eliminado los aspectos confidenciales declarados por los licitadores». Algunas de las empresas que han recibido esta respuesta oficial se plantean si este posicionamiento de opacidad en los trámites municipales se puede interpretar como una nueva manera de obstruir la presentación de recursos a la adjudicación que sean viables y contengan toda la información relevante para una correcta valoración por parte del tribunal.
EL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER EVITA LA TRANSPARENCIA
Cabe incidir en que, según establece el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el deber de confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Tan sólo establece a la documentación que contenga información restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
Por tanto, las empresas tienen así derecho al acceso de todo aquello que no esté amparado por el deber de confidencialidad, entendiendo como tal únicamente los secretos técnicos o comerciales y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia. En este sentido, las oferentes que preparan una recurso deberían tener acceso a la oferta de Aqualia, declarada en su integridad confidencial.
el propio alcalde hizo referencia a esta investigación remitiendo a la misma fiscalía a la plataforma de contratación pública para que valoren si se ha realizado un proceso correcto.
Estas reclamaciones hechas al Ayuntamiento de San Javier se enmarcan en el plazo para presentar los recursos para la suspensión de la adjudicación del contrato del agua y el alcantarillado del municipio murciano ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TarRC).
Además, el tiempo apremia dado que el próximo 10 de noviembre termina el plazo y, si alguno de ellos se aceptara, podría comportar graves perjuicios económicos y gastos de contratación adicionales que repercutirán en la ciudadanía e incluso la posibilidad de tener que repetir todo el proceso de licitación, si el tribunal así lo considerase.
LA FISCALÍA DE CARTAGENA INVESTIGA EL CONCURSO
Hay que recordar que el pasado 11 de septiembre la Fiscalía de Cartagena comunicó al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde Luengo Gallego que en la licitación del contrato de agua se podía observar un presunto «indicio de criminalidad» y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
Pese a los intentos del alcalde de justificar la licitación, el Ayuntamiento de San Javier sigue entorpeciendo el trabajo de la fiscalía, utilizando la misma estrategia que ahora aplican con las peticiones de las empresas licitadoras. En un pleno extraordinario, el propio alcalde hizo referencia a esta investigación remitiendo a la misma fiscalía a la plataforma de contratación pública para que valoren si se ha realizado un proceso correcto.
Una documentación que, tal como se puede comprobar analizando la documentación disponible públicamente, ha eliminado pasajes de información clave. De hecho, gran parte de los contenidos publicados por los ofertantes – especialmente de la ganadora Aqualia- y de la propia consultora y evaluadora del concurso Ingeagua está censurada alegando supuestos motivos de confidencialidad, por lo que la Fiscalía de Cartagena tampoco ha tenido la colaboración del Ayuntamiento de San Javier en su investigación, dificultando el poder acceder a información legítima.
