El escándalo del agua en San Javier suma un nuevo capítulo y será la justicia la que determine si hubo o no irregularidades en este macroconcurso. La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha puesto contra las cuerdas al alcalde de San Javier y número dos del PP en Murcia, José Miguel Luengo Gallego, a la consultora Ingeagua y también a Aqualia, ganadora de la licitación del alcantarillado y gestión del agua por 247 millones de euros.
La resolución del Tribunal, a la que ha tenido acceso MERCA2, muestra una presunta connivencia entre el Ayuntamiento y la consultora Ingeagua sin parangón, con informes y contratos ocultos a las empresas ofertantes, un hecho que se pone de manifiesto en los fundamentos de derecho.
«Buena prueba de la importancia de lo anteriormente reflejado, es que, para este caso, a la vista de las acciones penales adoptadas que se exponen en el recurso, de haber conocido previamente los licitadores que Ingeagua iba a valorar las proposiciones, parece más que probable que alguna empresa hubiera podido plantear, al menos, alguna objeción al respecto», señala la presidenta del TACRC.
LA MÁXIMA PUNTUACIÓN OBJETIVA FUE PARA LA UTE AGUAS DE SAN JAVIER Y GESTAGUA
De hecho, el recurso expone el entrecomillado de la denuncia de la Fiscal responsable de la investigación penal. «Ingeagua no solo redactó las condiciones del contrato, sino que valoró las propuestas presentadas. Su cliente, Aqualia, obtuvo la puntuación más alta en los criterios técnicos evaluables subjetivamente, 49 puntos de los 49 posibles en todos los apartados evaluables de forma subjetiva por parte de su propia consultora».
Esta puntuación no solo fue la mejor, sino que la brecha con respecto a la segunda mejor puntuación hizo imposible que ninguna de las ofertantes pudiera hacerse con el concurso público, incluso con una oferta temeraria. En este sentido, la valoración objetiva del concurso fue para la UTE formada por Aguas de San Javier y Gestagua, con una puntuación de 47,5 puntos, una nota insuficiente dada la máxima puntuación otorgada a Aqualia. Y es que, Ingeagua ideó una fórmula matemática que no daba opción alguna a la segunda en la valoración subjetiva del proyecto. Y es que, la recurrente obtuvo la mejor puntuación técnica, la nota objetiva, pero fue insuficiente.
El Tribunal, además, deja claro la estrecha relación entre Ingeagua y Aqualia, la filial de FCC, dirigida por el magnate mexicano Carlos Slim y el fondo australiano IFM Investors. «Ingeagua ha sido contratada en los últimos meses por al menos quince ayuntamientos donde Aqualia presta sus servicios, con la finalidad de elaborar pliegos y valorar las ofertas del concurso», destaca el Tribunal. Lo más curioso es que «en la mayoría de estos casos, Aqualia resultó ganadora o fue propuesta como tal por Ingeagua». La simbiosis entre ambas empresas da buenos frutos.
EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO OCULTO A LOS OFERTANTES
El TACRC no se queda únicamente en este punto. Según se desprende de la resolución, el contrato del Ayuntamiento e Ingeagua incluiría el asesoramiento de la empresa contratada por una cantidad irrisoria tanto en la redacción de los pliegos que sirvieron de base a la licitación; como en la posterior evaluación y valoración de las distintas ofertas presentadas por los licitadores.
Es decir, Ingeagua «ayudó al Ayuntamiento a diseñar la licitación antes de que se convocara, a redactar los pliegos y a fijar el sistema de valoración de las ofertas; una vez convocado el procedimiento de adjudicación y presentadas las ofertas por los licitadores, las analizó y les otorgó una puntuación en aplicación de los Criterios Subjetivos». Además, esta puntuación de la consultora con sede en Málaga «fue íntegramente asumida por el Ayuntamiento, que la hizo suya sin llevar a cabo ningún tipo de análisis y valoración propios».
«Esta presunta connivencia entre Ingeagua y Aqualia está siendo objeto de investigación en vía penal», recuerda el Tribunal, que no se mete este fondo del asunto al carecer de la debida competencia. De hecho, «la recurrente es consciente de nuestra posición y no solicita nuestro pronunciamiento al respecto, sino solo en cuanto a las actuaciones que tienen que ver estrictamente con el procedimiento de adjudicación del contrato de acuerdo con la LCSP y los pliegos por los que se rigen», destaca el Tribunal.
LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LUENGO GALLEGO SE SALTÓ LA NORMATIVA, SEGÚN EL TACRC
Además, el TACRC pone de manifiesto que en el expediente de la mesa de contratación, presidida por el propio Luengo Gallego, no consta la preceptiva autorización del órgano de contratación para realizar labores de asistencia técnica para la valoración de las proposiciones, así como tampoco las identidades de los técnicos o expertos del equipo que puso las notas, ni su formación ni experiencia profesional. El Consistorio contrató a Ingeagua por la absurda cantidad de 18.029 euros para realizar los pliegos y asesorar en el proceso, un trabajo que llevó dos años, para un contrato de 247 millones de euros, que a la postre ganó la empresa participada por Carlos Slim y el fondo IFM Investors.
El Consistorio dirigido por Luengo Gallego tan solo realizó un informe de trámite de audiencia, sin concurso público y sin posibilidad de presentarse a otras consultoras expertas en el sector. De hecho, este trámite de audiencia hecho por el Ayuntamiento versó sobre la «propuesta del estudio de costes de este contrato y sobre la realización del estudio de viabilidad y el anteproyecto de este expediente que fue llevada a cabo por dicha empresa», incumpliendo así la legislación vigente.
El TACRC no da lugar a segundas interpretaciones en su cristalina resolución. Ingeagua valoró las ofertas, como tampoco hay lugar a dudas que en el momento de la licitación no se dio a conocer a los licitadores esta circunstancia con el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 326.5 LCSP. Esta normativa está diseñada para «dotar de la máxima transparencia, como principio inspirador de la contratación del sector público», pero presuntamente y a tenor de lo descrito, el Consistorio de Luengo Gallego se la saltó a la torera.
«Máxime cuando la mesa de contratación se asiste de este asesoramiento externo en una fase de la contratación que resulta vital cara a la adjudicación de los contratos», apostilla el Tribunal. Todo un revés que pone contra las cuerdas la actuación de Luengo Gallego, primero como alcalde; y segundo como presidente de la mesa de contratación. Asimismo, se pone de manifiesto que el Consistorio y la mesa de contratación bajaron los brazos ante Ingeagua, que hizo lo oportuno para entregar el concurso a Aqualia.
EL TACRC PONE DE MANIFIESTO LA OPACIDAD DE LUENGO GALLEGO E INGEAGUA EN SAN JAVIER
Luengo Gallego y el resto de la mesa de contratación no realizaron su labor de velar por los intereses del municipio al mostrar una opacidad manifiesta en la contratación de Ingeagua. «Esta transparencia es esencial para los licitadores», indica el Tribunal, que requiere que se facilite la identidad a fin de que puedan instar, en su caso, «las correspondientes solicitudes de recusación de todos o algunos de sus miembros».
Este proceder de Luengo Gallego e Ingeagua «vicia de nulidad -ahonda el TACRC- la valoración de las proposiciones efectuada por la empresa Ingeagua y dada la fase del procedimiento en el que nos encontramos, en el que se han valorado tanto los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor como los criterios automáticos o sujetos a fórmula y que incluso se ha adjudicado el contrato, ello obliga a la anulación no sólo del acuerdo de adjudicación sino también de todo el procedimiento de contratación». Todo ello, ante la imposibilidad de subsanar el incumplimiento detectado.
Pero no es ni mucho menos el único varapalo que recibe la mesa de contratación de Luengo Gallego y su contrato opaco con Ingeagua. «La incorrecta valoración de las ofertas hechas por dicha empresa externa contratada por el Ayuntamiento de San Javier y que, dado a su connivencia, a juicio de la recurrente, con FCC Aqualia ha conducido a darle a ésta la máxima puntuación en los criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor y a colocarla en posición de salida para ser declarada como la mejor oferta en su relación calidad/precio».
Y es que, para acompañar la explicación a esta valoración, Ingeagua facilitó un informe de 20 páginas. Se trata de una extensión considerable, pero en un concurso público no se mide la cantidad de folios, sino la calidad de su contenido. De hecho, Ingeagua se limita a reproducir, con puntos y comas, varias secciones de sus propios pliegos y de los índices de cada uno de los proyectos. Con este texto se rellenaron las primeras 14 páginas del informe y tan solo dedica una última sección, las seis hojas restantes, a valorar de manera insuficiente las diferentes ofertas.
Así, el informe de Ingeagua mostraba en sus primeras cuatro secciones las cláusulas 10 y 14 de los pliegos, todo ello de forma literal. Con esto se rellanaron las doce primeras páginas y las otras dos restantes se aderezaron con los epígrafes en los que se divide el ‘sobre B’ de cada una de las ofertas.
EL ‘COPIA Y PEGA’ DE 14 PÁGINAS DE INGEAGUA
De las páginas 14 a 20 se realiza una «suerte de valoración de las ofertas», como «medidas de ahorro en el consumo de agua». Ni una sola explicación sobre el por qué Aqualia recibía los 49 puntos en la valoración subjetiva, la máxima puntuación global, y por tanto, la nota más elevada posible en cada uno de los puntos de esta parte de la adjudicación. Todo ello, «contaminado por la relación» entre Ingeagua y Aqualia.
Aún así, los técnicos municipales la dieron por buena, sin realizar ninguna comprobación. Los dos responsables, junto a Luengo Gallego, son los jefes de Sección de Servicios Múltiples y de Negociado de Contratación del Ayuntamiento. Todos los informes se entregaron el mismo día, el 2 de mayo de 2023, en la misma fecha en la que Ingeagua había dado a conocer su veredicto. El Consistorio y la mesa de contratación dieron su visto bueno en un tiempo récord, con más de 1.600 folios procedentes de las ocho diferentes ofertas. Tuvieron solo horas para poder hacer su labor y se pone más que en duda que llegaran incluso a consultar las primeras páginas de cada una de ellas.
De hecho, mientras Ingeagua realizó un informe más que superficial de los más de 1.600 folios, el Ayuntamiento fue más allá al presentar tan solo dos hojas para dar la razón a su consultora de confianza, la que finalmente otorgó la victoria momentánea a Aqualia.
EL ASOMBROSO RITMO DE LECTURA EN SAN JAVIER: 1.600 FOLIOS EN HORAS
«Por parte de los técnicos que suscriben, se ha procedido a contrastar las valoraciones que constan en el informe de INGEAGUA con los proyectos de los licitadores en cada uno de los criterios valorados, constatando la coherencia entre la valoración dada a cada uno de dichos criterios con el desarrollo que cada licitador realiza en su oferta», concluía el informe de la mesa de contratación, comandada por Luengo Gallego.
Tras este párrafo y como si de un extensísimo informe se tratara, los técnicos apostaron por una frase que desató la preocupación entre las oferentes. «Por todo lo anterior, consideramos que, el informe de valoración suscrito por el director general de Ingeagua, en relación al archivo electrónico nº 20 del
procedimiento abierto para la contratación de concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del término municipal de San Javier, cumple con lo establecido en la cláusula décima y las valoraciones que establece son coherentes con los proyectos presentados por los licitadores en sus ofertas». Todo lo anterior era un mero relleno, como si el trabajo de la mesa de contratación también lo hubiera realizado Ingeagua.
«No hay nada más», recuerda el recurso, tal y como recoge el TACRC. Son dos lacónicos párrafos para una valoración que debería haber durado semanas. ¿Había prisas por llegar a las elecciones con el concurso hecho? Las explicaciones tendrá que darlas el propio alcalde Luengo Gallego. Tampoco había un análisis propio del Ayuntamiento gobernado por el número dos del PP de Murcia, que resume el irrisorio informe de Ingeagua con un «coherente».
LA PRESUNTA CONNIVENCIA QUE DERIVA EN PREVARICACIÓN
La propia recurrente hizo hacer constar la falta de requisitos mínimos de independencia, transparencia e interdicción de la arbitrariedad exigidos por la normativa de contratación pública, haciendo un especial incapié en la falta de motivación para entender cómo se otorgó la máxima calificación a Aqualia.
Como no podía ser de otra forma, el Consistorio y la mesa de contratación rechazaron las alegaciones, elevando el propio Luengo Gallego la respuesta al Tribunal el pasado 20 de noviembre. El alcalde ‘popular’ y número dos del Partido Popular en Murcia se escudó en la presunción de inocencia ante las acusaciones de prevaricación, uno de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público. De hecho, la Fiscalía vio indicios de criminalidad en este asunto, tal y como publicó este medio.
Esta presunta prevaricación se debe a la «eventual connivencia entre el Ayuntamiento, Ingeagua y Aqualia». A pesar de las graves acusaciones y las pruebas, el Ayuntamiento siguió adelante con la licitación, como si nada hubiera pasado.
LUENGO GALLEGO Y SU PAPEL DE ABOGADO DEFENSOR DE INGEAGUA Y AQUALIA
«La constancia de la interposición de una denuncia ante la Fiscalía y la investigación de esta, no limita ni restringe en modo alguno la capacidad de valoración del Órgano de Contratación, respecto a los argumentos y razones que por los recurrentes se exponen para cuestionar la falta de objetividad o acierto de los juicios de valor técnicos emitidos por las personas denunciadas, y su plena legitimidad para poder decidir si los mismos, desde una perspectiva administrativa y no penal, pueden tener alguna incidencia sobre la validez de lo actuado».
Ninguna de las cuestiones manifestadas es cierta, tal y como se deriva de la lectura de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego
La respuesta de Luengo Gallego no se limitó a defender la legitimidad del concurso. El alcalde se enfundó, además, su toga de abogado defensor y de juez. «Ninguna de las cuestiones manifestadas es cierta, tal y como se deriva de la lectura de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego», aseveran desde la mesa de contratación en respuesta a la denuncia interpuesta por la UTE formada por Aguas de San Javier y Gestagua.
«En cualquier caso, -continuó- este debate no puede ser planteado por el licitador que, en lugar de impugnar los pliegos si estos adolecieran de alguna irregularidad, cosa que no sucede, presenta oferta y solo protesta por el contenido de los pliegos cuando la valoración no le ha resultado favorable», afirma. Es decir, la queja se produce porque la recurrente no ha ganado el concurso, cuando la realidad apunta a hechos muy distintos. «La presentación de oferta supone la aceptación incondicional del ontenido de los pliegos y de las reglas que definen el procedimiento de contratación», aseguró la mesa de Luengo Gallego.
LUENGO GALLEGO INVIRTIÓ MÁS TIEMPO EN FRENAR A AGUAS DE SAN JAVIER QUE EN DAR LUZ VERDE A AQUALIA
En su listado de excusas, la mesa de contratación del Ayuntamiento de San Javier realiza una sonada defensa de su actuación, de Ingeagua y de Aqualia, a quien da el veredicto positivo. Sorprende que el Ayuntamiento haya invertido más tiempo y folios en realizar esta encendida defensa que en valorar realmente las ofertas.
Estas son quizá las únicas palabras propias de la mesa de contratación que constan en el expediente, al menos no es un mero «coherente» y un párrafo de énfasis que podría haber escrito cualquier persona ajena al concurso.
Por otro lado, el Tribunal tumba el escudo de la confidencialidad levantado por Ingeagua para evitar dar mayores explicaciones a las notas de su valoración. De hecho, tan solo se limitó a decir si eran «muy buenas», «buenas», «regulares» o «malas». Ante esta falta de explicaciones, el TACRC considera que hubo una «ausencia total de motivación» y por tanto resulta «inviable» fundamentar el recurso con las debidas garantías de defensa. Ingeagua y la mesa de contratación les había dejado vendidos a la hora de pedir responsabilidades porque se permitió ocultar, en aras de la confidencialidad, tales explicaciones.
No había forma posible para combatir ante el TACRC, que tampoco comparte la justificación de la empresa sobre el informe de valoración publicado en la Plataforma de Contratación acerca de que la falta de explicación de los razonamientos que han conducido a la diferente valoración de las ofertas se deba a que con ello se pretende garantizar la confidencialidad de las ofertas.
EL TRIBUNAL ECHA POR TIERRA LA SUPUESTA CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS
«Los licitadores deberán indicar en sus ofertas que documentación consideran como confidencial, y cuál es la justificación de la confidencialidad», destaca el TACRC. Además, añade que «la confidencialidad se ha realizado de manera extemporánea cuando se le ha requerido posteriormente para ello y tampoco ni la empresa (Ingeagua) ni la mesa (Luengo Gallego) han realizado la obligada valoración y, en su caso, aceptación o rechazo de las respectivas declaraciones, sino que se han limitado a aceptarlas en bloque, sin más», apostilla.
Y es que, a pesar de la confidencialidad manifestada por algunos licitadores o de todos en algunas partes de su oferta, este hecho «no impide elaborar un informe de valoración mínimamente motivado y darlo a conocer, en el que, evitando la exposición detallada y minuciosa de los aspectos confidenciales que verdaderamente se detecten como dignos de protección, se pueda explicar y justificar las razones por las cuales se ha valorado de una determinada manera a los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación».
UN INFORME MOTIVADO Y OCULTO POR LUENGO GALLEGO
De ser así siempre, no se podría realizar un informe de valoración mínimamente justiticado en ningún contrato del sector público, dejando así a ciegas a las empresas que han perdido el concurso y no pudiendo corregir errores o mejorar sus propios proyectos de cara al futuro. El Consistorio dio así una «sorprendente» respuesta a la recurrente.
Tras ello, el TACRC constata la existencia de dos informes. Uno de ellos, subido a la web de contratación y carente de motivación, y otro, en poder de la propia mesa, que sí da una motivación de la valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor.
Este informe es el que se ha ocultado deliberadamente y cuya lectura no se ha podido realizar públicamente. Ante esta opacidad y ante la inexistencia del informe con motivación, a pesar de haberse realizado, el TACRC considera que el concurso debe anularse al carecer del documento oficialmente.
LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LOS CONCURSOS DEL AGUA
Según ha señalado fuentes de Gestagua, «la UTE Aguas de San Javier y la Manga del Mar Menor hubiera resultado ganadora del mismo de no ser por los criterios evaluables mediante juicios de valor de Ingeagua, contratada directamente por el Ayuntamiento para que se encargase de la valoración de ofertas». El valor de este contrato fue de 18.029 euros y por adjudicación directa, sin concurrencia de competidores.
Con este recurso, la UTE Aguas de San Javier y la Manga del Mar Menor «busca aportar transparencia y rigor a los concursos, primando los criterios de valoración objetivos e impidiendo la intervención de consultoras con intereses cruzados con algunas de las empresas que concurren a los mismos». Esta es precisamente la razón esgrimida por el Tribunal para estimar el recurso especial presentado contra la adjudicación de la gestión del agua de San Javier.
Aqualia, por su parte, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) contra la decisión del TACRC. La compañía controlada por el fondo IFM Investors y Carlos Slim asegura que solo tenía conocimiento de la inadmisión del recurso de Hidrogea. En ese mismo recurso, no obstante, el Tribunal da constancia de la admisión y anulación del concurso público, tal y como publicó este jueves MERCA2.
AQUALIA CARGA CONTRA LOS MEDIOS
La compañía controlada por el fondo australiano y el magnate mexicano afirma que estas informaciones forman parte de «una continuada campaña de desprestigio», con «difusión de argumentos totalmente falsos en ciertos medios digitales se ha incrementado desde mayo de este año», coincidiendo con la apertura de las ofertas de los licitadores, que situaban a Aqualia como favorita para ganar el concurso. Por el momento, el propio TACRC tumba esta explicación al considerar que pudo haber delito de prevaricación, tal y como sostiene el escrito de Fiscalía.
Para la firma ganadora del concurso, ahora anulado y que tendrá que volver a repetirse, su oferta es muy beneficiosa e incluye un alto nivel de inversión que el municipio y el estado actual del servicio requieren, «muy superior a la presentada por el resto de los licitadores». Asimismo, «Aqualia defiende que su oferta es ajustada a derecho en fondo y forma», según indica.
Asimismo, afirma tener la confianza de que «objetivamente resulta indiscutible que su oferta es la mejor, por lo que finalmente será reconocida como la adjudicataria del mencionado contrato». La justicia, ahora sí, tendrá la última palabra al respecto.
